Guayaquil (Ecuador), 21 jul (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionará un financiamiento de 7.500 millones de dólares para impulsar proyectos vinculados a la seguridad y el desarrollo en Ecuador, informó este martes su presidente, Ilan Goldfajn, tras mantener una reunión con el presidente del país andino, Daniel Noboa.
“Durante los próximos cinco años, el Grupo BID proporcionará 7.500 millones en financiamiento para los sectores público y privado, asistencia técnica y conocimiento”, escribió Goldfajn en su cuenta de la red social X, donde publicó fotografías junto a Noboa y la ministra ecuatoriana de Economía y Finanzas, Sariha Moya.
La cita se realizó previo a la presentación, en Quito, de la ‘Agenda de Crecimiento Ecuador 2040’, una hoja de ruta con la que el Gobierno busca impulsar la generación de empleo, atraer inversión y mejorar la economía, y que se elaboró con el apoyo técnico del BID.
El directivo del BID añadió que este apoyo financiero podría alcanzar los 10.500 millones de dólares, “mediante la movilización de financiamiento y la implementación exitosa de las condiciones habilitantes para la inversión”.
Según Goldfajn, el dinero estará destinado a proyectos vinculados al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de la violencia criminal e iniciativas para que los ecuatorianos puedan acceder a viviendas.
Además, irá a programas de educación y formación para el empleo; iniciativas de salud para reducir la desnutrición crónica infantil, e inversiones del sector privado en sectores como minería, energía, agroindustria, manufactura y turismo, entre otros.
Chery Perú anunció la incorporación del chef Rodrigo Fernandini como nuevo embajador de la marca. La alianza contempla que el reconocido cocinero conduzca la SUV Tiggo 9, uno de los modelos insignia de Chery, como parte de una estrategia que busca fortalecer el vínculo de la compañía con los peruanos a través de la gastronomía, la innovación y las experiencias compartidas.
Más que sumar a una figura reconocida, Chery apuesta por una alianza con una trayectoria que refleja la evolución, la innovación y el compromiso por hacer las cosas bien. La gastronomía, además de ser uno de los mayores orgullos del Perú, representa un espacio donde las personas se reúnen, comparten y construyen recuerdos, valores que también forman parte de la visión que la marca busca seguir fortaleciendo en el país.
¿Quién es Rodrigo Fernandini, el nuevo embajador de Chery Perú?
Rodrigo Fernandini ha construido una destacada trayectoria que une cocina, emprendimiento y proyección internacional. Chiclayano de origen y formado en Le Cordon Bleu de Lima, llevó la gastronomía peruana a Nueva York con Artesano, restaurante que marcó una etapa importante en su carrera fuera del país. Este año inauguró en el Perú su restaurante Fernandini y hoy se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la nueva generación de chefs peruanos, acercando la cocina a miles de personas con un estilo auténtico, cercano y apasionado.
“En Chery buscamos construir una marca cada vez más cercana a las personas, no solo a través de nuestros vehículos, sino también de las experiencias que compartimos con ellas. Rodrigo representa una forma de hacer las cosas con dedicación, pasión y un compromiso permanente por la excelencia, valores con los que nos sentimos plenamente identificados. La gastronomía, además, ocupa un lugar muy especial en la vida de los peruanos y nos brinda una oportunidad auténtica para conectar con ellos desde un espacio que genera confianza, reúne a las familias y crea momentos memorables“, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.
¿Qué ofrece la SUV Chery Tiggo 9?
Como parte de esta alianza, Fernandini conducirá la TIGGO 9, el SUV insignia de Chery y uno de los modelos que mejor representa la evolución de la marca en diseño, tecnología, seguridad y confort. Pensada para quienes buscan una experiencia de conducción premium, combina amplitud, innovación y un completo equipamiento orientado a brindar mayor comodidad y seguridad en cada viaje.
Más que una colaboración comercial, esta alianza refleja una visión compartida basada en la innovación, la evolución constante y la búsqueda de la excelencia. Son principios que también inspiran a Chery en el desarrollo de soluciones de movilidad pensadas para brindar mayor seguridad, tecnología, comodidad y tranquilidad a las familias, construyendo relaciones de largo plazo con sus clientes.
Chery Perú continúa su crecimiento en el mercado automotriz
La incorporación de Rodrigo Fernandini coincide con un importante momento para la marca en el país. Recientemente, Chery fue reconocida como la Mejor Marca Automotriz China 2026 por Best Car of the Year, un reconocimiento que reafirma su compromiso con la innovación, la calidad, la seguridad y la tecnología, así como el crecimiento sostenido que viene registrando en el mercado peruano.
Actualmente, Chery cuenta con más de 18 millones de usuarios en todo el mundo, presencia en más de 130 países y regiones, forma parte del ranking Fortune Global 500 y se mantiene como el principal exportador automotriz chino durante más de 22 años consecutivos, consolidando su posicionamiento internacional y su crecimiento sostenido.
Acerca de Chery
Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 18 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.
En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en distintas ciudades del país, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Juliaca y Tarapoto ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.
Sobre Astara
Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.
Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.
En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).
En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.
Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com
La PLATA.– Un innovador “semáforo ambiental” que advierte sobre el estado ecológico de ríos, arroyos, lagunas, lagos y humedales fue desarrollado bajo el liderazgo de un científico de la ciudad de La Plata en colaboración con colegas de distintos puntos del país.
El proyecto involucró a miles de ciudadanos que a través de una aplicación para teléfonos celulares ya aportaron información sobre los cursos de agua cercanos a sus lugares de residencia y contribuyeron a generar un amplio relevamiento sobre estos ecosistemas acuáticos.
Los investigadores desarrollaron una aplicación que permite a cualquier persona colaborar en la recolección de muestras y datos. Funciona mediante el GPS del teléfono celular, que identifica el lugar desde donde se realiza la observación, y luego de subir fotos se carga un cuestionario sobre variables fácilmente visibles, como el color del agua, la presencia de basura, la vegetación de las orillas, la fauna, embarcaciones, muelles, murallas y otros usos humanos del ambiente.
Mapa interactivo de contaminación en ecosistemas acuáticos – Créditos: @Captura
Los ciudadanos que participan deben responder un amplio cuestionario de más de cien preguntas que incluyen detalles sobre las industrias cercanas o basurales, presencia de ganado y detalles sobre la textura del agua, entre otras características que son de simple observación.
