Category: Actualidad

El presidente francés, Emmanuel Macron, salió en defensa de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y reivindicó el rol de los europeos en las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú, en su intervención este viernes por la tarde en la Conferencia de Seguridad … de Múnich. La primera jornada de la 62ª edición de la cumbre en la capital bávara estuvo marcada por las declaraciones de Donald Trump desde el otro lado del Atlántico. «Zelenski debería espabilar. Rusia quiere llegar a un acuerdo y Zelenski debería actuar. Si no lo hace, desaprovechará una muy buena oportunidad», advirtió el mandatario republicano desde la Casa Blanca.

Poco después de que Trump aumentara la presión sobre Kiev, Macron salió en defensa del dirigente ucraniano y justificó sus reticencias a aceptar las exigencias territoriales de Moscú, que pide a Ucrania que abandone todo el Dombás. «Algunos dirigentes exigen (a los ucranianos) que acepten las condiciones de Rusia. Eso sería un error estratégico. Tenemos que seguir apoyando a los ucranianos y manteniendo la presión sobre los rusos», aseguró el dirigente galo durante un coloquio en esta cita conocida como el «Davos de la seguridad». En ella asisten unos 60 jefes de Estado o de Gobierno y un centenar de ministros.

La intervención de Macron fue uno de los platos fuertes de la primera jornada, junto con la del canciller alemán, Friedrich Merz, unas horas antes. Con un tono un poco más suave que el de su mediático discurso en Davos (Suiza) a mediados de enero, el inquilino del Elíseo reivindicó la capacidad de Europa para actuar como «una potencia» y pesar en las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington, en las que ahora mismo no participa directamente.

«No habrá paz sin los europeos, podéis estar seguros de ello», advirtió Macron. De hecho, consideró que la posible presencia de los europeos en la mesa de negociación resulta necesaria para evitar que los ucranianos claudiquen ante un pacto perjudicial para sus intereses. «Si nosotros no estamos en la mesa de negociación, tampoco lo están los ucranianos. Y en ese caso no hay paz», dijo.

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Pero el tono definitivo de la actitud europea lo ha marcado el canciller germano, Friedrich Merz, al cambiar del alemán al inglés durante una parte de su intervención para que la delegación estadounidense pudiera entenderle bien sin necesidad de traductores. «En la era de las grandes potencias, ni siquiera EE.UU. es lo suficientemente fuerte como para caminar en solitario», ha dicho Merz.

Merz ha admitido la «brecha abierta» y que «el orden internacional que se basaba en derechos y reglas está a punto de ser destruido». En su opinión, «este orden, por imperfecto que fuera incluso en su mejor momento, ya no existe». «Hemos cruzado un umbral hacia una época que una vez más se caracteriza por el poder y la política de las grandes potencias», ha lamentado. Pero ha citado al filósofo Peter Sloterdijk, quien opina que Europa ha terminado su larga pausa en la historia mundial para jugar finalmente un papel como potencia global.

En palabras que llevaban una dedicatoria especial para los miembros del Gobierno de EE.UU. y los más de 50 congresistas norteamericanos presentes en la sala, Merz ha subrayado que «ser miembro de la OTAN no es solo una ventaja competitiva para Europa, sino también para EE.UU.». «Así que reparemos y reconstruyamos la confianza trasatlántica juntos», ha invitado a aprovechar el escenario que ofrece la MSC, matizando que «los europeos estamos haciendo ya nuestra parte».

No solo como líder europeo, sino como miembro del G-7, Merz ha señalado la alianza trasatlántica como «necesaria» para ambas partes, pero ha puesto límites a esa asociación. «Sin embargo, la actual guerra cultural MAGA no es nuestra, ni la cultura de los aranceles y el proteccionismo. Seguimos creyendo en el libre comercio, los acuerdos climáticos y la Organización Mundial de la Salud. Porque estamos convencidos de que solo resolveremos tareas globales juntos», ha marcado las líneas rojas con Trump.

