El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, supervisó el miércoles en Caracas la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, tras un inédito pacto que otorga a su país el control de un 20% de las gigantescas reservas petroleras venezolanas.
La visita de Wright a Caracas ocurre cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el “mayor acuerdo petrolero de la historia”, que otorga a Washington el control mayoritario de 65.000 millones de barriles.
Wright negó que Estados Unidos “robe” los recursos petroleros de Venezuela al responder a las críticas surgidas tras el acuerdo.
“He visto esos titulares. ‘Estamos robando el petróleo venezolano’, ¡Por supuesto, eso no es cierto en absoluto! Los recursos, el petróleo de Venezuela, pertenecen efectivamente al pueblo venezolano”, declaró Chris Wright a la AFP, que formó parte de un reducido grupo de periodistas en la pista del aeropuerto de Maiquetía.
“Las empresas privadas aportan el dinero para producir el petróleo, pero los beneficios, las regalías y los impuestos van todos al gobierno de Venezuela y al pueblo de Venezuela”, aseguró.
El secretario estadounidense se reunió en el palacio de Miraflores con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y dijo esperar que estos acuerdos traigan “paz” y “prosperidad” para Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta.
La estadounidense Chevron, primer productor privado en Venezuela, y la italiana Eni suscribieron contratos que aumentan su participación en varios yacimientos.
Caracas también firmó convenios con la empresa GE Vernova para reparar la colapsada red eléctrica del país.
– Inversiones y empleos –
“Los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de millones de dólares de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos”, declaró Wright.
Wright dijo a la televisión CNBC que la producción venezolana, actualmente de 1,2 millones de barriles por día (b/d), “superará los dos millones de b/d para finales de esta década”.
Vestida con un traje blanco, Rodríguez agradeció a Trump por el histórico acuerdo firmado el 28 de agosto.
“Estamos hablando del futuro de Venezuela y hoy también hemos suscrito acuerdos de exploración. Entramos en una nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades para Venezuela”, aseguró Rodríguez.
Trump consideró que Venezuela “no está lista” para celebrar elecciones, y Rodríguez le dio la razón poco después. “Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, afirmó la mandataria.
Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, señaló que la petrolera espera “invertir más de 7.000 millones de dólares y duplicar la producción” a más de 500.000 b/d en los próximos cinco años.
Estos acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, indicó la empresa en un comunicado.
Venezuela asegura que la producción de petróleo aumentó casi 30% tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.
Sin embargo, la cifra aún es lejana a los 3 millones de b/d que Venezuela llegó a producir a finales de los noventa.
Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, impulsó reformas en las leyes de hidrocarburos y minería para abrirlos a capitales privados.
Ha dicho que este gran acuerdo con Estados Unidos aportará a Venezuela ganancias de 209.000 millones de dólares en 25 años.
El convenio comprende campos petroleros gestionados antes por empresas rusas y chinas.
– El rol de NABEP –
La querra de Estados Unidos en Irán ha disparado los precios del crudo. Conseguir petróleo más barato es una prioridad para Trump antes de las legislativas de medio mandato en noviembre, en las que su Partido Republicano podría perder el control del Congreso. Los expertos estiman no obstante que el efecto de este acuerdo recién se verá en unos años.
La Casa Blanca difundió el lunes algunos detalles del complejo acuerdo para controlar indirectamente los recursos petroleros venezolanos.
Informó que el gobierno de Rodríguez otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda petrolera privada en Venezuela, “concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles”.
Indicó asimismo que “NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz”.
NABEP fue fundada por el venezolano Alejandro Betancourt, que se enriqueció con opacos negocios en los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026), y que ha enfrentado procesos legales en España y Suiza por lavado.
“NABEP ha demostrado un historial sumamente exitoso en la producción de grandes volúmenes de petróleo en Venezuela. Ese es un socio comercial en el que usted puede confiar”, defendió Wright el miércoles.
La petrolera colombiana GeoPark anuncia su “entrada estratégica en Venezuela”
Bogotá, 2 sep (EFE).- La compañía petrolera colombiana GeoPark anunció este miércoles su “entrada estratégica en Venezuela”, con la adquisición de un bloque de la faja petrolífera del Orinoco, un activo que considera una “oportunidad” por la gran capacidad de producción y la infraestructura preexistente.
La compañía aseguró en un comunicado que el bloque Bare “representa una oportunidad de desarrollo a gran escala, con un largo historial operacional, respaldada por producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente que puede incrementar significativamente la creación de valor de largo plazo de GeoPark”.
Según la empresa, el bloque Bare consta de unos 1.100 pozos con una producción bruta actual de 11.000 barriles, pero con un potencial general hasta 95.000 barriles diarios.