La investigación, denominada PreserVamos, fue conducida por Joaquín Cochero, investigador del Instituto de Limnología Raúl A. Ringuelet (Ilpla), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El trabajo, desarrollado durante cuatro años junto a más de veinte investigadores, fue publicado en la revista científica Ecology, de la Ecological Society of America.
Allí se aseguró que “los métodos de monitoreo tradicionales, si bien son científicamente rigurosos, a menudo se ven limitados por restricciones logísticas, financieras e institucionales. Si bien varias iniciativas de ciencia ciudadana han impulsado la evaluación de hábitats de agua dulce en Europa (por ejemplo, FreshWater Watch) y Norteamérica (por ejemplo, el Programa de Monitoreo Voluntario de la EPA), esfuerzos similares siguen siendo escasos en Sudamérica”.
El investigador Joaquín Cochero – Créditos: @Gentileza Ilpla
El proyecto PreserVamos contribuye, según los creadores, a llenar esta brecha regional “al proporcionar el primer conjunto de datos estandarizado y a gran escala generado por la ciudadanía para ecosistemas acuáticos en la Argentina, ofreciendo valiosas oportunidades para su integración con bases de datos globales de monitoreo de agua dulce”.
Como resultado de este estudio científico se desarrolló un mapa interactivo de todo el país que permite visualizar el estado ambiental de distintas ecorregiones.
Los ecosistemas de agua dulce figuran entre los ambientes más amenazados del planeta, pero al mismo tiempo son de los menos monitoreados. La extensión del territorio argentino y las limitaciones logísticas, económicas e institucionales dificultan la realización de campañas sistemáticas de relevamiento, por lo que el equipo decidió recurrir a una estrategia poco habitual en este tipo de investigaciones: la conciencia ciudadana.
El proyecto comenzó en 2022 financiado inicialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más tarde contó con apoyo de la Fundación Bunge y Born y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se extendió por distintas provincias mediante acuerdos con municipios, visitas a escuelas, conferencias y entrevistas lideradas por Cochero.
La red entre el ámbito científico y la comunidad permitió reunir más de 3000 observaciones provenientes de distintos puntos del país. Tras el proceso de validación científica, poco más de 1200 registros fueron incorporados al análisis final por cumplir con los criterios metodológicos y de confiabilidad establecidos por el equipo.
El “semáforo” que se activa al desplegar en la web o una aplicación que lleva el nombre Preservamos clasifica los distintos ecosistemas según su estado de conservación.
Las zonas verdes corresponden a los arroyos de las sierras cordobesas, los ríos andinos alimentados por deshielos y los lagos patagónicos.
En tanto, las zonas rojas abarcan la cuenca del Río de la Plata, identificado como el sistema más degradado del relevamiento, seguido por el estuario de Bahía Blanca.
La cuenca del Río de la Plata fue identificada como el sistema más degradado del relevamiento – Créditos: @Ignacio Amiconi
Para el equipo del Ilpla, la experiencia demuestra que la ciencia ciudadana puede convertirse en una herramienta clave para conocer el estado de ecosistemas cuya preservación resulta fundamental para la biodiversidad y el abastecimiento de agua dulce. Además de aportar información inédita, el relevamiento ofrece una base para orientar futuras acciones de conservación y de gestión ambiental en distintas regiones del país.
“La idea rectora es desarrollar una herramienta de interacción entre el mundo científico, la comunidad y los tomadores de decisiones, a fin de buscar soluciones a problemas complejos de contaminación”, expresó Cochero en diálogo con LA NACION.
Las mujeres fueron mayoría entre los voluntarios que participaron de la carga de datos. También colaboraron niños y personas mayores. “La generación de conocimiento científico puede abrirse a la participación de la comunidad cuando existen herramientas adecuadas y protocolos confiables”, sostuvo Cochero.
Participaron de este trabajo distintos científicos de la UNLP y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), más investigadores de la provincia de Neuquén: Alejo Bonifacio (UNC), Micaela Zambrano (UNC), Agostina Pecile (UNLP), Belén Sathicq (UNLP), Mercedes Nicolosi Gelis (UNLP), Micaela Mujica (UNLP), Juan Manuel Brito (UNC), MarÍa laura Ballesteros (UNC), Marina Tagliaferro (UNC), Katya Albarrán (Dirección de Ecosistemas Acuáticos de Neuquén), Lucila Herbert (Inibioma Neuquén), Jorge Kuroda (Dirección de Ecosistemas Acuáticos de Neuquén) y Milagros Bengolea (UNC).
El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones, una de las principales promesas del presidente ultraderechista José Antonio Kast.
El proyecto es muy resistido por la oposición, que considera que solo favorece a los sectores más ricos y que podría reducir los presupuestos estatales para ayudas sociales.
La propuesta de Kast incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.
“Tenemos la reforma (…) aprobada en lo que es lo esencial”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa.
Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.
“Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”, agregó el ministro.
La medida significará un giro en la política económica del país, dice a la AFP el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
“Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos”, agregó.
Una reforma resistida
A la izquierda no le alcanzaron los votos para frenar la megarreforma, que cuenta con medio centenar de artículos.
Los opositores cuestionan las consecuencias que podría tener la reducción de la recaudación fiscal en los presupuestos de programas sociales.
“Es un retroceso. Esta reforma es nefasta para todos nosotros, para la salud, para la educación, para las ayudas sociales que han aportado mucho y que ha costado sostener durante muchos años”, opina María Cáceres, una guardia de 43 años, en Santiago.
La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.
El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a empresas, según la firma Cadem.
Para frenar algunas rebajas tributarias, la oposición anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.
La aprobación es considerada un triunfo clave para Kast, de 60 años, cuya popularidad venía a la baja según encuestas.
El gobierno se vio obligado a reducir sus expectativas de crecimiento anual de 4% a 3.5% hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años.
Pese a las críticas de los opositores, los partidarios del presidente esperan que la megarreforma tenga efectos positivos en su vida cotidiana.
“Si tú le rebajas los impuestos (…) a la gente que viene a invertir a Chile y les das una seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo”, dice a la AFP Bernardo Romero, un comerciante del centro de la capital, de 65 años.
Washington, 21 jul (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber mostrado su “verdadera naturaleza autoritaria” tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.
“Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, afirmó Rubio en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.
