La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promovió el logotipo de la Coca-Cola durante 37 largos segundos en una de sus populares y muy vistas conferencias matutinas el pasado marzo, en un acto escenificado para apoyar las actividades que la compañía refresquera realizaba en vísperas del Mundial de futbol, que terminó este domingo con España como campeón.
Frente a las cámaras, Sheinbaum presumió los boletos que iba a regalar la empresa y luego levantó con una amplia sonrisa el trofeo de la Copa del Mundo. A su lado, el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat, agradeció la ayuda del gobierno para realizar una gira con el trofeo por diversas ciudades del país.
En los años recientes, Coca-Cola no solo fue el patrocinador oficial del Mundial, también fue la compañía que, a través de las embotelladoras locales que fabrican sus productos en México, promovió la mayor cantidad de demandas judiciales en contra de las regulaciones gubernamentales a los refrescos y la comida chatarra en el país.
Durante los últimos tres lustros, el sector de los refrescos y los alimentos ultraprocesados interpuso a escala mundial al menos 239 demandas judiciales en seis de sus principales mercados (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia) para revocar o modificar leyes y normas. El 80 por ciento de todos esos litigios que se entablaron entre 2010 y 2025 sucedieron en México, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab en colaboración con Lighthouse Reports y una alianza de medios internacionales.
De todas las demandas promovidas en esos seis países, 188 casos fueron entablados directamente por grandes empresas privadas, y más de un tercio fueron presentados por nueve grupos corporativos y sus filiales o socios: Coca-Cola a la cabeza con 24 casos, seguida de PepsiCo con 17.
Directivos de Coca-Cola, invitados a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.Cortesía / Presidencia de México
La empresa española energética Iberdrola anunció este miércoles que su beneficio neto en el primer semestre aumentó un 22%, hasta alcanzar los 4,340 millones de euros (4,950 millones de dólares), gracias al aumento de la inversión en redes eléctricas en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.
El beneficio neto, ajustado por las plusvalías derivadas de la venta de centrales térmicas en México, aumentó un 8% en los primeros seis meses del año, según la empresa, mientras que el beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) se incrementó un 7%, hasta alcanzar los 8,050 millones de euros.
La empresa reafirmó sus previsiones para todo el año, que apuntan a un crecimiento del beneficio neto ajustado claramente superior al 8%, y señaló que la liquidez se situaba en 21,500 millones de euros, suficiente para cubrir 22 meses de necesidades de financiación.
El dividendo por acción se situó en 0.685 euros, incluidos los 0.427 euros que se pagarán el 27 de julio, añadió. Iberdrola señaló que las inversiones del primer semestre aumentaron un 25%, hasta los 7,000 millones de euros, y que más del 70% del total se destinó a Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.
La inversión en redes aumentó un 42%, hasta alcanzar casi 4,400 millones de euros, lo que representa cerca de dos tercios de la inversión total.
La inversión en generación superó los 2,200 millones de euros —más del 70% de ella en energía eólica terrestre y marina— e Iberdrola instaló más de 1.6 gigavatios de potencia durante el periodo.
La empresa también anunció la adquisición de Caruna —la mayor empresa de distribución eléctrica de Finlandia, que abastece a más del 20% de la población de este país nórdico—, valorada en 5,000 millones de euros.
La población entre 18 y 39 años concentra la mayor parte de los colombianos que salen del país por motivos de residencia, trabajo o estudio. FOTO EL COLOMBIANO
La salida neta decolombianos hacia el exterior alcanzó sus niveles más altos de los últimos años después de la pandemia. Entre 2022 y 2025 se acumularon cerca de 1,4 millones de salidas netas (diferencia entre entradas y salidas), una cifra ampliamente superior a la observada durante la década anterior y que ha reavivado el debate sobre sus implicaciones para la economía nacional.