La energética, cuyo mayor accionista es el grupo inversor Gilinski, propiedad de una de las familias más ricas de Colombia, indicó que suscribió un Contrato de Participación Productiva a 25 años con la estatal venezolana PDVSA.
“Creemos en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar Bare de manera responsable. Nos enorgullece acompañar el crecimiento de la compañía en el país”, aseguró Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, según el comunicado de GeoPark.
El consejero delegado de la petrolera colombiana, Felipe Bayon, destacó por su parte que “la reactivación del sector energético de Venezuela representa una de las oportunidades industriales más relevantes de América Latina” y consideró que su compañía está “bien posicionada para llevar adelante esta oportunidad de manera responsable”.
“Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros nuestras contrapartes venezolanas y esperamos crear valor sostenible de largo plazo para Venezuela, nuestros socios y las comunidades locales donde operaremos”, agregó.
El anuncio de GeoPark se dio a conocer poco después de que la petrolera estadounidense Chevron anunciase también este miércoles que tiene previsto llegar a invertir 7.000 millones de dólares en Venezuela durante los próximos cinco años y que aspira a duplicar su producción en este país.
El pasado viernes Estados Unidos anunció un histórico y controvertido acuerdo con Venezuela por el que Washington se hace con el 20 % de las reservas de crudo de Venezuela, el país con mayores reservas comprobadas del mundo.
La operación de Geopark va a convertir al grupo Gilinski de principal accionista (con el 20 % de los títulos) en accionista controlante de la energética.
GeoPark se define en su sitio web como una compañía latinoamericana de exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, con activos y plataformas de crecimiento en Colombia, Argentina y Brasil.
Si nunca viste Akira en pantalla grande, esta podría ser tu oportunidad. El clásico anime de 1988 regresará a los cines de México en una versión remasterizada en 4K, y la preventa de los boletos ya está disponible.
De acuerdo a la información compartida, las primeras funciones serán el 10 de septiembre y serán don su doblaje japonés original y subtítulos en español.
Hasta el momento de esta publicación, Cinépolis es la cadena que aparece con funciones en preventa y parece ser que el estreno será exclusivo de sus pantallas.
Una obra que cambió para siempre al anime
Akira fue dirigida por Katsuhiro Otomo, quien también creó el manga original. La película presenta una versión futurista y caótica de Neo-Tokio, una ciudad reconstruida después de una devastadora guerra.
La historia sigue a Kaneda y Tetsuo, 2 jóvenes integrantes de una pandilla de motociclistas. Todo cambia cuando Tetsuo queda involucrado con un misterioso proyecto militar relacionado con poderes psíquicos.
La película destacó por su enorme nivel de detalle y una animación extraordinaria para su época. Su influencia llegó mucho más allá de Japón y ayudó a consolidar al anime como una forma de cine capaz de abordar historias adultas.
Akira en 4K: una oportunidad para verla en grande
La restauración 4K de la película permite apreciar nuevamente el trabajo visual de Otomo y su equipo. Además, Akira sigue siendo una referencia obligada para la ciencia ficción, el cyberpunk y la animación japonesa. Su estética continúa apareciendo como inspiración en videojuegos, películas y otras obras de la cultura popular.
Así que, si quieres descubrir por qué Akira es considerada una de las grandes películas de anime de todos los tiempos y confirmar que eres un otaku hecho y derecho, el 10 de septiembre tienes una cita.
¿Ya viste Akira o aprovecharás este reestreno para conocerla en pantalla grande? ¿Qué otra película clásica de anime te gustaría ver nuevamente en cines? Cuéntanos en los comentarios.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, elevó las expectativas de nueva generación de electricidad para este sexenio asegurando ante representantes del sector privado que en 2027 habrá por lo menos un centenar de proyectos en construcción, gracias a las convocatorias para permisos prioritarios y a los contratos de esquemas de desarrollo mixto entre empresas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“El próximo año vamos a tener en el país en construcción cerca de 100 plantas de generación por todo el país. Eso ya es un hecho, porque los permisos están otorgados y ahorita estamos haciendo cierres financieros”, dijo durante su participación en el Foro Infraestructura Energética como detonador del crecimiento, oportunidades del Plan México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), “nuestro trabajo se va a abocar en vigilar la construcción de esas plantas y que vayan de acuerdo con los planes y con los proyectos”.
Este volumen de permisos se compone de que ya se han asignado55 proyectos de plantas de generación de energía renovable, de los cuales 17 son netamente privados, que abonarán casi 3,000 megawatts de capacidad y 38 proyectos ya con esquemas mixtos con las CFE.
