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Por Equipo de Chequeado, medio cofundador de Factchequeado 

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026. El sismo, uno de los más fuertes registrados en el país, tuvo epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y ocurrió a 103 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En medio de la emergencia comenzaron a circular publicaciones que atribuyen el terremoto a HAARP, un programa estadounidense que estudia la ionósfera. Esto es falso: no existe evidencia científica de que HAARP pueda provocar terremotos.

Qué es HAARP

HAARP es la sigla en inglés de High-frequency Active Auroral Research Program. Es una instalación científica ubicada en Alaska, Estados Unidos, dedicada al estudio de la ionósfera, la capa de la atmósfera terrestre ubicada entre los 80 km (50 millas) y los 1000 km (621 millas) de altitud.

El programa cuenta con un conjunto de antenas que permiten enviar ondas de radio de alta frecuencia hacia la ionósfera. Estas emisiones se utilizan para estudiar las propiedades de esa región de la atmósfera y distintos fenómenos relacionados con ella.

HAARP comenzó como un proyecto impulsado por organismos del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos la Fuerza Aérea y la Marina. En 2015, la instalación pasó a la Universidad de Alaska Fairbanks, que continúa realizando investigaciones científicas allí.

El origen del programa y su vínculo inicial con organismos militares alimentaron distintas teorías conspirativas. Durante años, publicaciones en redes sociales le atribuyeron la capacidad de modificar el clima, generar huracanes, provocar sequías y terremotos o incluso controlar fenómenos naturales.

Pero estas afirmaciones confunden el alcance de las ondas de radio utilizadas por HAARP con la capacidad de modificar procesos físicos de enorme escala que ocurren en la Tierra.

La atribución de terremotos a HAARP no es nueva. El programa ya fue señalado en redes sociales como supuesto responsable de distintos fenómenos naturales, como te hemos contado en Factchequeado. En verificaciones anteriores, Chequeado, medio cofundador de Factchequeado explicó que HAARP no puede ser utilizado para modificar el clima ni es responsable de los efectos del calentamiento global. 

Qué provocó el terremoto en Colombia

El SGC explicó que el terremoto ocurrió en una región donde se produce un proceso de subducción: la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana. La interacción entre ambas placas genera acumulación y liberación de energía, que puede producir terremotos.

Colombia es un país con una elevada actividad sísmica debido a la interacción de las placas de Nazca, Sudamérica y Caribe. Según el SGC, en el país se registran en promedio unos 2.500 sismos por mes, aunque la mayoría son demasiado pequeños para ser percibidos por las personas.

En el caso del terremoto del 10 de agosto, el SGC pudo determinar su magnitud, epicentro y profundidad mediante la Red Sismológica Nacional, que cuenta con más de 200 estaciones distribuidas por el territorio colombiano.

La secuencia de réplicas también es consistente con un terremoto tectónico. Después del movimiento principal se registraron 18 réplicas en San José del Palmar y Sipí, en Chocó. Estos movimientos posteriores pueden continuar durante días, semanas o incluso meses porque las zonas cercanas al área de ruptura continúan ajustándose.

¿Por qué se sintió tanto si fue profundo?

Otra característica del terremoto que aparece en publicaciones sobre HAARP es su profundidad. El sismo ocurrió a 103 kilómetros (64 millas), pero fue sentido a grandes distancias.

Esto tampoco constituye una señal de que haya sido provocado artificialmente.

El SGC explicó que la principal razón por la que el movimiento fue ampliamente percibido fue su magnitud. Cuando un terremoto es muy grande, libera una cantidad de energía suficiente para que una parte importante alcance la superficie aun cuando el foco se encuentre a una profundidad considerable.

El organismo registró una intensidad máxima de 7, correspondiente a daños severos.

Es importante diferenciar ambos conceptos: la magnitud mide la energía liberada por el terremoto, mientras que la intensidad describe los efectos que ese movimiento produce en un lugar determinado. Un mismo terremoto puede tener una única magnitud y diferentes niveles de intensidad según la zona.

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Por Jonnathan Pulla de Factchequeado

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó el 12 de agosto de 2026 una actualización sobre el TPS para El Salvador, en la que informó que los beneficios del programa, que protege a sus beneficiarios de la deportación y les permite obtener un permiso de trabajo, finalizarán el 9 de septiembre de 2026. 

También anunció, en la misma publicación, que USCIS está enviando notificaciones a beneficiarios salvadoreños del TPS (Estatus de Protección Temporal) que no han recibido la renovación de sus documentos de autorización de empleo (EAD). Estos documentos, con códigos de categoría A-12 y C-19, serán extendidos hasta el 9 de septiembre de 2026.