La alerta pertenece al centro de pensamiento económico Anif y se desarrolló con base en información deMigración Colombia de los últimos 16 años. El análisis muestra que la percepción de un aumento en la migración de colombianos tiene respaldo en las estadísticas, aunque con matices sobre su intensidad y evolución reciente. El estudio destaca que el fenómeno no es completamente nuevo, pero sí experimentó una fuerte aceleración a partir de 2022.
Antes de la pandemia, la diferencia entre quienes salían y quienes regresaban al país permanecía relativamente estable. Entre 2012 y 2019 la salida neta osciló entre 127.000 y 270.000 personas por año. La única excepción fue 2020, cuando las restricciones internacionales ocasionaron un saldo positivo de cerca de 32.000 personas, debido a que ingresaron más colombianos de los que salieron.
Sin embargo, el comportamiento cambió drásticamente durante la recuperación posterior al covid-19. En 2022 se registró la mayor salida neta de toda la serie histórica con 497.000 colombianos, seguida por 446.000 en 2023. Aunque en 2025 el saldo disminuyó hasta 136.000 personas, las cifras del primer semestre de 2026 ya muestran un nuevo repunte, con una salida neta de 226.000 colombianos.
Además del incremento en el saldo migratorio, el documento evidencia que tanto las entradas como las salidas crecieron de manera sostenida durante la última década. Mientras en 2012 salieron del país 3,2 millones de colombianos, en 2025 la cifra llegó a 5,8 millones. En el mismo periodo, las entradas aumentaron de 2,9 millones a 5,6 millones de personas.
El estudio revela que la mayor parte de quienes abandonan el país pertenece a la población en edad productiva. Entre 2012 y 2025, las personas entre 18 y 59 años representaron en promedio el 73% de las salidas netas anuales, porcentaje que ascendió al 94% durante el primer semestre de 2026.
Dentro de ese grupo sobresalen especialmentelos jóvenes entre 18 y 29 años, quienes concentraron en promedio el 35% de las salidas netas durante el periodo analizado. Su participación aumentó hasta el 39% en 2024 y llegó al 45% en 2025, consolidándose como el segmento con mayor movilidad hacia el exterior.
El segundo grupo más representativo corresponde a las personas entre 30 y 39 años. Este segmento explicó, en promedio, el 19% de las salidas entre 2012 y 2025, aunque durante el primer semestre de 2026 su participación aumentó hasta el 30%. En conjunto, ambos rangos de edad concentraron más de la mitad del saldo migratorio durante casi toda la serie histórica, precisamente en la población que conforma la mayor parte de la fuerza laboral del país.
Desde la perspectiva de género, la migración ha mantenido un comportamiento relativamente equilibrado entre hombres y mujeres. Entre 2012 y 2025 las mujeres representaron el 52,6% de las salidas netas frente al 47,4% de los hombres. No obstante, durante el primer semestre de 2026 la tendencia cambió y los hombres pasaron a explicar el 52% de las salidas, mientras que las mujeres participaron con el 48%.
Otro aspecto relevante es el motivo del viaje. Aunque el turismo, los negocios y los eventos continúan siendo la principal razón para salir del país, al representar en promedio el 66% de los desplazamientos entre 2012 y 2025, la segunda categoría corresponde a residencia, trabajo y estudio, con una participación cercana al 28% y un ligero incremento frente a los niveles observados antes de la pandemia.
Precisamente esta última categoría concentra el mayor interés del análisis económico, ya que reúne a quienes permanecen durante largos periodos fuera del país y, por tanto, pueden influir tanto en el flujo de remesas como en la disponibilidad de trabajadores dentro del mercado laboral colombiano.
AunqueEstados Unidos y España continúan siendo los principales destinos para los colombianos que deciden establecerse en el exterior, el estudio evidencia un cambio gradual en el mapa migratorio. Países como Chile y Panamá vienen ganando participación con mayor rapidez, lo que refleja una diversificación de los destinos tradicionales.