El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han “abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y defendió que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus dirigentes mediante comicios democráticos.
“Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”, agregó Rubio.
Las declaraciones del secretario llegan tras las palabras pronunciadas el pasado domingo por Ortega durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, cuando aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
“No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, afirmó el mandatario.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.
Desde 2017 ejerce el poder junto a Rosario Murillo, su esposa y hasta entonces vicepresidenta, quien fue designada copresidenta del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.
De la erosión democrática a la supresión explícita de las elecciones.
Durante años, Nicaragua transitó un proceso gradual de concentración de poder. Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y, desde entonces, modificó las reglas del sistema político para garantizar su permanencia. Primero eliminó los límites a la reelección; luego subordinó al Poder Judicial, al Legislativo, a las fuerzas de seguridad y al sistema electoral; finalmente, encarceló o expulsó a sus principales adversarios políticos antes de las elecciones de 2021.
Sin embargo, la declaración pronunciada por Ortega el pasado domingo 19 de julio marca un punto de inflexión. “Aquí no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder”, recalcó durante la conmemoración del triunfo de la Revolución Sandinista.
“Jamás, jamás, jamás (…) Se acabaron los días en que los partidos apoyados por los yanquis (Estados Unidos) y los somocistas volvían al poder; nunca más”, insistió, al referirse a la posibilidad de futuros comicios.
Hasta ahora, el oficialismo había preservado al menos la arquitectura formal de la democracia electoral, aunque vaciada de contenido. Las elecciones seguían existiendo, aun cuando fueran ampliamente cuestionadas por organismos internacionales y celebradas sin competencia real. Pero ahora, con esta declaración, Ortega parece abandonar incluso esa ficción.
Y es que la democracia no muere en un solo día, sino que suele morir por etapas. En Nicaragua, probablemente estamos presenciando la última de ellas, destacan los analistas.
“Ortega reconoció públicamente cuál ha sido siempre su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática”, declaró a la agencia de noticias Reuters Félix Maradiaga, quien fue aspirante a la Presidencia por la oposición y estuvo encarcelado en Nicaragua entre 2021 y 2023 antes de ser expulsado a Estados Unidos.
Las más recientes declaraciones de Ortega más que una demostración de fuerza sintetizan “una confesión de miedo”, subrayó.
La afirmación de Ortega no surge en el vacío. Apenas meses antes, el gobernante impulsó una profunda reforma constitucional que transformó la estructura del Estado nicaragüense, la cual apunta a legalizar la dictadura mediante los cambios en la Carta Magna.
La enmienda creó la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo, esposa de Ortega, amplió el mandato presidencial, eliminó la independencia de poderes y redefinió a Nicaragua como un Estado “revolucionario y socialista”. Además, incorporó elementos que fortalecen el control sobre la sociedad civil, oficializó el despojo de la nacionalidad a opositores y redujo aún más el espacio para proyectos políticos alternativos.
“Revela el rostro de una dictadura que, sin pudor alguno, se ha atrincherado en el poder”
“Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución”, destacó a la agencia de noticias AFP la excomandante sandinista Dora María Téllez.
Con el paso de los años, Nicaragua se ha alzado como una dictadura olvidada en la región, donde a diferencia de presiones y sanciones recurrentes en naciones como Cuba o Venezuela, Ortega ha podido avanzar prácticamente sin reparos en su proyecto de poder unificado.
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano de Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga los abusos del Gobierno de Ortega y Murillo desde Argentina, afirmó que el anuncio “revela el rostro de una dictadura que, sin pudor alguno, se ha atrincherado en el poder (…) Esto indica un nivel potencialmente mayor de represión contra quienes exigen la destitución del gobierno o la celebración de elecciones”.
Archivo: esta fotografía difundida por la Presidencia de Nicaragua muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha), y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo (izquierda), saludando a sus partidarios durante un acto para conmemorar el 44 aniversario de la Revolución nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2023.
La reforma también resuelve una cuestión central: la sucesión política. Rosario Murillo, quien pasó de portavoz gubernamental a vicepresidenta y posteriormente a copresidenta, queda constitucionalmente situada como heredera natural del poder, mientras que figuras como Laureano Ortega Murillo aparecen cada vez más integradas en la estructura de mando.
Más que una modificación institucional, el cambio representa la consolidación de un modelo familiar de poder.
Para los expertos, la declaración pone de manifiesto la realidad del régimen bipersonal de los Ortega, a la vez que revela el temor de la pareja a que un movimiento de oposición pueda arraigarse en el país.
“Ortega y Murillo temen, evidentemente, que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que la disidencia se manifieste y amenace su control del poder (…) En lugar de organizar unas elecciones fraudulentas, han optado por eliminar por completo la competencia electoral”, señaló Tiziano Breda, analista sénior de Armed Conflict Location & Event Data, una organización sin ánimo de lucro que monitorea la violencia política.
Nicaragua se ha transformado en una “dictadura familiar en toda regla”, enfatizó Breda.
Uno de los principales interrogantes que surgen bajo este panorama es si aún queda algo de democracia en Nicaragua. Si se entiende como la existencia de elecciones competitivas, separación de poderes, libertad de expresión y garantías para la oposición, la mayoría de los indicadores internacionales apuntan a que Nicaragua dejó de ser una democracia hace varios años.
De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado al Gobierno de Ortega y Murillo de construir un “Estado autoritario” y cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos. Desde las protestas de 2018 —cuya represión dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales— el país ha registrado un deterioro acelerado de sus libertades públicas.
La oposición organizada prácticamente fue extinguida por Ortega dentro del territorio nacional. Más de 5.000 organizaciones han sido clausuradas desde 2018,centenares de dirigentes políticos, religiosos, periodistas y activistas han sido encarcelados o forzados al exilio, a quienes incluso les ha retirado la ciudadanía nicaragüense.
Personas caminan detrás de camisetas estampadas con la imagen de varios líderes políticos de la izquierda latinoamericana durante la celebración del 47 aniversario de la revolución que derrocó por la vía armada a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, este domingo, en Managua (Nicaragua).
Además, al menos 46 personas continúan detenidas por razones políticas, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Las democracias no se construyen de un día para otro y las dictaduras tampoco. Pero el reconocimiento de Ortega al destacar que no habrá más elecciones revela su plan para consolidar el poder en manos de una bancada política única: el partido sandinista, con lo que lleva al país a un sistema similar al de otras naciones con regímenes de partido único como China y Cuba.
