La cantante española Rosalía enfrenta una controversia en Argentina tras compartir un posteo alusivo a la derrota albiceleste en la final del Mundial que generó fuertes reacciones en las redes, a días de sus conciertos en Buenos Aires.
El rechazo llevó a la cancelación de un concierto sinfónico en tributo a la artista que iba a realizarse este jueves en un museo en la provincia de Córdoba (centro). Los organizadores del evento explicaron en un comunicado que recibieron “numerosos mensajes de odio”.
La polémica se instaló luego de la final del Mundial Norteamérica 2026 que el domingo consagró campeona a España.
La cantante compartió en TikTok un video de la actriz libanesa-estadounidense Mia Khalifa en el que celebraba el triunfo de La Roja con el mensaje “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, mientras sonaba la canción “La Perla” de Rosalía.
En España, “perla” es una expresión coloquial para referirse a una persona conflictiva o problemática. Muchos fans argentinos se volcaron a la redes para expresarle su enojo.
Luego de borrar el posteo, Rosalía publicó el miércoles una disculpa en Instagram, donde dijo que había compartido el mensaje de Khalifa sin leer “lo que ponía”. “Solo tengo amor por Argentina”, escribió.
Las críticas contra la artista no se detienen, a poco más de una semana del primero de sus cuatro conciertos del “Lux Tour” en el Movistar Arena de Buenos Aires a partir del 1 de agosto, todos con entradas agotadas.
“¿Y si pedimos reintegro de las entradas en Argentina?”, “Devolví las entradas que compré para mis sobrinas. Ellas solas decidieron no ir a verte (…) decepcionaste muchísimo a tu público argentino” o “Devolviendo las entradas”, son algunos de los comentarios en el último posteo de la artista.
Otros usan el espacio para ofrecer sus propias entradas a la venta.
Fuentes de la organización dijeron a AFP que la cantidad de pedidos de devolución de entradas es insignificante. Se calcula que la española vendió 50,000 ingresos.
Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio hicieron este jueves (23.07.2026) un llamado urgente a los gobiernos de las Américas, a la Unión Europea y a la ONU para desconocer la consolidación de un “régimen sin elecciones” en Nicaragua, advirtiendo que la crisis no es un asunto interno sino una amenaza para la seguridad y la migración de todo el continente.
En una declaración conjunta, esa coalición opositora hizo un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente de la ONU y su Secretaría General, así como a las cancillerías latinoamericanas, para que activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a esta ruptura del orden democrático.
Ese llamado de los opositores surge después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propusiera eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminando la competencia o declarando “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección.
Nicaragua “sin libertades y sin controles institucionales”
“La OEA cuenta con instrumentos claros para responder a situaciones de esta naturaleza, y su aplicación rigurosa es esencial para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales”, señalaron las organizaciones.
En particular, solicitaron que los Estados democráticos y los órganos competentes de la OEA adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes de conformidad con la Carta Democrática Interamericana y mantengan el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.
“La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta firme, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional”, advirtieron.
Asimismo, alertaron que la normalización de una “dictadura permanente” en Nicaragua tendría efectos directos sobre la estabilidad política, la gobernabilidad, la seguridad del continente, profundizaría el exilio de miles de nicaragüenses, generaría nuevas olas migratorias, sentaría un precedente negativo para la región y debilitaría el compromiso hemisférico con la defensa de la democracia y el Estado de derecho.
Orega pretente “un régimen autoritario, permanente y dinástico”
“Por ello, esta crisis constituye un asunto de legitimo interés hemisférico y no un problema exclusivamente interno”, anotó la declaración, suscrita por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco organizaciones civiles, que advirtieron que las declaraciones de Ortega “no se trata de un gesto político interno, sino de la decisión explícita de abolir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y de consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico”.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, aseguró que “aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
El anuncio provocó reacciones de rechazo de diversos gobiernos como República Dominicana, Guatemala, el gobierno electo de Perú, Bolivia, Chile, el Brasil de su otrora aliado Luiz Inácio Lula da Silva y foros políticos y académicos como el Grupo de Puebla, integrado por más de 60 líderes, expresidentes y personalidades de tendencia progresista y de izquierda procedentes de 18 países de Iberoamérica y Europa.
Grupo de Puebla: “ruptura abierta con los principios democráticos”
“El anuncio del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones constituye una ruptura abierta con los principios democráticos más elementales. Ningún proyecto político, cualquiera sea su origen o su historia, puede situarse por encima del derecho soberano de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes y a decidir pacíficamente su futuro. La democracia no admite excepciones ni puede convertirse en una concesión del poder”, dijo el Grupo de Puebla en un pronunciamiento.
La Cancillería de Nicaragua ha respondió dureza a las críticas contra el anuncio de Ortega, que también llegaron de parte del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador— y la vecina Costa Rica.
jc (efe, La Prensa, Confidencial Digital, 19 digital, Grupo de Puebla)
Quito, 23 jul (EFE).- El Museo Casa del Alabado de Ecuador presentó este jueves el libro ‘Metales de los Andes’, una publicación que reúne las investigaciones de 19 especialistas sobre las técnicas, los significados y el carácter sagrado y funerario de la metalurgia prehispánica del país andino.
La obra nació de un proceso de investigación que inició el museo en 2020, cuyos primeros resultados formaron parte de la exposición ‘No todo lo que brilla es oro’, y se enriqueció después con nuevos estudios sobre la producción y el uso de los metales antes de la llegada de los españoles.
“Publicar un libro es solo una parte de todo lo que hay detrás; la conservación, la investigación, los procesos de restauración, el desarrollo de una metodología y la escritura de los distintos autores que participaron”, señaló Lucía Durán, directora ejecutiva del museo, durante la presentación en Quito.