Estados Unidos sigue siendo el principal receptor de migrantes colombianos. El número de personas que viajaron hacia ese país pasó de 361.000 en 2012 a 674.000 en 2025. Sin embargo, su participación dentro del total de salidas con vocación de permanencia disminuyó ligeramente, al pasar de 40,8% a 40,1%, lo que indica que, aunque continúa liderando el flujo migratorio, otros destinos están creciendo a un ritmo superior.
España también fortaleció su posición durante el periodo analizado. Las salidas hacia ese país aumentaron de 100.000 personas en 2012 a 208.000 en 2025, mientras su participación pasó de 11,3% a 12,4% del total de migrantes colombianos con intención de permanencia.
No obstante, el mayor dinamismo se observa en Chile. Los colombianos que eligieron ese país pasaron de 18.000 en 2012 a 74.000 en 2025, elevando su participación del 2% al 4,4% del total. Panamá también registró uno de los mayores crecimientos relativos, al aumentar su participación de 5,8% a 10,3% durante el mismo periodo. México, por su parte, pasó de recibir 32.000 colombianos en 2012 a 42.000 en 2025, incrementando su participación de 3,6% a 6%.
De acuerdo con el documento, estos resultados muestran que, aunque Estados Unidos y España continúan siendo los principales polos de atracción por el tamaño histórico de la diáspora colombiana, cada vez más migrantes están optando por nuevos destinos en América Latina.
El estudio sostiene que el aumento de la salida neta de colombianos desde 2022 reabre dos discusiones centrales para la economía nacional. La primera está relacionada con el crecimiento histórico de las remesas enviadas desde el exterior y la posibilidad de que parte de ese incremento responda al mayor número de connacionales que residen fuera del país por motivos de trabajo, estudio o residencia. La segunda tiene que ver con el posible efecto sobre la oferta laboral interna, al tratarse principalmente de personas en edad de trabajar.
Para analizar estas relaciones, los investigadores estimaron un modelo econométrico de vectores autorregresivos (VAR), utilizando información trimestral entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2026. El ejercicio también controló los efectos estadísticos derivados de la pandemia durante el segundo y tercer trimestre de 2020.
Los resultados muestran que, ante un incremento de las salidas de colombianos con vocación de permanencia, las remesas presentan inicialmente una respuesta negativa durante el primer trimestre, comportamiento que los autores atribuyen a los costos de instalación y adaptación que enfrentan los migrantes al llegar al país de destino. Posteriormente, la tendencia cambia y las remesas aumentan 1,6% en el segundo trimestre, efecto que alcanza su mayor intensidad aproximadamente dos trimestres después del choque migratorio antes de comenzar a disiparse gradualmente hacia el segundo año.
En cuanto al mercado laboral, el modelo encontró que la tasa global de participación laboral presenta una reducción máxima de 0,6 puntos porcentuales dos trimestres después del aumento en la migración. Aunque posteriormente el efecto desaparece de manera gradual, los autores aclaran que este resultado no alcanza significancia estadística y, por tanto, no puede considerarse una evidencia concluyente.
El documento también advierte que estos resultados deben interpretarse con cautela, pues el modelo únicamente analiza el efecto de un choque migratorio específico y no incorpora otros factores que también influyen sobre la evolución de las remesas o del mercado laboral colombiano. Aun así, las estimaciones muestran una dirección consistente con las hipótesis planteadas: un mayor número de colombianos que emigran por motivos de residencia, trabajo o estudio tiende a relacionarse con un incremento de las remesas y con una menor participación laboral en el corto plazo.
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El Gobierno de Bolivia informó el martes (21.07.2026) que tiene registro de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia, en medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía por el presunto reclutamiento de personas para la guerra contra Ucrania.
“Hemos registrado 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa”, dijo a los medios el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo.
El ministro detalló que 20 bolivianos “mantienen contratos activos”, hay cuatro heridos “confirmados en hospitales de campaña” y también “un fallecido y un ciudadano repatriado exitosamente a Bolivia”.
De los heridos, uno está “en proceso de desvinculación militar”, agregó.
