La llamada megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast cierra su trámite legislativo enredada en sus etapas finales por una pugna que ha divido al municipalismo chileno y que se debe resolver en los próximos días. Quedan pendientes las impugnaciones que se harán al Tribunal Constitucional y el potencial veto presidencial a indicaciones de la oposición que incomodan al oficialismo. El Gobierno de Kast, al igual que el de Javier Milei con la ley Ómnibus y el de Donald Trump con la H.R. 1 se anotará una victoria y será ley.
La estrategia ha sido la misma en Chile que en Argentina y Estados Unidos: ocupar mayorías coyunturales (un voto más en el Senado chileno) para comprometer cambios permanentes sin diálogos sustantivos con la oposición. Utilizan un paquete misceláneo que desregula, privatiza y desfinancia al Estado, comprometiendo amplios beneficios para los de arriba y recortes de servicios públicos para los demás como han advertido diversos organismos y como se materializará en la próxima discusión presupuestaria. Por eso el apuro en tramitarlo. En lenguaje político, pasaron la aplanadora. Y no es cualquier aplanadora.
En Chile, esta aplanadora integra una estrategia restauradora de una ideología sostenida en los principios del gremialismo formulado por Jaime Guzmán durante la dictadura: el anhelo de una sociedad uniforme y disciplinada, una economía altamente privatizada y una democracia mínima. Como señala Guido Arroyo en su reciente libro Animal Político, Guzmán fue el civil más influyente del régimen dictatorial y su asesinato en el inicio de la transición marca hasta hoy el debate nacional. Me parece poco conducente el debate de cuan ultra es el Gobierno de Kast. Es gremialista y es esa la principal característica que lo define.
El gremialismo chileno está dividido en varias facciones. En su origen, el gremialismo de Guzmán fue una reformulación del pensamiento conservador nacional que proponía una representación social corporativista: favorecer cuerpos intermedios afines (fuerzas de orden y seguridad, gremios empresariales y agrupaciones religiosas conservadoras) frente a la democracia de masas. Férreo anticomunista, criticó tanto a la Democracia Cristiana como a las formas “liberales” de la derecha y al nacionalismo económico tradicional. Quebró con Renovación Nacional en 1983 para fundar la UDI y representar el ideario gremial puro. Su cruzada era, en lo profundo, una apuesta de vanguardia en la contrarrevolución de Augusto Pinochet. Un virtual bolchevismo de derechas.
El gremialismo combinó conservadurismo moral y autoritarismo político con la reivindicación de una interpretación parcial de la sociedad civil, criticando el estatismo y el devenir “rojo” de la Iglesia Católica del Cardenal Silva Henríquez inspirada en la teología de la liberación y la Doctrina Social. Durante la dictadura, influyó decisivamente en la constitución de 1980 y apoyó las reformas neoliberales de los Chicago Boys que generaban resistencia en el mundo militar y la élite empresarial tradicional de ese entonces. El laboratorio chileno de la contrarrevolución tiene a Guzmán entre sus arquitectos. De este proceso se siente heredero el Gobierno de Kast, pretendiendo emular a Guzmán: un apasionado por la política que odiaba a los políticos.
Tres características sintetizan entonces el programa doctrinario de Guzmán: conservadurismo moral, autoritarismo político-social y doctrina económica neoliberal. Su herencia en la derecha chilena es evidente; un buen mapa del sector se logra al combinar estos elementos. En la actualidad, el dilema de las derechas puede entenderse como una combinación conflictiva de estos tres énfasis.
Así, la disputa por la hegemonía de la derecha que por años enfrentó a RN y la UDI y sus facciones conservadores y liberales dio paso a la disputa por el gremialismo, hoy escindido entre la UDI y Republicanos (conservadores y neoconservadores) y, en menor medida, los nacional libertarios. Basta recordar la polémica cuando la Secretaria General republicana Ruth Hurtado afirmó que Guzmán, de estar vivo, votaría por Kast. La candidata Evelyn Matthei, militante UDI contestó: “Lo que más me llama la atención es que alguien crea saber qué piensa una persona fallecida… yo por lo menos no soy médium”.
Parte de esta disputa se escenificó en la fallida acusación al exministro Nicolás Grau, la resistencia a la mesa de diálogo sobre la reforma promovida por la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, y el bullying sistemático a figuras del sector que piden más diálogo y menos trinchera.
Pero esto no está en el ADN gremialista original. Guzmán y la UDI en los años ochenta no se sumaron al acuerdo nacional de Sergio Onofre Jarpa y se mantuvieron fieles a la conducción con mano de hierro de Pinochet. El retorno sin competencia de Pablo Longueira a la UDI no es más que el reflejo de la necesidad de resistir en unidad el embate Republicano por la herencia de Jaime Guzmán.
Para la oposición el desafío es doblemente complejo. Por un lado, como ha refrendado la discusión de la megarreforma, no tiene mayorías en el Congreso para frenar la agenda restauradora, le cuesta elaborar una práctica unitaria y está fragmentada en diversos proyectos que no siempre dialogan constructivamente. Por otro, de no mediar un cambio de escenario, su rol de principal contradictor puede ser opacado por la disputa entre una derecha sin complejos y una derechita cobarde.
A esto debe sumarse la tensión que otros ejercen sobre el Gobierno de Kast: la ultra nacional libertaria de Johannes Kaiser y el pragmatismo facilista de Franco Parisi. Al tener ambos pretensiones presidenciales, manejar la justa distancia con el gobierno sin sumarse a él es otra fuente de tensión permanente, invisibilizando aún más los planteamientos de las fuerzas que gobernaron junto al presidente Gabriel Boric.
No se puede confiar solo en el error de los adversarios como fuente de aumento de adhesión al proyecto propio. Dada la diversidad de proyectos en disputa existentes, hay que ser capaz de diseñar y ejecutar una estrategia que permita volver a conquistar el territorio y construir fuerza social y política para los desafíos electorales de 2028 y 2029. Para enfrentar el programa restaurador del Gobierno, la oposición democrática del centro a la izquierda deberá, en el menor tiempo posible, mejorar su coordinación política en el Congreso, aumentar su presencia y densidad social en los territorios que gobierna y piensa disputar, reducir la fricción intra e interpartidaria y producir un nuevo programa de transformaciones que sea viable y enfrente el nefasto legado de reformas como la recién aprobada. Nada fácil y aún así impostergable.
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