Una de las autoras de la obra es la antropóloga kichwa Estelina Quinatoa Cotacachi, excuradora de la Reserva Arqueológica del Ecuador durante 33 años, quien explicó a EFE que el volumen reúne “distintas miradas y distintas especializaciones” y constituye “un compendio de todo lo que quisiéramos decir de los metales”.
Un valor sagrado
Para Quinatoa, la importancia de los metales en Ecuador está vinculada con su carácter funerario y sagrado, ya que, según explicó a EFE, el 99 % de los metales prehispánicos del país andino “se hallaron en tumbas”.
“Al estar acompañando a la eternidad, nos indican que estaban trabajados a propósito”, señaló la antropóloga, quien recordó que el oro se asociaba al sol y a lo masculino, y la plata, a la noche, la sabiduría y la mujer.
Frente al valor económico impuesto tras la llegada de los españoles, Quinatoa destacó el significado espiritual de estos objetos dentro de la cosmovisión indígena.
“Lo que estaba bajo tierra, en los enterramientos, tiene mayor poder, mayor fuerza y sirve para el reconocimiento y fortalecimiento de nuestras identidades culturales”, afirmó.
Además de especialistas ecuatorianos, en la elaboración de ‘Metales de los Andes’ también participaron investigadores de instituciones de Colombia, Perú, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a 18 países de América Latina y el Caribe, a los que acusa de no haber tomado suficientes medidas para impedir que en sus territorios se produzcan algunos bienes derivados del trabajo forzado.
La medida, que en total abarca a 60 economías —como la Unión Europea como bloque—, fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), cuyo titular, Jamieson Greer, dijo en un comunicado que con este paso Estados Unidos busca combatir presuntos abusos a los derechos humanos y prácticas que distorsionan el comercio.
“El presidente (Donald) Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzado de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzado durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, señaló el funcionario.
La USTR ya había propuesto la imposición de estos aranceles a principios de junio. En esa ocasión, abrió un período para realizar investigaciones, recibir comentarios y llevar a cabo audiencias públicas entre el 7 y el 9 de julio. Terminado ese proceso, la institución decidió aplicar la medida.
De América Latina y el Caribe, Estados Unidos impondrá aranceles del 10 % a siete países: Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Trinidad y Tobago. Según la USTR, esas naciones hicieron algunos compromisos o tomaron algunas acciones para erradicar la producción de bienes derivados del trabajo forzado, sin hasta ahora haber tenido los resultados esperados por Estados Unidos.
En tanto, otros 11 países de la región recibirán aranceles del 12,5 %: Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Perú, República Dominicacana, Uruguay y Venezuela.
México dice que la medida no implica cambios en su caso
Después del anuncio de la USTR, algunos países reaccionaron a la medida.
El Gobierno de México, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y donde Greer está de visita para revisar el tratado que ambos países tienen con Canadá (T-MEC), dijo que el representante ya le había informado que tomaría la decisión y buscó minimizar sus consecuencias, con el argumento de que no afecta la mayor parte de sus exportaciones a territorio estadounidense y de que aquellas que sí resultan afectadas ya tenían un arancel del 10 %.
“Para el caso particular de México, el nuevo anuncio mantiene la exención de arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC. En virtud de lo anterior, alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero. El 10 % que se prevé para México bajo la sección 301 es el mismo 10 % que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la Secretaría de Economía de México en un comunicado.
Los aranceles anunciados por Estados Unidos este jueves también incluyen a su otro socio dentro del T-MEC, Canadá, para el que la USTR impondrá una tasa arancelaria del 10 %.
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Brasil rechaza la medida y advierte con responder de manera recíproca
El Gobierno de Brasil también reaccionó a la decisión de Estados Unidos en un tono distinto al de México.
En un comunicado, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la medida, que consideró carente de fundamentos legales y encaminada a sostener una política comercial proteccionista.
“Durante toda la investigación, el Ministerio de Trabajo y Empleo proporcionó explicaciones y abundante documentación sobre la legislación brasileña y las acciones de nuestras autoridades aduaneras para limitar las importaciones de bienes producidos por trabajo forzado”, dijo el Gobierno.
Además, Brasil informó que comenzará acciones para responder de manera recíproca y acudirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Desde que Trump comenzó su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, su Gobierno y el de Lula da Silva ya han chocado por la intención de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos de Brasil.
La Cancillería de Colombia, otro país que ha tenido tensiones con Estados Unidos por la política arancelaria de Trump, dijo a CNN que por el momento no prevé emitir comentarios sobre el tema.
En tanto, el Gobierno de Chile rechazó la decisión. En un comunicado, señaló que “considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.
Hasta la noche de este jueves, otros gobiernos de la región aún no se habían pronunciado.
Con información de Uriel Blanco y Cristopher Ulloa, de CNN.
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“No me puedo mover de aquí. No me quiero mover de aquí, hasta que encuentre a mi familia”.
Soe Santander vivía en el Edificio Alí Primera de la OPP27 en el sector Caribe de La Guaira, norte de Venezuela, uno de los tantos edificios entregados bajo el Gobierno de Hugo Chávez entre 2012 y 2013 como solución habitacional al temporal registrado en 2010.
La OPP27 se desplomó tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio. Desde ese día, Soe, su pareja y su hija de 7 años, viven en una pequeña carpa ubicada en un antiguo campo de golf que se transformó en refugio improvisado para cientos de familias en similar situación. A diario, Soe regresa a su edificio, convertido en escombros, en busca de su hijo Xavier Lovera, de 9 años de edad y de su mamá, Trina Ávila, de 78.
El pasado 24 de junio, Soe celebraba su cumpleaños con un almuerzo familiar en su apartamento. Al caer la tarde, y culminado el agasajo, su hijo Xavier bajó a botar la basura junto a su abuela Trina, que ya se despedía. A las 6 y 4 minutos la tierra tembló y, en un abrir y cerrar de ojos, el edificio se derrumbó.
