Seis personas murieron en centros de detención migratoria de California en el último año, en medio del aumento de arrestos y deportaciones impulsado por la administración de Donald Trump. Así lo revela una investigación estatal difundida por CalMatters, que documenta hacinamiento, deficiencias médicas y denuncias de abusos dentro de instalaciones operadas para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El reporte, de 175 páginas, ofrece una de las radiografías más amplias realizadas hasta ahora sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de California. Las inspecciones fueron realizadas por el Departamento de Justicia (DOJ) estatal entre julio y noviembre de 2025 e incluyeron entrevistas con 194 personas provenientes de más de 120 países.
Cuatro de las muertes ocurrieron en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino, mientras que las otras dos se registraron en el Centro de Detención Regional Imperial, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
Centros saturados y falta de atención médica
El informe señala que el crecimiento acelerado de detenciones migratorias provocó un colapso en la capacidad de atención dentro de los centros.
De acuerdo con los investigadores estatales, la población detenida aumentó más de 150% desde el inicio del segundo mandato de Trump, mientras que muchas instalaciones no incrementaron su personal médico.
Uno de los casos más graves fue documentado en California City, donde había un solo médico para casi mil detenidos.
Algunos inmigrantes denunciaron que sobrevivían con comida insuficiente, baños sucios y temperaturas extremadamente bajas. Otros describieron retrasos prolongados para recibir atención médica o psicológica.
“Esto es cruel, inhumano e inaceptable”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y aseguró que los centros son supervisados regularmente para garantizar el cumplimiento de estándares federales.
Denuncias de abusos y presión política
La investigación también documenta denuncias de acoso, registros corporales humillantes y uso de gas pimienta dentro de algunos centros.
En Otay Mesa, San Diego, mujeres detenidas aseguraron sentirse “violadas” tras ser sometidas a revisiones corporales frente a agentes masculinos. El informe afirma que varias personas dejaron de recibir visitas familiares para evitar esos procedimientos.
El caso de “Loba”, una mujer transgénero originaria de El Salvador, también aparece en el reporte. La inmigrante aseguró haber sufrido hostigamiento y acoso mientras permanecía en dormitorios masculinos dentro del centro de California City.
Según CalMatters, California tiene actualmente la tercera mayor población detenida por ICE en el país, solo detrás de Texas y Luisiana.
La presión política también aumentó. Legisladores demócratas impulsan nuevas leyes para endurecer la supervisión de los centros privados de detención y limitar su operación dentro del estado.
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