El Departamento de Justicia ha presentado una treintena de casos para retirar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados y se alista para introducir en tribunales federales al menos 250 casos más, en lo que se considera el inicio de un esfuerzo mayor de desnaturalización.
“Analistas y expertos legales han calificado la ampliación de los procesos de revocación de la ciudadanía como una de las políticas migratorias más trascendentales impulsadas por la administración actual”, dice una demanda presentada por Democracy Forward ante la Corte de Distrito de Washington, D.C. “Estos informes han generado gran preocupación pública, ya que los procedimientos de revocación pueden resultar en la pérdida de la ciudadanía estadounidense y afectar el estatus legal de una persona, así como su capacidad para permanecer en Estados Unidos”.
La organización establece que desde 2025, el gobierno del presidente Trump ha impulsado una campaña para retirar la ciudadanía a ciertos inmigrantes, pero la demanda de Democracy Forward busca “descubrir la verdadera magnitud del plan”, luego de que el gobierno federal no permita la consulta de “documentos relacionados con la campaña de desnaturalización”.
La demanda presentada el viernes 26 de junio, solicita al tribunal que obligue a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia (DOJ) a cumplir con las leyes de acceso a la información pública (FOIA) “y entregar las comunicaciones relacionadas con la campaña de la administración para identificar y procesar un gran número de casos de desnaturalización“.
La organización presentó varias solicitudes de información en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) a principios de este 2026, pero las agencias mencionadas solamente recibieron las solicitudes sin proporcionar los documentos y comunicaciones públicas, siguiendo los parámetros de FOIA.
“La información solicitada por Democracy Forward se centra en las iniciativas de desnaturalización, las remisiones, los litigios, la coordinación entre agencias, las comunicaciones entre altos funcionarios y los debates políticos relacionados”, indica la organización.
Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y principal asesor político de Trump, ha sido una de las voces sobre perseguir a cualquier inmigrante en EE.UU.
Sin embargo, no ha sido el único republicano, ya que otros han amenazado con deportar, por ejemplo, al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
“Altos funcionarios de la administración, incluido el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, abogan por un uso más agresivo y extendido de los procesos de desnaturalización, lo que ya está generando temor en las comunidades inmigrantes y coartando la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses”, señala Democracy Forward.
La demanda de 16 páginas presentada en Washington, D.C. es detallada en cuanto a los requerimientos, ya que se solicitan: “Las comunicaciones electrónicas (incluidos correos electrónicos, archivos adjuntos de correo electrónico, cadenas completas de correo electrónico, invitaciones de calendario, archivos adjuntos de invitaciones de calendario, mensajes de texto o mensajes en aplicaciones como Signal o WhatsApp, mensajes en plataformas de mensajería como Slack o Microsoft Teams”.
También se solicitan los mensajes directos en plataformas de redes sociales como Truth Social o X, enviadas por funcionarios públicos.
“La administración Trump-Vance está haciendo todo lo posible para impedir que los ciudadanos estadounidenses ejerzan sus derechos mediante amenazas públicas de desnaturalizarlos“, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “[La] demanda judicial [es] para descubrir la naturaleza de cualquier plan de desnaturalización y esclarecer las verdaderas intenciones de la administración, de modo que las personas y las comunidades puedan estar preparadas para defender sus derechos contra futuros planes ilegales”.
Perryman criticó que mientras la administración Trump anime a la gente en EE.UU. a celebrar el 250 aniversario de la fundación del país continúe impulsado políticas contra “sus propios ciudadanos”.
“La ampliación de los esfuerzos por revocar la ciudadanía es una de las políticas más drásticas de la administración, y el gobierno no tiene derecho a ocultar información y documentos públicos sobre sus acciones”, agregó. “Mantenemos nuestra promesa al pueblo estadounidense: descubriremos la verdad y responderemos a las actividades perjudiciales con acciones legales inmediatas. Este es un paso importante en ese esfuerzo”.
¿Retirar la ciudadanía es ilegal?
Si bien el retiro la desnaturalización está establecido en leyes estadounidenses, es un proceso legal complejo y poco usual. Datos de USCIS y del Congreso revelan que entre 2000 y 2024 ha habido no más de 300 casos, lo cual contrasta con los casi 300 sobre los cuales busca avanzar la administración Trump solamente en 2026.
Un reporte legal del Congreso reveló que la intención del gobierno de Trump es presentar entre 100 y 200 casos al mes de desnaturalización.
“El 11 de junio de 2025, el Fiscal General Adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia (DOJ) ordenó a los abogados que priorizaran los casos de desnaturalización como una prioridad de aplicación de la ley civil (memorando de junio)”, revela el reporte. “Además, se ha informado que la Administración Trump emitió una guía interna en diciembre de 2025 solicitando a las oficinas regionales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) del DHS que ‘proporcionen a la Oficina de Litigios de Inmigración [del DOJ] entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes’ durante el resto del año fiscal 2026”.
Al igual que en el primer mandato de Trump, el expresidente Barack Obama impulsó una estrategia sobre desnaturalización, pero ninguna de esas iniciativas avanzó, dadas las complicaciones legales. Antes de la primera mita del siglo XX, se estima que se retiró la ciudadanía a unas 22,000 personas, según el experto en desnaturalización Patrick Weil, “debido a las afiliaciones políticas, la raza o incluso el género de las personas afectadas”, cita un reporte del Brennan Center for Justice. Después de ese periodo, la Corte Suprema implementó salvaguardas para proteger a los inmigrantes naturalizados y ahora no es tan fácil retirar ese derecho.
“La ley establece criterios muy altos, y la Corte Suprema se ha mostrado muy alerta, en particular en los casos en que las creencias políticas de la persona pueden ser el motivo”, indica el Brennan. “Desafortunadamente, si el objetivo de la administración es generar una sombra de incertidumbre sobre las personas ciudadanas naturalizadas, puede lograrlo con unos pocos casos que atraigan gran atención pública”.
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