Y detalló que aún falta por adjudicar cerca de 9,000 megawatts adicionales que se van a asignar en los próximos dos meses.
Además explicó que el organismo está en la etapa de cierre de la segunda convocatoria y tuvo una gran participación, igual que en la primera convocatoria fue muy exitosa. Con ello, consideró que se podrán adecuar los proyectos que se están presentando a las necesidades del país y de la planeación estratégica que se hace desde el gobierno.
“El cambio fue fundamental, vamos a construir las plantas de generación eléctrica donde se necesita y dónde se facilite la transición energética de nuestro país. Eso es la planeación vinculante y por eso es vinculante tanto para la empresa pública como para la empresa privada“, aseguró.
Las empresas IMMEX requieren más competitividad para alcanzar la meta del Plan México, afirmó Salvador Maese Barraza, presidente de Index Mexicali y candidato a la Presidencia del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Nacional).
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Maese Barraza advirtió que la industria IMMEX entra a una etapa que exige más competitividad, más valor agregado y una representación capaz de anticipar los cambios comerciales, tecnológicos, regulatorios y geopolíticos.
El Plan Méxicoestablece la meta de crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores estratégicos.
Pero el personal ocupado en empresas IMMEX acumuló en junio pasado 30 meses seguidos de caídas interanuales, lo que representa la racha más larga de retrocesos de este indicador. En junio, el personal ocupado registró una caída de 0.73% a tasa anual, equivalente a 20,616 personas menos en comparación con el mismo mes de 2025.
“El momento exige que Index no solamente reaccione a los cambios, tenemos que convertirlos en oportunidades concretas para las empresas: defender nuestra competitividad, conectar capacidades, acelerar inversiones y transformar nuestra industria hacia un mayor valor agregado”, comentó Maese Barraza.
Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó en su segundo informe de gobierno que se registraron 22.8 millones de empleos formales en julio de 2026 y que el país alcanzó una cifra récord de 60 millones de personas ocupadas, manteniendo una tasa de desempleo de 2.7% durante el mes de agosto.
El Index es una asociación civil creada en 1973 y representa a unas 1,500 empresas con el programa IMMEX (de las 6,523 en el país), con el propósito de fomentar las exportaciones mexicanas. Maese Barraza refirió que representa 100,000 millones de dólares de exportaciones anuales.
“Es importante generar el empleo formal que nuestro país necesita. Necesitamos generar más de 1 millón de empleos al año y no lo hemos logrado después de la pandemia. Ha sido muy complicado. Lógicamente, no todo es responsabilidad de un gobierno; estamos viviendo situaciones muy complicadas a nivel mundial”, dijo.
La industria IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) concentró 66.1% de las exportaciones de productos de México y registró un crecimiento anual de 18% durante 2025.
En otro desafío, agregó: “En México el financiamiento es caro todavía. no es competitivo a nivel mundial. ¿Cómo le vamos a pedir a un joven, a un empresario nuevo ser proveedor de esta gran industria donde tienes que comprar maquinaria y tecnología con créditos de dos dígitos?”.
Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, quien dejará el cargo el próximo lunes tras siete años, insistió este miércoles en la defensa de la institucionalidad de la vía como eje clave para su permanencia en el tiempo, en un evento público cargado de guiños críticos hacia EE.UU.
“Lo primero es el respeto a la institucionalidad. La institucionalidad del Canal de Panamá es lo más importante y, dentro de la misma, el sistema de méritos. Cómo reconoces a las personas”, dijo Vásquez a los periodistas tras dirigir unas palabras a los trabajadores.
El administrador aprovechó su última intervención pública para hacer críticas indirectas a las políticas del gobierno estadounidense de Donald Trump hacia el canal, en especial al acuerdo firmado entre EE.UU. y Panamá -pero no por él- en abril de 2025 en materia de seguridad, con la presencia del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth.
Dicho acuerdo, que según Panamá no cede soberanía pero provocó rechazo en una parte de la sociedad panameña, fue suscrito después de que Trump amenazara expresamente con “recuperar” el Canal por una supuesta influencia de China, vinculada a la operación -extinta este año- de un conglomerado del gigante asiático de dos puertos cercanos.
Uno de los momentos críticos fue “la situación con el Secretario Hegseth. “El país tiene que respetar la ley nuestra, y tiene que hacerse respetar, no solamente las leyes nuestras sino a los acuerdos internacionales. Y esa es una situación que va a haber que plantearse la posibilidad de que continúe”, dijo Vásquez.
“Ningún mensaje por Twitter puede cambiar esa norma”
Vásquez afirmó en su discurso que la institucionalidad “es el punto más importante que valida la continuidad operativa” de la vía interoceánica al recordar los inicios de la autoridad canalera.
