Las condiciones de atención médica en el Centro de Procesamiento de Inmigración de California City, el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, volvieron a quedar bajo escrutinio. Un monitor independiente designado por un tribunal federal concluyó que la instalación incumplió la orden judicial que la obligaba a garantizar servicios médicos adecuados para las personas inmigrantes detenidas.
De acuerdo con información publicada por The Hill, el médico Muthusamy Anandkumar, nombrado por la jueza federal Maxine M. Chesney, detectó múltiples fallas estructurales tras una inspección realizada durante tres días, en la que revisó expedientes clínicos, entrevistó a trabajadores y analizó documentación proporcionada tanto por ICE como por la empresa CoreCivic, encargada de operar el centro.
Escasez de personal y atención insuficiente
El informe de ACLU concluye que la instalación carece del personal médico necesario, enfrenta problemas de supervisión y no cuenta con mecanismos eficaces para detectar y corregir fallas en la atención sanitaria.
Además, señala que parte del personal fue incorporado a sus funciones sin concluir su capacitación debido a la falta de trabajadores disponibles, situación que, según el especialista, incrementa el riesgo para pacientes con enfermedades físicas y problemas de salud mental.
“Dado el número de pacientes y la gravedad de sus necesidades médicas y de salud mental, estas importantes deficiencias contribuyen a crear un entorno inseguro”, escribió Anandkumar en su informe.
El especialista también advirtió que el centro no dispone de un sistema confiable para dar seguimiento continuo a los tratamientos, lo que podría derivar en daños inmediatos y de largo plazo para las personas bajo custodia.
ICE y CoreCivic responden al informe
En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio señalado que ningún detenido es privado del acceso a servicios médicos y afirmó que las instalaciones de ICE son auditadas periódicamente para verificar el cumplimiento de los estándares nacionales.
Por su parte, Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, señaló que la empresa ya revisa las observaciones del monitor judicial y defendió el trabajo del personal médico.
“Nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, afirmó Gustin.
El caso podría derivar en nuevas acciones judiciales para garantizar que el centro cumpla con las condiciones mínimas de atención médica exigidas por la justicia federal.
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