Aramayo sostuvo que desde abril de 2025 se tenían reportes de estos casos y lamentó que “la anterior gestión en la Cancillería no tuvo actuación” al respecto, en alusión al Gobierno de Luis Arce (2020-2025).
Acciones diplomáticas
El canciller aseguró que desde que Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado, el Ministerio de Exteriores ha “tomado acciones (…) a través de vía consular y diplomática para atender cada uno de los casos”.
Mencionó como ejemplo que entre el 6 y 9 de junio pasado, se envió una misión consular a Donetsk (Ucrania) “para verificar personalmente la situación” de un boliviano “y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas”, además de acompañarle en el “proceso de atención médica” que requería.
También indicó que el pasado viernes tuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dimitri Vérchenko, con quien se estableció “una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento prioritario a todos estos casos”.
Aramayo agregó que están “en manos de las instancias judiciales” las investigaciones correspondientes por “posibles hechos delictivos vinculados” al presunto reclutamiento o “intermediación” para captar personas para la guerra.
Investigan reclutamiento como trata de personas
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó el lunes que hay cuatro investigaciones en desarrollo en tres de las nueve regiones del país, por el presunto reclutamiento de personas por parte de Rusia para la guerra contra Ucrania.
Las investigaciones se efectúan por el presunto delito de “trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos”, precisó.
Dentro de uno de los casos, un juez dispuso el pasado sábado el encarcelamiento preventivo por 60 días de tres personas que fueron detenidas en Santa Cruz, por su presunto vínculo con un hombre identificado como A.A.M., quien es el principal investigado por el supuesto reclutamiento en esa región oriental.
La Fiscalía recordó que las investigaciones surgieron tras conocerse las denuncias públicas “sobre presuntas redes que ofrecían oportunidades laborales en el extranjero” pero que “en realidad buscaban reclutar a ciudadanos bolivianos para integrarlos a conflictos armados fuera del país”.
La semana pasada, la Embajada rusa en Bolivia sostuvo en un comunicado que “descarta de manera rotunda cualquier vínculo” con el mencionado reclutamiento y rechazó “categóricamente” las acusaciones en su contra “por carecer de fundamento alguno”.
Autoridades de Ucrania identifican a México como uno de los objetivos prioritarios de la maquinaria de desinformación del Kremlin, diseñada para erosionar el apoyo internacional a la defensa ucraniana.
Heorhii Tykhyi, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, advirtió en una rueda de prensa virtual que ven un esfuerzo del medio estatal ruso RT para expandir su presencia en el país mediante publicidad e instalaciones públicas.
En cuanto a la acusación rusa que intenta vincular a Ucrania con los cárteles mexicanos de la droga, la calificó como una estrategia de manipulación que busca influir en la percepción de los aliados, especialmente en Estados Unidos. Por el contrario, aseguró que existen pruebas de que armas rusas están llegando a grupos criminales y bandas ilegales en América Latina, en un intento de desestabilizar a la región.
El portavoz reiteró que Ucrania mantiene una invitación abierta para que los dirigentes de México visiten el país para que puedan observar la situación, sacar sus propias conclusiones y explorar perspectivas de cooperación mutuamente beneficiosa.
¿Espías rusos en México?
La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la presencia de agentes rusos en México e instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a dar a conocer las nacionalidades de los agentes extranjeros autorizados en el país.
“A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades, en general—. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, lleva… Si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que la Embajada solicita, se hace el mismo procedimiento”, declaró en su conferencia de prensa.
El Departamento de Estado estadounidense señaló en su nuevo informe Cuba, la capital del comunismo del siglo 21, de 100 páginas publicado el lunes, la presencia de espías rusos en México como fuente de tensión bilateral.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si México puede solicitar una parte de los 15,000 millones de dólares que el gobierno estadounidense le exigió a Ismael el Mayo Zambada como parte de su sentencia que lo llevará a estar en la cárcel de por vida.
Explicó que los recursos aún no pueden considerarse definitivamente decomisados, ya que forman parte de un proceso judicial en curso.