Así lo destacó Juan Sebastián Chamorro, candidato en 2021 que estuvo encarcelado hasta su liberación en Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos.
En términos prácticos, Nicaragua se asemeja hoy más a un sistema de partido hegemónico que a una democracia electoral. La novedad es que Ortega ahora está dispuesto a admitirlo públicamente.
El dilema de la oposición: exilio, fragmentación y resistencia
La oposición nicaragüense enfrenta una paradoja: nunca había contado con un rechazo tan amplio hacia el Gobierno en determinados sectores, pero tampoco había estado tan debilitada organizativamente.
Los principales aspirantes presidenciales de 2021 —entre ellos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro— fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país. Otros dirigentes se encuentran dispersos entre Costa Rica, Estados Unidos, España y diversos países latinoamericanos.
Desde el exilio, Maradiaga interpretó las palabras de Ortega como “una confesión de miedo” más que una demostración de fortaleza. “Reconoció públicamente cuál siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática”, declaró a Reuters.
Policías vigilan frente a la Fiscalía General de la República de Nicaragua donde Félix Maradiaga, aspirante a candidato del grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB), fue citado por las autoridades, en Managua, Nicaragua, el 8 de junio de 2021
No obstante, el exilio presenta limitaciones evidentes. La distancia dificulta la articulación de un movimiento político capaz de generar presión interna, especialmente en un contexto de vigilancia estatal, criminalización de la disidencia y control casi absoluto de los medios de comunicación.
La experiencia histórica muestra que las transiciones democráticas en sistemas altamente cerrados suelen producirse por una combinación de factores: fracturas dentro de las élites gobernantes, presión internacional sostenida, movilización social y deterioro económico. Hoy, ninguno de esos elementos parece suficientemente desarrollado en Nicaragua.
La primera posibilidad es la continuidad. Ortega tiene 80 años y Rosario Murillo, 75, pero la reforma constitucional parece diseñada para garantizar la permanencia del proyecto político más allá de ambos líderes.
Un segundo escenario contempla una transición pactada en el mediano plazo, impulsada por una combinación de presión internacional y dificultades económicas. Estados Unidos mantiene sanciones contra miles de funcionarios y familiares vinculados al régimen, mientras la Unión Europea y organismos multilaterales continúan denunciando violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la experiencia reciente en Cuba y Venezuela demuestra que las sanciones, por sí solas, raramente producen cambios políticos inmediatos.
Existe también un tercer escenario: una eventual crisis sucesoria. La institucionalización de la copresidencia busca precisamente evitarla, pero el modelo depende en gran medida del liderazgo personal de Ortega y de la cohesión de las élites políticas, militares y económicas que sostienen al régimen.
“Es uno de los regímenes autoritarios más fuertes de la región. Es el Corea del Norte tropicalizado a nivel latinoamericano”
En entrevista con France 24, Yunova Acosta, activista política y líder juvenil nicaragüense, resaltó que existen vías políticas alternas desde el exilio, como Ciudadanos por la Libertad, junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que, señaló se siguen organizando desde el exilio, pero reconoció los desafíos a los que se enfrentan. “Es un reto organizar las bases de estos partidos políticos, ya que muchos están fuera y otros viven silenciados dentro de sus municipios y departamentos porque en Nicaragua no se puede hablar de organización civil ni elecciones”.
Ante las dificultades, Acosta pone el foco en la necesidad de presión por parte de la comunidad internacional. “Es una labor conjunta de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, porque hemos visto en los últimos meses a la comunidad internacional muy contundente con los casos de Venezuela, Cuba, y Nicaragua, quizás por un tema económico debido a que no podemos ofrecer lo que otros países en dictadura pueden, y tener interés político y económico, pero hemos llegado a la conclusión de que es uno de los regímenes autoritarios más fuertes de la región. Es el Corea del Norte tropicalizado a nivel latinoamericano”.
Por tanto, insiste en que forzar un eventual retorno de la democracia en Nicaragua requiere un trabajo conjunto entre organismos multilaterales, gobiernos democráticos y la oposición nicaragüense.
“Las dictaduras parecen inamovibles hasta que dejan de serlo”, señalan diversos estudios sobre transiciones políticas. El problema para la oposición nicaragüense es que no existe, por ahora, un mecanismo claro que permita transformar el descontento social en una alternativa política viable.
Entretanto, y tras conocer la declaración de Ortega sobre la eliminación de elecciones, Estados Unidos instó a aislar al país centroamericano. La petición provino directamente del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que las palabras del mandatario “ponen al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria” y que Nicaragua no puede esperar “como siempre” en sus relaciones con otras naciones mientras rechaza el orden democrático.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en un comunicado por separado, pidió a sus “socios hemisféricos” a unirse a EE. UU. “para garantizar que el pueblo nicaragüense pueda finalmente elegir un futuro libre de tiranía”.
Paradójicamente, Daniel Ortega llegó al poder como uno de los símbolos latinoamericanos de la lucha contra una dictadura. Cuarenta y siete años después de la Revolución Sandinista, es acusado por organismos internacionales de haber construido un sistema político que reproduce muchas de las características que combatió.
Sus palabras sobre el fin de las elecciones poseen, por ello, un peso histórico. No representan únicamente una declaración política: constituyen la admisión de que el proyecto sandinista contemporáneo ya no busca legitimarse mediante las urnas.
La pregunta sobre si la democracia está liquidada en Nicaragua encuentra una respuesta cada vez más difícil de esquivar. Para numerosos observadores internacionales, ese proceso concluyó hace tiempo; lo que ocurrió esta semana fue que el propio presidente decidió anunciarlo.
La incógnita que permanece abierta no es si Nicaragua sigue siendo una democracia, sino cuánto tiempo podrá sostenerse un sistema que ha renunciado explícitamente a uno de los principios esenciales de cualquier régimen democrático: la posibilidad de que el poder cambie de manos.
La entrega y recepción de la administración pública, conocida en muchos países como “transición de Gobierno”, se llama “empalme” en Colombia. El objetivo de este proceso es garantizar la continuidad de los servicios públicos y permitir que las nuevas autoridades asuman sus funciones con un diagnóstico claro de la situación financiera, presupuestaria y operativa.