“Y esa institucionalidad viene como consecuencia de haber suscrito un tratado de país con país. La autoridad del canal no existía el 7 de septiembre de 1975. Fue Panamá quien se comprometió a la operación continua y la neutralidad de la operación del canal de Panamá”, enfatizó.
El Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá fue firmado en 1977 dentro de los Tratados Torrijos-Carter, los cuales establecieron la devolución de la vía a manos panameñas tras la construcción y administración de EE.UU. desde 1914.
El acuerdo establece que el canal será permanentemente neutral, abierto y seguro para todas las naciones. En su artículo cuarto ampara que “Panamá y los Estados Unidos de América convienen en mantener el régimen de neutralidad”.
“Ese tratado fue aprobado mediante un referéndum en Panamá y por el Senado de los Estados Unidos. Esto es ley panameña y ley de Estados Unidos”, declaró.
El alto directivo agregó: “Ningún mensaje por Twitter puede cambiar esa norma. Van a ver aspiraciones, van a ver todo tipo de presión. Pero la institucionalidad hay que respetarla”.
Vásquez deja el cargo tras asumirlo en 2019, un periodo marcado por el cobro por uso de agua dulce, reservas y medidas para enfrentar la sequía por ‘El Niño’. El próximo lunes, 7 de septiembre, la subadministradora Ilya Espino de Marotta asumirá el máximo cargo, convirtiéndose en la primera mujer al frente de la autoridad.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en Palacio Nacional al expresidente de Colombia, Gustavo Petro.
“Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum”, escribió Petro en su cuenta de la red social X, y compartió una imagen en la que se encuentra en el Zócalo capitalino con la bandera de México a sus espaldas.
El exmandatario colombiano llegó a la Ciudad de México el 31 de agosto pasado para ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), programada para la tarde de este 2 de septiembre.
Se trata de la primera visita internacional de Petro desde que concluyó su mandato en Colombia el pasado 7 de agosto, para ser sucedido en el cargo por Abelardo de la Espriella.
Debido a las normativas de su país para exjefes de Estado, el exmandatario solicitó el aval del Senado de Colombia para poder realizar este viaje a México y además salir del país durante un año.
A pocas horas de haber llegado a la capital mexicana, Petro se reunió con el director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, para concretar la edición de su nuevo libro Economía Política de la Crisis Climática.
A finales de los años noventa, bajo el Gobierno democrático de Rafael Caldera, Venezuela contaba con una industria petrolera robusta que producía más de tres millones de barriles diarios. Cuando se planteó la necesidad de expandir esa industria y abrirla al capital privado nacional e internacional, la delicada y transcendental decisión se discutió y se tomó de cara al país.
La Dra. Dolores Dobarro, quien durante esos años se desempeñó como consultora jurídica y posteriormente como viceministra de Energía y Minas, señala que la política de la Apertura Petrolera fue objeto de un amplio y crítico debate público: su fundamento jurídico fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, y su marco de condiciones fue debatido y autorizado por el Congreso de la República, donde el Gobierno estaba en minoría.
Los contratos se asignaron mediante un proceso competitivo y transparente. Dobarro recuerda incluso que, después de aprobado por el Congreso el marco de condiciones, las propias empresas participantes, buscando mayor seguridad jurídica, pidieron que los contratos de ganancias compartidas fueran también sometidos a la aprobación parlamentaria.
Un anuncio por sopresa en una situación anómala
Casi tres décadas después, el contraste es monumental. Tras más de un cuarto de siglo de una Revolución Bolivariana que se autoproclama nacionalista y antiimperialista, con una industria petrolera diezmada que apenas sobrepasa el millón de barriles diarios, los venezolanos se enteraron, por sorpresa, a través de un breve mensaje en redes sociales del presidente de una potencia extranjera, que la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, habían alcanzado “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
En su mensaje, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que ese convenio le otorgará a su país el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo en Venezuela.
Fue solo después del anuncio de Trump cuando la encargada de la presidencia ofreció a los venezolanos, en una escueta intervención pública, algunos detalles generales del acuerdo que comprometía una parte sustancial de las reservas petroleras del país.
La anómala situación —en la que los venezolanos dependen de un Gobierno extranjero para conocer decisiones sobre el destino de sus propios recursos— se repitió este lunes 31 de agosto, cuando, a través de una hoja informativa (fact sheet) de la Casa Blanca, la sociedad venezolana se enteró de algunas otras condiciones de una operación de semejante magnitud: entre ellas, que el convenio otorgaba concesiones por 100 años sobre 17 campos e incluía la participación directa del Gobierno estadounidense en la estructura empresarial involucrada en la operación.