También, que a la institución le corresponde determinar si resulta pertinente entrevistar a Ismael el Mayo Zambada como parte de las investigaciones relacionadas con su captura y traslado a Estados Unidos.
Señaló que, si bien las declaraciones de un narcotraficante deben analizarse con cautela, cualquier actuación relacionada con el caso no le corresponde al Poder Ejecutivo.
Jóvenes
Sheinbaum hizo, por otra parte, un llamado a los jóvenes a no ver en el crimen organizado una alternativa de vida, al sostener que incorporarse a un grupo delictivo “es acercarse a la muerte”. Además, informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar la posibilidad de reclamar parte de los recursos decomisados en Estados Unidos a Ismael el Mayo Zambada como reparación del daño para México.
Aunque evitó dar relevancia a los recientes mensajes atribuidos a Zambada, Sheinbaum Pardo señaló que el planteamiento de alejar a los jóvenes del crimen coincide con el trabajo que, dijo, realiza su administración desde el inicio del sexenio.
La mandataria aprovechó el tema para cuestionar la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, al asegurar que la llamada “guerra contra el narco” no sólo estuvo marcada por la actuación del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico—, sino también por una narrativa que, afirmó, engrandeció la figura de los líderes criminales.
“Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es una vida de penurias, una vida donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza”, afirmó.
Mariuth Arenas sabe dónde está su sobrino. Lo supo por el vigilante de las Residencias Solmarino Garden 2, en Playa Grande, La Guaira, rescatado con vida de entre los escombros: antes del sismo conversaba en el estacionamiento con un hombre que limpiaba su auto. La descripción y el vehículo coinciden. José David Vera Arenas estaba ahí cuando el edificio se vino abajo, el 24 de junio.
Su esposa y sus dos niños estaban arriba, en el apartamento. Los encontraron muertos el fin de semana pasado. A él todavía no.
“Ya donde pensamos que pudo haber quedado está muy cerca. Yo creo que trabajando un día nosotros logramos rescatar el cuerpo, para darle cristiana sepultura junto a su esposa y sus hijos”, dice Arenas a France 24.
Pero el 20 de julio, a las cuatro de la tarde, la maquinaria que removía los escombros fue retirada. En sus publicaciones en redes, Arenas mencionó una orden de ingeniería; un día después, escribió que se la llevaron “sin ninguna justificación”. Nadie les ofreció una alternativa.
Desde entonces son tres frente a la ruina: ella, el padre de José David, de 73 años, y su hermano, que se fracturó un brazo removiendo escombros y se niega a ir al médico hasta recuperar el cuerpo. “Solos no podemos. Estamos solamente tres personas nada más”, resume.
En Facebook, Arenas lo escribió para todas las familias que están como la suya: “No podemos dejar a nuestros familiares en el olvido. No los vamos a abandonar bajo las ruinas”.
El Estado convoca al ADN, pero no cuenta desaparecidos
Un mes después del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que devastó el norte de Venezuela, el balance oficial registra al menos 5.278 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, además de 856 edificios afectados y 190 colapsados. La Guaira, el estado costero considerado la zona cero de los sismos, concentra la devastación.
Este martes 21 de julio, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio del Interior convocaron a los familiares de las víctimas a una toma voluntaria de muestras de ADN, para identificar mediante comparación de perfiles genéticos los cuerpos que permanecen en las morgues y dar, según el comunicado oficial, “certeza y paz a las familias”.
La convocatoria llega cuando víctimas sin identificar ya fueron enterradas en fosas abiertas en un cementerio municipal de La Guaira, según testigos citados por la agencia EFE a principios de julio.
Lo que las autoridades no han informado, en 30 días, es cuántas personas siguen desaparecidas. Las referencias oficiales no son claras: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), afirmó que unas 30.000 personas se encontraban en La Guaira y que alrededor de 19.800 escaparon o fueron rescatadas, lo que dejaría a unas 10.000 sin localizar solo en ese estado. La ONU informó en junio que había recibido cifras no confirmadas de hasta 50.000 desaparecidos.
