El gobierno de México definió una postura firme de “no se aceptará ninguna modificación o ajuste al Capítulo 23 ni a sus anexos laborales” si antes no se corrige el desequilibrio en la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), en el marco de las conversaciones preparatorias para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Segundo Informe de Gobierno, la posición oficial del país responde al consenso alcanzado durante un proceso de consulta pública que incluyó diálogos con más de 50 organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones en las 32 entidades federativas.
El diagnóstico elaborado por la dependencia federal indica que, aún cuando las herramientas del tratado han permitido detectar y remediar violaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva en México, su instrumentación ha resultado desproporcionada al aplicarse de manera casi exclusiva hacia los centros de trabajo ubicados en territorio nacional.
Por ello, la autoridad laboral sostiene que cualquier eventual renegociación del acuerdo comercial debe guiarse bajo un principio estricto de reciprocidad; esto implica establecer condiciones equivalentes para que las autoridades mexicanas puedan promover revisiones ante presuntas afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores nacionales que se desempeñan en Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, la postura vertida en el informe contempla candados operativos para evitar que el mecanismo sea utilizado con fines de proselitismo sindical o como una vía de injerencia externa en los asuntos internos de las organizaciones gremiales.
Por ello, se plantea revisar y delimitar el margen de actuación de los agregados laborales extranjeros para garantizar que se mantenga dentro de los marcos diplomáticos y de los compromisos bilaterales pactados.
Como parte de las acciones preventivas para respaldar el cumplimiento de las obligaciones del Capítulo 23 previo a la revisión del acuerdo, la STPS confirmó además el arranque, en septiembre de 2026, del programa piloto del Mecanismo contra el Trabajo Forzoso, enfocado prioritariamente en el sector agroexportador de la región occidente del país.
