La muerte de un joven venezolano pocas horas después de haber sido deportado desde Estados Unidos ha abierto nuevos cuestionamientos sobre los protocolos de deportación, la comunicación con las familias y el trato que reciben los inmigrantes al regresar a sus países de origen. La historia de Daniel Alejandro Núñez Ramírez, de 28 años, ha conmocionado a organizaciones de derechos humanos y a decenas de familias venezolanas que hoy enfrentan la incertidumbre de tener parientes bajo custodia migratoria.
De acuerdo con un amplio reportaje publicado por El País, Daniel fue deportado desde Jacksonville, Florida, el 24 de junio, en un vuelo operado por GlobalX que trasladó a 146 venezolanos hacia Caracas. Horas después de su llegada, fue llevado junto con otros deportados al Hotel Santuario La Llanada, donde un terremoto provocó el colapso del inmueble.
Su madre, Oswadeliz Núñez, pasó cinco días buscándolo hasta encontrar su cuerpo en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira.
“Necesito que los próximos deportados sean tratados como personas”, expresó la madre al diario español.
Una deportación que terminó en tragedia
Daniel había emigrado primero a Perú y posteriormente a Estados Unidos, donde trabajaba en la construcción mientras esperaba la resolución de su caso migratorio. Según su madre, fue detenido por ICE cuando se dirigía a trabajar y posteriormente aceptó la deportación voluntaria ante la dificultad de continuar pagando abogados.
Antes de regresar, Daniel le confesó que la persecución migratoria se había vuelto insoportable.
“Me había dicho que iba a regresar porque la persecución del ICE era horrible; prácticamente tenía que vivir escondido”, recordó Oswadeliz.
Uno de los aspectos que más cuestiona la familia es que ICE nunca notificó oficialmente la fecha de la deportación. La última comunicación con Daniel fue una llamada de apenas cuatro minutos después de aterrizar en Venezuela. Horas más tarde ocurrió el terremoto que derrumbó el hotel donde permanecía bajo custodia de las autoridades venezolanas.
Familias piden cambios en las deportaciones
La madre sostiene que, de haber sido informada oportunamente, habría podido recibir personalmente a su hijo y evitar que permaneciera bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
También denuncia que las autoridades venezolanas retrasaron la entrega de información sobre los fallecidos y que debió recorrer hospitales, oficinas gubernamentales y finalmente una morgue improvisada para localizar el cuerpo de Daniel.
Según el medio antes citado, el gobierno venezolano aún no ha publicado una cifra oficial de víctimas entre los deportados afectados por el derrumbe. Mientras algunos reportes iniciales hablaban de 12 fallecidos, posteriormente comenzaron a circular cifras de hasta 32 muertos, sin confirmación oficial.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló a diversos medios que el vuelo llegó “sin incidentes” y recordó que, una vez que una persona deja la custodia de ICE, la agencia ya no es responsable de ella.
“Quiero que esto no vuelva a pasar”
Tras cremar los restos de su hijo, Oswadeliz asegura que ahora su objetivo es impulsar cambios en los procesos de deportación.
“Quiero luchar para cambiar la ley. Si una persona no tiene antecedentes penales, su familia debería poder recibirla directamente cuando sea deportada”, afirmó.
Mientras continúan las preguntas sobre lo ocurrido en Venezuela, la petición de una madre resume el reclamo de muchas familias: que quienes sean deportados vuelvan a casa con dignidad y no se conviertan en una estadística.
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