El secretario general de la ONU recibió este lunes a la presidenta interina de Venezuela para un saludo protocolar, antes de su participación en la Asamblea General del organismo, en Nueva York, informó la televisora estatal venezolana.
Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos.
Desde entonces gobierna bajo las directrices de Washington y ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado aislamiento de Venezuela.
La mandataria se reunirá el martes con el presidente Donald Trump y al día siguiente se dirigirá a la Asamblea de Naciones Unidas.
Washington anunció el encuentro entre los dos mandatarios. Delcy es el primer mandatario de Venezuela que participará en la reunión de la ONU desde 2018.
Vestida de azul y con un pin metálico del mapa de Venezuela en el pecho, Rodríguez saludó con un apretón de manos a António Guterres luego de firmar el libro de visitantes de la sede del organismo.
“Venimos (…) buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo, de todo tipo”, dijo Rodríguez a la televisora estatal VTV a su salida del edificio.
Más temprano se reunió con directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos multilaterales.
Venezuela reanudó sus vínculos con el FMI y el Banco Mundial (BM) en abril y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en junio.
VTV mostró imágenes de reuniones de la mandataria con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del BM, Ajay Banga, y el del BID, Ilan Goldfajn.
Venezuela accedió en julio a 346 millones de dólares, de los casi 5.100 millones de dólares de sus reservas en el FMI, dirigidos a un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por los letales sismos consecutivos que azotaron al país el 24 de junio.
El gobierno de Rodríguez intenta acceder a los fondos restantes, bloqueados desde que el FMI dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
El gobierno venezolano celebra la participación de Rodríguez en la Asamblea de la ONU.
“Recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, resalta un video publicado por el Ministerio de Comunicación previo al viaje de Rodríguez.
Santo Domingo, 21 sep (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, planteó este lunes elevar “a otros niveles” las relaciones entre República Dominicana y Perú durante una reunión bilateral con la mandataria peruana, Keiko Fujimori, en Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Asamblea General de la ONU.
“Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles”, afirmó Abinader tras el encuentro, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.
El mandatario destacó los vínculos históricos entre ambos países y señaló que existe margen para ampliar la cooperación bilateral.
“Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad”, indicó.
Abinader explicó que este fue su primer encuentro con Fujimori desde que asumió la Presidencia de Perú y señaló que ambos intercambiaron invitaciones para visitar sus respectivos países.
En mayo pasado, ambos países realizaron en Santo Domingo la primera reunión de la Comisión Conjunta con el propósito de fortalecer el comercio y las inversiones, así como ampliar la cooperación técnica.
Hyundai Motor de México anunció que ampliará la familia de las SUV’s con el debut de la subcompacta Venue 2027 al mercado mexicano, que es fabricada en India, por lo que la marca coreana ofrecerá precios accesibles por tiempo limitado.
La llegada de la nueva Venue, a partir del próximo 8 de octubre, forma parte del plan de expansión de la firma coreana para diversificar sus opciones de movilidad en el mercado mexicano, con lo cual busca reforzar su liderazgo en el segmento (de las SUV’s) de mayor demanda en México.
“En Hyundai estamos construyendo una oferta cada vez más sólida y competitiva para acompañar nuestro crecimiento en México. La llegada del Nuevo Venue es un paso importante en esta estrategia: ampliamos nuestra familia de SUV’s con un producto que combina diseño, tecnología, seguridad y conectividad, y que nos permite competir en un segmento clave y acercar la marca a nuevos clientes”, destacó Juan Carlos Ortega, presidente y CEO de Hyundai Motor de México.
El nuevo Hyundai Venue 2027 marca el debut de la línea en el país, posicionándose como una alternativa urbana orientada a la practicidad, el diseño moderno y la conectividad en el competitivo segmento de las SUV subcompactas.
El vehículo destaca por la incorporación de un motor 1.0 litro Turbo, una pantalla táctil de 10.25 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de la suite de seguridad activa y asistencias a la conducción Hyundai SmartSense.