A causa de estos desencuentros, cree que «la asociación transatlántica ha perdido su naturaleza evidente, primero en Estados Unidos, luego también aquí en Europa y probablemente también en este salón. La libertad de expresión termina aquí, con nosotros, cuando esta palabra se vuelve contra la dignidad humana y la Ley Fundamental», ha respondido con retraso al discurso del vicepresidente estadounidense J. D. Vance. El año pasado, en este mismo foro, Vance reprochó a Europa un déficit de libertad de expresión por no admitir discursos de partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD).

«Si nuestra asociación quiere tener futuro, debemos restablecerla en dos sentidos», ha arengado el canciller federal. «Esta justificación debe ser tangible, no esotérica. Tenemos que llegar a la conclusión a ambos lados del Atlántico: juntos somos más fuertes», ha mostrado la clave. «En la era de los grandes poderes, nuestra libertad ya no se concede simplemente, está en peligro de extinción», ha advertido. Además, ha apuntado también que quien quiera reafirmar la libertad debe estar dispuesto a cambiar y «también a hacer sacrificios».

Incertidumbre

Merz ha presentado la relación trasatlántica como un elemento de orden en un contexto lleno de total incertidumbre, en el que «China está redefiniendo el mapa geoestratégico, la reclamación de liderazgo de Estados Unidos es cuestionada, quizá perdida, y las grandes potencias funcionan según sus propias leyes impredecibles». «El PIB de Rusia asciende a unos dos billones de euros. El de la UE es casi diez veces mayor. Y, sin embargo, Europa no es diez veces más fuerte que Rusia. El potencial europeo debe ser finalmente explotado, tanto militar, política, económico y tecnológico», ha mostrado el camino a seguir por la UE.

Durante el turno de preguntas, ha prometido al presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, que hará todo lo posible para agilizar la ampliación de la UE. «Cada vez me incomoda más lo que estamos haciendo con vosotros. No quiero perderos», le ha dicho. Y ha reprochado sin citarlo al húngaro Viktor Orbán, que «hace dos años se fue a ver a Putin, sin mandato de la UE y en contra del bloque». «Después de eso, Rusia recrudeció sus ataques en todos los frentes», ha criticado la ineficacia de su rebeldía. Por último, ha insistido en que «la guerra en Ucrania solo terminará cuando Putin no pueda continuar y nuestro papel, el de EE.UU., Europa y Ucrania, es empujarle exactamente hasta ese punto».

El caso Jeffrey Epstein es el escándalo perfecto. Sus consecuencias y ramificaciones confirman la increíble habilidad de este hijo de clase trabajadora de Brooklyn, que nunca acabó sus estudios universitarios, para construir una trama internacional de siniestros vínculos entre las élites económicas, políticas y … sociales. A todos engatusaba con la idea de pertenecer a la aristocracia del privilegio. Y a todos era capaz de satisfacer, según conviniera, actuando como confidente, intermediario, patrocinador, banquero, prescriptor de sofisticación y traficante de menores.

La saga de pederastia de Epstein, muy lejos de agostarse con su detención y suicidio en 2019, encaja terriblemente bien en la era populista que literalmente abarca todo el mundo. Es muy fácil armar el discurso de las élites malas, muy malas, que conspiran en contra del pueblo bueno, muy bueno. De hecho, todos los agravios y frustraciones acumulados por las democracias liberales son el ecosistema ideal para la política de la posverdad con su sobredosis de mentiras, desinformación y teorías conspirativas.

Hace mucho tiempo que los seguidores de QAnon, parte fiel de la coalición trumpista, batallan contra una élite de pedófilos que supuestamente controlan el gobierno, las empresas y los medios de comunicación de Estados Unidos. Aunque en el maleable caso que nos ocupa, la conspiración no ha sido dirigida desde Davos, la ONU o el sótano de una pizzería en Washington, sino desde la mansión de Epstein en el Upper East Side y su hiperactiva cuenta de correo electrónico.

Epstein es con diferencia lo que más daño está haciendo a Trump. Donald, Melania y Mar-a-Lago aparecen mencionados 38.000 veces en los tres millones de documentos divulgados con extrema censura por el Departamento de Justicia. Sin embargo, para MAGA es perfecto porque valida su cosmovisión: el sistema está podrido y solo una demolición puede limpiarlo. Además, ayuda a poner nombres y apellidos a su conspiranoia. Como la foto del político británico Peter Mandelson en calzoncillos y con una jovencita en albornoz. Con el agravante de que cuando la banda del Jaguar estalla, al primer ministro Keir Starmer solo se le ocurre responder que él no sabía nada.

