El Gobierno de Javier Milei recorta el presupuesto y los salarios de las universidades públicas mientras, a la vez, cuestiona a los sindicatos docentes del sector por organizar medidas de fuerza e intima a las casas de estudios a garantizar las actividades educativas. La respuesta de la comunidad académica ha sido un nuevo paro que afecta a numerosas universidades, incluida la mayor de Argentina, la UBA, así como la convocatoria a una marcha federal para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada el año pasado y hasta ahora desconocida por el Ejecutivo ultra.
“Es perverso que se les destine a las universidades la mitad de los recursos y se les exija el normal funcionamiento. Empiecen por cumplir la ley”, reclamó Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que representa a las casas de estudios superiores del país.
El superávit fiscal alcanzado por el Gobierno de Milei se basa, en su mayor parte, en el ajuste de los fondos destinados a pensiones para jubilados, obras públicas, salud, educación y otras áreas y servicios a cargo del Estado. En el caso de las universidades nacionales, sus recursos han sufrido “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026”, según los cálculos del CIN. En el mismo lapso, los salarios del personal de las universidades enfrentaron “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”.
Los sindicatos de profesores y demás trabajadores universitarios están realizando huelgas, clases públicas y otras protestas desde el comienzo del año. Con apoyo de las autoridades académicas y de las federaciones estudiantiles, reclaman los aumentos salariales y presupuestarios previstos en la ley de financiamiento vigente, que contempla una actualización por inflación. La ley fue apoyada en el Congreso por un amplio consenso opositor. Milei la vetó y los legisladores la ratificaron.
“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país”, señaló el Ministerio de Capital Humano, del que depende el sistema educativo. En un comunicado, la cartera a cargo de la ministra Sandra Petovello agregó que “ha intimado a los rectores de las universidades nacionales a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes” que “son víctimas de los paros”. Les reclamó la puesta en marcha de “modalidades alternativas” para “recuperar el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones”.
Desde el CIN, los rectores le respondieron al Ejecutivo que “las universidades permanecen abiertas” y operando “en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias”. Pero advirtieron sobre “el flagrante incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la ley de financiamiento universitario”, de donde deriva “la situación de tensión que atraviesa el sistema”. Y destacaron que “las universidades nacionales no son la causa de esta crisis; son, por el contrario, instituciones que sostienen, con enorme esfuerzo cotidiano de su comunidad, el funcionamiento del sistema aun en un escenario de extrema precariedad como el actual”.
También los sindicatos de profesores y de trabajadores no docentes rechazaron la declaración del Gobierno y lo acusaron de llevar adelante, “desde el primer día de su mandato […], una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas”. “Pretende restringir el derecho constitucional de las y los trabajadores a ejercer su derecho a huelga y transferirnos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación”, agregaron los gremios Aduba, UTE, Feduba y Apuba, que llamaron a una huelga de 24 horas para este miércoles en la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras durante toda la semana se cumple un paro nacional organizado por la federación Conadu Histórica.
A su vez, todos los sindicatos de docentes y no docentes del país ratificaron la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei, para el 12 de mayo.
El Gobierno ultra se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario porque, sostiene, atentaría contra su objetivo de sostener el superávit fiscal. Este miércoles, ante las preguntas de legisladores opositores, el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, argumentó que “el Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever su fuente de financiamiento”, como estipula normativa previa, y que “no puede ejecutarse” al haberse incumplido esa “condición básica de operatividad”.
Las universidades nacionales han recurrido a la justicia y, en marzo pasado, obtuvieron un fallo de segunda instancia confirmando una medida cautelar que ordena actualizar y recomponer los salarios universitarios y las becas estudiantiles. El fallo original objetó el argumento del Gobierno y sostuvo que una ley posterior puede desplazar una anterior, incluso en cuestiones presupuestarias. El trámite judicial continúa abierto: el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario apelando ante la Corte Suprema y los tribunales federales aún no resolvieron si lo aceptan o rechazan.
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