A la fecha, todavía se desconocen aspectos esenciales del acuerdo, incluidos los instrumentos jurídicos que lo sustentan. Persisten, además, lagunas y contradicciones en la información suministrada. Esa opacidad impide emitir una opinión firme sobre la juridicidad, el contenido y el impacto de la operación para Venezuela.
Sin embargo, a partir de la información divulgada hasta ahora, reconocidos juristas venezolanos han expresado dudas y objeciones preliminares respecto a la conformidad de estos acuerdos con la Constitución y con la legislación petrolera vigente en Venezuela.
reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 29 de enero de 2026, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, flexibilizó considerablemente las condiciones para la participación privada en la industria petrolera y redujo o eliminó varios de los controles existentes. A la luz del convenio bilateral anunciado, resulta hoy más claro el sentido de esa reforma.
Sin embargo, destaca Dobarro, la reforma mantuvo algunos controles. Uno de ellos se refiere al proceso de selección de las empresas: la ley promueve la concurrencia de ofertas y solo permite la escogencia directa de las operadoras por razones de interés público o circunstancias especiales, previa aprobación del Consejo de Ministros. En el caso de NABEP, la experta considera que existen dudas sobre el cumplimiento de estos requisitos legales: se trata de la asignación de “17 campos, 65.000 millones de barriles de reserva a una sola empresa, sin licitación, sin proceso de selección”.
Otro aspecto legal sobre el que existen dudas se refiere a la afirmación de la Casa Blanca de que fueron otorgadas “concesiones” por 100 años sobre 17 campos petroleros. A este respecto, José Ignacio Hernández advierte que la legislación venezolana no contempla actualmente la figura de las concesiones petroleras y sostiene, además, que los Contratos de Participación Productiva (CPP) están limitados a 25 años.
En los años noventa, bajo un Gobierno democrático, Venezuela impulsó de manera soberana la apertura de su industria petrolera. Fue un proceso transparente y competitivo que involucró 38.000 millones de barriles de reservas, distribuidos entre 32 convenios operativos y cuatro asociaciones estratégicas, con la participación de 50 empresas de 15 países.
Tres décadas más tarde, un régimen tutelado —con autoridades cuya legitimidad está fuertemente cuestionada— compromete desde la opacidad 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La entrega favorece a una sola empresa estrechamente vinculada al Gobierno de un país extranjero, mediante una operación que a la fecha plantea relevantes interrogantes legales y constitucionales. Ante este panorama, sobran razones que justifiquen la preocupación de los venezolanos.
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Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Estados Unidos deportó a Cuba a Fernando Armando Valdés Pérez, identificado por las autoridades como un agente de inteligencia cubano encargado de infiltrarse en comunidades de exiliados y disidentes en Estados Unidos y América Latina desde mediados de los años noventa del siglo pasado.
Valdés Pérez, de 61 años, fue detenido el pasado 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una operación de control migratorio, informó este miércoles -en un comunicado- el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según la investigación, Valdés, quien también es ciudadano guatemalteco, era un agente de inteligencia cubano cuya misión era infiltrarse en comunidades de exiliados y disidentes cubanos y reportar sobre sus actividades, tanto en Estados Unidos como en otros países de América Latina.
Las autoridades sostienen que Valdés llegó a ganarse la confianza del fallecido disidente anticastrista Luis Posada Carriles y que mantuvo una estrecha proximidad con otras conocidas figuras cubanas y cubanoestadounidenses del sur de Florida hasta su arresto.
Los investigadores determinaron además que Valdés ocultó deliberadamente sus vínculos con el régimen cubano cuando solicitó y obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos, con lo que, según las autoridades, engañó de manera consciente a los funcionarios de inmigración estadounidenses.
“Las personas que ocultan sus vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y se aprovechan de nuestro sistema migratorio representan una grave amenaza para la integridad de ese sistema y para nuestra seguridad nacional”, dijo -en un comunicado- el director de la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE en Miami, Matthew Elliston.
Tras su arresto, en el que participaron también el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Valdés fue procesado y puesto en procedimientos de expulsión antes de ser deportado de Estados Unidos el pasado 7 de agosto.
Entre tantas dudas que causa el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, el politólogo Javier Corrales ve algo seguro: que implica varios riesgos y quizá los subestiman.
Estudioso desde hace años de los hilos del poder y el petróleo en Venezuela, Corrales advierte sobre los efectos políticos que puede generar que Washington anuncie un control mayoritario de vastas reservas de crudo venezolano, como hizo el presidente Donald Trump el viernes.
