La administración Trump dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes al adquirir dos de los centros más grandes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La operación, valuada en $1,500 millones, permitirá que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sea propietario de ambas instalaciones, aunque la empresa privada CoreCivic continuará administrándolas.
La información fue publicada por CalMatters, que detalla que la compra forma parte de un plan federal para fortalecer la infraestructura migratoria en medio del incremento de recursos destinados al control fronterizo durante la administración del presidente Donald Trump.
El gobierno amplía su infraestructura de detención
La operación incluye el Centro de Detención de Otay Mesa, en el condado de San Diego, con capacidad para 1,994 personas, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, que cuenta con 2,560 camas.
De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el gobierno federal pagó $739.2 millones por Otay Mesa y $732.6 millones por California City.
Pese al cambio de propietario, CoreCivic seguirá a cargo de la operación cotidiana de ambos centros bajo los contratos vigentes con ICE, aunque la empresa reconoció que las condiciones podrían renegociarse ahora que el gobierno es dueño de las instalaciones.
Además, la compañía estima obtener ingresos netos cercanos a $1,100 millones tras concretar la venta.
La compra genera críticas y cuestionamientos
La adquisición ocurre en un contexto de fuerte inversión federal en materia migratoria. El presupuesto aprobado para 2025 contempla cerca de $170,000 millones para el DHS, de los cuales $45,000 millones están destinados específicamente a ampliar la capacidad de detención de migrantes hasta 2029.
Sin embargo, organizaciones civiles y autoridades locales advirtieron que el cambio de propietario no resuelve las denuncias sobre las condiciones dentro de los centros.
El senador demócrata Alex Padilla, quien ha visitado ambas instalaciones, reiteró su preocupación por la situación de las personas detenidas.
“Demasiadas personas que no representan ninguna amenaza para la seguridad pública permanecen en condiciones inaceptables, con acceso insuficiente a atención médica, asesoría legal, agua potable y alimentos nutritivos”, afirmó Padilla en un comunicado.
Por su parte, la supervisora del condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, cuestionó el acuerdo al considerar que fortalece la política de detención migratoria.
“Esta es la agenda de detención masiva de Trump, que se está volviendo más grande, más permanente y más costosa, con CoreCivic obteniendo una ganancia de $1,100 millones mientras sigue administrando las instalaciones”, señaló.
Persisten las disputas legales
El Centro de Detención de Otay Mesa enfrenta un litigio por las inspecciones sanitarias realizadas por autoridades locales, mientras que el complejo de California City continúa bajo una demanda relacionada con presuntos permisos de operación pendientes.
La abogada Grisel Ruiz, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, sostuvo que la venta no modifica las obligaciones legales de la empresa.
“La venta al DHS no cambia el hecho de que CoreCivic debe seguir operando legalmente las instalaciones”, declaró.
Asimismo, CoreCivic confirmó que mantiene conversaciones preliminares con ICE para vender otros centros de detención al gobierno federal, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo.
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