Blog

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos confirmó la resolución del Tribunal de Distrito de Maryland que frena la política del gobierno de Trump para autorizar operativos de control migratorio en templos religiosos o sus inmediaciones.

El fallo judicial mantendrá la medida cautelar que protege a las congregaciones afectadas mientras se desarrolla el procedimiento judicial, informó la organización Democracy Foward.

La medida cuestiona la eliminación de normativas históricas que limitaban el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios sensibles, y que ororgaba la discreción a los funcionarios migratorios basada en su “sentido común”. La situación llevó a las iglesias a modificar sus cultos e influyó en la asistencia de las comunidades ante eventuales procedimientos de agentes armados, sumado a reportes sobre vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional en templos.  

La demanda fue interpuesta por Democracy Forward en representación de colectivos como la Reunión Anual de Filadelfia de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Nueva Inglaterra de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Baltimore de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión de Amigos de Adelphi de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión de Amigos de Richmond de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Nueva York de la Sociedad Religiosa de los Amigos, el Templo Sikh de Sacramento y la Confraternidad Bautista Cooperativa.

Evaluación jurídica y medida cautelar

El tribunal de distrito determinó inicialmente que existen probabilidades de éxito en los reclamos interpuestos por las organizaciones demandantes. En consecuencia, fijó la orden preliminar que limita las incursiones de los agentes en los recintos indicados y sus alrededores para resguardar los derechos de las instituciones mientras concluye el litigio.

A través de un comunicado conjunto, la coalición de organizaciones expresó su postura ante el dictamen emitido por la corte de apelaciones.

“Esta decisión reafirma una promesa fundamental de la libertad religiosa: toda persona debe poder reunirse, practicar su culto, orar y servir a su comunidad sin temor a que las autoridades migratorias perturben ilegalmente los espacios sagrados”, señaló la coalición de organizaciones ante el dictamen de la Corte de apelaciones.

El gobierno de Trump como amenaza a feligreses migrantes

Señalaron además que los lugares de culto han acogido a las personas que buscan guía espiritual y servicio comunitario. Aseguraron que el gobierno de Trump amenazó esta tradición al obligar a las congregaciones a elegir entre cumplir su misión religiosa y proteger a los miembros de sus comunidades.

“Agradecemos que el tribunal haya preservado estas protecciones mientras el caso avanza, y seguiremos luchando para garantizar que la libertad religiosa siga siendo significativa para cada congregación y cada persona que entre por nuestras puertas”, sentenció la coalición.

Sigue leyendo:
– Juez frena el plan de Trump para trasladar la sede del FBI a Maryland
– Trump manda a callar a una reportera de CNN tras una pregunta sobre Corea del Norte
– Demandan al DHS por condicionar fondos antiterrorismo a modificaciones en procesos electorales

NUEVA YORK – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó las guías para establecer la probabilidad de que un migrante que solicite la residencia permanente pueda convertirse en una carga pública, lo que limitará las posibilidades de que más extranjeros consigan su “green card”.

En un comunicado este martes, USCIS informó sobre la emisión de una guía actualizada en el Manual de Políticas.

El cambio va de la mano con la regla final anunciada el 16 de julio pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que deroga las regulaciones de inadmisibilidad por carga pública de 2022 bajo la Administración Biden. Esa regla se publicó formalmente en el Registro Federal cuatro días después, el 20 de julio, y entrará en vigor el 18 de septiembre próximo.

USCIS define carga pública como la persona que depende económicamente del Gobierno a través de programas y otros servicios.

De acuerdo con el comunicado, “la guía actualizada se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros en EE.UU. sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”.

La guía actualizada explica qué categorías de extranjeros están sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública y qué categorías ha eximido el Congreso.

Bajo las nuevas directrices, todos los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente legal están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública, a menos que soliciten bajo una categoría de inmigración que esté exenta.

Cinco factores para determinar inadmisibilidad por motivos de carga pública

El comunicado distingue que, aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no define el concepto de “carga pública” ni el de “probabilidad de convertirse en carga pública en algún momento”, el Congreso ha especificado que los funcionarios del USCIS deben considerar cinco factores establecidos por ley al determinar la inadmisibilidad bajo esa causal.

Estos cinco factores son: la edad del extranjero, su estado de salud, su situación familiar, sus activos, recursos y situación financiera, y su educación y habilidades.

Para determinar la inadmisibilidad por motivos de carga pública, los funcionarios del USCIS deberán evaluar los cinco factores mencionados, así como cualquier otro relevante para determinar si el extranjero podría convertirse en carga pública en algún momento.