El pasado 24 de junio, Soe celebraba su cumpleaños con un almuerzo familiar en su apartamento. Al caer la tarde, y culminado el agasajo, su hijo Xavier bajó a botar la basura junto a su abuela Trina, que ya se despedía. A las 6 y 4 minutos la tierra tembló y, en un abrir y cerrar de ojos, el edificio se derrumbó.
“Sobrevivimos porque Dios es grande. Nos cayeron 8 pisos encima. Todo estaba destruido. Yo quedé en un lugar tirada con la niña sobre mí. Ella nunca me soltó, hasta que pude reaccionar. Mi pareja salió. Él estaba tapiado, hasta que pudo salir. Yo le di a mi hija y él me la sacó y yo me fui detrás. Como pudimos, salimos. Vimos una luz y por ahí logramos salir. Tuvimos que brincar como dos metros. Metro y medio más o menos. Apenas brincamos se explotaron las bombonas de gas. Todo el apartamento mío se quemó. Dios nos amparó. Los segundos los tenía contados”.
“Mi hijo en ese momento había bajado. El bajó con su abuela como a eso de las 5:57pm, y ahí mismo empezó todo… A mí me agarró arriba y me supongo que a él le agarró abajo botando la basura o de regreso (…) Ya vamos para un mes y no sé nada. No sé si falleció; si pudo correr; si está vivo. No sé nada, ni de mi madre; ni de él”, relata Soe conteniendo las lágrimas.
Recuerda esa noche con desespero e indignación. “Desde un principio nunca hubo ayuda. Eran bastantes personas que tenían vida y nunca hubo ayuda. Es la realidad y hay que decirla. Aquí nunca hubo bomberos, nada. Había tres patrullas de policía y más nada. ¿Qué podían hacer ellos? Nada. Ayuda como tenía que ser, nunca llegó. Parecíamos animales andando por todo esto. Como zombis, solos, desesperados, gritando, buscando a nuestros familiares. ¿Cómo uno levanta esos escombros? Y nunca vinieron a ayudarnos. La gente que estaba herida, herida estaba”.
Fotografía del 17 de julio del 2026 que muestra al sacerdote Omar Pérez Gabino (atrás) durante un recorrido para acompañar con oraciones a familiares, voluntarios y rescatistas que continúan las labores de recuperación de cuerpos atrapados bajo los escombros tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.
“Desde un principio nunca hubo ayuda. Eran bastantes personas que tenían vida y nunca hubo ayuda.
En la OPP 27 hay gente a diario intentando recuperar cuerpos de familiares, amigos y vecinos, pero no se dan abasto. “Han mandado dos o tres máquinas y cuando llegan y empiezan a trabajar, se les daña una guaya y ahí quedan. Pónganse la mano en el corazón y ayúdenme porque estoy desesperada. Somos muchas y todos necesitamos ayuda”, dice Soe.
En el campamento Golf de Caraballeda el sol es inclemente y apenas unos pocos árboles arriman sombra. Predominan las moscas que se pasean por cientos de carpas sobre la tierra. Ya casi no hay grama. Hay puntos de ayuda con comida, medicinas y atención básica de salud totalmente gratuita, pero las condiciones son bastante precarias.
Rescatistas trabajan en una zona de edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, en Caraballeda (Venezuela).
Lo que mantiene a Soe allí es su ubicación, a pocos metros de la OPP27. “Yo no me puedo mover de aquí, no me quiero mover de aquí, hasta que encuentre a mi familia. Yo no me puedo ir a ningún refugio sin yo saber de mi hijo, de mi mamá. No puedo”. Soe sobrevivió, pero una parte de ella sigue atrapada bajo esos escombros.
“Esto fue horrible. Gente quemándose, pidiendo auxilio. Horrible”
Tras perderlo todo: a la espera de un censo incierto
Los relatos de la noche del terremoto son estremecedores. Solo escucharlos, resultan difíciles de digerir.
“Ese día yo estaba en Caracas y bajé (a La Guaira) y esto estaba aquí horrible, prendido en candela, lleno de humo, gente pegando gritos, no había luz. Desesperante. Esto parecía el fin de mundo, gente quemándose, pidiendo auxilio, horrible. Perdí mi apartamento. Ahí estaban mi compadre y su hijo. Gracias a Dios a él lo sacaron cuatro días después de los escombros y están bien. Mi apartamento estaba en el piso 11, Torre A”, cuenta Yusbeli mientras acomoda los pocos enseres que tiene dentro de la pequeña carpa donde vive junto a su hijo. Ya cumple 28 días en ese campo de refugiados.
Yusbeli espera por un censo del que no tiene mayores detalles, pero no pierde la esperanza de que sea para obtener una vivienda.
Lo que la hacía permanecer en el campo de golf era estar cerca de la OPP27, esperando recuperar el cuerpo de sus sobrinas. “Nosotros no nos íbamos a mover hasta sacar a nuestros familiares” (…) “Las conseguimos nosotros mismos, con ayuda de la gente y de la familia, hace como una semana. La mayor tenía 16, la otra 13 y la otra 10”.
Ahora Yusbeli espera por un censo del que no tiene mayores detalles, pero no pierde la esperanza de que sea para obtener una vivienda. En medio de ese proceso tuvo que dejar a sus dos niñas en Caracas con una conocida. “Por falta de carpa, por falta de colchón, porque si llueve nos mojamos. Por tantas cosas”, suspira. Básicamente, no cabían todos en la carpa de acampar.
“Tengo ahorita el varón conmigo.(…) Mi papá es discapacitado. ¿Cómo me lo traigo?, es inválido. Y entonces bueno ya la vecina (que cuida a sus hijas), tu sabes como es. ¿Me pregunta hasta cuándo es? Sin yo poder mandarle nada. Le he mandado cosas personales que me han dado, pero de comida no mucha. Cualquiera por ahí me ayuda con un mercado pero no todo el tiempo. Yo tengo que traerlos. Si es que me quedo aquí o me llevan a un refugio, tengo que tenerlos a ellos”.
