El mercado de radiografías públicas en México está en el punto de mira de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). El organismo anunció que impondrá sanciones por 59,6 millones de pesos a las empresas Juama, Eseotres, SMC Soluciones Médicas Comercial y SME Soluciones Médicas Exportación y a seis personas por haberse supuestamente coludido para hacerse con licitaciones públicas de material para radiografías. La resolución de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) señala que las firmas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias para presentar propuestas. La conducta irregular se registró entre octubre de 2010 y diciembre de 2016. “Esta conducta implicó una afectación real para el sistema de salud público. El IMSS y el ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico entre 2024 y 2025, beneficiando a cerca de 15 millones de personas”, detalló la institución por escrito.
En un país donde se realizan más de 50.000 radiografías diarias en hospitales públicos, el mercado para las empresas del sector puede resultar muy atractivo. La investigación se remonta a 2023 bajo las riendas de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Después de años de pesquisas, audiencias y alegatos con las implicadas, el órgano antimonopolio ha resuelto imponer una sanción económica al considerar que la manipulación en el proceso de licitaciones supuso una colusión o práctica monopólica absoluta, una práctica ilegal en la Ley Federal de Competencia Económica. Los agentes económicos sancionados podrán defenderse contra esta sanción económica ante los tribunales especializados.
La Comisión ha argumentado que en el sistema de salud público mexicano, especialmente en regiones con acceso limitado a servicios médicos especializados, el uso de radiografías es fundamental para el diagnóstico temprano y oportuno de enfermedades. “Cuando las empresas se coluden para manipular las licitaciones públicas, no solo afectan las finanzas públicas, sino que también limitan el acceso de los mexicanos a servicios médicos esenciales, perjudicando a quienes dependen del sistema de salud”, indicaron por escrito, al presentar la investigación.
El sector salud ha sido uno de los más investigados por los órganos de competencia en México. En 2024, la extinta Cofece llevó ante los tribunales su primera demanda colectiva contra algunos distribuidores de medicamentos por limitar la distribución y la cantidad de fármacos surtidos en farmacias, y por manipular los precios de venta al consumidor final durante más de 10 años. El órgano antimonopolio denunció a Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y a la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos. En ese entonces, la Cofece esgrimió que las involucradas ponían días en los que no les iban a surtir a las farmacias, o bien, acordaban cuál era el monto máximo de los descuentos o acordaban aumentar el precio de los medicamentos. El proceso, que exige una reparación del daño por más de 2.000 millones de pesos, sigue en los tribunales.
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