La presión de organizaciones civiles obligó hace 14 años al presidente Barack Obama a crear el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), para proteger a los ‘Dreamers’, quienes ahora enfrentan la persecución de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Reportes de la organización United We Dream indican que la administración del presidente Donald Trump ha detenido a más de 300 personas con DACA, de las cuales ha deportado al menos a 90, mientras complica la defensa los detenidos.
Tal es el caso JeanCarlos Fiallos Manzanares, un residente en Miami Gardens, Florida, quien lleva un año en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, a casi 3,200 kilómetros de su hogar, en Florida, donde fue detenido tras dejar a uno de sus hijos con sus abuelos.
Otros casos han desatado movilizaciones de grupos de derechos civiles y defensores de inmigrantes, como el de María de Jesús Estrada Juárez, quien estaba en proceso de obtener la Residencia Legal Permanente o Green Card y fue arrestada durante una cita ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la cual se ha convertido en una especie de “trampa” para ciertos inmigrantes.
Hay otros casos destacados solo con el nombre de las personas, como César, quien llegó de México a los cuatro años y construyó una carrera en recursos humanos corporativos y a pesar de que renovó su DACA el 6 de diciembre de 2025, meses antes de su vencimiento –marcado para el 28 de marzo de 2026– perdió su trabajo y actualmente vende burritos para pagar sus cuentas.
Claudia llegó a los cuatro años al sur de California y fue seleccionada como la primera interna en una alianza entre su colegio comunitario y una empresa biofarmacéutica japonesa, coordinada con el Departamento de Trabajo, pero en marzo, tras 30 días de licencia sin goce de sueldo, la despidieron. Su renovación de DACA no había llegado.
José Luis Contreras Díaz llegó a EE.UU. a los ocho años. Creció en el Valle del Río Grande, en Texas, aplicó a DACA en 2014 y cumplió con todo lo que el programa le exigió durante más de una década, pero en enero de 2025, el gobierno de Trump lo arrestó en un chequeo rutinario con autoridades migratorias y lo deportó a Honduras semanas antes de que naciera su hijo. Su caso dio un giro positivo cuando su deportación fue declarada ilegal por un juez, por lo que el gobierno facilitó su regreso, pero ICE lo volvió a arrestar en el aeropuerto de Harlingen, aunque fue liberado una semana después, cuando finalmente pudo cargar a su hijo.
DACA ya no protege de la deportación
Desde el inicio del nuevo gobierno de Trump, ICE comenzó a detener a inmigrantes con DACA, lo que desató severas críticas y desafíos legales, pero el 24 de abril de 2025, el Departamento de Justicia dio un giro poco esperado, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA): descalificar la protección creada por Obama como argumento contra la deportación.
La decisión llegó luego de que un juez de inmigración dio por terminado un caso de deportación, debido a que la persona contaba con DACA, pero cuando el gobierno apeló, los jueces de la BIA fallaron a favor del gobierno y afirmaron que el juez de inmigración debió haber considerado las razones del gobierno para solicitar la deportación e incluirlas en la decisión escrita.
El National Immigration Law Center afirma que esa decisión de la BIA no significa que DACA deje de funcionar como una protección para los ‘Dreamers’, aunque en el actual contexto se puede complicar la defensa de una persona.
“Si una persona con DACA es arrestada y detenida por las autoridades de inmigración u otras fuerzas del orden y comparece ante un juez de inmigración, este podría ahora examinar su caso con mayor detenimiento para cumplir con la decisión de la BIA”, reconocen los expertos en derecho migratorio. “Por esta razón, podría resultarles más difícil lograr el cierre de su caso simplemente por tener DACA”.
La decisión de la BIA, sumada a las decenas de detenciones de ‘Dreamers’, han preocupado a organizaciones defensoras de inmigrantes.
“Si bien la administración Trump proclamó que perseguía a ‘criminales’, la realidad es que está atacando a quienes intentan cumplir con la ley”, consideró Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice. “Los beneficiarios de DACA confiaron en nuestro gobierno y dieron un paso al frente, y ahora se han convertido en otra víctima cruel de los esfuerzos de deslegitimación de la administración Trump, sin importarles el impacto en nuestras comunidades, nuestra economía ni nuestras familias”.
Voces en defensa de los ‘Dreamers’
Organizaciones como United We Deam (y el movimiento Home is Here) presionan al Congreso para que se apruebe la DREAM Act, cuyo proyecto se integrado prácticamente en cada Legislatura, siendo el impulso más reciente fue en forma bipartidista por el demócrata Dick Durbin (Illinois) y la republicana Lisa Murkowski (Alaska).
La organización Fwd.us señala que los beneficiarios de DACA han creado empresas, ocuparon puestos clave en áreas de salud –principalmente durante la pandemia de Covid–, pagaron impuestos y formaron familias.
Estas personas llegaron, en promedio, cuando tenían seis años y ha vivido en EE.UU. durante más de 26 años.
“DACA es un éxito rotundo; sin embargo, también está bajo un ataque inminente, mediante un esfuerzo deliberado por retrasar y negar las renovaciones, así como un aumento en los arrestos y deportaciones”, señala la organización. “Sin un cambio de rumbo claro, los Dreamers estarán entre los objetivos, arrestados y deportados. No se trata solo de estadísticas. Se trata de personas que una mañana se despertaron, fueron a trabajar, dejaron a sus hijos en la escuela y no regresaron a casa. […] Exigimos al gobierno de Trump que revierta sus ataques contra el programa DACA”.
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