El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley que impedirá a las fuerzas de seguridad usar guantes capaces de aplicar descargas eléctricas durante sus intervenciones. La prohibición incluye a agentes locales, estatales y federales que operen en el estado.
La nueva norma comenzará a aplicarse en 2027 y permanecerá vigente hasta 2030. Durante ese periodo, California analizará los posibles riesgos relacionados con este tipo de dispositivos.
La decisión ocurre después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avanzara con la compra de este equipo para sus agentes. La agencia otorgó un contrato de casi $17 millones de dólares para adquirir 6,000 pares de guantes, diseñados para ayudar a controlar a personas que presenten resistencia física.
El anuncio generó preocupación entre legisladores de California, especialmente por la posibilidad de que los dispositivos sean utilizados durante operativos migratorios.
California ordena investigar los riesgos
La legislación fue impulsada por la asambleísta demócrata LaShae Sharp-Collins, quien planteó la necesidad de detener temporalmente el uso de los guantes mientras se obtiene mayor información sobre sus efectos.
Como parte de la nueva ley, el Departamento de Justicia de California deberá estudiar la seguridad de estos dispositivos y entregar un informe a los legisladores antes de 2029.
Sharp-Collins explicó que el objetivo es contar con evidencia antes de permitir nuevamente su utilización.
“Hay mucha inquietud y mucha incertidumbre”, dijo la legisladora. “Mucha gente tiene miedo”.
La asambleísta también mencionó un caso ocurrido en Kentucky en 2024, donde una familia sostiene que un hombre murió mientras estaba bajo custodia policial después de recibir numerosas descargas con una pistola Taser y guantes eléctricos. La acusación corresponde a la familia y no constituye, por sí misma, una conclusión judicial sobre lo ocurrido.
Newsom cuestiona la estrategia migratoria de Trump
Al firmar la legislación, Newsom vinculó la medida con el enfrentamiento que California mantiene con la administración del presidente Donald Trump por la aplicación de las leyes migratorias.
El gobernador acusó al gobierno federal de anteponer intereses políticos a la salud y seguridad de las familias estadounidenses y afirmó que California busca reforzar la supervisión sobre las operaciones migratorias dentro del estado.
La nueva ley se suma a otras iniciativas aprobadas este año en California relacionadas con los derechos de los inmigrantes, la cooperación con agentes federales de inmigración y las condiciones de los centros de detención.
El fenómeno no se limita a California. Un análisis de The Associated Press, basado en información del sistema de seguimiento legislativo Plural, contabilizó más de 100 proyectos de ley favorables a los inmigrantes aprobados en 17 estados con legislaturas controladas por demócratas. Una de las medidas más frecuentes busca limitar la colaboración de autoridades estatales y locales con funcionarios federales de inmigración.
La disputa podría terminar en los tribunales
El punto más delicado de la legislación es su aplicación a los agentes federales.
California ya tuvo un enfrentamiento judicial por una medida similar. A principios de este año, un juez federal bloqueó una ley que restringía el uso de cubiertas faciales por parte de agentes federales, al considerar que su alcance era demasiado selectivo porque incluía a determinadas fuerzas de seguridad y excluía a los agentes estatales.
Los legisladores posteriormente aprobaron una nueva versión de esa legislación, que fue promulgada por Newsom.
Ahora, los guantes eléctricos podrían generar otro conflicto entre el estado y Washington.
Kevin Johnson, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, señaló que los tribunales podrían determinar que California no tiene autoridad para establecer qué equipo pueden utilizar los agentes federales mientras cumplen funciones bajo jurisdicción federal.
El especialista explicó que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos establece, de manera general, que la legislación federal prevalece cuando existe un conflicto con una norma estatal.
Los policías rechazan la prohibición
La legislación tampoco cuenta con el respaldo de buena parte de los grupos policiales de California.
Jim Cooper, sheriff de Sacramento y exlegislador estatal, cuestionó la decisión de prohibir los guantes eléctricos. Afirmó que estos dispositivos forman parte de las herramientas consideradas no letales que pueden utilizarse para controlar determinadas situaciones sin recurrir a armas de fuego.
Cooper sostuvo que eliminar una de esas opciones puede complicar el trabajo de los agentes.
“Cuando el gobierno federal hace algo, la legislatura estatal quiere prohibirlo”, afirmó durante una conferencia de prensa.
Una medida con efectos hasta 2030
La prohibición tiene un plazo definido y estará vigente hasta 2030. Mientras tanto, el gobierno de California deberá completar el estudio sobre la seguridad de los guantes y presentar sus resultados ante los legisladores.
El senador estatal Scott Wiener, demócrata de San Francisco y uno de los impulsores de las restricciones sobre el uso de cubiertas faciales por parte de agentes, también respaldó la nueva legislación.
La discusión, sin embargo, no termina con la firma de Newsom. Si el gobierno federal cuestiona la aplicación de la norma, los tribunales podrían tener que determinar hasta dónde llega la autoridad de California para regular el equipo utilizado por agentes federales dentro del estado.
Sigue leyendo:
Leave a Reply