El Hyundai Venue 2027 se comercializará inicialmente con precios especiales de introducción. Venue GL en transmisión manual (TM) | desde 395,000 pesos; y Venue Limited con transmisión de Doble Embrague (DCT) desde 449,000 pesos.
Al fortalecer su portafolio y ofrecer alternativas cada vez más competitivas y relevantes para los consumidores mexicanos, Hyundai pasa de ser un fabricante de automóviles a convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad inteligente.
Ciudad de México, 21 sep (EFE).– La representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en México, Chiara Cardoletti, declaró a EFE este lunes que el mundo atraviesa un “cambio histórico de prioridades” en el que las cifras de personas desplazadas no dejan de crecer mientras los recursos financieros internacionales para atenderlas sufren recortes drásticos.
Durante la presentación del programa ‘Seamos Hogar’ en la capital mexicana, la representante señaló que la red global de protección opera actualmente en mínimos financieros tras registrar una caída de aproximadamente el 50 % en sus fondos operativos.
“Los países y la narrativa han cambiado”, alertó Cardoletti, una tendencia que no observa en México.
En ese sentido, la representante enfatizó que, pese a la falta de recursos y el endurecimiento de discursos a nivel global, el país norteamericano mantiene puertas abiertas a quienes huyen de la violencia, demostrando que la inclusión formal beneficia tanto a las comunidades de acogida como a los propios migrantes.
“Cuando a los refugiados se les da oportunidades lo logran”, apuntó, al agregar que “los refugiados no son un peso, son una aportación”, remarcó Cardoletti al defender el impacto positivo de las más de 175.000 personas beneficiadas por las iniciativas del organismo en México desde 2016 con el respaldo de 650 empresas socias.
Para visibilizar esta realidad frente al recorte de recursos, la agencia lanzó la campaña ‘Seamos Hogar’, que recopila historias de 11 refugiados instalados en siete ciudades mexicanas, entre ellas la del salvadoreño Diego, refugiado en Tapachula tras el asesinato de su hermano a manos de pandillas en su país de origen.
En el acto participó también la periodista guatemalteca Lucía Escobar, exiliada tras sufrir presiones y amenazas por su trabajo informativo, quien reflexionó sobre el contraste entre los entornos de origen y las rutas hacia el norte.
“Siempre he contado historias y nunca creí que un día tendría que contar la mía”, relató Escobar, tras añadir que arribar a México “fue llegar al primer mundo” valorando los servicios públicos del país a pesar de las quejas de sus propios habitantes.
Asimismo, Escobar afirmó a EFE que “prefería morir en Guatemala” antes que migrar a Estados Unidos y enfatizó que México siempre fue su única opción de destino.
Por su parte, la actriz mexicana Johanna Murillo, colaboradora de alto perfil de Acnur, urgió a no dejarse influir por la estigmatización y recordar los motivos que obligan a los refugiados al desplazamiento forzado.
El llamado de la agencia coincide con el anuncio de la llegada a México, a finales de esta misma semana, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih.
La visita oficial tendrá como objetivo respaldar los esfuerzos de integración en medio de la severa contracción de fondos internacionales.
El programa se anunció en un contexto mundial de severos recortes presupuestarios en la red humanitaria internacional a pesar de que, según Acnur, en el mundo ya hay más de 43 millones de refugiados.
Montevideo, 21 sep (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inauguró este lunes en Montevideo el 195 período ordinario de sesiones, en el que habrá audiencias públicas por casos contra los Estados de Chile, Perú y Venezuela.
Este período ordinario de sesiones se llevará a cabo desde hoy y hasta el viernes 25 de septiembre, días en los que se celebrarán audiencias públicas por los casos ‘Navarro López y otros versus Venezuela’, ‘Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y sus miembros versus Chile’ y ‘Pueblos Indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca versus Perú’.
Asimismo, la Corte celebrará dos audiencias de supervisión de cumplimiento vinculadas a dos casos uruguayos.
Durante su presentación, el presidente de la Corte IDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, apuntó que el impacto de las sentencias de esta se mide por lo que ocurre después de ellas y remarcó en ese sentido que lo ocurrido da motivos para entusiasmarse.