“A todos nos gustaría que nos den nuestro hogar de una vez, nuestras casas y si no, por lo menos algo estable y seguro para nuestros hijos, para nosotras mismas. Nosotras tenemos que salir a trabajar en cualquier momento y en un refugio donde haya 100 familias en un salón no es seguro dejar a mis niños con una gente que no conoces”.
Yusbeli necesita un colchón, una carpa más amplia, un ventilador y una extensión para poder reunificar a su familia. “Me encantaría tener a mis dos niñas acá y no molestar a nadie”. Yusbeli es madre soltera.
“Yo no me quisiera ir a un refugio, en verdad, no quisiera”
A pocos metros de Yusbeli está la carpa de Karina Pérez, una joven de 28 años que comparte el espacio con su hermano. Entramos para hacer la entrevista . Lo primero que vemos son dos colchonetas, tres bidones de agua y una cajita de madera. Son los restos de su madre Yasmir, quien cumplía 52 años el día de la tragedia.
Karina y su hermano estaban en Caracas comprando lo necesario para celebrarla. El temblor los sorprendió lejos y al llegar a casa, en la OPP27, se encontraron con un edificio desplomado. 25 días después de la tragedia, su hermano pudo ubicar a su mamá bajo una columna.
Karina y su hermano estaban en Caracas comprando lo necesario para celebrarla. El temblor los sorprendió lejos y al llegar a casa, en la OPP27, se encontraron con un edificio desplomado. 25 días después de la tragedia, su hermano pudo ubicar a su mamá bajo una columna. Con ayuda de voluntarios logró sacarla. “Él la reconoció por el cabello, los dientes y su cartera que siempre llevaba encima. Tenía el teléfono en la mano”. Luego de tres días de trámites en una morgue improvisada en el Puerto de La Guaira, Yasmir Pérez fue cremada y les entregaron las cenizas.
“Él la reconoció por el cabello, los dientes y su cartera que siempre llevaba encima. Tenía el teléfono en la mano”.
Imagen de Playa Yate. El paisaje es desolador. Una calle completa de edificaciones desplomadas, inclinadas o a punto de colapsar.
Karina quería recuperar el cuerpo de su mamá antes de abandonar el refugio. Ahora solo aguarda por ingresar a la lista del censo para irse a casa de su papá. Un censo del que todos hablan, pero nadie tiene detalles al respecto. Ella piensa que estar en esa lista, podría garantizarle una vivienda a futuro. A su alrededor, todo es incierto. Lo que sí tiene claro es que no quiere irse a un refugio. Solo pensarlo, se le corta la voz. “No han dicho nada, nos hablan de un censo pero no sabemos nada (…) Yo no me quisiera ir a un refugio, en verdad no quisiera”.
Salimos del campo de golf, y vamos hacia Playa Yate en Caribe. El paisaje es desolador. Una calle completa de edificaciones desplomadas, inclinadas o a punto de colapsar. Banderas de Venezuela ondeando sobre toneladas de concreto donde todavía se ven personas buscando el cuerpo de algún familiar, suplicando por una maquinaria que les facilite el trabajo.
Nos encontramos a Victor Julio Figueroa. Julio vive en Caracas, pero seis miembros de su familia permanecen bajo los escombros. Entre ellos, su hermana Rosa Eva Sibira de 82 años y su sobrina Rosmar, de 42. Para el momento de la tragedia, cuenta que ellos estaban de visita: alquilaron el apartamento 1-7 del edificio Vistamar.
“Ellos entraron al edificio y la de seguridad le puso los brazaletes, y los dejó en el lobby. Ella salió a comprar algo y en fracciones de segundos el edificio se cayó. La señora de seguridad está viva y ella fue la que nos aseguró que nuestra familia estaba ahí”, dice.
Victor Julio Figueroa. Julio vive en Caracas, pero seis miembros de su familia permanecen bajo los escombros en La Guaira.
Desde el día 25 de junio, Julio fue a La Guaira e intentó sacar a su familia con la esperanza de que estuvieran con vida. “Hicimos túneles por todo el edificio y no pudimos sacarlos porque siempre se nos presentaban obstáculos, tanto de los vecinos, como que ponían las máquinas un poquito a trabajar, pero luego se las llevaban a otros edificios y no nos daban chance de sacar a nuestros familiares”.
“Necesito que me ayuden a sacarlos de ahí. Necesito una máquina rotomartillo y un jumbo. Nos dieron un jumbo, pero el jumbo está allá accidentado y no han traído el repuesto”. Victor nos indica que en ese edificio rescatistas argentinos marcaron con una D el lugar donde se encontraban cuerpos de personas fallecidas. Contó al menos seis, que no corresponden a su familia. Victor no se rinde, pero sin las máquinas necesarias, se hace imposible recuperarlos.
“Aquí nos sentamos y cualquiera que pase nos regala algo de comer”
Ya casi finalizamos nuestro recorrido. Llegamos a Tanaguarenas. Encontramos a una familia entera y a otros vecinos viviendo en carpas frente al conjunto residencial Cacique Isabel, que no se desplomó.
La señora Velquis Sanchez dice que Protección Civil y Bomberos les ordenaron desalojar sus viviendas por temor a que el edificio contiguo se termine de desplomar.
La señora Velquis Sanchez nos indica que Protección Civil y Bomberos les ordenaron desalojar sus viviendas por temor a que el edificio contiguo se termine de desplomar. “Yo quiero hacer un llamado a ver si nos pueden ayudar a tumbar ese edificio lo más pronto posible porque nosotros somos 16 familias que nos vamos a quedar damnificados. Ayer en la tarde se cayeron 2 paredes y salimos corriendo. Estamos corriendo riesgo. Estamos durmiendo en carpas, solo entramos para usar el baño y para necesidades extremas. No podemos cocinar. Aquí nos sentamos y cualquiera que pase nos regala algo de comer. Así estamos”.
