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El Gobierno de José Antonio Kast ha ingresado este lunes al Senado ocho reformas constitucionales, en el marco de su agenda para combatir la delincuencia más dura. Entre las medidas figura una propuesta, que deberá ser regulada por ley en el Congreso, para retirar beneficios sociales estatales —en materia de seguridad social, educación y salud— a personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo. La iniciativa plantea, por ejemplo, restringir el acceso a estas prestaciones, salvo en casos de cirugías de urgencia o de enfermedades que representen un riesgo para la salud pública e impedir que reciban becas educativas.

Según ha explicado este lunes a CNN el ministro de Seguridad, Martín Arrau, pocas horas después de que el Ejecutivo ingresara las reformas al Senado, el Gobierno busca “desincentivar” la participación en organizaciones terroristas y grupos criminales organizados, además de enviarles “señales”. “Cuando las personas ven que sus impuestos —cada vez que compran un kilo de pan pagan un 19% de IVA— financian beneficios para personas que han hecho tanto daño a la sociedad, créame que hay una sensación de injusticia. Eso es lo que queremos corregir”, ha señalado.

Durante 13 días, desde que Kast anunció el 5 de agosto su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la propuesta del Gobierno sobre restringir prestaciones de salud levantó una serie de cuestionamientos. En una primera versión las reformas fueron sociabilizadas por el Gobierno a través de dos borradores, que llegaron a manos de parlamentarios del oficialismo y que fueron filtradas a la prensa, lo que permitió al Ejecutivo tomar la temperatura a sus proposiciones.

Pero la idea inicial recibió críticas transversales, y fue puesta en duda incluso dentro del propio Gabinete. La ministra de Salud, May Chomali, al enterarse del borrador, que señalaba que los condenados quedarían sin derecho de acceso a prestaciones sociales financiadas por el Estado mientras estén en prisión y durante 15 años después de salir en libertad, dijo que la medida “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes”. “La ley nos obliga y nos manda a nosotros atender a todas las personas, independiente de su condición (…) frente a situaciones que son de riesgo vital”, dijo la médica a CNN.

Este lunes, en las horas previas de enviar al Senado la propuesta final, Kast contradijo el borrador que había sido divulgado, y una entrevista a Radio Duna aseguró que se van a “respetar los derechos de salud de cada persona” y que a “nadie le va a faltar la salud de emergencia”. El mandatario agregó que los condenados por delitos graves recibirán “techo, comida” y “los medicamentos que correspondan” dentro de un régimen de aislamiento, que también ha sido propuesto.

Kast también fue consultado respecto de si las restricciones alcanzarían también a violadores, homicidas o pedófilos, y estableció diferencias: “Los del crimen organizado son personas que, con la sola pertenencia a una organización criminal, ya se les sindica como que están cometiendo un delito”, mientras que en el caso del homicidio “serán los tribunales los que le apliquen una sanción”.

Entre los ocho cambios a la Carta Fundamental que propone el Ejecutivo, en el marco de su llamada ACOT, también hay un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que da amplias a atribuciones a los mandatarios chilenos. Se invocará, según el documento final que ha ingresado al Senado, “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”. La moción señala que lo declarará “el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por igual período, es decir, hasta 240 días. Y que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.

También pretende hacer otro cambio, y modificar la Constitución para incorporar de manera expresa a la seguridad pública como uno de los deberes del Estado. No solo para la oposición, sino que, para diversos abogados constitucionalistas y académicos, de distintas tendencias política, es innecesario y más bien un gesto simbólico de la Administración de derechas. Esto, porque la Constitución chilena ya establece en su artículo primero que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia” y propender a “su fortalecimiento”.

En su estrategia, desde que lanzó la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, el Gobierno de Kast ha instalado ante la opinión pública que “la mano ha cambiado” respecto de la delincuencia. El despliegue comunicacional, junto al envío al Congreso de proyectos de ley y de las ocho reformas, ha ido acompañado de la exhibición de Kast y Arrau en operativos policiales nocturnos.

La puesta en escena ha incluido el traslado de presos de alta peligrosidad a una cárcel de máxima seguridad en Talca, en la zona centro de sur de Chile, el pasado viernes, en una operación que el Gobierno llamó Plan Cancerbero y que transmitido por Youtube. Los reos fueron mostrados al público con uniformes, las manos hacia adelante y la cabeza agachada, en un estilo muy similar al que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, divulga en el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que Kast visitó el 30 de enero, cuando ya había sido electo, pero todavía no asumía en La Moneda: lo hizo el 11 de marzo.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este martes estado de excepción por catástrofe en la provincia de Tocopilla, 1.530 kilómetros al norte de la capital, tras registrarse en la zona aluviones y grandes deslizamientos de tierra que obligaron a las autoridades, en el marco del temporal, a decretar la Alerta Roja y evacuar varios sectores de la localidad.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, publicó en X el mandatario chileno.