“Las decisiones están siendo cumplidas, los Estados están aprobando y derogando leyes para adecuar su derecho interno a la Convención, los tribunales han incorporado los estándares interamericanos a su cultura decisoria y el control de convencionalidad se ha convertido 20 años después en una realidad”, enfatizó.
Asimismo, destacó que la administración pública ha adaptado sus prácticas, sus políticas públicas y sus instituciones “para promover los Derechos Humanos”, todo ello “con miras a garantizar la reparación integral de las víctimas y a prevenir a repetición de las violaciones”.
Mientras tanto, la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, dijo en el encuentro llevado a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo que un sistema regional fuerte “requiere Estados democráticos sólidos, poderes judiciales independientes, instituciones de Derechos Humanos eficaces y sociedades capaces de ejercer plenamente sus libertades”.
Agregó que también necesita instituciones regionales y multilaterales fuertes, independientes y accesibles.
“La decisión de celebrar sesiones fuera de la Corte constituye una valiosa oportunidad para acercar a este sistema interamericano que tanto valoramos a las instituciones nacionales y promover un mayor conocimiento de la jurisprudencia interamericana”, puntualizó Csukasi.
Añadió que “Uruguay aspira a que la presencia de la Corte en Montevideo transcienda las actividades jurisdiccionales y permita desarrollar una agenda amplia de intercambio”.
Sobre los casos uruguayos que tratará la corte, uno de estos se dio cuando la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado “por la violación de diversos derechos como consecuencia de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyen y de la supresión y sustitución de identidad de su hija María Macarena Gelman García, así como por la violación a los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, abuelo de María Macarena.
El otro es por las violaciones “a distintos derechos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas, así como de sus familiares”.
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) instó al gobierno de México a crear un plan para aumentar el valor de contenido nacional en la producción de equipo de cómputo.
“El potencial que tenemos ahí es de más empresas participando en la cadena exportadora de equipos de cómputo y es donde tenemos un gran interés en el Comce de impulsar esta cadena de valor para un mayor beneficio en más empresas en el país”, dijo Juan Pablo Castañón, vicepresidente del Comce.
De enero a julio de 2026, las exportaciones mexicanas de equipo de cómputo crecieron a una tasa anual de 96.3%, hasta 90,834 millones de dólares; pero con un bajo contenido nacional y con una alta concentración de insumos, partes y componentes asiáticos, sobre todo de Taiwán, China, Vietnam y Corea del Sur.
En una rueda de prensa en la Ciudad de México, Castañón argumentó que el país tiene una oportunidad y un reto de incorporar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a participar en las exportaciones indirectas de computadoras y otros productos de la industria de la computación.
“Por eso, el Comce se está enfocando en las Pymes para subirlas al tren exportador”, dijo, y puso como ejemplo contrastante el alto valor agregado que genera la industria automotriz en México.
A principios de julio pasado, la Secretaría de Economía fijó seis prioridades para la relación entre México y Estados Unidos con el objetivo de consolidar las ventajas comerciales que cuenta la economía mexicana en el nuevo orden comercial global.
Estas son: protocolo de no aplicación de medidas unilaterales; resolución de aranceles en acero; preservación de la competitividad automotriz; marcos de seguridad económica; atención de temas bilaterales pendientes; y acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión.
Además de los sectores mencionados, la Secretaría de Economía agregó que se concentrará en promover inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica.
Finalmente, Castañón dijo que México tiene un tipo de cambio competitivo del peso frente al dólar, con una inflación relativamente estable. Sin embargo, puso énfasis en esta deficiencia: “Hoy es el día en que tenemos que tener soluciones financieras para la accesibilidad de tecnologías para las Pymes, que nos permita entonces generar la base de mayor manufactura mexicana para el sector exportador”.
Castañón informó que el 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano se realizará en Monterrey, Nuevo León, del 27 al 29 de octubre de 2026, con la participación de Italia como país invitado.