En Colombia, este proceso está regulado por leyes como la Ley 951 de 2005, que se aplica a todas las ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial) y a los órganos de control y autónomos a nivel nacional, departamental, distrital y municipal.
Habitualmente se conforman equipos de empalme para cada ministerio o institución correspondiente, en un proceso formal y público, de acuerdo con la obligatoriedad de la transición y entrega de la administración pública, entre el Gobierno saliente y el entrante.
Pero, lo que ha funcionado en muchos procesos de transición entre Gobiernos en el pasado no será posible en el caso del Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, ya que se levantaron las mesas de trabajo y se suspendió el proceso por orden del nuevo presidente electo.
El nivel de tensiones entre los dos Gobiernos pone en entredicho el ordenamiento legal, por un lado, y, por otro, es un inconveniente para el país, la función pública y las mismas bases de la democracia.
Un ambiente adverso para la transición
Los efectos en la sociedad colombiana son claramente visibles: el enfrentamiento entre el presidente saliente, Petro, y el entrante, De la Espriella, profundiza la polarización existente, no solo en términos político-ideológicos, sino también institucionales.
Los continuos llamados del nuevo presidente a las Fuerzas Armadas para que cumplan sus órdenes y las respuestas de la cúpula militar a estas exigencias se han expandido también a otras instancias de control y transparencia del país. Se está generando un clima de profunda confrontación que cambia sustancialmente el clima político nacional y que, además, extiende su impacto más allá de las fronteras del país como la relación con la vecina Venezuela.
Un indicador del nivel de toxicidad que ha alcanzado la controversia tras el ajustado resultado electoral es el vocabulario utilizado. Llama la atención que De la Espriella recurra al lenguaje de Donald Trump al denunciar a su predecesor y a su oponente, Iván Cepeda, como golpistas, comunistas y narcoterroristas, de los cuales habría que defenderse para salvar la patria.
judicialización de la política colombiana es un efecto previsible, así como la falta de consensos en el Senado y la Cámara de Representantes, que afectarán a la capacidad de las nuevas autoridades para alcanzar las mayorías necesarias.
El interés público por transparentar las acciones de la administración pasada es evidente y va acompañado de motivaciones por ajustar cuentas, que puede ir más allá del esclarecimiento de posibles irregularidades sin intervenciones políticas por parte del Gobierno y la oposición.
El clima político hóstil no solo afectará a la actuación de la función pública, sino que también implicará el uso de la fuerza pública en enfrentamientos callejeros con efectos polarizantes, que alcanzarán también a las elecciones regionales que se celebrarán en 2027 para elegir a los gobernadores de los 32 departamentos del país, así como a los alcaldes de más de mil municipios, además de a los diputados y concejales de todo el territorio nacional.
¿Será factible desintoxicar el empalme colombiano?
Ante los niveles de confrontación alcanzados entre el oficialismo y la oposición, las llamadas a la sensatez no parecen surtir efecto; más bien, están escalando las amenazas mutuas. De nuevo se echa en falta un centro político capaz de imponer un contrapeso a los protagonistas políticos. Ciertamente, la sociedad civil, dividida y polarizada, tampoco podrá aportar nada para tranquilizar el clima político, ya que los medios de comunicación siguen alimentando los escenarios de confrontación.
Los anuncios del presidente entrante de suprimir el cargo de Alto Comisionado para la Paz y desmantelar lo que denominó “un perverso sistema de impunidad” de la Justicia Especial para la Paz (JEP) reflejan la actitud revisionista que sigue profesando y que podría llevar al país a situaciones anteriores al proceso de paz.
Será entonces el peso de las instituciones el que podrá frenar los voluntarismos políticos de los dos presidentes, saliente y entrante, y llevar a una lógica de mayor entendimiento entre las partes para generar consensos en el Congreso. Las deficiencias del presidente entrante en el manejo de la política deberán solventarse pronto para que la suspensión del empalme no se convierta en el inicio de un Gobierno descoordinado e incapaz de gestionar de forma coherente el futuro del país.
Luego de que Estados Unidos capture al presidente Nicolás Maduro en Venezuela en enero y eleve a máximos históricos la presión económica sobre Cuba en los meses posteriores, muchas miradas se posaron sobre Nicaragua, el tercer miembro de una troika ideológica regional, como posible siguiente blanco de la Casa Blanca, que esta semana descartó que el país vuelva a tener nuevas elecciones.
Sin embargo, las medidas de Washington continuaron al mismo ritmo en este semestre y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, uno de los más herméticos del continente, mantiene a grandes rasgos su perfil bajo, con una economía estable y sin oposición dentro del país, ya que quedó exiliada tras una dura ola represiva.
Días después del operativo de enero en Venezuela, Nicaragua liberó a “decenas de personas”, sin aclarar los motivos por los que estaban presos. Posteriormente, restaableció el requisito de visado para cubanos, limitando la circulación de isleños hacia Norteamérica. Dos medidas interpretadas como gestos para Washington, pero no hubo mucho más.
El Departamento de Estado impuso nuevas sanciones a funcionarios en abril, mes en el que cada año suele anunciar medidas o declaraciones alusivas al estallido social de 2018 que fue respondido con represión. Esta vez, la medida alcanzó al seno familiar de la presidencia. Si bien los comunicados del secretario de Estado, Marco Rubio, elevaron el tono hacia Managua, hasta ahora no ha planteado un escenario de cambio de régimen, como sí lo hizo expresamente sobre Cuba.
“Para Marco Rubio, Cuba importa mucho más que Nicaragua. Además, Nicaragua no tiene los recursos naturales de Venezuela”, apuntó a CNN el profesor Kai Thaler, del departamento de Estudios Globales de la Universidad de Santa Barbara (California), que ha realizado investigaciones sobre el país centroamericano.
El analista señaló que, si bien en los últimos meses hubo algunos recortes salariales a empleados públicos nicaragüenses, la economía “en general es más estable que en Cuba o Venezuela”, con un crecimiento incluso por encima del promedio regional, fuertemente apalancada en las remesas.
Para Thaler, “otra diferencia clave es que en Nicaragua hay un régimen familiar, no hay una figura como Delcy (Rodríguez)” que a simple vista pueda asumir el control en caso de una salida de los copresidentes. “Cada alternativa para el liderazgo ha sido eliminada por Ortega y Murillo”, aseguró.