Según las cifras publicadas por el Gobierno son casi 18.000 las personas damnificadas tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Delcy Rodríguez anunció la entrega de 240 viviendas en Ciudad Tiuna, ubicadas en el complejo Militar Fuerte Tiuna en Caracas. Su promesa es llegar a 4 mil a final de año. Mientras tanto, a un mes de la tragedia, cientos de sobrevivientes concentran sus esfuerzos en recuperar los cuerpos de sus familiares. El país aún no conoce la cifra de desaparecidos. Una cifra que, sin duda, podría visibilizar la magnitud de la devastación.
Lima, 23 jul (EFE).- La petrolera estatal de peruana Petroperú rechazó estar obstaculizando o retrasando el proceso de restructuración ordenado por el Ejecutivo para conseguir ser financieramente sostenible ante la grave crisis financiera que atraviesa, informó la empresa este jueves en un comunicado.
“Petroperú rechaza cualquier afirmación que atribuya que la empresa, su directorio o su administración hayan buscado retrasar u obstaculizar el proceso de reorganización patrimonial dispuesto por el Estado. Tales versiones no se ajustan a la actuación institucional que Petroperú ha mantenido desde el inicio del proceso”, señaló la compañía.
La petrolera desmintió informaciones de ciertos medios que apuntan sobre una supuesta falta de actuación de Petroperú en este proceso.
La empresa precisó que la adopción de los acuerdos societarios requeridos para la implementación del proceso exige contar previamente con información completa, tanto técnica, financiera, legal, contractual y operativa.
Esta información fue solicitada por Petroperú “con el único propósito” de asegurar que las decisiones del directorio se adopten con el debido sustento y dentro de los estándares de diligencia, transparencia y buena administración que exige el ordenamiento jurídico.
En este sentido, la empresa indicó que dichas solicitudes de información complementarias “no deben interpretarse como una negativa, dilación o falta de colaboración”.
“Por el contrario, dichos pedidos responden al deber de diligencia que corresponde ejercer al directorio y a la administración frente a decisiones de alta trascendencia patrimonial, financiera, jurídica y operativa para la empresa y el Estado”, agregó.
También sostuvo que la compañía ha actuado de manera diligente y colaborativa en cumplimiento de los decretos de urgencia al proporcionar la información que le corresponde y participando activamente en las coordinaciones necesarias.
Además, Petroperú considera “prioritario” que los mecanismos financieros previstos se concreten a la brevedad, a fin de fortalecer la liquidez de la empresa, preservar la cadena de pagos y asegurar la continuidad de sus operaciones y del abastecimiento de combustibles en el país.
La empresa reiteró su compromiso con la reorganización patrimonial, la sostenibilidad financiera, la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento oportuno de combustibles a nivel nacional y expresó que continuará actuando con transparencia, responsabilidad y estricto apego al marco legal vigente.
Una vez concluido este plan de reestructuración, ordenado por el gobierno, la empresa estatal deberá ser financieramente autosostenible en 2032 y no tendría que volver a recurrir al tesoro público, según indica la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), a cargo del proyecto de reorganización.
La agencia detalló que en los últimos años las inyecciones de capital y garantías soberanas en favor de la compañía comprometieron recursos públicos por más de 17.000 millones de soles (unos 5.029 millones de dólares), un monto cercano al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) del país.
En Ecuador, donde rige un estado de conflicto armado interno, la alianza entre el Gobierno del país sudamericano y Estados Unidos para combatir el crimen organizado enfrenta cuestionamientos tras denuncias de presuntos abusos a los derechos humanos.
Un nuevo informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), difundido este martes, señala presuntas violaciones en esta materia “en una comunidad agrícola en la frontera entre Colombia y Ecuador”, así como “ataques y desaparición de pescadores en el mar, cerca de las Islas Galápagos”. Por esta razón, hace recomendaciones a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos y a los cuerpos especializados en justicia y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Estos hechos que constan en el informe generan una preocupación porque estaríamos frente a actuaciones que pueden ser presuntamente violatorias de derechos humanos bajo el pretexto de la cooperación internacional”, afirma el constitucionalista André Benavides.
“Cada incidente, o bien implica directamente la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, o bien plantea serios interrogantes sobre su responsabilidad en lo ocurrido”, dice HRW.
El informe, titulado “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, señala que “en una operación que Estados Unidos describió como conjunta, soldados ecuatorianos torturaron y detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores agrícolas y, posteriormente, quemaron y bombardearon una finca lechera”. Añade que, en otros incidentes, drones de origen desconocido “atacaron dos embarcaciones pesqueras, hiriendo a varios tripulantes”. Una tercera embarcación continúa desaparecida.
HRW advierte que en estas operaciones han primado la opacidad y un distanciamiento con el marco legal local, una situación que, según la ONG, podría repetirse en otros operativos contra el crimen organizado.
Al respecto, Benavides dice que en el combate a la delincuencia las autoridades han promovido la espectacularización de sus operaciones.
CNN contactó al Ministerio de Defensa de Ecuador y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para pedir comentarios sobre el informe y espera respuesta.
En tanto, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa “ha sido un excelente aliado del Gobierno de Trump en contrarrestar la inmigración ilegal y asegurar nuestro hemisferio”.
Integrantes del Ejército de Ecuador custodian el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en junio, en Guayaquil (Ecuador). – Gerardo Menoscal/EFE/(EPA) EFE
Falta de información oficial frente a posibles abusos
HRW afirma que para elaborar el informe se realizaron 62 entrevistas a víctimas, abogados y testigos, y que se analizaron imágenes satelitales, documentos judiciales, datos de la NASA para detectar movimientos de embarcaciones e incendios y más de 100 fotografías y videos.
