Un nuevo informe de las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) encendió las alarmas sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos al documentar un aumento significativo de fallecimientos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
De acuerdo con el reporte, al menos 52 personas han muerto bajo custodia de ICE desde enero de 2025, una cifra que representa la tasa de mortalidad más alta registrada en casi dos décadas y que supera incluso los niveles observados durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19.
Los investigadores concluyeron que el incremento de las muertes no puede atribuirse únicamente al aumento de la población detenida. Aunque el número de inmigrantes recluidos creció de aproximadamente 40,000 a más de 71,000 personas en un año, un aumento de 77%, la tasa de mortalidad se elevó en 140%, según el análisis.
Brian Root, asesor principal de tecnología y derechos humanos de HRW y uno de los autores del estudio, sostuvo que la tendencia refleja problemas más profundos dentro del sistema de detención migratoria. El informe, titulado “Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos”, revisó registros de fallecimientos ocurridos entre 2015 y junio de 2026, además de realizar análisis médicos especializados de los casos registrados durante el primer año de la actual administración.
Señalan deficiencias en la atención médica
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio apunta a posibles fallas en la atención médica brindada a las personas detenidas. Médicos de Physicians for Human Rights analizaron 39 de las muertes ocurridas durante el primer año del actual mandato presidencial y encontraron indicios de atención tardía o insuficiente en varios casos.
Entre ellos destaca el de Maksym Chernyak, un ciudadano ucraniano de 44 años que sufrió un accidente cerebrovascular mientras permanecía bajo custodia migratoria. Según el informe, el personal del centro de detención no reaccionó adecuadamente ante señales evidentes de una emergencia médica, y el retraso en su traslado a un hospital especializado pudo haber contribuido a su fallecimiento.
Otro caso citado es el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, un ciudadano mexicano de 32 años que murió después de haber sido diagnosticado con COVID-19 y permanecer 12 días en aislamiento. Sus familiares continúan solicitando información detallada sobre las circunstancias de su muerte.
Las organizaciones también expresaron preocupación por el incremento de aparentes suicidios dentro de las instalaciones migratorias. Entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron siete casos, frente a uno reportado durante todo 2024.
Cuestionan transparencia y supervisión
El informe también critica la falta de transparencia de ICE respecto a las muertes ocurridas bajo su custodia. Según HRW y PHR, la agencia suele proporcionar información limitada y, en algunos casos, retrasa la divulgación de datos pese a que las normas federales exigen reportar públicamente una muerte en un plazo de 48 horas y ofrecer información más detallada dentro de los 30 días posteriores.
Katherine Peeler, profesora de Pediatría de la Facultad de Medicina de Harvard y coautora del estudio, afirmó que las restricciones en el acceso a registros dificultan que el Congreso, las familias y el público puedan ejercer una supervisión efectiva sobre la agencia.
Las organizaciones sostienen que los casos documentados plantean interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos, particularmente aquellas relacionadas con la protección de la vida y el acceso oportuno a atención médica para personas bajo custodia estatal.
El informe atribuye el deterioro de la situación tanto a problemas estructurales de larga data dentro del sistema de detención migratoria como a políticas recientes que han ampliado el uso de la detención obligatoria y aumentado significativamente la población recluida. Asimismo, insta al Congreso y al Departamento de Seguridad Nacional a fortalecer los mecanismos de supervisión, mejorar la atención médica y garantizar una mayor rendición de cuentas sobre cada muerte ocurrida bajo custodia federal.
Sigue leyendo:
Leave a Reply