La familia de Renee Good, la ciudadana estadounidense de 37 años de edad que murió baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota el 7 de enero de este año, presentó dos demandas contra el gobierno de Estados Unidos y los funcionarios ligados a la política migratoria de la administración.
La muerte de Renee Good en medio del operativo Metro Surge en Minneapolis plasmó la violencia y los excesos de la política migratoria de la administración Trump evidenciando que ni los ciudadanos estadounidenses están exentos de convertirse en víctimas fatales.
La Opinión informó que “de acuerdo con Reuters, las demandas alegan negligencia y violaciones de derechos civiles”. “De acuerdo con documentos citados también por CBS Minnesota, una de las acciones legales señala directamente al gobierno estadounidense por la muerte de Good y plantea acusaciones de homicidio culposo bajo la legislación de Minnesota, además de agresión, detención ilegal, daño emocional y negligencia”, dice el artículo.
“La segunda demanda identifica como demandados, entre otros, al agente de ICE Jonathan Ross, así como a funcionarios de alto nivel vinculados con la política migratoria de la administración Trump. Los familiares sostienen que existió una conspiración para interferir con derechos civiles y acusan a funcionarios de promover acciones contra determinadas comunidades y quienes las apoyaban”, agrega la nota.
La muerte de Good y posteriormente la de Alex Pretti, otro ciudadano estadounidense baleado por un agente de ICE por la espalda mientras se encontraba en el suelo neutralizado por los agentes, marcaron un antes y un después en la percepción del público en torno a la maquinaria de detenciones y deportaciones de Trump que presuntamente se centraría en criminales y “lo peor de lo peor”, pero se ha llevado por delante a padres, madres, trabajadores, estudiantes e incluso personas con procesos activos de ajuste migratorio y de asilo.
De hecho, tras las muertes de Good y de Pretti, y las muertes de inmigrantes como Lorenzo Salgado Araujo en Texas, y Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine a manos de agentes de ICE, los sondeos se han mantenido estables con los estadounidenses catalogando la política migratoria de Trump de ir “demasiado lejos”. El tema de los excesos de ICE forma parte de los asuntos que parecen influir a los electores en las próximas elecciones intermedias del 3 de noviembre.
ICE restringe detenciones de tránsito
“Desde ahora, los agentes de ICE no pueden participar en persecuciones vehiculares a alta velocidad y solo podrán realizar detenciones de vehículos si han completado una capacitación especial, según nuevas directrices internas emitidas después de que varios conductores fueran baleados en enfrentamientos con agentes de esa entidad”, reportó la agencia de noticias Associated Press.
“En un memorando enviado a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE y obtenido por The Associated Press se les advierte que no están autorizados en ninguna circunstancia a perseguir vehículos que no se detengan. En su lugar, los agentes deben anotar la información de los vehículos para una investigación posterior, de acuerdo con el memorando firmado por el director ejecutivo asociado del ICE, Marcos D. Charles, y fechado el miércoles”, dice el artículo.
“La nueva orientación llega después de que las detenciones de vehículos iniciadas por el ICE se han complicado cuando los conductores se han negado a cooperar o han intentado huir. Los agentes han disparado sus armas en más de una docena de estos encuentros desde el año pasado, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a varias más”, agrega la nota.
¿Qué pasa con el TPS de los salvadoreños?
POLITICO reportó que mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se aprestaba a cancelar el TPS para más de 170,000 salvadoreños, la propia Casa Blanca frenó la medida a último minuto.
“Este tira y afloja, del que no se había informado anteriormente, pone de relieve las corrientes encontradas entre las que la administración intenta navegar a cinco semanas de unas elecciones en las que algunos de los partidarios más leales del presidente Donald Trump temen que se haya ablandado, mientras que muchos independientes y votantes hispanos de Trump insisten en que ha ido demasiado lejos”, señala el artículo.
“El caso de El Salvador ha puesto de relieve esas tensiones que enfrentan a los intereses empresariales con los partidarios de una línea dura en materia de inmigración, en el contexto de una reñida carrera por el Senado en Texas, que cuenta con la segunda mayor población salvadoreña de Estados Unidos”, agrega la nota.
En otras palabras, quieren evitar el tema en medio de las elecciones.
La política migratoria de Trump no solo ha resultado en muertes y en la deportación de inmigrantes de larga residencia en Estados Unidos y sin historial delictivo. También le arrebata mano de obra a industrias centrales de nuestra economía.
De los 170,000 beneficiarios salvadoreños del TPS, 152,000 ya integran la fuerza laboral de Estados Unidos: 36,000 en la construcción, 23,000 en el transporte y 18,000 en la manufactura, por nombrar algunos.
También aportan $5,400 millones de dólares al año a la economía, pagan $1,500 millones de dólares en impuestos, y envían remesas a El Salvador. Las remesas de la diáspora salvadoreña representan casi el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.
Corte Suprema revisará las detenciones indefinidas
La Opinión reportó que “la Corte Suprema aceptó revisar una de las principales disputas legales sobre la política migratoria de la administración de Donald Trump: si el gobierno puede mantener detenidos a ciertos inmigrantes sin permitirles una audiencia para solicitar libertad bajo fianza mientras sus casos de deportación siguen en los tribunales”.
“De acuerdo con AP, el caso determinará si personas que llevan años viviendo en Estados Unidos pueden ser sometidas a detención obligatoria después de ser arrestadas por las autoridades migratorias”, informa el diario.
Cita de la semana:
“Al agente de ICE que se llevó a mi madre: espero que valiera la pena…No puedo soportar más injusticias en este mundo”. Esto lo escribió el joven Samuel Gonzalez Terrones, quien se suicidó dos meses después de la detención de su madre por ICE en California tras 33 años de vivir en Estados Unidos y no tener historial delictivo.
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