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La retirada se anuncia después de casi dos meses y medio de presencia reforzada de agentes federales -hasta tres mil efectivos- para la ejecución de redadas masivas acompañadas de episodios que han sacudido al país: acusaciones de detenciones indiscriminadas -incluso de ciudadanos estadounidenses-, resistencia de los vecinos a los operativos de la policía, uso excesivo de fuerza por parte de la policía y, sobre todo, la muerte de dos vecinos por disparos de agentes federales que colocaron a Minneapolis como el gran foco de tensión política y migratoria del país.

En las últimas semanas, la oposición a ICE llegó hasta la cultura popular. En la reciente ceremonia de los Grammy, varios de los artistas llevaban chapas contra la policía migratoria y la gran estrella de la noche, Bad Bunny, dijo «ICE fuera» al recibir el premio más importante, el de ‘mejor álbum’. Una semana después, Bad Bunny protagonizó el show del descanso de la Super Bowl, que fue una reivindicación del orgullo puertorriqueño e hispano.

«Gracias a nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es tanto un estado santuario para criminales», defendió Homan en una rueda de prensa, en referencia a los ‘territorios santuarios’, dominados por demócratas, en los que las autoridades locales no cooperan con los federales para la detención, procesamiento y deportación de inmigrantes indocumentados.

«He propuesto al presidente Trump, y él ha estado de acuerdo, que esta operación de despliegue reforzado concluya», anunció.

Homan, fuera hace un mes

Homan fue despachado a Mineápolis a finales del mes pasado, en medio de la conmoción en EE.UU. por la muerte de un vecino, Alex Pretti, por disparos de agentes federales. Dos semanas antes había fallecido otra mujer, Renee Nicole Good, también por disparos de agentes federales. Ambas muertes parecieron innecesarias y producto de un uso excesivo de fuerza por parte de la policía y agitaron los ánimos en Minnesota y en todo el país. Sobre todo, por la narrativa falsa que los altos cargos de la Administración Trump, que retrataron a los vecinos como terroristas o atacantes peligrosos que iban a por los agentes,. Las evidencias en los vídeos grabados por testigos contradecían ese relato.

Las tragedias y las explicaciones provocaron protestas, condenas generalizadas de los demócratas y una creciente oleada de críticas por parte de republicanos a la gestión del despliegue federal en Minnesota. Otros episodios, como la detención y traslado a Texas de un niño de cinco años, cuya imagen se hizo viral, contribuyeron a la polémica.

Nada más llegar, el ‘zar de la frontera’ dijo que se abría un nuevo periodo de cooperación con las autoridades locales. Anunció que se llegó a un acuerdo para que las cárceles locales entreguen a los inmigrantes indocumentados peligrosos que busca ICE. Poco después, dijo que empezaría un repliegue con la salida de 700 agentes.

Repliegue completo

Ahora ese repliegue será completo. Homan lo anunció después de que esta semana el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, asegurara que se produciría «en días, no en semanas o meses». También había sido optimista un día antes el alcalde de la ciudad, el también demócrata Jacob Frey. Ambos han sido objeto de críticas furibundas de Trump por su oposición a la presencia reforzada de ICE y la exigencia de su salida.

Se calcula que quedan algo más de dos mil agentes federales en Minnesota y Homan indicó que su repliegue ocurrirá entre esta semana y la que viene. Se espera que se mantengan en la zona las operaciones habituales de ICE, que tiene oficinas y personal en todas las grandes ciudades del país, pero sin ya capacidad para esas redadas masivas y continuas que ha realizado desde diciembre.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las redadas han logrado la detención de cerca de cuatro mil inmigrantes indocumentados. El objetivo declarado por la Administración Trump para esta operación migratoria era detener a «lo peor de los peor», a criminales peligrosos. Pero las autoridades apenas han dado información sobre los antecedentes criminales de la gran mayoría de los detenidos, y hay alegaciones abundantes de que se ha actuado contra inmigrantes que no suponían ningún peligro, con antecedentes no violentos, sin antecedentes e incluso inmigrantes con estatus legal.