Analistas consultados dijeron a CNN que, frente a esto, las autoridades deberían aclarar lo sucedido y las dudas sobre las acciones en seguridad.
“Las autoridades deben responder con información verificable. Se necesita otro tipo de investigación que permita aclarar lo que ha pasado. Una de las interrogantes más grandes es si efectivamente existió participación operativa extranjera y bajo qué coordinación y control se hizo”, señala Benavides.
“Existe opacidad por parte de autoridades que no dan información bajo el argumento de que son temas de seguridad nacional”, agrega el catedrático.
La internacionalista Grace Jaramillo se pronunció de forma similar.
“Es malo para la imagen reputacional del Ecuador que solo la Fiscalía ofrezca información. Ni el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, proporciona ningún tipo de información a Human Rights Watch, menos aún del lado estadounidense”, afirma.
La académica considera que los gobiernos de ambos países deberían tomar en cuenta las recomendaciones de HWR para que en el combate al crimen organizado se garantice “que se siga el debido proceso, para que no se violen los derechos humanos de seres inocentes y para que en ese debido proceso haya un acompañamiento judicial que responda con pruebas”.
En términos semejantes se pronuncia Benavides, quien agrega: “Debe existir uso legítimo y progresivo de la fuerza, el derecho a la defensa y el debido proceso y que estas personas que puedan ser detenidas tienen que ser puestas a órdenes de la justicia respetando la ley”.
“No podemos desconocer lo que ha avanzado el crimen organizado transaccional. Creo que las actuaciones de Fuerzas Armadas y Policía han rebasado su límite. Ya no dan abasto con tanta delincuencia. Pero las actuaciones tienen que hacerse amparadas en la ley”, indica.
Otras organizaciones no gubernamentales han advertido sobre posibles riesgos en operaciones militares conjuntas de fuerzas de Estados Unidos y Ecuador.
En mayo, Amnistía Internacional (AI) criticó las operaciones militares que Estados Unidos ha desplegado en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico para destruir embarcaciones cuyo gobierno arguye que buscan transportar drogas a territorio estadounidense. Para ese entonces, alrededor de 200 personas habían muerto en estos ataques, una situación que para AI “configura una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar inmediatamente”. Estados Unidos, mientras tanto, defiende sus ataques contra estos vehículos con el argumento de que representan una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos.
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De la lucha contra el crimen a la guerra contra el terrorismo
En enero de 2024, el Gobierno de Noboa designó como organizaciones terroristas a 22 bandas delictivas y creó un marco legal para tener más herramientas en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto en el que Ecuador es actualmente el principal puerto de embarque de la cocaína de los dos mayores productores del mundo: sus vecinos Colombia y Perú. Luego de esta designación, el Gobierno de Noboa se acercó al de Donald Trump en busca de apoyo, desde logístico y operativo hasta inteligencia y equipamiento militar.
Noboa, que heredó el imperio bananero más grande del país y nació en Estados Unidos, encontró varias coincidencias ideológicas con Trump. La antigua amistad de su familia con el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., le ayudó a tener un breve primer encuentro informal con el mandatario estadounidense en marzo de 2025.
Posteriormente, la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el secretario de Estado, Marco Rubio, visitaron Ecuador, mientras que Noboa emprendió este año varios viajes a Washington para conversar con altos funcionarios, desde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta el vicepresidente JD Vance.
La internacionalista Grace Jaramillo dice que la estrategia dio un giro cuando las bandas criminales fueron catalogadas como grupos terroristas en 2024.
“Esta es la ejecución de la política del corolario Trump de la ‘Doctrina Donroe’ que fue ya establecida en el 2025 y luego confirmada con la estrategia contra el terrorismo. En enero se publicó la estrategia contra el terrorismo y ahí se estableció una lista en el Departamento de Estado en donde tres grupos criminales ecuatorianos entraron en la lista antiterrorismo”, indica la internacionalista.
“Lo diferente de todo esto es que se mueve la estrategia de ser un combate al crimen organizado, al narcotráfico, a ser un combate contra el terrorismo. Si usted está combatiendo a un grupo terrorista generalmente es una estrategia de defensa nacional. Entonces, claro, la intención es generar una política pública que vaya de combate de seguridad ciudadana con la policía nada más a un combate a gran escala en la que se habla de una guerra”, agrega.
Dentro de estos acercamientos, uno de los acuerdos más recientes entre Ecuador y Estados Unidos consiste en que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) opere permanentemente en Quito. Esto ocurrió apenas meses después de que Ecuador respondió positivamente a la convocatoria de la Casa Blanca para conformar el Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Trump para que otros países del continente se unan en su intención de combatir el crimen organizado.
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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- Carlos Leyva, el hijo del periodista mexicano asesinado ayer en un puesto de comida en el sureño estado de Oaxaca, pidió este jueves que la sociedad no se quede callada ante la muerte de su padre y la violencia contra la prensa en México, donde siete comunicadores han sido asesinados en lo que va de 2026.
“Si algo podemos hacer, (es) no quedarnos callados, seguir el sabio consejo de los más grandes, hablar y no dejar que nos suceda a nosotros, no dejar que seamos los siguientes”, dijo el hijo de Francisco Leyva Aguilar durante un homenaje en la Asociación de Periodistas de Oaxaca, donde fue atacado el miércoles.
Carlos Leyva recordó “con el corazón en lágrimas” la figura de su padre, a quien definió como un “hombre muy amoroso”, según el video de su discurso difundido por varios medios locales.
También se dirigió a los colegas de profesión de Alejandro Leyva para instarles a que “pidan el apoyo de los demás ciudadanos” en caso de que lo necesiten.