Managua, aunque aislada diplomáticamente, ha sabido enfrentar la presión de Washington sin ofrecer grandes concesiones, luego de haber reducido la sociedad civil a la mínima expresión.
Estados Unidos tiene un enfoque diferente que el aplicado a Caracas y La Habana, dijo a CNN el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización Diálogo Interamericano, con sede en EE.UU. El analista afirmó que la Casa Blanca busca evitar una ola migratoria o represiva, y apuesta en cambio por modificaciones graduales sin una intervención tan directa.
Orozco indicó que EE.UU. “no tiene una estrategia de dominó” detrás de las presiones a Venezuela, Cuba y Nicaragua, con diferentes prioridades de acuerdo con el impacto político.
Nicolás Maduro, flanqueado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una cumbre en La Habana, en 2018. – Yamil Lage/AFP via Getty Images
“Una lectura es que la inercia política en la dictadura de Murillo y Ortega va a generar un conflicto interno, una desaceleración económica, una posible protesta social donde (EE.UU.) pueda apalancar su presión. Pero no al revés. Si interviene en este momento, no se sabe cuál es el efecto sobre una transición política. Viendo las lecciones de Cuba, Venezuela o Irán, eso te pone un freno o un contexto”, agregó.
El politólogo destacó que el Gobierno sandinista, que está en el poder desde el 2007, no enfrenta turbulencias económicas ni protestas callejeras. “(Si EE.UU. interviene) se estaría forzando una transición”, comentó. Esa restricción, agregó, hace que el Gobierno de Ortega y Murillo “se aproveche de las circunstancias y mantenga un bajo perfil”.
El disimulo de Managua tuvo un inusual quiebre en abril cuando Ortega, quien no declara en público con frecuencia, reaccionó llamando “desquiciado mental” a las sanciones que EE.UU. impuso a sus hijos. Tres meses después, reapareció con su anuncio del fin de la alternancia en Nicaragua y calificó de “monstruosidad” la captura y detención de Maduro.
Thaler consideró que “para Ortega es normal criticar a Estados Unidos como imperialistas, presentar su régimen como una fuerza de paz”, pero agregó que “es difícil distinguir qué es la estrategia y cuándo es que el Gobierno no tiene a nadie que le diga (a Ortega) que no diga eso”. De todos modos, si el mandatario declara de esa forma, “es un posible indicador de que el Gobierno no cree que Estados Unidos va a enfocarse en Nicaragua, que Ortega se siente seguro en criticar e insultar a Trump así”, analizó.
Para Orozco, el de abril se trató de un mensaje para la tropa interna y destacó que luego Murillo salió a negar esas declaraciones. “Dicho de una forma peyorativa, es como que sacaron al perro para que ladrara, pero que no mordiera. Es simbólico para la base interna, decir que seguimos siendo imperialistas. La realidad es otra, no hay en la retórica y en la política exterior ninguna expresión de solidaridad con Venezuela o con Cuba”, consideró.
CNN envió consultas al Gobierno de Nicaragua, que no suele responder a la prensa.
La hoja de ruta de EE.UU.
Nicaragua, como signatario del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mantiene un acuerdo comercial con Washington. Fue bajo ese marco que EE.UU. aplicó sanciones a Nicaragua por abusos laborales y violaciones de derechos humanos, aunque no llegó a aplicar las máximas penas comerciales, por lo que mantiene abierta esa posibilidad como advertencia al régimen.
Si bien la macroeconomía es estable, con una inflación controlada, Nicaragua mantiene una fuerte dependencia de las remesas y altos niveles de informalidad laboral. Cuando el Gobierno de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal para nicaragüenses, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que el país ya no cumplía con las condiciones necesarias para su designación: considerar que las personas se enfrentarían a dificultades extremas si se vieran obligadas a volver a su país de origen. Así, EE.UU. no solo quiere evitar la llegada de más migrantes, también considera que no es arriesgado que los que están en su territorio vuelvan a Nicaragua.
Orozco sostuvo que Estados Unidos “viene desarrollando una serie de presiones” con las que sanciona y Nicaragua no suele responder, en una mecánica casi estable. “Una lectura equivocada da la impresión de que Nicaragua viene después (de Venezuela y Cuba), que la única política de EE.UU. es la de intervención directa. No hay un cálculo sobre lo que eso significa, nadie piensa qué significaría que EE.UU. saque del poder a estas personas cuando no existe una oposición, la ciudadanía no sabe quiénes son los líderes el exilio y hay una estabilidad económica. Es especular sobre algo que no es seguro”, aseveró.
Con esa cautela, dijo que, a su juicio, Estados Unidos estaría pensando más a largo plazo, con el horizonte de las elecciones generales que en teoría están programadas para noviembre de 2027, si es que no se cumple la advertencia de Ortega. “Calculan ir sincronizando una presión para que introduzcan algún tipo de reforma”, afirmó.
Pensar en los comicios como una oportunidad, en un país con procesos electorales tan cuestionados y sin una oposición representativa, puede sonar demasiado optimista. Orozco aclara que no se refiere a la votación, sino a todo lo que conlleva una campaña. “Es un punto en la línea de tiempo, un punto que hay que aprovechar, estamos a 18 meses. Nadie en la oposición ha pensado en lo que significa ese punto”, expresó. “Las sanciones tienen que ver con ir esquinando al régimen. Es probable que no van a dejar perder la oportunidad de que Nicaragua entre a una transformación democrática”.
Daniel Ortega (D) y su esposa, Rosario Murillo, saludan a la multitud durante la inauguración del paso elevado de Nejapa en Managua el 21 de marzo de 2019. – MAYNOR VALENZUELA/AFP/AFP via Getty Images
Por su parte, Thaler dijo que actualmente “no hay mucha atención de EE.UU. a Nicaragua”, con otras prioridades en el escenario internacional, y no espera que haya giros en el corto plazo. “Hay sanciones a funcionarios del régimen, pero es algo que hace cada tres o seis meses, no es una señal de mayor atención a la normal. Es difícil imaginar un gran cambio en la política estadounidense frente a Nicaragua, actualmente está en guerra con Irán, hay una campaña de presión contra Cuba que no tuvo muchos resultados. Sin nuevos eventos, no veo un cambio grande”, analizó.
