La muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado una fuerte ola de indignación en Maine, donde cientos de personas salieron a las calles para exigir justicia y pedir cuentas a la senadora republicana Susan Collins, quien votó a favor de aumentar el presupuesto de la agencia migratoria.
Las protestas se concentraron frente a la oficina de la legisladora en Biddeford, ciudad donde ocurrió el operativo. En videos difundidos en redes sociales se observa a decenas de manifestantes coreando consignas como “Fuera ICE”, “Saquen a Susan Collins” y “Justicia para Joan Sebastián Guerrero”, mientras exigían una investigación independiente sobre lo ocurrido.
Collins, bajo presión tras respaldar a ICE
El enojo de los manifestantes no solo responde a la muerte del joven colombiano, sino también al voto de Collins por aprobar un paquete presupuestal que destinó $70,000 millones al fortalecimiento del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante los próximos tres años.
Tras conocerse el fallecimiento, la senadora publicó un breve mensaje en redes sociales: “El tiroteo en Biddeford requiere una investigación completa e imparcial de lo sucedido. Según mi información, la policía de Biddeford ha asegurado el lugar y el FBI está investigando”.
Sin embargo, el posicionamiento fue recibido con críticas por parte de ciudadanos y organizaciones, quienes consideran que la legisladora debe responder también por haber respaldado el incremento de recursos para la agencia responsable del operativo.
Falta de cámaras corporales aumenta las dudas sobre el operativo
Uno de los puntos que más ha intensificado la polémica es que los agentes del ICE involucrados no portaban cámaras corporales, pese a que el Congreso aprobó recursos para equiparlos con esta tecnología.
El representante demócrata por Maine, Jared Golden, informó a través de X que habló con el secretario del DHS, Markwayne Mullin, quien le confirmó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la Fiscalía General de Maine investigan el caso.
Golden lamentó que los agentes no llevaran cámaras, ya que estas habrían permitido esclarecer con mayor rapidez lo sucedido.
“Desafortunadamente, los oficiales de ICE involucrados en este incidente aún no llevaban cámaras corporales, lo que podría haber ayudado a establecer los hechos necesarios. El Congreso aprobó fondos para esta tecnología en abril para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, pero el despliegue ha sido lento. El DHS necesita hacer de esto una prioridad”, escribió el congresista.
La ausencia de estos dispositivos ha reabierto el debate sobre la transparencia en los operativos de ICE, especialmente en un momento en que la agencia enfrenta un creciente escrutinio por el uso de la fuerza.
Mientras continúan las investigaciones del FBI, la Oficina del Inspector General del DHS y la Fiscalía General de Maine, la familia de Joan Sebastián Guerrero sigue exigiendo respuestas. De acuerdo con información difundida por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, el colombiano contaba con un Número de Seguro Social y tenía autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos, un dato que ha alimentado aún más el debate sobre las circunstancias en las que perdió la vida durante el operativo.
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