El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado este martes la prisión preventiva para cuatro imputados del llamado caso Sartor, uno de los mayores escándalos financieros del último tiempo que habría causado perjuicios por 180 millones de dólares a múltiples inversionistas. La jueza Paulina Moya ha decretado la medida cautelar para el empresario Michael Clark Varela, que hasta abril de 2026 se desempeñaba como presidente del directorio de Azul Azul, la sociedad anónima deportiva a cargo de la concesión del club de fútbol Universidad de Chile. También se ha dispuesto la prisión para Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor; Carlos Larraín Mery, exdirector de la Administradora General de Fondos (AGF); y Sergio Yáñez, excontrolador del factoring Emprender Capital.
En su resolución, la jueza Moya ha dicho que la libertad de Clark, de los hermanos Larraín, y de Yáñez implicaba un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Rodrigo Bustamante, exsocio de Sartor, y Juan Carlos Jorquera, exejecutivo del holding, también imputados por el caso, han quedado con arresto domiciliario parcial y arraigo. El juzgado ha decretado 120 días para el desarrollo de la investigación. Los acusados que quedaron en prisión pueden apelar y pedir un cambio en la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones.
El tribunal ha dado por acreditado seis de los siete delitos por los que la Fiscalía imputa a los involucrados. Entre estos están el lavado de activos, administración desleal, estafa y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA), entre otros. La decisión se ha tomado tras casi dos semanas de audiencias de formalización —la etapa del sistema procesal chileno en donde los acusados conocen los delitos que se les imputan—, en las que todas las partes han entregado sus argumentos.
El Grupo Sartor es una entidad que, en su origen, se dedicaba a prestar servicios de asesoría financiera y comercial, como también la gestión de inversiones y finanzas. La investigación del Ministerio Público, que surgió a partir de una fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha señalado la existencia de fondos que se prestaban a sociedades de propiedad de los mismos socios y ejecutivos del grupo financiero. Este movimiento habría afectado directamente a las personas que invirtieron en estos instrumentos, quienes alegan la pérdida de gran parte de su patrimonio.
La investigación también tiene una arista vinculada al deporte, ya que el Grupo Sartor entró durante el año 2021 a la propiedad de Azul Azul. Lo hizo a través de Tactical Sport, un fondo de inversión que compró las acciones vendidas por el empresario Carlos Heller por 15,5 millones de dólares. El titular de Tactical Sport era Michael Clark, que durante ese año ingresó al directorio de la Universidad de Chile como representante del máximo controlador de la sociedad anónima, con el 63% de la participación. En diciembre de 2024, una sociedad llamada Inversiones Antumalal, de propiedad de Clark, acordó pagar 5.719.482 de dólares por el 90% de las cuotas de Tactical Sport a Sartor, con lo que el empresario consiguió un control mayor de la concesionaria deportiva. Ese último movimiento ha sido indagado por la Fiscalía, ya que se presume que estaría conectado con las operaciones realizadas por los otros ejecutivos de Sartor para usar los fondos.
En abril de 2026, a pocas semanas de la formalización, Clark renunció a la presidencia de la Universidad de Chile y la dejó en manos de Cecilia Pérez, la exportavoz del Gobierno de Sebastián Piñera. Después el empresario pidió anular y retrotraer la compra que realizó a través de Inversiones Antumalal. En una de las jornadas de audiencia, el ejecutivo aseguró que no estaba directamente vinculado a Sartor y que tenía un grado de participación menor en la cuestionada gestora de fondos. “Para nadie es agradable estar acá. Siempre he dicho que creo que estoy involucrado un poco de rebote”, dijo ante la prensa en las puertas del Centro de Justicia de Santiago.
La investigación sobre Sartor y Michael Clark ha complicado a Universidad de Chile, uno de los equipos de fútbol más populares del país. La opacidad sobre el origen de la inversión de la administradora y del ejecutivo ha abierto las dudas sobre quién es el verdadero propietario de Azul Azul. Durante los últimos años han surgido nombres como los de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, dueños de Huachipato, y de Patricio Kiblisky, expropietario de Ñublense, a quienes se los asocia por algunas transferencias de jugadores con la U que han desatado los cuestionamientos en el ambiente deportivo. La posible asociación del club universitario con accionistas de otros equipos es compleja, ya que la ley de sociedades anónimas deportivas prohíbe la multipropiedad de los equipos.
El club recibe el nombre de la Universidad de Chile, institución que ha mirado con atención el desarrollo de la investigación contra Michael Clark. La prorrectora Dorotea López Giral ha endurecido el tono en contra de Azul Azul y ha dicho que la casa de estudios evaluará todas las acciones disponibles, entre ellas quitar el nombre de la institución a la sociedad anónima deportiva. “Resulta inaceptable para la Universidad que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias, sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores”, ha declarado.