Una dinastía estable
Thaler apuntó que Ortega y Murillo “siempre están preparados para negociar” con Estados Unidos, aunque no haya una mesa de diálogo instalada. Las señales como liberaciones de presos son “concesiones superficiales para reducir la presión de EE.UU. sin amenazar su poder, sin verdaderamente conceder nada”, remarcó. El analista consideró que “la democracia en Nicaragua está lejos de ser posible en este momento” y “no hay posibilidad de elecciones libres”, situación que también achacó a la oposición: “Está muy fragmentada. Hay gente como (el activista y académico) Félix Madariaga que es tan prominente, que siguen con sus esfuerzos para mantener la causa nicaraguense en el discurso de EE.UU. y del mundo, pero no hay unidad, no hay una causa común más que el fin de la dictadura”.
Sin adversarios ni la posibilidad de organizar marchas opositoras, parte de la oposición deposita algunas esperanzas en algún quiebre interno del núcleo. Si bien en los últimos meses hubo purgas y acusaciones contra funcionarios cercanos a la pareja presidencial, los analistas coinciden en que no hay rupturas a la vista.
“No parece que hay alternativas dentro del régimen o grandes posibilidades de cualquier fractura. Hay una posibilidad de otra sucesión familiar por alguno de los hijos, como Laureano, pero no hay generales, vicepresidentes” que puedan asomar como posibilidad, dijo Thaler.
“Lo más plausible, la continuidad del régimen con Rosario Murillo en una posición más fuerte que nada. Daniel (de 80 años) está menos y menos presente en la vida pública. Rosario (de 74) es mucho más activa en gobernar el día a día. Hay un rol mayor en la política de Laureano, de los hijos, pero hasta hoy no hay indicaciones de ninguna posibilidad de transición”, reafirmó.
Murillo recibió el título oficial de copresidenta en febrero de 2025 y los dos analistas consultados coincidieron en que la transición de Ortega a su esposa ya está en efecto. También parece ser la postura del Departamento de Estado, que comenzó a nombrar a Murillo antes que a Ortega en los comunicados, un posible reconocimiento a su creciente peso político.
El ascenso de Murillo había desatado especulaciones que por ahora también caen en saco roto.
“Históricamente, ha habido la sensación de que una transición a Rosario va a provocar fracturas dentro del Frente Sandinista. Todavía es posible, pero el Frente de hoy es muy diferente que el de hace una década: no solo es un partido personalista, también lo es por Rosario, que trabajó para asegurar que la gente en posiciones de poder, sean leales a ella, y no solo a Daniel”, dijo Thaler, quien afirmó que la pareja presidencial mantiene un fuerte control sobre las fuerzas de seguridad y los aparatos de control ciudadano.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, junto a su esposo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un mitin que marca el 40º aniversario de la toma del Palacio Nacional por parte de los guerrilleros sandinistas antes del triunfo de la revolución, en Managua el 22 de agosto de 2018. – INTI OCON/AFP/AFP/Getty Images
Sin embargo, Orozco matizó que la copresidenta “no tiene una base popular” y se sigue apoyando en la imagen de Ortega. “Su capital político con el ejército es bastante funcional, de carácter transaccional. Se deje que administren recursos, pero si la presión se produce, si el costo beneficio cambia, el apoyo va a ir disminuyendo. Hay un balance de poder a favor de ella internamente, pero no es lo suficientemente sólido para garantizar que vaya al 2027”, comentó.
En ese sentido, destacó que las sanciones de abril de EE.UU. estuvieron dirigidas a “uno de los sectores más fuertes de captación de ingreso, la producción minera, y desarticula intereses económicos del Ejército y de socios de Laureano (Ortega)”.
Orozco también apuntó que Murillo “tiene el completo monopolio del círculo de poder”, del que considera que no hay más de 200 personas, aunque con diferentes grados de adhesión. “Para algunos militares, si la oferta de continuar apoyándola no es atractiva, no es que se le van a voltear, pero van a arrastrar los pies. Hay otro grupo, más clientelista, la gente de segundo rango, que si se le presenta la oportunidad, se salen. Por eso hay purgas”, opinó.
Para el politólogo nicaragüense, “la gran pregunta es qué probabilidad de éxito” tiene una dinastía familiar que lleva casi dos décadas y que apuntaría a continuar con Laureano, ya que, según afirmó, “hay miembros de la familia misma que no quieren ese modelo”.
De todas formas, Orozco destacó la resiliencia del Gobierno para enfrentar los desafíos, especialmente los que provienen desde fuera de sus fronteras, algo muchas veces subestimado. “El equipo de política exterior es muy sólido, ha evitado confrontar con Estados Unidos y la Unión Europea. han sabido neutralizar la presión latinoamericana, especialmente los vecinos de Centroamérica”, comentó. “Esta gente tiene más de 40 años de experiencia en política. Son pocas la personas que saben cómo lidiar con este tipo de personajes”.
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El nuevo Congreso de Colombia propinó el lunes su primer golpe al mandatario electo de ultraderecha Abelardo de la Espriella al votar en contra de su candidato a la presidencia del Senado, un inicio adverso en su intento de construir mayorías legislativas.
Sin partido propio y con un discurso antisistema, De la Espriella busca apoyos de los legisladores antes de su investidura del 7 de agosto para sacar adelante sus reformas.
El lunes perdió una primera batalla luego de que los 284 miembros del nuevo Congreso, elegidos en marzo pasado, tomaran posesión de sus cargos por un periodo de cuatro años.
Una vez conformado, el Senado votó en contra del candidato de De la Espriella a presidir la Cámara Alta y, en cambio, eligió a un dirigente del partido del expresidente Álvaro Uribe, que en los últimos días tomó distancia del gobierno electo.
En un hecho insólito, la izquierda derrotada en el balotaje presidencial del 21 de junio se unió a la derecha tradicional para vencer al alfil de De la Espriella.
El partido de Uribe y el del saliente presidente Gustavo Petro, las dos bancadas más grandes del Congreso, festejaron con aplausos tras el resultado.
Tradicionalmente en Colombia, un aliado del presidente es elegido como máxima autoridad del Senado para garantizar la aprobación de sus primeras propuestas.
“Primera derrota de De la Espriella”, festejó en la red social X el senador Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta de las presidenciales contra el ultraderechista.
De la Espriella, un abogado millonario de 47 años, ha dicho que recurrirá a decretos en caso de que el Congreso bloquee sus reformas, mientras que sus adversarios lo tildan de autoritario.