En la misma rueda de prensa, Lorenzo Vianello, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Italia del Comce, expuso que si bien México tiene un déficit en el comercio de productos con Italia, hay una relación comercial positiva porque gran parte de las compras mexicanas consisten en maquinaria.
De 2018 a 2025, en esta relación bilateral, las exportaciones mexicanas bajaron de 1,782 millones de dólares en 2018 a 1,394 millones en 2025. Por el contrario, las exportaciones italianas subieron de 6,609 millones a 9,672 millones en el mismo periodo. En consecuencia, el déficit comercial de México se elevó a 8,278 millones.
Entre los principales productos italianos exportados al mercado mexicano están medicamentos, autopartes, lavavajillas, aparatos eléctricos para conmutar, artículos de joyería, ciertas máquinas y aparatos mecánicos, motores de encendido, y maquinaria, planta o equipo de laboratorio.
A la inversa, las exportaciones mexicanas consisten sobre todo en petróleo, oro, computadoras, teléfonos, bebidas alcohólicas, tubos de cobre y partes destinadas a los motores de émbolo.
Ciudad de Panamá, 21 sep (EFE).- Las nuevas tecnologías para estudiar los océanos, desde la observación satelital y el monitoreo remoto hasta el análisis genético avanzado, centran desde este lunes en Panamá el Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (Colacmar 2026), que reúne durante cinco días a investigadores, especialistas y estudiantes de distintos países de la región.
El encuentro, considerado uno de los principales espacios de intercambio científico sobre los océanos en América Latina, aborda los desafíos que afrontan los ecosistemas marinos ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y busca fortalecer la cooperación regional para su investigación, conservación y gestión sostenible.
“Hemos avanzado mucho como país, como región, pero todavía tenemos retos. Esos retos no los podemos enfrentar solos, los océanos nos acompañan a lo largo del continente y tenemos que enfrentar los retos como región, como grupo, con recursos humanos, con infraestructura, con equipamiento”, dijo a EFE el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Ciencias del Mar (Alicmar), el panameño Edgardo Díaz.
Pero sobre todo, añadió Díaz, prepararse para enfrentar esos retos “con una nueva generación de científicos que tengan las herramientas básicas para poder solucionar los problemas ambientales” que existen en la región.
El encuentro también pretende favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología y generar nuevas alianzas entre universidades, centros de investigación, organismos multilaterales y empresas relacionadas con la llamada economía azul, con más de 50 sesiones, 17 minisimposios y 16 minicursos académicos.
Uno de los componentes de esta edición será además el acercamiento de la ciencia a la ciudadanía mediante una agenda de divulgación que incluye actividades abiertas al público.
Entre ellas destaca una exposición interactiva de fotografía submarina de mar profundo, con imágenes captadas a más de sesenta metros de profundidad en ecosistemas de Argentina y Costa Rica, acompañadas de contenidos audiovisuales y testimonios de científicos que han participado en expediciones oceánicas internacionales.
La edición de 2026 en Panamá aspira a reforzar la cooperación científica regional y las capacidades de investigación frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales, al tiempo que promueve una mayor conexión entre la ciencia, las políticas públicas y la sociedad.
“Las políticas públicas de nuestros países deben centrarse en inversiones en desarrollo sostenible, en políticas claras de acción, para enfrentar estos problemas derivados del cambio climático que afectan a los océanos y de la agresión del ser humano hacia el medio ambiente”, afirmó a EFE el presidente de Alicmar, el brasileño Fernando Luiz Diehl.
Convertir la pobreza, la baja productividad agropecuaria, la degradación ambiental de las áreas rurales en oportunidades de desarrollo con la producción sostenible y la conservación de los ecosistemas es el objetivo del programa Colombia Sostenible, una iniciativa cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 100 millones de dólares.
“No somos un ministerio de la paz: somos un vehículo jurídico y financiero, un patrimonio autónomo de derecho privado que contrata y paga a 25 entidades ejecutoras, cada una con su propia subcuenta para que los recursos no se mezclen”, explica a DW Mariana Gómez Jiménez, directora del Fondo Colombia en Paz, creado en 2017 “como el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de los recursos destinados a implementar el Acuerdo Final de Paz”.
