El Estado venezolano tardó 16 meses en confirmarle a Carmen Navas el paradero de su hijo, desaparecido desde que fue detenido el 1 de enero de 2025 en Caracas —con una caja de bombones para su madre— y que acabó en la cárcel del Rodeo, donde enfermó y finalmente falleció en un hospital. Tras el reconocimiento oficial de la muerte este jueves, en menos de 24 horas, las autoridades han exhumado el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, enterrado el pasado julio en una tumba compartida de un cementerio en las afueras de Caracas. Sin que nadie avisara a su madre, el cuerpo fue sepultado con una lápida de papel y una fecha de muerte distinta a la informada oficialmente.
La tarde de este viernes, la madre, de 82 años, reconoció el cuerpo de su hijo durante la exhumación realizada por la policía judicial venezolana. A Quero le realizaron la autopsia, un procedimiento que duró hasta casi el final de la tarde, como parte de la investigación que ordenó abrir el Ministerio Público el jueves. Los restos se los llevó Navas para darles sepultura en otro camposanto.
En sus redes sociales, la periodista Mayorin Méndez, que ha acompañado el caso de cerca como parte de un documental, contó que la madre se quitó las medias y pidió que se las pusieran al cuerpo, junto a la gorra con la que se cubrió del sol en las interminables horas de espera frente a la cárcel mientras buscaba a su hijo.
El camino de la investigación comienza ahora. “En teoría, se deberían determinar las responsabilidades. La señora Carmen Navas también es una víctima por todo lo que ha vivido”, dijo Stefanía Migliorini, abogada del Foro Penal que la asiste. Que el chavismo, a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, terminara de admitir en público lo que Navas ya presumía fue resultado de su presión sostenida y de una reunión que tuvo el domingo pasado con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato. Fue en esa oficina donde Navas se enteró de la noticia de boca del ministro Julio García Zerpa, quien rige el sistema carcelario desde junio de 2024.
Quero era un hombre alto, rubio, casi pelirrojo y fornido. El 1 de enero de 2025 esperaba reunirse con su madre para desearle feliz año. Le había comprado una caja de bombones de regalo. Pero fue interceptado en Plaza Venezuela, en el centro de la ciudad, por una comisión de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, la temida Dgcim, de hombres encapuchados vestidos de negro.
“A él lo metieron en la causa donde estaban todos los extranjeros”, presume Migliorini, aunque los expedientes de esas causas son clasificados, incluso para los defensores de los acusados. “Lo que hemos podido recabar es que lo detienen básicamente porque tiene rasgos de extranjero, como todos los que estaban agarrando presos en ese tiempo”.
Luego de las elecciones de julio de 2024, el aparato represivo del Gobierno aumentó la presión. En cualquier lado había un enemigo, y la detención de ciudadanos de otra nacionalidad —como los cinco turistas españoles, el profesor de yoga francés o el gendarme argentino— se convirtió en un patrón bien documentado. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, ha señalado que estos casos han sido usados como ficha de canje con países con los que el Gobierno tenía algún interés, práctica que llevó a que en los registros de presos políticos llegase a haber hasta cien extranjeros. Quero, por sus rasgos físicos, habría entrado en esa misma pesca, según Migliorini.
La abogada recuerda que hace semanas pidió al tribunal juramentarse como defensa de Quero. Le dijeron que no podía hacerlo porque el imputado ya había tenido una audiencia preliminar recientemente. “Cuando solicité la fecha, alegaron que por problemas en el sistema no podían informarla. Pero si es así, ¿cómo es que una persona muerta se presentó en una audiencia?”, pregunta Migliorini.
No sería la única actuación judicial en la que se obvió que Quero había fallecido. En octubre, la Defensoría del Pueblo le notificó a Navas en un documento que su hijo estaba detenido en el Rodeo, aunque ya llevaba tres meses muerto. La anomalía más reciente involucra al Tribunal Segundo de Control en Terrorismo, que esta semana negó la amnistía y alegó que los cargos contra Víctor Quero no entran en la ley —como si el acusado siguiera vivo.
La confirmación de la muerte de Quero ha puesto en evidencia un patrón que se viene denunciando en Venezuela desde hace años. Las desapariciones forzadas son una práctica común en el sistema represivo que el chavismo ha perfeccionado, y varios casos sustentan el expediente de la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
El de Carmen es el caso de muchas madres, esposas y hermanas de presos políticos. A la detención arbitraria, sin orden judicial, le sigue el limbo de la desaparición. Pueden ser horas, días, meses, y puede terminar en la muerte, como le pasó a Quero. El caso ha generado conmoción en un país que ha vivido de todo en los últimos meses. El Gobierno solo ha reaccionado a través de comunicados. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se ha referido al asunto.
La ONG Cofavic, que reúne a las víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos durante el Caracazo —el estallido social de 1989—, expresó su solidaridad con Navas. “No puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta de las autoridades. Exigir verdad y rendición de cuentas es una obligación ética y jurídica ineludible”, dijeron en un comunicado. El Observatorio Venezolano de Prisiones también ha exigido una investigación independiente.
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