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La distancia que separa a la ministra Lenia Batres del resto de sus compañeros aumenta a gran velocidad a medida que se acerca el primer año desde que los nuevos integrantes entraron en la Suprema Corte. Al largo historial de enfrentamientos se ha sumado, este jueves, un último episodio, mientras el Pleno debatía una contradicción de criterios de la juzgadora. La mayoría de los togados se ha opuesto al proyecto, un escenario relativamente frecuente que Bates, sin embargo, ha atribuido a causas ajenas a las jurídicas. “Me desconcierta mucho esta discusión”, ha anticipado antes de sugerir que la razón real del rechazo no era la diferencia de criterios sino su discrepancia a la solicitud de aumentar un 17% los presupuestos del Alto Tribunal, que votaron a puerta cerrada la semana pasada. “Veo una animadversión insana, voy a retirarlo [el texto] y espero sus observaciones, y de verdad, quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, ha lanzado al resto de sus compañeros.

El desconcierto entonces se ha extendido hacia el resto del Pleno, que escuchaba por primera vez la existencia de tal documento. “Acabo de enterarme”, le ha respondido el presidente, Hugo Aguilar, tratando de calmar las aguas y evitar una confrontación directa en la transmisión en vivo, en la que busca primar los consensos. Más dura ha sido Yasmín Esquivel, con la que Batres ha protagonizado numerosos desencuentros, que se ha defendido de las acusaciones de falta de seriedad. “Señalar que es insano lo que se está presentando aquí… No veo dónde esta ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la ministra ponente. Son expresiones en contra del proyecto que se nos presenta. Veo poca voluntad para que se vean las consideraciones”, le ha espetado, y ha agregado, en referencia al oficio mencionado: “Sería muy pertinente que nos dijeran de qué se trata, nos estamos enterando en este momento”.

Lenia Batres, no obstante, se ha mantenido firme en sus acusaciones y ha hecho público más tarde, desde sus redes sociales, el documento por el que cree que sus compañeros se han opuesto esta mañana a su proyecto en materia administrativa. En él, se muestra contraria a la resolución que aprobó la Suprema Corte la semana pasada para solicitar un presupuesto de 6.104 millones de pesos, un 17,2%% adicional respecto del monto autorizado por la Cámara de Diputados para el 2026. “De aprobarse”, argumenta la ministra en su escrito, “habrían sido nugatorios los esfuerzos de austeridad realizados, obligación que, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Austeridad Republicana, también debe realizar este Poder Judicial”. Al incremento, agrega, se suma “sin estudio previo, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300″ trabajadores que se había eliminado el año anterior y que es contraria, ha especificado, al artículo 22 de la citada ley de austeridad.

La sobriedad en el gasto de los nuevos togados es uno de los puntos que más polémica ha levantado desde que fueron elegidos en las urnas, en junio del año pasado, dispuestos a acabar con los “privilegios” de sus predecesores. La compra y devolución de unas camionetas blindadas ya hizo tropezar al Alto Tribunal en enero con su propio mandato de austeridad, y el documento de Batres devuelve el asunto al centro de la discusión.

Para la ministra, acostumbrada a enfrentarse a las opiniones mayoritarias del Pleno, sea cual sea la cuestión, y a doblegar a sus compañeros en más de un debate, este nuevo frente supone añadir un obstáculo nuevo en su camino hacia la Presidencia. La Corte todavía no ha debatido cómo resolverá la contradicción entre los dos artículos de la Constitución que dictan métodos distintos para designar la joya de la Corona: si aplicará el mecanismo rotatorio incluido en la reforma judicial o se apegará a la elección por parte del Pleno que regía (y rige, hasta que no se elimine) antes de la entrada en vigor de la nueva normativa. Fuentes del Alto Tribunal apuntan que Batres “está casada” con la primera fórmula, que le daría la dirección del Pleno dentro de 13 meses, pero las reticencias de sus compañeros y de gran parte de los sectores civil y empresarial comprometen ese horizonte.

El presidente, Hugo Aguilar, reconoció este fin de semana en una entrevista con La Jornada que la cuestión genera tensiones en el interior de la Corte, y ha descartado entrar a debatirlo antes de enero de 2027. “Ahorita no me parece ni siquiera prudente abordarlo”, señaló. La cuestión, causada por el descuido y la falta de pulcritud de los legisladores a la hora de redactar el proyecto original, se ha vuelto en un problema político mayor que nadie quiere tratar, al punto de que, ni la nueva propuesta de reforma de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ni la de su partido, Morena, desenredan el nudo. La contradicción se mantiene intacta en el pleno legal, a la espera de que lo resuelva un Pleno cada vez más enfrentado a su potencial próxima presidenta.

