Un tribunal federal dejó sin efecto las normativas del gobierno de Donald Trump que exigían a los empleadores el pago de una tarifa adicional de $100,000 dólares por cada nueva solicitud de visa H-1B, destinadas a profesionales extranjeros altamente calificados.
El magistrado Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal del Distrito Norte de California, otorgó este miércoles una medida cautelar parcial a favor de un grupo de empresas y organizaciones que impugnaron la tarifa.
Según consta en el fallo revisado por EFE, la Justicia determinó que el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias migratorias implementaron el cobro de manera irregular al omitir los procedimientos exigidos por la legislación federal.
La resolución inhabilita la aplicación de estas directrices y prohíbe a las autoridades migratorias exigir el monto hasta que no se complete un proceso formal de notificación y recepción de comentarios públicos, en estricto cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Arbitraria y caprichosa”: las fallas del Ejecutivo
En el dictamen, el magistrado concluyó que los demandantes demostraron que las dependencias gubernamentales actuaron de forma “arbitraria y caprichosa”, ya que impusieron la carga económica sin realizar un estudio previo de alternativas ni evaluar el impacto económico directo sobre los sectores y empresas afectadas.
Gilliam Jr. remarcó que el Ejecutivo incumplió su obligación legal de garantizar la participación pública previa, requisito indispensable para ejecutar la orden del mandatario, puesto que sin las regulaciones administrativas de las agencias la tarifa resulta inaplicable.
El gravamen de $100,000 dólares tuvo su origen en una proclamación firmada por el presidente el 19 de septiembre de 2025 y fue prorrogado recientemente hasta septiembre de 2027.
La Casa Blanca justificó la política como un mecanismo para erradicar el supuesto “abuso sistémico” dentro del programa de contratación de personal especializado.
La determinación del tribunal en California profundiza el choque en el sistema judicial estadounidense respecto a los límites de la política migratoria del Ejecutivo.
Mientras que una corte federal en Washington respaldó en 2025 la potestad presidencial para dictar la tarifa, los tribunales de Massachusetts y ahora California han invalidado de manera consecutiva los mecanismos normativos diseñados para su cobro.
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