Gloriyen Aris no tiene ni siquiera lo que tiene Mariuth Arenas. Su prima, Sacha Chagua, bajó a La Guaira con un amigo el 24 de junio, feriado por el aniversario de Carabobo, fiesta nacional, para pasar el día en la playa. Habló con su madre hasta pasadas las dos de la tarde. Después, el terremoto, y nada.
“Nadie sabía dónde estaba. Estaba en La Guaira, pero no sabíamos ni en qué edificio ni con quién”, cuenta Aris a France 24.
La familia hizo lo que describe como “un trabajo de inteligencia” recorriendo una costa extensa y devastada, hasta que apareció el auto de Sacha junto a un edificio que quedó plegado “como un acordeón”: los vecinos de los pisos altos lograron salir; los de abajo siguen adentro. La familia presume que ella también. El vehículo apareció desvalijado, con una ventana rota y la cartera robada; del edificio se llevaron hasta los grabadores de las cámaras de seguridad.
Aris calcula que en ese edificio quedan 12 personas atrapadas. Y cuenta algo más: a tres o cuatro edificios de distancia hay otro, completamente colapsado, donde habrían muerto más de 50 personas que nadie reclama, porque sus familiares no están en Venezuela o ya no existen. En un país que vio emigrar a millones en la última década, hay muertos que ningún registro captura porque no hay quien los busque.
“Tener a un desaparecido es complicado, porque no sabes ni siquiera si está vivo o está muerto“, dice Aris. “Tienes esperanza de que sí esté vivo, pero van pasando los días y esa esperanza se va apagando un poco. Por lo menos conseguir el cuerpo para darle sepultura”.
A Sacha la reportaron en todas las plataformas de búsqueda que fueron surgiendo tras la tragedia. La mayor de ellas, Desaparecidos Terremoto Venezuela, nació la misma noche del sismo: el programador Jorge Bastidas la montó con un grupo de voluntarios al ver a la gente buscando a sus familiares por transmisiones en vivo en las redes.
“A las cinco horas de haber ocurrido el terremoto ya teníamos la plataforma activa”, cuenta a France 24. “Llegamos a tener hasta 100 reportes por minuto”.
En las primeras 24 horas recibieron unos 30.000 reportes; en total, más de 82.000, de los cuales casi la mitad resultaron duplicados que un equipo de voluntarios depura caso por caso. Hoy la plataforma mantiene unos 29.500 casos activos de personas sin contacto. Otro registro ciudadano, Venezuela Reporta, contabiliza más de 41.000.
En un mes, ninguna autoridad se comunicó con ellos. “No hemos tenido ningún contacto de autoridades oficiales”, dijo Bastidas. Tampoco para el proceso de identificación por ADN que acaba de empezar.
Para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el volumen de los registros ciudadanos no implica que todas esas personas estén bajo los escombros, pero sí refleja la dimensión del desastre que enfrentan las familias, según su portavoz adjunto, Jens Laerke.
En Caraballeda y Tanaguarenas, donde colapsaron varias torres OPP del programa de vivienda social, lanzado a principios de los años 2010, la búsqueda quedó desde los primeros días en manos de los vecinos. Se hacen llamar “Los Topos”: cavan galerías de hasta 18 metros para llegar a los suyos, turnándose porque en los túneles falta el aire. Al principio sacaron sobrevivientes; después, solo cuerpos.
“Nos hemos acostumbrado a comer con el olor, a dormir con ellos debajo de nosotros, a sacarlos”, cuenta a France 24 uno de ellos, que encontró el cuerpo de su tía y se quedó a ayudar, viviendo en una carpa junto a los escombros. “Es la historia de miles, no es la historia nuestra nada más”.
Las familias juntaron dinero entre vecinos para alquilar maquinaria, y al ritmo de esas colectas se recuperaron decenas de cuerpos. El Gobierno, mientras tanto, prometió entregar 4.000 viviendas entre julio y diciembre, en un país que, según los cálculos oficiales, necesita 25.000 y donde miles de damnificados duermen en campamentos montados en estadios, plazas y aceras.
