El Instituto Nacional Electoral ha identificado la probabilidad de un colapso en las elecciones de 2027 y, en un documento entregado a la Cámara de Diputados, ha demandado una reforma a la Constitución y las leyes para aplazar la elección judicial prevista para el próximo año. El objetivo es no empatarla con la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, ayuntamientos en 30 entidades y 31 congresos locales, pues esto implicaría saturación de sus sistemas, complejidades logísticas y tecnológicas y un impacto directo en la calidad de los comicios.
En caso de no aprobarse esta reforma, la ciudadanía tendría que acudir a dos centros de votación distintos el domingo 6 de junio de 2027. Y no solo eso, el INE tendría que instalar más de 353.000 casillas, el doble de las previstas para una elección ordinaria, y capacitar a más de 3,1 millones de ciudadanos para fungir como funcionarios de mesa receptora del voto. Es decir, se tendría que duplicar la estructura electoral que se despliega en los comicios, lo que implicaría un gasto adicional de 2.000 millones de pesos, según cálculos de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
El llamado del INE ha sido escuchado por los coordinadores de los seis partidos políticos representados en el Congreso en una reunión celebrada este miércoles, y coincide con el planteamiento hecho por los legisladores morenistas Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral, entre otros, quienes presentaron una iniciativa de para modificar la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, en la que se establecieron los tiempos para la elección de los jueces por voto popular. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ha expresado su respaldo a dicha iniciativa, pero ha advertido que el Congreso tiene sólo 17 días para aprobarla, pues existe un límite constitucional para modificar las leyes electorales 90 días antes del inicio legal de un proceso electoral, y este vence el 3 de junio.
No es la primera vez que el oficialismo discute la posibilidad de modificar el calendario de la elección judicial. A principios del año, durante las negociaciones de la reforma político-electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, se habló de aplazarla; sin embargo, la presidenta decidió mantenerla en 2027 y adelantar su revocatorio de mandato al mismo año, lo que fue rechazado por sus partidos aliados. Al final, la reforma electoral falló y no movió los calendarios. Ante la necesidad de darle más certeza a la elección, y la presión de sectores productivos que demandan un proceso más transparente y juzgadores más profesionales, los legisladores de Morena han retomado la discusión con una iniciativa que no solo sugiere mover el proceso a 2028, sino modificar los comités de selección de candidaturas, simplificar la boleta electoral y corregir otras deficiencias detectadas en la elección judicial de 2025.
En un robusto documento entregado a los legisladores, el INE identifica complejidades para llevar a cabo ambos procesos el próximo año, de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal, que impactarían la planeación y desarrollo de todas las etapas del proceso electoral 2026-2027, pues a la elección de cargos legislativos federales, y los cargos locales, se estaría sumando la elección de cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito a nivel nacional; además de jueces y magistrados locales en 24 entidades.
Todo ello implica, además, que la ciudadanía tendría que acudir a una casilla a elegir a sus diputados federales, gobernador, diputados locales y ayuntamientos, y a otra mesa a emitir su voto por los cargos del Poder Judicial, pues la Constitución prevé que cada proceso transcurra en centros de votación distintos y con diferentes funcionarios de casilla. Además, el INE alerta sobre los problemas para la producción y distribución de materiales, la impresión de más de 985 millones de boletas electorales, el desarrollo de sistemas para el flujo de los resultados, la recolección de los paquetes electorales al final de la jornada electoral y el cómputo de los votos, que debe hacerse en los 300 consejos distritales federales y en cientos de consejos locales.
“A partir del análisis, se concluye la pertinencia de modificar la fecha de la jornada electoral del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación al primer domingo de junio de 2028, en vez del 2027″, concluye el documento del INE, de casi 200 páginas, y que analiza rubro por rubro los costos de cada fase del proceso electoral.
La consejera presidenta ha dicho que llevar a cabo la elección judicial en 2027 podría costar 8.000 millones de pesos, adicionales a los 13.000 millones de pesos que se calcula pueda costar la elección de cargos legislativos y ejecutivos locales, mientras que llevarla a cabo en 2028 costaría 6.000 millones de pesos.
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