“En Latinoamérica cada tanto surgen líderes populistas de izquierda, antiamericanos y anticapitalistas porque argumentan que a EE.UU. lo único que le interesa es aprovecharse de nuestros recursos”, explica el profesor del Amherst College estadounidense.
“Este acuerdo, independientemente de los detalles, muy fácilmente se presta para ese tipo de interpretación histórica radical de izquierda”, agrega Corrales en una entrevista con BBC Mundo.
También señala que EE.UU., al involucrar a sus militares en el negocio petrolero venezolano, podría repetir la experiencia “bastante funesta” de gobiernos autoritarios de izquierda y derecha en América Latina.
Y sostiene además que el entendimiento de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con Trump dejó a sus opositores “en una especie de shock”.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con el coautor de publicaciones destacadas sobre la relación de Washington con Caracas o la política económica del gobierno del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, como el libro “Un dragón en el trópico”.
Javier Corrales sostiene que el acuerdo con Venezuela supone “un cambio muy importante en la misión” del Ejército de EE.UU.
¿Cómo evalúas el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de EE.UU. y Venezuela?
Por la mayor parte de su historia petrolera, desde los años 1920, Venezuela y EE.UU. sostenían una relación económica muy profunda en base al petróleo. La mayor parte del petróleo venezolano iba a refinerías estadounidenses y había un comercio muy profundo. Esto se interrumpe paulatinamente bajo el chavismo.
Entonces hay una especie de regreso a una situación muy natural. Lo que pasa es que, al reanudar este comercio, se han introducido mecanismos muy diferentes y polémicos.
El acuerdo se realiza con un gobierno que se considera totalmente ilegítimo, poco popular y encima muy poco transparente. Entonces es una negociación que se ha hecho con una contraparte siniestra.
Y EE.UU. está haciendo cosas que nunca habíamos visto. Está creando una corporación en la que el gobierno de EE.UU. participa. Se está asociando no sólo al gobierno de Venezuela, sino a un actor privado, siniestro también.
Y esto se hace con la idea de que EE.UU. es ahora dueño de estas reservas, a diferencia de ser un comprador de petróleo de Venezuela.
En la Constitución actual de Venezuela, las reservas no le pueden pertenecer a otro país que no sea Venezuela.
Trump, al anunciar el acuerdo, dijo que EE.UU. va a tener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”. ¿Dónde ves el problema?
El costo político principal es que el gobierno de EE.UU. ahora es un actor que tiene intereses en proteger una inversión: tiene que proteger al gobierno que garantiza esa inversión y a su principal socio económico. El interés nacional se está ahora vinculando a una actividad económica.
El costo económico es que el gobierno de EE.UU. ha decidido ser el accionista en esta empresa porque, para poder extraer estas reservas, hay que invertir. Y los actores privados no consideraban que las condiciones estuvieran dadas para efectuar inversiones de semejante magnitud.
Tal vez Trump esté pensando que en cinco o seis años esta inversión va a empezar a ganar réditos si este acuerdo, por supuesto, perdura en el tiempo.
Al hablar del costo político, ¿te referías al papel que va a jugar la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, que podría impulsar la compra de acciones de una empresa privada fundada por Alejandro Betancourt López para tener acceso preferencial al petróleo que produzca en Venezuela?
Sí, esto es muy inusual para EE.UU., pero ocurre en otros países.
En muchas dictaduras y gobiernos populistas, el gobierno se convierte en inversor y los militares se convierten en empresarios: empiezan a crear intereses en actividades económicas.
Esto tergiversa la misión principal del Ejército, que tiene que velar no sólo por la defensa nacional y la seguridad de EE.UU., sino que ahora también tiene que proteger su inversión en Venezuela y le va a tener que dar prioridad a esas inversiones.
Esto es un cambio muy importante en la misión de lo que debe hacer una fuerza castrense bajo una democracia.
¿En América Latina esto lo has visto en algún lado?
Por supuesto que sí, se ve en muchas dictaduras militares.
El país que más representa esto es la Cuba comunista, donde las principales actividades capitalistas las manejan las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Es un modelo que copiaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Donald Trump sostuvo que con Venezuela logró “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Pero el nuncio genera varias dudas.
Pero también gobiernos de derecha lo han hecho, en la idea de que los militares tienen sus propias empresas y, no solo los militares sino el gobierno en general, son accionistas o dueños de actividades económicas.
Es muy clásico del estatismo económico latinoamericano.
¿Cuál ha sido el resultado de esas experiencias?
En Latinoamérica, la experiencia con el concepto de Estado capitalista ha sido bastante funesta.