En Playa Grande, Mariuth Arenas espera que vuelva una máquina capaz de operar sobre la estructura inestable del Solmarino Garden 2. En Caracas, Gloriyen Aris reza y revisa los registros. Esperan cosas distintas: una sabe dónde está su familiar y no puede llegar; la otra no sabe dónde buscar. Pero a un mes del terremoto piden exactamente lo mismo, lo único que queda por pedir: poder enterrar.
El Mazda CX-90 PHEV 2027 marca el inicio de la electrificación fuerte de Mazda en México. La marca japonesa era una de las pocas que no se había adentrado a fondo en la electrificación en el país: durante algunos años ofreció variantes microhíbridas del Mazda2, Mazda3, Mazda CX-30 y Mazda CX-90, pero nada con un mayor apoyo eléctrico formaba parte de su gama. Eso cambia hoy con el lanzamiento del Mazda CX-90 PHEV 2027, presentado a la par de su estrategia de electrificación para el mercado mexicano.
¿Cuál es la estrategia de hibridación de Mazda en México?
El Congreso de Chile aprobó el martes (21.07.2026) casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca impulsar la economía, una de las principales promesas de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast.
El proyecto incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.
“Tenemos la reforma (…) aprobada en lo que es lo esencial”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa.
“La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99 % el proyecto de ley y la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo para invertir”, agregó el ministro.
Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.
La izquierda se opone el plan de Kast, al considerar que favorece solo a los sectores más ricos. También reclama por los posibles recortes de beneficios sociales que pueda hacer el gobierno si se reduce la recaudación fiscal.
Entre las medidas que cuestiona está el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares.
También critica un reembolso estatal de gastos de inversión para las empresas a las que la Justicia les revoque sus permisos ambientales.
Cambio de rumbo
“Es un cambio de rumbo. Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos, mayor presencia del Estado, énfasis en la distribución”, explica a la AFP Rodrigo Arellano, politólogo de la Universidad del Desarrollo.
El lunes, la izquierda adelantó que presentará tres requerimientos en el Tribunal Constitucional (TC) para objetar aspectos fiscales, como la propuesta de invariabilidad tributaria a los grandes inversionistas.
Desde el progresismo, aseguran que el proyecto beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales.
“Ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenia Kast respecto a seguridad, empleo y migración era solo un ‘caballo de Troya’ para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa: reducirle los impuestos a los más ricos”, dijo Constanza Martínez, presidenta del izquierdista Frente Amplio.
“Al gobierno que se autodenominó de la ’emergencia’ solamente le urge salvarle el bolsillo a quienes más tienen, y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal”, indicó por su parte la diputada comunista Daniela Serrano.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó el martes (21.07.2026) que ha iniciado los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones del presidente Daniel Ortega, quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.
En una declaración, el Parlamento indicó que a partir de las declaraciones de Ortega “sobre los procesos políticos propios de Nicaragua y los nicaragüenses, para asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza, está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales”.
El Congreso, controlado absolutamente por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), también subordinado al Ejecutivo, “para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad”.
“La soberanía de nuestro pueblo y de nuestro país es asunto propio de los nicaragüenses”, remarcó la Asamblea Legislativa, que dijo está convocando para “cumplir los mandatos recibidos”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó este martes a Ortega de haber mostrado su “verdadera naturaleza autoritaria” al afirmar que no volverá a haber elecciones en Nicaragua.
“Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones, mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”, agregó.
En tanto, la Cancillería de Costa Rica expresó “su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en Nicaragua, mientras Panamá criticó lo dicho por Ortega y llamó a consultas a su embajador en Managua.
La oposición nicaragüense ha pedido a la comunidad internacional “que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad” y “que actúe ya, respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta a la democracia”.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 entre acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.
Desde 2017 ejerce el poder junto a Murillo, su esposa y antes vicepresidenta, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.
