Las acusaciones constitucionales

Las acusaciones constitucionales son el último recurso que tiene el Congreso chileno para exigir responsabilidades políticas y constitucionales a ciertas autoridades del Estado. En la tradición chilena, este mecanismo nunca ha sido concebido para corregir errores de gestión ni diferencias programáticas. Para eso existen otros instrumentos: las interpelaciones, las comisiones investigadoras, la fiscalización parlamentaria y la responsabilidad administrativa.

De un tiempo a esta parte, sin embargo, los diputados han recurrido con demasiada frecuencia a esta herramienta, lo que no solo ha tensionado la relación entre el Legislativo y los otros poderes del Estado, sino que le ha restado valor e importancia. Usarla como mecanismo de venganza no es una buena idea. A nadie le conviene: ni al que está siendo acusado ni a los que, por haberlo acusado, pasarán a estar en la lista negra del bando contrario.

Ocurrió con los procesos contra Yasna Provoste y Harald Beyer, dos exministros de Educación llevados ante el Congreso más por razones políticas y coyunturales que constitucionales y de fondo. Estuvo cerca de pasar también con el expresidente Piñera, a quien la izquierda intentó destituir por esta vía como una forma de derrocarlo. En ese caso, el PC, el FA y parte del socialismo democrático recurrieron a este mecanismo luego de no haber podido sacar a Piñera por la “vía de los hechos” (basta recordar la declaración de la izquierda del 12 de noviembre de 2019).

Y ahora es el turno del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Tengo muchas y públicas diferencias con el manejo económico del Gobierno de Gabriel Boric, el cual sobrestimó ingresos, gastó muy por encima de sus posibilidades y le heredó una economía deteriorada a la actual administración. Pero de ahí a someterlo a este proceso me parece un despropósito, y ello por varias razones.

Primero, porque desdibuja el verdadero sentido del mecanismo: quedar reservado para situaciones excepcionales en que una autoridad haya incurrido en una infracción particularmente grave de sus deberes constitucionales. Segundo, porque polariza aún más a un Congreso ya suficientemente crispado. Tercero, porque desplaza materias bastante más urgentes. Y cuarto, porque los diputados tienden a mirar el corto plazo antes que el mediano y el largo, con la consiguiente erosión de la confianza ciudadana.

La Comisión Experta del segundo proceso constituyente advirtió este problema y, entre otras cosas, propuso exigir una etapa previa de fiscalización antes de activar este recurso contra un ministro. La lógica era simple: si existe un mecanismo menos drástico para esclarecer los hechos, ese debe usarse primero. De haberse aprobado esta y otras medidas, probablemente no estaríamos frente al caso Grau, el que, a decir verdad, carece de mayor sustento constitucional. Es, además, altamente probable que se caiga en el Senado y que, como tantas otras veces, se hayan gastado tiempo y recursos de manera innecesaria.

En estos días, algunos defensores de esta iniciativa han emprendido verdaderas cacerías de brujas contra los diputados de centroderecha que decidieron no respaldarla, tildándolos de cobardes y desleales. Cabe preguntarse: ¿no es precisamente valiente quien, con argumentos racionales y convincentes, se aparta del mandato de la tribu, sobre todo en un caso tan delicado como este?

Más todavía: considerando que entre 2016 y 2025 se ingresaron cerca de treinta de estos procesos y que solo cuatro prosperaron, ¿no será hora de que nuestros legisladores comprendan de una vez que este es un mecanismo excepcionalísimo, y que tratarlo como moneda corriente no solo lo vacía de sentido, sino que termina por debilitar al propio Congreso?