Aunque la Corte Suprema de la nación falle en contra del gobierno de Donald Trump en el caso Trump v. Barbara para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante orden ejecutiva, todo es parte de una estrategia migratoria repleta de medidas con un efecto devastador sobre los niños, sean ciudadanos o indocumentados.
El fallo se espera en cualquier momento antes de que el máximo tribunal inicie su receso de verano.
Cuando se escucharon los argumentos a favor y en contra de la orden ejecutiva de Trump, los magistrados parecían inclinarse en contra de alterar por orden ejecutiva algo garantizado por la 14a Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, y que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. La enmienda se aprobó al final de la Guerra Civil para aclarar la ciudadanía de los esclavos recién liberados nacidos en Estados Unidos.
El presidente y su equipo argumentan que quienes nacen en Estados Unidos de padres indocumentados o de personas que están de paso como turistas, estudiantes o trabajadores temporales, no deben obtener la ciudadanía automática. De hecho, el USCIS preparó una guía explicativa de cómo se implementaría la orden ejecutiva.
La guía establece que hay dos grupos de niños nacidos en Estados Unidos que no se considerarían ciudadanos: aquellos cuya madre sea indocumentada y su padre no sea ni ciudadano ni residente permanente; y aquellos cuya madre tenga un estatus legal pero temporal, ya sea con visa de estudiante, trabajo o turista.
Estos bebés nacidos en Estados Unidos no podrían obtener tarjeta de Seguro Social o pasaporte y se considerarían indocumentados y sujetos a ser detenidos y deportados.
El hecho de que Trump y su equipo encabezado por su asesor más antiinmigrante, Stephen Miller, buscaron la forma de arrebatarle derechos a niños nacidos en Estados Unidos creando una subclase y una pesadilla jurídica y humanitaria, dice mucho sobre su nivel de crueldad y sobre su objetivo final que es redefinir lo que es ser estadounidense.
Ellos no aceptan los cambios demográficos y se han enfrascado en una especie de cruzada para “blanquear” una nación donde las minorías combinadas superarán a los anglosajones en poco más de 20 años. De hecho, ya está ocurriendo en jurisdicciones a través del país.
Trump, su equipo y sus seguidores creen que las minorías les quitan trabajos, beneficios y poder político y en eso han basado una guerra que han encabezado con los inmigrantes, según ellos para remover “criminales” y lo “peor de lo peor”, pero se han centrado en trabajadores vitales para nuestra economía.
Para removerlos los deslegalizan cancelando programas que les conceden permisos de trabajo y protección de la deportación, como el TPS. Los detienen y deportan aunque lleven décadas aquí y dejen atrás a sus hijos ciudadanos o los deportan con ellos; los encarcelan juntos en centros de detención bajo condiciones deplorables generando traumas y daños quizá irreversibles en muchos de estos niños. Ahora las deportaciones expeditas sin audiencia judicial pueden hacerse en todas partes del país, no únicamente en la frontera.
O les imponen trabas, como los retrasos en la renovación de permisos de trabajo para los beneficiarios de DACA con el riesgo de perder sus empleos y convertirse en blanco fácil de detenciones y deportaciones.
Trabas como el recién anunciado aumento de casi 80% en las peticiones de naturalización y eliminar la asistencia económica para que personas de escasos recursos no puedan solicitar la ciudadanía con los derechos que confiere, como poder votar.
De ahí derivan los intentos de minar la participación electoral de esas minorías y de alegar falsamente que hay un fraude electoral generalizado que justifica, por ejemplo, desplegar militares o agentes federales en centros de votación aunque sea ilegal.
Los tentáculos de estas políticas se extienden a los estados. The Washington Post informó que “a las familias de Tennessee con niños indocumentados que padecen enfermedades graves o discapacidades severas se les está pidiendo que tomen una decisión difícil: abandonar el programa estatal que paga los medicamentos y tratamientos que salvan vidas, o quedarse y que sus hijos sean denunciados ante las autoridades de inmigración”.
Según el diario, una nueva ley estatal impulsada por los republicanos exige verificar la situación migratoria de quienes reciban beneficios públicos, así se trate de niños con condiciones graves que no tienen otra opción que el programa estatal Children’s Special Services. Los padres han recibido cartas advirtiéndoles que abandonen el programa o serán reportados a una agencia estatal que colabora con las autoridades federales.
Una verdadera cruzada para borrar inmigrantes, minorías y hasta niños nacidos en Estados Unidos.
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