El Departamento de Justicia (DOJ) anunció cargos federales contra 15 integrantes y colaboradores del grupo Direct Action Minnesota (DAMN), acusados de participar en una presunta campaña coordinada para interferir con operaciones migratorias federales, acosar a agentes de inmigración y obstaculizar el trabajo de las fuerzas del orden durante redadas realizadas en el área metropolitana de Minneapolis.
De acuerdo con una acusación formal presentada en el Distrito de Minnesota, los señalados enfrentan diversos cargos que incluyen conspiración para obstaculizar a funcionarios federales, acoso interestatal, amenazas interestatales, agresión contra agentes federales, incitación a cometer actos violentos y destrucción de propiedad gubernamental.
Las autoridades informaron que 12 de los acusados fueron arrestados durante una operación coordinada realizada en las últimas horas por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Dos permanecen prófugos y otro ya se encontraba bajo custodia federal por asuntos distintos.
El fiscal federal Daniel N. Rosen afirmó que la investigación se centró en una red de activistas que, según el gobierno, desarrolló tácticas organizadas para impedir la aplicación de las leyes migratorias federales. “Los acusados están siendo procesados por sus acciones y no por sus opiniones políticas”, sostuvo Rosen durante una conferencia de prensa en Minneapolis.
Acusaciones ligadas a operativos migratorios
Según la acusación, Direct Action Minnesota se define como una coalición descentralizada que se opone a las operaciones federales de inmigración y promueve acciones directas para impedir detenciones y deportaciones.
Los fiscales sostienen que integrantes del grupo utilizaron bloqueos físicos, vigilancia de agentes, seguimiento de vehículos oficiales y sistemas de comunicación cifrada para interferir con actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La investigación detalla incidentes ocurridos entre enero y mayo de este año, incluyendo bloqueos alrededor del edificio federal Bishop Henry Whipple, sede de oficinas relacionadas con operaciones migratorias en Minneapolis.
Las autoridades alegan que algunos participantes emplearon remolques, barricadas improvisadas y estructuras metálicas para impedir el acceso de vehículos oficiales. También señalan que miembros del grupo habrían seguido a agentes federales fuera de sus lugares de trabajo y compartido información sobre sus movimientos mediante plataformas de mensajería encriptada.
Entre los hechos incluidos en la acusación figura un incidente en mayo en el que una activista presuntamente colisionó su vehículo contra el automóvil oficial de un agente federal. Otro acusado enfrenta cargos por supuestamente dañar un vehículo gubernamental y arrebatar documentos a funcionarios durante una operación.
Debate sobre Antifa y la protesta política
Las autoridades federales vinculan a varios de los acusados con colectivos antifascistas de Minneapolis, incluidos el Black Cat Workers Collective y el Ray Rainbolt Memorial Shooting Club. La acusación sostiene que algunos de estos grupos promovían tácticas de confrontación directa y entrenaban a activistas para intervenir en operativos de inmigración.
El caso surge en medio de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra organizaciones y movimientos identificados con la etiqueta “Antifa”, un término utilizado para describir una amplia red de colectivos antifascistas sin una estructura nacional centralizada.
Diversas organizaciones defensoras de derechos civiles y expertos han señalado anteriormente que Antifa funciona como un movimiento descentralizado más que como una organización formal. Incluso funcionarios federales han sostenido en el pasado que se trata principalmente de una corriente ideológica integrada por grupos independientes.
Las acusaciones también llegan después de la denominada “Operación Metro Surge”, una amplia movilización de agentes federales en Minnesota que provocó protestas y enfrentamientos entre activistas y autoridades migratorias.
Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que el caso forma parte de una estrategia nacional enfocada en investigar actos de violencia política y ataques contra agentes federales. No obstante, las autoridades recordaron que una acusación formal constituye únicamente una alegación. Todos los acusados mantienen la presunción de inocencia y deberán ser considerados inocentes hasta que su culpabilidad sea demostrada en un tribunal federal más allá de toda duda razonable.
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