Ahora deberá tejer alianzas para llevar a buen puerto propuestas como recortar en un 40% el tamaño del Estado, atacar militarmente con mano dura a los grupos narcotraficantes y desmantelar el tribunal de paz surgido tras el histórico acuerdo con la guerrilla FARC en 2016.
El partido que más lo respaldó en campaña tiene una representación minoritaria de apenas cinco escaños en ambas cámaras.
En el ambiente hay “tensión” por un legislativo “fragmentado”, dijo a la AFP Humberto Librado, director de ciencia política de la Universidad Javeriana.
El mandatario electo presenció más temprano un desfile militar en Medellín (noroeste), un bastión de la derecha en el que reiteró su admiración por las fuerzas de orden en un país con más de seis décadas de conflicto armado.
“Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados”, dijo el ultraderechista ante unos 5.000 uniformados.
En un escenario global cada vez más competitivo para la educación superior, Buenos Aires ha logrado retener su título como la mejor ciudad para estudiantes en América Latina, según los resultados del QS Best Student Cities 2027 publicado hoy. Sin embargo, la capital argentina no es inmune a las presiones económicas y regulatorias que atraviesa el país. Listada en el puesto 35 a nivel mundial, la ciudad descendió tres lugares respecto del año anterior, impulsada principalmente por una caída en sus niveles de accesibilidad, luego de que habilitaran el cobro en universidades a los residentes no permanentes.
Así, a pesar del prestigio académico, el informe de la consultora Quacquarelli Symonds este año enciende una alarma roja sobre el costo de vida para los estudiantes. “Accesibilidad” es ahora la categoría más débil de Buenos Aires y la que más rápido se deterioró. La ciudad cayó ocho lugares en este indicador, situándose en el puesto 87 de 150, con una pérdida de seis puntos en su puntaje global.
Si bien registra una baja mayor, de nueve escalones, en la categoría “Actividad Empleadora”, alcanza un mejor desempeño (puesto 37) y además el impacto de este ítem en el puntaje general resulta menor. Por estos motivos, el documento difundido por QS a la par del ranking hace hincapié en el rubro “Accesibilidad”.
La categoría se refiere a qué tan accesible financieramente es una ciudad para un estudiante, considerando tanto los costos educativos como los de vida. Se calcula combinando las tasas de matrícula, el índice de costo de vida de Numbeo y el Índice Big Mac de The Economist. En el caso de Buenos Aires, el promedio para estudiantes internacionales en las instituciones rankeadas es de aproximadamente U$6400 anuales, una cifra influenciada principalmente por las universidades privadas que conforman la mayoría de las sedes incluidas en la nómina.
La Facultad de Derecho de la UBA (Foto: UBA)
Tradicionalmente, el modelo de reclutamiento argentino se basó en el acceso abierto y la gratuidad, especialmente en universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA). El informe advierte que el aumento de los costos y la introducción de aranceles podrían entonces erosionar la ventaja principal que ha atraído a estudiantes de toda la región hacia la ciudad.
Señala que, a partir de la habilitación paraque las universidades cobren aranceles a los alumnos extranjeros no residentes, la Argentina está pasando de un sistema de “derecho universal” a uno más “institucional y potencialmente generador de ingresos”. Consideran un riesgo hacerlo sin una estrategia coordinada becas, visas. En palabras de Ben Sowter, vicepresidente de QS, el desafío urgente para la ciudad es “proteger lo que hizo atractivo al sistema”.
“Buenos Aires es la ciudad estudiantil más destacada de América Latina, y con una ventaja considerable: supera por 20 puestos a su rival regional más cercano [Santiago de Chile, en el puesto 55]”, afirmó Sowter.
Y agregó:“Esa posición se construyó con un modelo de acceso abierto y bajo costo, y ambos aspectos están ahora bajo presión. Las universidades públicas han obtenido la facultad de cobrar tasas a los estudiantes internacionales no residentes. La Argentina cuenta con el mercado laboral mejor preparado para el futuro de la región –según nuestro indicador sobre el futuro del trabajo– y con la única universidad situada entre las 100 mejores. El desafío es proteger lo que hizo atractivo al sistema mientras se construye la infraestructura de reclutamiento, becas e investigación que pide la propia estrategia del país”.
Después de Buenos Aires y Santiago de Chile, aparecen Ciudad de México en el puesto 77, San Pablo (Brasil) en el 100, Monterrey (México) en el 107, Bogotá (Colombia) en el 110 y Lima (Perú) en el puesto 148. El top tres global lo integran Seul, Tokyo y Londres.
Un evento organizado por la Ciudad para estudiantes extranjeros – Créditos: @Patricio Pidal
El ranking QS Best Student Cities 2027 evalúa las ciudades en seis categorías: la calidad de sus universidades, el atractivo de la ciudad, el interés de los empleadores, la accesibilidad, la diversidad del alumnado y las opiniones de los propios estudiantes. Para poder clasificar, las postulantes debe tener una población superior a 250.000 habitantes y contar con al menos dos universidades incluidas en el ranking de universidades QS.
Buenos Aires se mantiene en la cima regional por la fortaleza de sus instituciones. La capital argentina ocupa el puesto 15 del mundo en la categoría “Rankings Universitarios”: diez de las instituciones porteñas figuran en el QS World University Rankings 2027, superando a metrópolis como Melbourne, Sídney, Singapur y Zúrich. La UBA logró retener el puesto 84 a nivel global y ser, por segundo año consecutivo, la única universidad latinoamericana dentro del top 100 global.
Ha logrado mantener una “Mezcla Estudiantil Diversa” (con una leve mejora del puesto 54 al 52), atrayendo jóvenes de toda la región gracias a su reputación académica y la oferta en español. Asimismo, sigue siendo valorada positivamente en “Voz del Estudiante”, aunque bajó dos lugares (puesto 44 al 46), un indicador que mide la experiencia directa de quienes eligen la capital argentina para formarse.
En cuanto a la conexión con el mundo del empleo, Buenos Aires ocupa el puesto 37 en “Actividad Empleadora”, como se dijo anteriormente, lo que refleja una alta demanda de graduados pese a la caída registrada desde el lugar 28 el año pasado.
En cambio, ascendió dos lugares en “Atracción”, al subir del lugar 79 al 77.