Jose Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional del TPS, dijo en un video publicado en la cuenta de Facebook de la organización el 13 de agosto de 2026, que la actualización de USCIS “no tiene que ver con el futuro del TPS” para El Salvador. Lo que hizo USCIS, según Palma, es clarificar que aquellos beneficiarios salvadoreños del TPS “que han aplicado y que no han recibido su permiso de trabajo, pueden continuar trabajando hasta el 9 de septiembre” de 2026. 

“Esa decisión, de la extensión hacia el futuro o la cancelación, saldrá cualquier día. Entre hoy y el 9 de septiembre”, agregó.

Según explica el American Immigration Council, bajo la ley federal, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, tiene 60 días antes de la expiración del TPS para decidir si extiende o termina la designación del programa a un país. Esta decisión debe publicarse en la página del Registro Federal de Estados Unidos, donde se publican todas las normas nuevas de agencias federales y órdenes ejecutivas del presidente, pero hasta el 14 de agosto de 2026 no lo ha hecho, según confirmamos en una búsqueda desde Factchequeado.

Telemundo 44 informó que el DHS les dijo que “no ha hecho un anuncio oficial todavía” sobre este TPS.

El TPS para salvadoreños fue extendido por 18 meses, del 18 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026, por el entonces secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, el 17 de enero de 2025. 

Los beneficiarios del TPS pueden presentar a sus empleadores la actualización del USCIS junto con su permiso de trabajo vencido como prueba de que continúa vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, precisa un comunicado de la Alianza Nacional del TPS.

¿Qué sucede si termina el TPS para El Salvador?

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California explicó, en un artículo general sobre el TPS, que la terminación del programa para un país, si no se tiene otro estatus ni solicitud pendiente de beneficios migratorios, significa que sus beneficiarios “serán considerados en situación de presencia ilegal (unlawful) y sujetos a expulsión”. 

Esto “aumenta el riesgo de detención y deportación” ante “cualquier interacción con autoridades de migración”, agrega ACLU. También aconseja buscar un “abogado de inmigración calificado para analizar qué opciones tiene”, “reunir los documentos esenciales y elaborar un plan de emergencia en caso de ser detenido y deportado” y “considerar ponerse en contacto con su representante en el Congreso y completar con antelación un formulario de autorización de divulgación de información sobre privacidad del DHS, para que su representante o senador pueda solicitar información sobre su caso en caso de ser detenido”. 

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San José, 14 ago (EFE).- La ONG ambientalista Fundación del Río abogó este viernes por la liberación “inmediata” de un grupo de guardabosques indígenas de la etnia mayangna que permanecen privados de la libertad, algunos, afirmó, “en condiciones de salud delicadas”.

“Seguimos solicitando la liberación inmediata de los guardabosques comunitarios”, demandó esa la organización que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, en un mensaje en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró el pasado 9 de agosto.

En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de veinticuatro personas -identificadas por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte y les imputó los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Diez de los detenidos son guardabosques y ya fueron condenados. Los imputados estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de “colonos” en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, entre otros, de acuerdo con la Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades de Nicaragua y ahora su sede está en Costa Rica.

Los guardabosques Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Oliver y Evertz Bruno, del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawas, en Caribe de Nicaragua, fueron detenidos arbitrariamente en distintos operativos entre 2021 y 2023, en represalia por su labor de defensa territorial frente a invasores y actividades extractivas ilegales, según esa ONG.

“El rol que juegan los guardabosques comunitarios en los territorios indígenas es un rol fundamental, y el régimen ha encarcelado a estas personas para mandar un mensaje a las comunidades indígenas y afrodescendientes de que no denuncien la situación de invasión y de lo que viven en sus territorios”, afirmó Ruiz.

Para el ambientalista, con esas detenciones el Gobierno de Nicaragua -que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo- envía “un mensaje y un precedente de temor como parte de toda su estrategia de imponer el terror y el temor dentro y fuera de Nicaragua”.

Ruiz denunció, además, que a pesar de que instancias internacionales han determinado la ilegalidad de sus detenciones, el Estado de Nicaragua mantiene su encarcelamiento.

Así mismo, el activista advirtió sobre la situación de salud de Rodrigo Bruno y los hermanos Celso Lino, quienes se hallarían en “condiciones de salud delicadas”.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.

Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en veintitrés territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales.

(c) Agencia EFE