A finales de los años ’70 y principios de los ’80 fue cuando hubo mayor presencia del Estado en actividades económicas en la región. Y esto desembocó en la crisis económica más grave que ha tenido la región: la década perdida de los ’80.
Más recientemente, Cuba y Venezuela fueron los países que continuaron este modelo de Estado-militares-capitalistas y terminaron con crisis económicas épicas.
Lo que ocurre es que cuando el Estado arranca por este camino es muy difícil frenarlo. Y si encima las instituciones de freno y contrapesos que se supone que controlan al Estado son muy débiles, no hay modo de pararlo.
Si comparas, por ejemplo, en Noruega, el Estado participa en actividades económicas, pero las instituciones de freno y contrapesos y el imperio de la ley es tan fuerte que el Estado tiene unos límites muy grandes de qué puede y no puede hacer.
Esto es lo que se empieza a erosionar muy fácilmente en Latinoamérica y en muchos países donde el sistema de frenos y contrapesos es débil. El Estado cada vez más busca modos de proteger sus intereses económicos y esto lo puede llevar a erosionar más los frenos y contrapesos.
¿Crees que ese riesgo, o el riesgo de corrupción, se presenta ahora para EE.UU. con este acuerdo? ¿O las instituciones en EE.UU. son suficientemente fuertes como para evitarlo, como ocurre en Noruega?
Esa es la gran pregunta del momento.
En los países capitalistas avanzados existen instituciones para tratar de disminuir la corrupción del sector privado: las empresas tienen que rendir cuentas a los accionistas, hay una junta de directores, en EE.UU. tienen que hacer auditorías independientes, entregar documentación a la Comisión de Bolsa y Valores, competir con otras empresas y cumplir con ciertas regulaciones para proteger a los consumidores.
Los gobiernos pueden muy fácilmente erosionar todo este tipo de medidas que existen para el sector privado.
Una de las cosas que ya se ve muy claramente es que todo lo que se está negociando con Venezuela es muy poco transparente: están poniéndose personas que trabajan tras bastidores, nada que sepamos hasta ahora indica cuáles van a ser los mecanismos de supervisión, cómo se van a hacer las auditorías, quiénes van a controlar, cuáles son las normas que van a regir todos estos negocios que se van a empezar a hacer.
Es muy fácil para un Estado ocultar sus actividades. Y, aunque EE.UU. tiene una tradición muy larga de crear instituciones para que las operaciones del Estado sean transparentes, estamos viviendo una época en que el gobierno actual trata de erosionar esas instituciones o pasarlas por alto.
Por lo tanto, es muy preocupante que ahora estemos hablando de tantos miles de millones de dólares y no estemos pensando en los mecanismos que se van a utilizar para asegurarnos de que no haya corrupción.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el acuerdo beneficia a EE.UU. al “asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo” en el hemisferio, bajando los precios domésticos de la gasolina. Al parecer, él no está viendo los riesgos que señalas…
No, no están viendo ningún riesgo. Y si el negocio se da como ellos quieren, van a generar grandes ganancias.
Otro riesgo importante es que este tipo de acuerdos desagradan muchísimo en las poblaciones latinoamericanas.
En América Latina, EE.UU. y en todos los países donde he estado, existe un fenómeno que se conoce como nacionalismo de los recursos. La idea es que nuestros recursos nos pertenecen y tenemos soberanía sobre eso.
Que ahora venga un país tan grande como EE.UU. a decir que son dueños de estos recursos y tienen un acceso casi sin control sobre ellos va a hacer que para muchos latinoamericanos esto se sienta como una especie de ultraje a la soberanía.
Esto genera antiamericanismo, resentimiento, sentimientos antiglobalización y antiestadounidenses.
Y uno de los riesgos que Marco Rubio no está viendo es que esto puede generar las mismas razones por las cuales surgen los Hugo Chávez en la región.
Es decir, en Latinoamérica cada tanto surgen líderes populistas de izquierda, antiamericanos y anticapitalistas porque argumentan que a EE.UU. lo único que le interesa es aprovecharse de nuestros recursos naturales y nuestras riquezas para autofavorecerse.
Este acuerdo, independientemente de los detalles, muy fácilmente se presta para ese tipo de interpretación histórica radical de izquierda en Latinoamérica.
Es algo que no creo que Marco Rubio lo entienda. Curioso: siendo él un experto en Cuba, debió haber entendido que esto fue uno de los movimientos que en su momento le dio tanta energía a Fidel Castro dentro y fuera de Cuba.
Pero bueno, ellos están simplemente pensando en el negocio que acaban de hacer y no en los efectos políticos y económicos que pudieran tener en el futuro.
