La Corte de Apelaciones para el Distrito de Washington, D.C. decidió a favor del gobierno del presidente Donald Trump y su política de deportaciones aceleradas a nivel nacional, un proceso que se había establecido principalmente para personas detenidas cerca de la frontera y con menos de dos años de vivir en Estados Unidos.
De esta forma, inmigrantes indocumentados detenidos por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían ser deportados sin una audiencia judicial.
“El proceso de expulsión acelerada comienza con una inspección realizada por un funcionario de inmigración. Si el funcionario determina que el extranjero es inadmisible y no existe ninguna excepción aplicable, deberá ordenar la expulsión sin una audiencia ante un juez de inmigración y sin una revisión administrativa ordinaria”, dice la opinión escrita por el juez Justin Walker, nombrado por el presidente Trump.
El 21 de enero de 2025, la política del presidente Trump amplió la deportación acelerada, establecida originalmente para quienes eran detenidos a máximo 160 millas de la frontera, por lo que ahora cualquier inmigrante indocumentado que no demuestre llevar viviendo en EE.UU. más de dos años será procesado para su deportación.
Al juez Walker se sumó la jueza Neomi Rao, también nombrada por Trump. El juez Robert Wilkins, nombrado por el presidente Barack Obama, emitió un voto disidente sobre la apelación liderada por la organización Make the Road New York y otras organizaciones.
El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, celebró el fallo y urgió a indocumentados a salir voluntariamente de EE.UU. con un pago de $2,500 dólares.
“Durante años, el DHS ha limitado arbitrariamente la deportación acelerada a 14 días, a pesar de que se aplica a los inmigrantes indocumentados que ingresaron al país ilegalmente en los últimos dos años. Hoy, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. reivindicó nuestra decisión de aplicar la ley tal como está escrita”, escribió Percival en X.
El funcionario recordó a los indocumentados el programa de salida voluntaria que incluye un beneficio económico.
“¡Todavía estás a tiempo de cobrar un cheque de $2,600 dólares y un vuelo gratis de regreso a casa!”, agregó en su mensaje.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidende por las Libertades Civiles, que representó a los demandantes, criticó la decisión en contra de los inmigrantes y advirtió sobre violaciones al debido proceso.
“La insistencia de la administración Trump en las deportaciones aceleradas someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores. Este fallo socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el gobierno busca deportarlas”, afirmó. “Estamos analizando los próximos pasos”.
Es posible que los demandantes decidan recurrir ante la Corte Suprema, pero esto no es oficial, mientras la administración Trump podría avanzar con su agenda migratoria.
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