Categorías sujetas a la norma de carga pública

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses
Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos
Cónyuges, hijos e hijas solteras de residentes permanentes legales (LPR)
Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, así como sus cónyuges e hijos
Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses
Prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses
Amerasiáticos (según la categoría de preferencia) nacidos a partir del 31 de diciembre de 1950 y antes del 22 de octubre de 1982
Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses
Trabajadores prioritarios
Profesionales con títulos de posgrado o extranjeros con aptitudes excepcionales
Trabajadores cualificados, profesionales y otros trabajadores
Inversores
Trabajadores religiosos
Ciertos empleados o exempleados del gobierno de EE. UU. en el extranjero
Empleados de la Zona del Canal de Panamá
Graduados de facultades de medicina extranjeras
Empleados jubilados de organizaciones internacionales
Personal de las fuerzas armadas de EE. UU.
Radiodifusores internacionales
Diplomáticos o funcionarios de alto rango que no pueden regresar a su país (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957)

Categorías exentas a la norma de carga pública

Asilados y refugiados
Inmigrantes amerasiáticos en el momento de su admisión
Intérpretes afganos e iraquíes, o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por el gobierno de los EE. UU. o que trabajen en su nombre
Personas admitidas de Cuba y Haití que solicitan el ajuste de estatus bajo la Sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986
Solicitantes que buscan el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano
Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal
Haitianos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Haitianos de 1998
Personas admitidas bajo el programa “parole” Lautenberg
Menores inmigrantes especiales
Solicitantes de registro de residencia legal
Solicitantes del Estatus de Protección Temporal
Ciertos embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios de gobiernos extranjeros con estatus de no inmigrante, así como sus familias
Víctimas de trata de personas (no inmigrantes T)
Víctimas de actividades delictivas que cumplen con los requisitos (no inmigrantes U)
Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)
Ciertos extranjeros víctimas de maltrato que califican como “extranjeros cualificados” bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996
Solicitantes de ajuste de estatus que reúnen los requisitos para obtener beneficios como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadas
Indígenas americanos nacidos en Canadá que no son ciudadanos de los EE. UU.
Ciertos miembros de la Banda de Texas de Indígenas Kickapoo, perteneciente a la Tribu Kickapoo de Oklahoma
Ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que presentan solicitudes bajo la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados de 2001
Personas admitidas bajo el programa parole para polacos y húngaros
Ciertos ciudadanos sirios
Solicitantes de ajuste de estatus bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Liberianos

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a un tribunal federal de apelaciones que restablezca los cargos penales en contra de Kilmar Abrego García, un hombre proveniente de El Salvador deportado injustamente por el gobierno republicano del presidente Donald Trump en 2025, revocando una orden de un tribunal inferior que consideró que los mencionados cargos tienen un carácter vengativo.

En el mes de mayo, un juez federal de Tennessee desestimó la acusación penal contra Abrego García, quien había sido acusado por fiscales federales de traficar inmigrantes de forma ilícita a EE.UU. El magistrado determinó que el DOJ procesó a Abrego García en represalia por sus esfuerzos para impugnar su injusta deportación a El Salvador el año en que llegó Trump a la Casa Blanca.

En un documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, el DOJ rechazó que la acusación fuese vengativa, alegando que tenía “múltiples fundamentos legítimos para procesar” a Abrego García.

“La decisión de solicitar una acusación formal contra Abrego García por tráfico de personas fue tomada por fiscales de carrera basándose en las pruebas, la ley y su firme convicción de que existen pruebas más allá de toda duda razonable de que Abrego García cometió los delitos imputados”, dijo el DOJ en un comunicado de prensa.

Asimismo, el DOJ alegó que la orden judicial de mayo “marca una expansión drástica del poder de los tribunales para desestimar cargos penales graves basándose en evaluaciones subjetivas de las motivaciones del fiscal”.

En comunicado, la defensa de Abrego García tildó el comunicado de prensa del DOJ de “completamente erróneo”, asegurando que “la acusación y el procesamiento de Abrego García fueron, de hecho, vengativos; las pruebas presentadas ante el tribunal de distrito lo demostraron; y la evidencia fue clara a pesar de la negativa del Departamento de Justicia a llamar a declarar bajo juramento a los verdaderos responsables de la toma de decisiones, incluido el fiscal general [Todd] Blanche”.

“Este caso se inició con ánimo de venganza y siguiendo instrucciones de la Casa Blanca después de que nuestro cliente ganara con éxito su caso ante la Corte Suprema”, agregaron los abogados.

Abrego García fue acusado el año pasado de dos cargos de tráfico de personas, derivados de una parada de tránsito en noviembre de 2022 en Tennessee, donde la Patrulla de Carreteras del estado lo detuvo y descubrió que había varias personas en su automóvil. Se declaró inocente.

Asimismo, el salvadoreño estuvo implicado en un caso judicial aparte en Maryland vinculado con los esfuerzos de Trump para deportarlo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) declaró que busca deportarlo a Liberia, un país africano, pero un juez federal ha bloqueado esa medida por ahora.

Sigue leyendo:

• Tribunal de EE.UU. anula caso de tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García
• Juez cuestionó insistencia del Departamento de Justicia en deportar a Kilmar Ábrego García
• Gobierno de Trump insiste en avanzar con deportacíón de Kilmar Ábrego a Liberia