La detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, legisladores y defensores de migrantes, luego de que autoridades estadounidenses confirmaran que permanece bajo custodia migratoria mientras avanza un proceso de deportación, a pesar de contar con una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente.
Coral fue arrestado esta semana por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona. El caso ha adquirido relevancia internacional debido a las denuncias sobre una posible motivación política detrás de la detención y al riesgo que, según sus defensores, enfrentaría si fuera enviado de regreso a Colombia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el activista permanecerá detenido mientras continúan los procedimientos migratorios. La dependencia sostuvo que Coral permaneció en Estados Unidos después del vencimiento de su visa y lo calificó como una persona que se encuentra en el país sin autorización migratoria vigente.
Sin embargo, organizaciones que han acompañado su proceso legal aseguran que el colombiano mantenía una solicitud de asilo activa basada en presuntas amenazas de muerte, intimidaciones y persecución política sufridas en su país de origen.
Organizaciones alertan sobre riesgos para su seguridad
La organización Washington Office on Latin America (WOLA), que ha respaldado el caso de Coral desde 2020, expresó su preocupación por las consecuencias que podría enfrentar el activista en caso de ser deportado. Gimena Sánchez, directora para la Región Andina de WOLA, señaló que Coral ha sido objeto de amenazas debido a sus posiciones políticas y advirtió que su retorno a Colombia podría representar un peligro significativo para su integridad física.
La organización envió una carta al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, solicitando una intervención diplomática urgente. Entre las peticiones se incluye una visita consular al centro de detención donde permanece Coral y consultas formales ante el Departamento de Estado para esclarecer si esa dependencia tuvo alguna participación en la orden de captura.
La solicitud surgió después de que trascendiera que uno de los agentes involucrados en el arresto habría mencionado que la orden provenía, supuestamente, de instancias vinculadas al Departamento de Estado. Hasta el momento, esa dependencia no ha emitido comentarios públicos sobre la acusación.
Crecen cuestionamientos sobre posibles motivaciones políticas
La controversia aumentó debido a que la detención ocurrió pocos días después de que Coral participara en una protesta política realizada en Miami y difundida a través de redes sociales. La manifestación estuvo dirigida contra el candidato presidencial colombiano de derecha, Abelardo de la Espriella.
Horas antes de conocerse el arresto, De la Espriella publicó un mensaje en redes sociales en el que hacía referencia a las políticas de revocación de visas impulsadas por funcionarios estadounidenses. Aunque no mencionó directamente a Coral, el mensaje fue interpretado por algunos sectores como una señal política relacionada con el caso.
La situación también provocó reacciones en Washington. El congresista demócrata Jim McGovern manifestó estar profundamente preocupado por la detención del activista colombiano, recordando que Coral es solicitante de asilo y que, mientras su caso se encuentra en trámite, cuenta con derechos procesales que deben ser respetados.
McGovern pidió transparencia sobre las circunstancias del arresto y expresó inquietud por las denuncias de una posible coordinación entre actores políticos colombianos y funcionarios estadounidenses. De comprobarse tales señalamientos, advirtió, podría tratarse de un caso de represión transnacional.
Mientras continúan las gestiones diplomáticas y legales, Coral permanece recluido en un centro de detención migratoria a la espera de nuevas decisiones de las autoridades estadounidenses. Su caso se suma a un creciente debate sobre los límites de las políticas migratorias, la protección de solicitantes de asilo y las garantías al debido proceso en Estados Unidos.
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