“Nosotros pedimos el apoyo de ustedes y de la ciudadanía para que se investigue esto hasta las últimas instancias y se dé con los culpables de este crimen”, concluyó.
El asesinato de este periodista mexicano, quien fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), y publicaba la columna digital El Zumbido del Moscardón, supone el séptimo homicidio de comunicadores en México, según un recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del homicidio ni sobre personas detenidas.
No obstante, confirmaron que la víctima presentaba tres disparos en la cabeza.
La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), en concreto del departamento especializado en crímenes contra los derechos humanos.
Este último asesinato se produjo una semana después de que muriera otro periodista en un ataque armado en Puebla, mientras que a principios de mes las autoridades confirmaron el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán en Veracruz, quien había permanecido desaparecida durante cerca de un mes tras ser secuestrada en su domicilio.
RSF mantiene a México como el país más letal del continente americano para ejercer el periodismo desde hace al menos 15 años, debido a los altos niveles de violencia e impunidad en los delitos cometidos contra comunicadores.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, informó, por su parte, que los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente al estado costero de La Guaira, cerca de Caracas, dejaron, además, 16.740 personas heridas.
Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen las operaciones para dar con los cuerpos que se encuentran entre los escombros de los edificios derrumbados.
Publicación de Jorge Rodríguez en su cuenta de Telegram
Refugios instalados en estadios, plazas y otros espacios verdes cobijan, al menos, a 23.000 personas que se quedaron sin vivienda, aunque en muchos de ellos se sufren dificultades para el acceso a servicios básicos, como agua potable y baños.
El desastre ha tenido lugar en una nación rica en petróleo, gas y minerales, pero que ha lidiado durante años con una pobreza generalizada debido a una cuestionada gestión económica y a la intensa presión de Estados Unidos.
El Gobierno de Venezuela no ha informado una cifra oficial de desaparecidos, pero el sitio Venezuela Reporta cifra el total en 41.300, mientras que otras fuentes consideran números inferiores o superiores. La incertidumbre es latente.
De acuerdo con Jorge Cattaneo, director global de la ONG Ayuda en Acción, “se habla de 40.000, de 50.000, de 70.000” desaparecidos, pero aclara que “no es que se esté ocultando información”. En todo caso, apunta a las dificultades que existen en las bases de datos porque en muchos casos se denunció la desaparición dos veces. “Cuando se trata de personas desaparecidas y en una magnitud tan grande y tan grave, no es sencillo”, fundamenta.
Aun con sus variaciones, esta cifra sorprende a Cattaneo:
“Estando acostumbrados a emergencias en todo el mundo, no estamos habituados a este volumen de personas desaparecidas”, sostiene.
Desde su experiencia, en otros casos la “velocidad de desescombro” de los edificios es muy alta. Otro terremoto de gran magnitud, el de Turquía, reportó una cantidad aproximada de 50.000 fallecidos, pero el número de desaparecidos bajó de forma acelerada porque la remoción de los restos de edificios colapsados fue casi inmediata.
Una persona busca chatarra entre los escombros del edificio “La Mar Suite” en Tucacas, Venezuela, el 22 de julio de 2026, casi un mes después del mortal doble terremoto
En el caso de Venezuela, la falta de medios impide actuar de manera similar. Esto lleva a un segundo motivo que también incrementa la cantidad de personas buscadas: frente a la incapacidad de desescombrar, por razones sanitarias, muchos cuerpos tienen que ser enterrados sin ser identificados. El efecto de esta situación es que se mantiene alta esta cifra con el paso del tiempo porque no se pueden confirmar sus fallecimientos.
El doble sismo en un margen muy reducido de tiempo también explica esta cifra elevada. En ese sentido, el modelo de construcción de la zona más afectada impacta en la forma de colapso de los edificios y provoca un enterramiento complejo para las operaciones de rescate e identificación.
Un rescatista voluntario espera bajo escombros luego de un aviso de una supuesta señal de vida de una persona atrapada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, este jueves en Caraballeda (Venezuela).
El director global de Ayuda en Acción también pondera “cierto nivel de aislamiento político” de Venezuela y falta de presencia de actores internacionales.
Otro de los aspectos que preocupa a las organizaciones humanitarias es la velocidad con la que la catástrofe sale del centro de la escena. “En Ayuda en Acción hablamos mucho de cuando se apagan los focos”, destaca Cattaneo.
Esta inquietud se repite en otros casos. El director de la organización cuenta que llevan años viendo una rápida caída de la atención pública y de la presencia en los medios de comunicación, más allá de la situación en Venezuela.
“Una vez que pasan los primeros cinco o seis días de una emergencia, la atención pública disminuye mucho. También pasó en la Dana en España”, reflexiona, y agrega que en este caso les sorprende “cómo ha bajado la atención de la opinión pública en España, en algunos otros países de la región y en el panorama internacional”.
En la agenda internacional, se observa una competencia fuerte con el doble sismo de Venezuela en términos de noticiabilidad. La guerra en Medio Oriente y la disputa por el control del estrecho de Ormuz, las acciones contra los migrantes por parte del gobierno republicano en Estados Unidos y la reanudación de la guerra arancelaria por parte de la Casa Blanca también ocupan los titulares de las cadenas internacionales.
Volunteer rescuers pulled a cat out from under the rubble in La Guaira, the region hit hardest by the Venezuela quakes
A pesar de esta situación, Cattaneo insiste en que “es una emergencia de una magnitud suficiente como para mantenerse en la opinión pública y en la atención de los medios. Quedan muchísimas semanas por delante, no solo de estabilización, sino de reconstrucción. Hay muchas personas desaparecidas y nos llama la atención”.
Desplazados y dispersos: los sobrevivientes de Venezuela
La distribución de la ayuda humanitaria para las familias que perdieron sus viviendas es otro de los grandes desafíos. Según el parte oficial del Gobierno de Venezuela, al 22 de julio se registran 128.324 familias atendidas, 107 campamentos transitorios, 23.335 personas en esos campamentos, 856 edificios afectados y 190 colapsados.