La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado, por 10 votos contra dos, un proyecto de ley que busca autorizar la caza de perros asilvestrados. La iniciativa, que busca modificar la actual Ley de Caza, ha desatado un fuerte debate por una medida que pretende controlar a la población de canes ferales que ataca a la fauna nativa y a la ganadería en jaurías. Los impulsores defienden la cacería como una solución para resguardar a los animales salvajes —algunos de ellos seriamente amenazados como el pudú— y a las especies criadas para la producción. Los detractores cuestionan la norma y apuntan a sancionar el abandono animal en su origen.

En julio de 2024 el Congreso tramitó una iniciativa similar, la que fue rechazada por los diputados. En la propuesta, que fue archivada, declaraba a los perros asilvestrados como una especie exótica invasora y se planteaba la autorización de la caza cuando los animales estuvieran fuera de zonas o áreas urbanas y de extensión urbana. La iniciativa también daba luz verde para que cualquier persona pudiese capturar perros asilvestrados y ponerlos a disposición de la municipalidad o autoridad correspondiente. En 2015, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el ministerio de Agricultura intentó poner en marcha un decreto para autorizar la captura de los canes salvajes, pero echó pie atrás por el rechazo de algunas organizaciones animalistas.

¿Qué propone el proyecto sobre la caza de perros asilvestrados?

El corazón del proyecto de caza contra los perros asilvestrados es la autorización del control de esta especie a través métodos letales. A esto se suma una modificación en la Ley de Caza vigente con un texto modificado. “Será un deber del Estado proteger la fauna silvestre, para lo cual los órganos competentes adoptarán todas las medidas dirigidas a cuidar a las especies”, señala el escrito.

Según el proyecto, los perros asilvestrados son que aquellos que no tienen un dueño o poseedor conocido e identificable, que, al no relacionarse con el ser humano, ha devenido en un peligro para las personas, para la fauna local o para la salud pública. Durante los últimos años se han reportado múltiples ataques de jaurías de canes en estado salvaje en contra de ganado, otros animales de compañía, fauna nativa e incluso contra algunas personas, con consecuencias fatales.

¿En qué casos se permitiría cazar a estos perros?

De acuerdo con la propuesta, se eximiría de sanciones por el delito de maltrato animal a quien capture un perro asilvestrado “en defensa propia, de un tercero o del ganado, frente al ataque actual o inminente de uno o más perros salvajes o ferales”. Para ejecutar la cacería se requerirá una denuncia previa que deberá estar acompañada por registros fotográficos o audiovisuales, informes veterinarios, u otros medios probatorios, que den cuenta del daño causado por los canes. También se eximirá de sanciones a quienes maten a perros asilvestrados por las causales de protección de la salud pública, la seguridad de las personas, la conservación de la biodiversidad y fauna silvestre nativa y la propiedad privada.

¿Qué diferencia hay entre un perro asilvestrado y uno doméstico?

El perro asilvestrado es un animal que ha perdido su condición doméstica para regresar a su estado salvaje, sin depender de los seres humanos para su crianza y reproducción. Entre sus características está la agresividad frente a las personas, el uso de la caza para alimentarse y su comportamiento de manada. Un perro doméstico es totalmente dependiente del ser humano. Los animales abandonados que están en las calles siguen siendo domésticos y no pertenecen a la categoría de asilvestrados que dispone la iniciativa, por lo que no deberían ser capturados o asesinados.

¿Cómo avanza el proyecto en el Congreso?

La aprobación por parte de la comisión de Agricultura es solo un paso inicial en el avance del proyecto. A partir de esta etapa la comisión debe elaborar y enviar un informe —que con esta aprobación será positivo— a la sala de la Cámara de Diputados. El informe de la comisión no es vinculante, por lo que puede ser aprobado o rechazado.

¿Qué falta para que la caza de perros asilvestrados sea ley?

Si la Cámara Baja aprueba la propuesta pasará al Senado, para luego devolverla a los diputados para que la despachen al presidente de la República, que la deberá promulgar con su firma. Si hay discrepancias entre las votaciones de la Cámara de Diputados y del Senado, el proyecto será enviado a una comisión mixta con representantes de ambas cámaras legislativas para modificar la propuesta. El trámite no tiene un calendario definido y depende de los ritmos del Poder Legislativo.

¿Qué cambiaría si se aprueba el proyecto?

El principal cambio es que las personas que cacen perros asilvestrados y que cumplan con los requisitos definidos por la ley estarán exentos del delito de maltrato animal, que está tipificado en una norma de Tenencia Responsable de mascotas, que es conocida popularmente como al Ley Cholito, cuyo nombre surgió a partir del caso de Cholito, un perro callejero que fue golpeado hasta la muerte en Santiago en 2017. Además se autorizarán las medidas de captura o abate en zonas rurales, siempre que existan antecedentes sobre ataques de perros salvajes.