Este año se conmemora una década de ese pacto. “El programa Colombia Sostenible materializa el Punto 1 del Acuerdo, la Reforma Rural Integral, con inversión productiva y ambiental en 16 subregiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y ha operado desde los primeros años de su implementación (2018-2026)”, puntualiza Gómez, recalcando que “no basta con firmar un Acuerdo: hace falta que el Estado llegue a los territorios con todas las inversiones”.
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La decisión de escalar Colombia Sostenible se basa en los resultados obtenidos durante su primera etapa: más de 36.000 familias beneficiadas, 82.700 hectáreas intervenidas, 61 paisajes productivos consolidados, entre otros logros.Courtesy: Colombia in Peace Fund for DW
“El Banco de Desarrollo Alemán (KfW) es uno de nuestros cooperantes internacionales, junto con el BID. Financia el mejoramiento de vías terciarias en municipios PDET de Caquetá, fortaleciendo la conectividad rural, la infraestructura local y las capacidades institucionales”, detalla la directiva colombiana, recordando que la primera fase se llevó a cabo en Morelia, Valparaíso y San José del Fragua, y contó con 11.877.000 de euros de KfW.
Igualmente, destaca la inversión de 25 millones de euros para transformar la infraestructura vial rural en Caquetá en cinco municipios: Albania, Belén de los Andaquíes, Curillo, Solita y Milán.
“Se apoya en los resultados de la fase piloto, que benefició a 7.889 personas, el 25 % de la población de cada municipio, mejoró más de 140 kilómetros de vías rurales con 14,8 millones de euros y capacitó a 51 organizaciones comunitarias”, resume Gómez, apuntando que “el nuevo modelo prioriza la contratación directa con organizaciones comunitarias de Caquetá”.
“Además, se articula con los 21 proyectos de Colombia Sostenible en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, para conectar las vías con cadenas productivas como cacao agroforestal, frutos amazónicos, caucho y ganadería”, concluye.
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Nueva York, 21 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este lunes con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en una muestra de respaldo al acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apuntalar el programa de reformas del Gobierno.
El encuentro tuvo lugar en un hotel de Nueva York, donde ambos participan en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Reunión productiva con el presidente boliviano Rodrigo Paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestra relación clave con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia en cuanto al apoyo del Fondo Monetario Internacional, y la reforma de sus sectores de combustibles, minería y energía”, declaró Rubio en redes sociales.
Durante un saludo protocolario ante la prensa, Paz fue preguntado sobre si pediría apoyo a Estados Unidos ante una eventual reanudación de los bloqueos de carreteras por parte de sectores opositores, pero no respondió a la pregunta.
“Un cariño para todos”, se limitó a decir el mandatario ante las cámaras.
Posteriormente, Paz detalló en redes sociales que hablaron de “trabajar juntos” frente al impacto de El Niño, asó como la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas.
Paz promulgó el domingo el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, después de que el Congreso boliviano aprobara el financiamiento el viernes.
El convenio, negociado en julio y aún sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI, compromete a Bolivia a avanzar hacia la eliminación de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, junto con medidas para reducir el déficit fiscal y flexibilizar el régimen cambiario.
En ese contexto, Paz anunció el fin inmediato de la subvención al diésel, cuyo precio pasó de 9,80 bolivianos por litro (1 dólares) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares).
Las reformas han elevado la tensión social en el país, donde el Gobierno declaró en julio el estado de emergencia ante las protestas de grupos opositores, campesinos y mineros que exigían la renuncia de Paz y protagonizaron bloqueos de carreteras que derivaron en escasez de alimentos y medicinas.
La abogada y diplomática Carolina Olarte-Bácares fue embajadora de Colombia en La Haya y fue parte del litigio que le dio el triunfo a Colombia sobre Nicaragua. FOTO: CPI y Cancillería
Colombia tenía hasta la semana pasada una posibilidad inédita: conseguir, por primera vez en su historia, un cupo de una magistrada en la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el Gobierno habría retirado la candidatura de Carolina Olarte Bácares el jueves pasado.