Al parecer, tampoco la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ve esto como un acto imperialista, porque ha dicho que el acuerdo va a generar inversiones por más de US$100.000 millones y más del doble de esa suma en ingresos tributarios para su país, que según ella mantendrá la propiedad y la soberanía sobre los recursos…
Mucha gente considera que acá estamos viendo un acto de sometimiento por parte del gobierno ante EE.UU. Hay algo de cierto en eso y en que el gobierno de Delcy Rodríguez tiene temor ante EE.UU.
Pero yo creo que el gobierno de Delcy Rodríguez siente que esta es la mejor oportunidad que ha tenido el chavismo de tener un actor extranjero que los rescate de la crisis económica en la que están. Es decir, que están ganando mucho en esto.
Hay que entender que el chavismo empezó a generar grandes desastres económicos desde muy temprano y siempre se ha querido asociar con un actor prepotente internacional para que los rescate.
Creo que Delcy Rodríguez se da cuenta de que este vínculo con EE.UU. beneficia más a EE.UU. que a Venezuela, pero los beneficia mucho dado el punto de partida donde se encontraba el gobierno.
Entonces no lo veo como un sometimiento. Aquí, económicamente, estamos viendo la posibilidad de la mejor bonanza económica que tiene el chavismo desde la época dorada de Hugo Chávez a finales de los 2000, cuando el precio del petróleo estaba muy alto y Chávez en todo su apogeo.
Lo que yo no veo es que necesariamente esto traiga democracia y libertad para Venezuela.
Marco Rubio debió haber entendido que el acuerdo con Venezuela se presta a una “interpretación histórica radical de izquierda en Latinoamérica”, afirma Corrales.
Algunos argumentan que, con la invasión de EE.UU. a Venezuela en enero para detener al presidente Maduro, se terminó la soberanía del país sudamericano para decidir su propio destino en cosas como estas. ¿Estás de acuerdo?
No, en el sentido de que creo que el chavismo entregó la soberanía de los recursos nacionales hace muchos años.
Desde la época de Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela, de modos muy poco transparentes, fue concediendo enormes prerrogativas a actores internacionales.
Hubo acuerdos con China para venderle petróleo exclusivamente en términos muy favorables. Luego pusieron a la empresa petrolera Citgo como colateral para préstamos de Rusia.
Venezuela, prácticamente desde el principio del gobierno de Chávez, le dio a Cuba grandes partes de la seguridad nacional y la inteligencia.
Ahora, en la época del oro, se asoció con Turquía, dándole concesiones muy grandes al gobierno.
Mi punto es que el gobierno de Venezuela, bajo el chavismo, viene desde hace muchos años entregando soberanía a actores internacionales de modos muy poco transparentes.
Venezuela no ha pasado de ser soberano a no serlo. Lo que ha cambiado es la superpotencia con la cual se ha aliado.
¿Y cómo analizas la reacción que hemos visto hasta ahora de la oposición venezolana a este acuerdo?
La oposición venezolana ha caído en una especie de shock, que hasta cierto punto fue parte de su desespero en un momento.
La oposición venezolana se sintió muy contenta cuando EE.UU. sacó a Maduro: consideró que fue el acto en contra de la dictadura más grande que se haya podido dar. Pero acto seguido tuvieron que darse cuenta de que hasta ahí iba a llegar EE.UU., en lo que para ellos era el principio de una transición.
“El gobierno de Delcy Rodríguez siente que esta es la mejor oportunidad que ha tenido el chavismo de tener un actor extranjero que los rescate”, dice Corrales.
Hasta cierto punto se están dando cuenta de que su aliado principal, EE.UU., los está abandonando. Y les está costando asimilar esto.
Si se desvinculan mucho de EE.UU., se van a quedar completamente desamparados. Pero hasta cierto punto ya están desamparados, porque EE.UU. sigue ignorando las demandas principales de la oposición.
Una pregunta es si este acuerdo puede verse como parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para avanzar en la democratización de Venezuela. ¿Qué piensas?
El argumento sería que EE.UU., al aumentar su presencia económica en Venezuela, adquiere cada vez más capacidad de influir en Venezuela. Esto es casi innegable.
Lo que pasa es que en muy pocas ocasiones he visto a EE.UU. tener tanta capacidad de incidencia en un país, pero a la vez usarla para tan poquito.
Lo único que se ha pedido es acceso a estos recursos económicos, pero no se están usando esos hilos de influencia para exigir una transición a la democracia, cambios en los modos en que el gobierno de Venezuela opera o reforma de instituciones.
Y encima EE.UU. está bloqueando el acceso al poder del partido político que verdaderamente ganó las elecciones del 2024, el partido de María Corina Machado.
