La estrategia impulsada para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes enfrenta un nuevo revés. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea vender o transferir siete grandes instalaciones adquiridas por aproximadamente $700 millones, según un reporte publicado por The New York Times.
Las propiedades forman parte de un paquete de 11 almacenes comprados durante la gestión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por un costo cercano a los $1.000 millones. El objetivo era convertir estos espacios en centros para procesar y retener a miles de inmigrantes mientras avanzaban sus procedimientos migratorios o deportaciones.
Sin embargo, la llegada de Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambió el rumbo del proyecto. De acuerdo con el reporte, la nueva administración optó por frenar la expansión y revisar la viabilidad de varias de las instalaciones.
Un plan millonario que nunca despegó
Los almacenes fueron adquiridos tras una importante inyección de recursos federales derivada del paquete presupuestario conocido como One Big Beautiful Act, promovido por la administración de Donald Trump.
Según documentos gubernamentales citados por el diario, algunas de estas instalaciones estaban diseñadas para albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos cada una y funcionar como puntos estratégicos antes de la expulsión de inmigrantes del país.
Las propiedades se ubican en estados como Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Texas. Sin embargo, varias enfrentaron resistencia de comunidades locales, demandas judiciales e investigaciones gubernamentales que retrasaron o impidieron su puesta en marcha.
Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE durante la administración Biden, cuestionó la estrategia.
“Los almacenes han causado serios quebraderos de cabeza, con paralizaciones debido a litigios estatales, una investigación de la Inspección General y sin fecha de apertura a la vista”, declaró al periódico.
Investigación y cuestionamientos sobre el gasto
La decisión de desprenderse de parte de las instalaciones coincide con una investigación de la Oficina del Inspector General del DHS sobre las compras realizadas durante el proyecto.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió su política migratoria y aseguró que continúa buscando formas más eficientes de detener y expulsar a personas con antecedentes criminales.
“El DHS está actuando con rapidez para utilizar el espacio de detención existente en colaboración con nuestros socios estatales y del condado”, señaló la agencia en un comunicado.
Aunque ICE mantendrá algunos de los almacenes adquiridos, el futuro de los demás sigue siendo incierto.
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