La exembajadora de Colombia en los Países Bajos aseguró que desconoce las razones por las que el Ejecutivo tomó la decisión. Dijo a La Silla Vacía que esa medida “trunca el derecho y aspiración que tiene Colombia de integrar, por primera vez en su historia, un órgano de decisión internacional que representa la lucha de muchos años en contra de la impunidad”.
La jurista había sido postulada durante el gobierno Petro. Su candidatura avanzó en un proceso en el que competía con aspirantes de países como Ghana, Malaui, Dinamarca, Ucrania, Suiza, Uganda, Kenia, España, Senegal, Gambia y Japón.
La valoración tuvo en cuenta su experiencia profesional, el material escrito presentado y su desempeño durante la entrevista, y la ubicó junto con otros tres aspirantes en el grupo con mayor calificación.
En diciembre de este año, el tribunal deberá escoger a seis magistrados nuevos que hagan parte del tribunal internacional.
Olarte aseguró que su candidatura estaba prevista para continuar pese al cambio de Gobierno, pues le habían manifestado que se trataba de una candidatura del Estado.
Estados Unidos le pidió a países del Escudo de las Américas retirarse de este tribunal internacional. De hecho, se conoció que el país norteamericano prepara sanciones económicas para la CPI.
El retiro de la candidatura se conoce mientras también circulan versiones sobre un eventual cambio en la relación de Colombia con la Corte Penal Internacional.
Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella habló de sacar a Colombia de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del sistema interamericano de derechos humanos. Su estratega, Carlos Suárez, incluso se refirió a esos sistemas como “dinosaurios inservibles”.
Sin embargo, el entonces candidato no se refirió específicamente a la Corte Penal Internacional, que es un organismo de otra naturaleza.
Pero a mediados de agosto, Caracol Radio reveló que fuentes consultadas en La Haya daban por segura la salida de Colombia de la CPI. Según esa versión, el país estaría encaminado a denunciar el Estatuto de Roma, tratado mediante el cual Colombia reconoció su jurisdicción.
Pero la Cancillería, hasta ahora, no ha comunicado nada formalmente sobre ese tema.
La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente y permanente que juzga a personas acusadas de los crímenes más graves a nivel mundial. La CPI procesa a individuos y no a naciones.
Su competencia incluye cuatro delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
La Corte se rige por el Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Y, en teoría, actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no tienen la voluntad o la capacidad real de investigar y juzgar los crímenes de su competencia.
La CPI mantuvo durante décadas una vigilancia sobre Colombia, en particular frente a los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado.
En octubre de 2021, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, viajó a Bogotá y tomó la decisión de cerrar el examen preliminar sobre la situación de Colombia. El argumento fue que el país contaba con una estructura judicial interna para procesar los hechos del conflicto armado, particularmente a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Con el cierre del examen, Khan suscribió un Acuerdo de Cooperación con el Estado colombiano.Entre los compromisos asumidos por el Gobierno estuvo salvaguardar el marco constitucional de la JEP, asignar el presupuesto necesario para su implementación y prevenir interferencias con sus funciones.
El acuerdo también estableció compromisos relacionados con la seguridad y protección de jueces, fiscales y participantes en los mecanismos de rendición de cuentas, así como con la cooperación entre las diferentes entidades del Estado encargadas de estas labores, especialmente la Fiscalía y la JEP.
La relación con la CPI vuelve a estar en el centro de la discusión mientras, por otro lado, el Gobierno ha respaldado una propuesta para recortar recursos a la JEP.
A este escenario se suma la posición que ha adoptado Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional.
A mediados de agosto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los 19 países que integran la coalición del Escudo de las Américas que abandonaran la CPI.
La solicitud se presentó durante un foro de seguridad en Panamá, donde Hegseth cuestionó el papel del tribunal y lo señaló como una amenaza para la soberanía de los Estados.
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