Algunas personas se mantienen al pie de donde se encontraba su edificio, en zonas de poco acceso, con dificultades para la llegada de la ayuda humanitaria. Por eso, organizaciones como Ayuda en Acción localizan allí su trabajo. En ese marco, la dispersión se erige como un obstáculo para la identificación de personas y distribución de alimentos. “Tienes 100 familias aquí, 200 familias allá, 300 familias allá”, comenta Cattaneo.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), hasta el 22 de julio, se registraban 41 campamentos instalados en Caracas, 28 en La Guaira, 28 en Miranda y 10 en Aragua. Del total de población alojada, 12.123 personas se encuentran en La Guaira, 8.704 en Caracas, 1.833 en Miranda y 675 en Aragua. Se trata de ciudadanos desplazados de sus barrios habituales, situación que conlleva dificultades para que sus familias los encuentren.
Archivo. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio en Venezuela.
El director de Ayuda en Acción añade que muchas de las cadenas de aprovisionamiento de los servicios que estaban basados en el mercado se encuentran muy afectadas por el propio terremoto. Esto suma una dificultad a un desafío que ya es alto para el caso de la distribución de agua, en una población acostumbrada a comprar en garrafas en el sector privado.
Esa cadena de suministro encuentra diversas limitaciones. “Buscar soluciones que respondan más a la lógica local de cómo se venían prestando esos servicios también va a ser un desafío”, suma Cattaneo.
El desafío de la reconstrucción
Cuando se cumple un mes de los terremotos en Venezuela, empieza el fin de la etapa de primera respuesta a la emergencia y se ingresa en otra de elaboración de diagnósticos para identificar potenciales soluciones estructurales a los retos que tiene la población, principalmente relacionados con temas de agua y saneamiento.
Cattaneo explica que ahora se trata de una etapa de estabilización, “porque ni siquiera es reconstrucción, ya que muchas de las soluciones que se van a poner van a ser temporales para superar esta lógica de distribución de kits alimentarios o de agua y salud”.
A man carries scrap from the rubble of the La Mar Suites in Tucacas, Venezuela
La semana que transcurre y las próximas serán críticas a nivel de coordinación entre la OCHA y los actores de respuesta humanitaria para establecer este tipo de acciones e intentar adaptarlas a las lógicas de circulación y consumo de la población venezolana.
La siguiente fase estará ligada al proceso de reconstrucción. Un primer abordaje se vinculará a la situación de la infraestructura pública relacionada con los sistemas de agua y saneamiento que están destrozados en su totalidad. Esta será la base para después avanzar con la creación de nuevas viviendas.
Para Cattaneo, una de las preocupaciones es que los albergues donde se alojan actualmente las familias se conviertan en permanentes. Considera que hacen falta soluciones intermedias como las que se aplican en Ucrania, donde familias que están en la diáspora ceden sus viviendas a través de instituciones que funcionan como mediadoras.
La continuidad del proceso educativo es otra de las preocupaciones que aparece en el horizonte. Encontrar respuestas para los colegios que tienen daños menos graves o reubicar a los alumnos en centros escolares parece ser la forma más rápida de hacerlo. No es sencillo, cuenta Cattaneo.
Para finalizar, el director global de Ayuda en Acción se detiene en la importancia del diagnóstico: “Ahora entramos en una nueva etapa en la que el diagnóstico es muy importante para acertar con las mejores soluciones posibles, teniendo en cuenta que van a tardar, o vamos a tener que depender de esas soluciones durante probablemente muchos meses, hasta que llegue esa construcción”.
Sí, es verdad. El Mundial de 2026 ya se acabó. Sin embargo, el fervor futbolístico ha dejado una huella importante en América Latina, especialmente en las actas de nacimiento.
Tal vez por fanatismo, por falta de ideas o por tratar de marcar la diferencia; lo cierto es que muchos padres y madres se han inspirado en los cracks del mundial y ahora miles de niños latinoamericanos han sido bautizados como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Erling Haaland, según reportan los registros civiles.
Colombia: orgullo local y la “Haalandmanía”
En Colombia, la identidad local pesó más que las estrellas extranjeras: Luis Díaz se coronó como el rey indiscutible de las actas de nacimiento con más de 14.700 inscripciones, dejando atrás a un histórico como James Rodríguez (1.096), reporta el medio colombiano El Tiempo.
Sin embargo, el fenómeno importado de la temporada fue el delantero noruego Erling Haaland. Más de 600 niños fueron registrados con variantes de su nombre, desde “Haaland” hasta adaptaciones fonéticas como “Jalan” o “Erlink”.
Si bien muchos niños llevan el nombre de figuras históricas, figuras más jóvenes como Kylian Mbappé también inspiraron a los padres y madres latinoamericanos.David Butler Ii/IMAGN Images/REUTERS
México y Paraguay: creatividad y recomendación de las autoridades
En México el impacto fue algo menor, pero las autoridades locales reportaron decenas de registros inspirados en figuras del Mundial. Por eso, el Registro Civil emitió recomendaciones amables a los padres para meditar la decisión antes de nombrar a sus hijos bajo la euforia del momento.
No obstante, la creatividad persistió en casos como el de una menor registrada con una combinación de nombres de futbolistas locales e internacionales: Quiñona Ysisidra Morita Haaland, en honor a los futbolistas mexicanos Julián Quiñones y Gilberto Mora, además del ariete noruego, reporta Marca.
Por su parte, reportes de Paraguay confirmaron que nombres como Kylian, Messi y Haaland figuraron entre los más recurrentes de la temporada, consolidando una tendencia regional donde la geografía importa poco a la hora de homenajear a los ídolos del balompié.
