HRW exige investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” por colombiano muerto a tiros por ICE

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La muerte del ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, ha generado una creciente ola de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, legisladores demócratas y el Gobierno de Colombia han solicitado investigaciones independientes para esclarecer lo ocurrido, mientras el caso se suma a otros incidentes recientes que mantienen bajo escrutinio las acciones de ICE.

Human Rights Watch (HRW) pidió este martes una investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” sobre el fallecimiento del joven de 26 años, quien recibió disparos de agentes federales durante un operativo realizado en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine.

De acuerdo con la organización, Durán Guerrero viajaba acompañado por su pareja y su hija de tres años cuando ocurrieron los hechos. ICE confirmó posteriormente que el colombiano no era el objetivo principal del operativo, el cual buscaba localizar a otra persona con una orden de deportación pendiente.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, sostuvo que los agentes abrieron fuego por motivos de seguridad pública, al considerar que el vehículo del colombiano representaba una amenaza durante la intervención.

Versiones enfrentadas mantienen abierto el caso

La explicación oficial ha sido cuestionada por organizaciones civiles y por testigos que aseguran que la secuencia de los hechos no coincide con la versión presentada por las autoridades federales. LatinoJustice calificó el caso como una “atrocidad contra los derechos humanos” y exigió una investigación independiente y transparente.

Su asesor jurídico para asuntos migratorios, Rex Chen, afirmó que el incidente refleja un patrón de actuaciones que, según la organización, afectan de manera desproporcionada a las comunidades inmigrantes y latinas.

El caso también provocó una reacción inmediata del presidente colombiano Gustavo Petro, quien calificó la muerte como un “asesinato” y pidió al Gobierno de Estados Unidos esclarecer los hechos. El mandatario solicitó además una rápida actuación del servicio exterior colombiano para acompañar a la familia y buscar responsabilidades legales.

La Embajada de Colombia en Washington informó que brinda asistencia consular a los familiares y que solicitó formalmente información al Departamento de Seguridad Nacional sobre las circunstancias del operativo.

Mientras tanto, la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantienen abiertas las pesquisas.

Crecen los llamados a revisar las operaciones de ICE

La muerte de Durán Guerrero ocurrió apenas una semana después del fallecimiento del migrante mexicano Lorenzo Salgado durante otro operativo de ICE en Houston, Texas, un caso que también ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios.

El Caucus Hispano del Congreso anunció que enviará una delegación a Houston para reunirse con testigos del caso Salgado y revisar las evidencias disponibles, mientras congresistas demócratas insisten en la necesidad de investigaciones independientes.

El líder del caucus, Adriano Espaillat, aseguró que buscarán respuestas sobre ambos incidentes y reiteró sus críticas al comportamiento de ICE durante los operativos migratorios. En paralelo, la familia de Johan Sebastián Durán inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios, legales y la repatriación de sus restos a Colombia.

En menos de 24 horas, la iniciativa superó los 100,000 dólares en donaciones, reflejando la amplia movilización de la comunidad en apoyo a sus familiares.

Los dos casos han reavivado el debate nacional sobre los protocolos de actuación de los agentes migratorios y el uso de fuerza letal durante operativos de cumplimiento de las leyes de inmigración, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

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