La intensidad de las precipitaciones, que en pocas horas alcanzaron cerca de 30 milímetros de agua caída en un área que promedia cinco al año, provocó la activación de quebradas y remociones en masa que desataron la emergencia.

“Estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso, por tanto las capacidades del Estado han estado en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”, afirmó en una rueda de prensa el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Diversos registros audiovisuales publicados por vecinos dan cuenta de la fuerza del fenómeno que aún se encuentra en desarrollo, con imágenes de vehículos, escombros y desechos siendo arrastrados por un río de agua y barro con dirección al mar a gran velocidad.

El temporal en la zona norte dejó ayer una persona fallecida y a la fecha se consignan por lo menos 2.000 damnificados en la región de Antofagasta.

La alcaldesa de Tocopilla: “Ha superado todas nuestras expectativas”

La alcaldesa del municipio de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, entregó un balance sobre la situación que vive su comuna, la más afectada con el sistema frontal en el norte del país. La autoridad local ha admitido que no esperaba que el fenómeno climático se presentara con esta intensidad y provocara tanta destrucción. “Es terrible. Ha superado todas nuestras expectativas. Es una tragedia. Esperábamos que no ocurriera lo mismo teniendo una parte del cordón de quebradas con medidas de mitigación”, dijo Kurtovic a Tele13. La jefa comunal también informó de la presunta desaparición de tres personas, un antecedente que no ha sido ratificado por el Gobierno.

Kurtovic llamó al Ejecutivo a acelerar las labores de mitigación para que la situación en la zona no empeore. “Pido a la autoridad de nivel central que puedan terminar lo que faltó de mitigación en el cordón de quebradas. Tocopilla es un cordón de quebradas. La geografía no está hablando desde hace mucho tiempo, desde que se creó la comuna y hasta ahora estamos sufriendo esto”, expresó.

Chile atraviesa un sistema frontal, que inició el 14 de julio y ha ido fluctuando en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones del país, entre el norte y el sur, y que ya había dejado 15 fallecidos. Hasta ahora la zona más afectada había sido Coquimbo, en el norte chico, que fue azotada con lluvias históricas que provocaron inundaciones, destrucción de viviendas, cortes de los servicios básicos e interrupción de los caminos. El temporal también dejó su estela de destrucción en las sureñas regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde incluso se generaron tornados por los fuertes vientos.

El exmandatario Gabriel Boric (2022-2026) dijo que espera una oposición “franca, respetuosa, abierta, clara y firme” a una de las reformas constitucionales sobre seguridad pública que el Gobierno de José Antonio Kast envió este lunes al Senado. Se refirió a la iniciativa que crea un nuevo estado de excepción constitucional para casos de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, sobre la que afirmó: “Busca instaurar un estado de sitio por 240 días, con atribución exclusiva del presidente de la República y una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”.

“Quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el Gobierno para políticas de Estado, lo que no significa ceder en convicciones que son claras”, dijo Boric, en un video que divulgó The Clinic, durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), cuyo autor en su exministro de Hacienda, Mario Marcel.

El Gobierno de Kast impulsa una serie de proyectos de ley que bautizó como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y en ese contexto envió al Senado un paquete de ocho cambios a la Ley de Leyes. Entre ellos está la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional, que da amplias atribuciones al Presidente de la República para que lo declare “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”.

Esas amplias atribuciones, según señala el texto que se envió al Parlamento, implican que el estado de excepción constitucional lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por segunda por igual período sin consultar al Congreso, lo que puede implicar su alargue por 240 días. Pero que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.

Este nuevo estado de excepción, además, establece que el presidente de la República “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. En la propuesta se señala que un oficial general quedará al mando de la zona, pero no detalla si será de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.

Según explicó este lunes el ministro de Seguridad de Kast Martín Arrau en el programa Tolerancia Cero, de CNN, la medida está pensada para “intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas” para ciertas zonas “donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración”. Añadió que la Administración considera que se necesitan “facultades extraordinarias para restringir la movilidad, poner toques de queda y saber qué comunicaciones, o cuando uno hace este anuncio, bajar las comunicaciones de ese tipo de grupos. Estamos pensando en polígonos bastante más acotados, dependiendo de lo que sea, y de otros más amplios”.