La campaña de detenciones y deportaciones de Donald Trump sigue viento en popa con sus terribles consecuencias, incluyendo las muertes bajo custodia de ICE.
Un análisis de la agencia noticiosa Reuters de información obtenida por el Deportation Data Project, encontró que “entre 2009 y 2024, los centros de detención migratoria de EEUU registraron una muerte al año por cada 3,848 detenidos y esa tasa se ha multiplicado a más del doble desde que Trump regresó al cargo (en 2025), llegando a aproximadamente una muerte por cada 1,630 personas, según datos preliminares hasta principios de junio”.
Desde enero de 2025 han fallecido 52 personas en los centros de detención. Inmigrantes, sus familiares, activistas y legisladores han denunciado las pésimas condiciones que prevalecen en estos centros, en particular, la falta de atención médica y psicológica, maltrato físico y emocional, así como alimentos en mal estado.
Según Reuters, 21 de las muertes “se descubrieron después de que el detenido ya hubiera fallecido o no respondiera”.
“Estos casos, que incluyeron 10 suicidios, son especialmente preocupantes, ya que podrían reflejar una falta de supervisión de la salud física y mental y de atención oportuna”, dijo Sanjay Basu, médico asociado de la Universidad de California en San Francisco, quien ha estudiado las muertes en centros de detención del ICE”.
Los malos tratos se extienden a niños y bebés. Otro análisis de MS Now y The Marshall Project encontró que “desde que la administración Trump llegó a la Casa Blanca el año pasado, al menos 500 bebés y niños pequeños han pasado parte de esa etapa crucial (de crecimiento) bajo la custodia de ICE”.
“El ICE ha aumentado drásticamente las detenciones de niños menores de 3 años, manteniendo a 25 de ellos bajo custodia en un día promedio entre enero de 2025 y marzo de este año”, agrega el reporte basado en datos obtenidos por el Deportation Data Project.
Las deplorables condiciones de estos centros han generado huelgas de hambre de inmigrantes detenidos en al menos cuatro estados.
En uno de esos centros, en Adelanto, California, legisladores piden que se investiguen represalias contra los huelguistas
La Opinión informó que un grupo de congresistas demócratas de California exigió “una investigación sobre los informes de que varios detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto sufrieron represalias por una huelga de hambre y por una reunión con miembros del Congreso a principios de este mes”.
Los representantes Pete Aguilar (CA-33), Judy Chu (CA-28) y Jimmy Gómez (CA-34) instaron al secretario del DHS, Markwayne Mullin, “a que aclare las acusaciones sobre los castigos denunciados y exigieron que los responsables rindan cuentas por el trato inhumano y las represalias contra los inmigrantes bajo custodia en Adelanto”.
El diario también indicó que “Kyon Shakeel Swaso, uno de los principales organizadores de la huelga de hambre que se lleva a cabo en el Centro de Detención de Adelanto, ha sido deportado a Belice tras una serie de traslados a distintos centros de detención en Texas y Luisiana”.
Siguen deportando a beneficiarios de DACA
La Opinión reportó que Jessica Treviño, beneficiaria de DACA originaria de Alamo, Texas, cuyo permiso de trabajo y amparo de la deportación son válidos hasta abril de 2027, fue detenida el 28 de diciembre de 2025 y deportada a México el 25 de marzo de 2026.
“La información, revelada por las organizaciones FWD.us y la Unión del Pueblo Entero (LUPE), señala que Treviño fue separada de sus tres hijos estadounidenses, de 16, 14 y 13 años, quienes actualmente están bajo cuidado de un familiar”, dice el artículo.
Todd Schulte, presidente de FWD.us indicó que “la administración debe tomar todas las medidas necesarias para que Jessica regrese inmediatamente a Estados Unidos y se reúna con sus hijos. DACA brinda protección contra la deportación, y la administración la engañó diciéndole que su estatus había expirado cuando no era así, con el fin de deportarla ilegalmente”.
Según el diario, “la petición sobre Treviño incluye facilitar su retorno e impedir que sea detenida una vez que pise suelo estadounidense, según información compartida por las organizaciones”.
Se calcula que entre 260 y 340 beneficiarios de DACA han sido detenidos bajo el gobierno de Trump y unos 90 han sido deportados
Los beneficiarios de DACA enfrentan severos retrasos en la renovación de sus permisos de trabajo. Muchos pierden sus empleos y también quedan vulnerables a ser detenidos, aunque como ilustra el caso de Jessica, las deportaciones se dan aunque el permiso esté vigente.
Y es que la administración Trump aprovecha un reciente fallo de la Junta de Apelaciones Migratorias que determinó que ser beneficiario de DACA no garantiza automáticamente estar protegido de la deportación.
El gobierno también detiene a solicitantes de asilo
La Opinión también reportó que “la detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, legisladores y defensores de migrantes, luego de que autoridades estadounidenses confirmaron que permanece bajo custodia migratoria mientras avanza un proceso de deportación, a pesar de contar con una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente”.
“El caso ha adquirido relevancia internacional debido a las denuncias sobre una posible motivación política detrás de la detención y al riesgo que, según sus defensores, enfrentaría si fuera enviado de regreso a Colombia”, agrega el diario.
Demócratas quieren garantizar que no se desplieguen agentes migratorios y militares en centros de votación
Aunque es ilegal que militares u otros agentes federales intervengan en las elecciones, Trump sigue insinuando que sería una posibilidad, pues asegura falsamente que las elecciones están amañadas y que los no ciudadanos votan ilegalmente.
Pero los demócratas temen que el presidente recurra a tácticas de intimidación de votantes.
Según La Opinión, un grupo de senadores demócratas impulsa el proyecto de Ley de Protección de los Centros de Votación que “busca reforzar la legislación vigente que restringe el despliegue de fuerzas militares y agentes federales armados en los centros de votación, al cerrar cualquier laguna legal que el gobierno de Trump busque utilizar para sus fines”.
Cita de la semana:
“El presidente Trump está considerando abiertamente enviar agentes federales armados a nuestras escuelas, iglesias, estaciones de bomberos y otros centros de votación… Ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a usar y abusar de todo el poder del gobierno federal para intimidar y perjudicar a los estadounidenses, castigar a sus oponentes y salirse con la suya. Y eso es precisamente lo que intenta hacer este noviembre, porque teme rendir cuentas”, dijo la senadora demócrata de Wisconsin, Tammy Baldwin, patrocinadora del proyecto Protect our Polls Act.
Sigue leyendo:
Leave a Reply