Clima de terror en la ciudad

El despliegue federal ha creado un clima de miedo entre la comunidad inmigrante, en especial la comunidad hispana, también entre aquellos que tiene papeles. Como pudo comprobar este periódico en Mineápolis, muchos no iban al trabajo, ni llevaban a los hijos al colegio, ni salían a hacer la compra o a la iglesia. Incluso muchos estadounidenses no salían de casa con su pasaporte, por miedo a ser detenidos por su aspecto, por ser hispanos o negros (hay una gran comunidad somalí en Mineápolis).

«El largo camino a la recuperación empieza hoy», reaccionó el gobernador Walz tras conocer la noticia. «El impacto en nuestra economía, nuestras escuelas y en la vida de la gente no se revertirá de la noche a la mañana».

«Ellos pensaban que podrían rompernos, pero el amor por nuestros vecinos y nuestra determinación para aguantar duró más que la ocupación», dijo el alcalde Frey, en una referencia a la resistencia organizada de miles de vecinos contra la presencia de ICE. Se organizaron grupos para detectar, seguir, interferir y documentar la labor de los agentes y también para dar apoyo a los inmigrantes que no salían de sus casas.

Uno de los republicanos que fue crítico con la reacción de la Administración Trump tras la muerte de los vecinos fue el senador Rand Paul, uno de los pocos díscolos habituales con Trump. Pidió una comparecencia en el Congreso para supervisar cómo se ha hecho ese despliegue y aseguró que, aunque apoya a ICE, la agencia necesita «recuperar la confianza de la sociedad».

La decisión de la Administración Trump de sacar a los agentes federales de Mineápolis coincide con una nueva encuesta en la que se percibe la incomodidad de la mayoría del país con su política migratoria. El 62% de los estadounidenses creen que Trump ha ido «demasiado lejos» en el despliegue de agentes en ciudades del país (solo un 10% dice que debería haber ido más lejos) y el 61% opina lo mismo sobre el uso de policía federal en protestas. La mayoría es más escasa sobre si ha ido demasiado lejos en la restricción de la inmigración legal (54%) y en la deportación de inmigrantes indocumentados (52%).

Esa frase resume todo lo que está sucediendo en Venezuela. No es liberación. Es una redefinición de la represión. De la celda al grillete. De la prisión al arresto domiciliario.

El caso de Guanipa no es aislado. Perkins Rocha, asesor legal de la Plataforma Unitaria Democrática, fue «liberado» bajo el mismo esquema. Está bajo vigilancia policial constante dentro y fuera de su vivienda familiar, con un grillete en su pie. Freddy Superlano comparte la misma situación: confinado a su hogar bajo monitoreo permanente. Para estos hombres, la amnistía no significa libertad. Significa una prisión sin muros.

Hace apenas una semana, el hemiciclo de la Asamblea Nacional votó de manera unánime la primera discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Doscientos setenta y siete votos a favor. Ninguno en contra. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, prometió que la segunda discusión ocurriría «entre martes y viernes» de esta semana, con la liberación de todos los presos políticos antes del fin de semana.

Pero el martes llegó sin sesión. La Secretaría de la Asamblea Nacional anunció la suspensión sin explicación. El jueves está confirmado, dijeron, «sin adelantar la agenda».

Lucha de poder

Lo que sucedió en esos días fue un colapso silencioso del consenso oficial. Diosdado Cabello, quien controla la seguridad del país, se presentó ante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela y contradijo directamente a Rodríguez: la amnistía «tendrá límites, alcances, consideraciones, restricciones y sus condiciones». No es una amnistía, entonces. Es una amnistía condicionada.

Una fuente del Parlamento, que prefiere no ser identificada para evitar represalias, reveló la verdadera dinámica: «Existe una lucha de poder y cada uno de los grupos está buscando sus beneficios. Los Rodríguez dicen algo y ayer Cabello en la rueda de prensa los contradijo. Al igual que las declaraciones del fiscal. Esta ley no debería ser llamada amnistía sino ‘sálvense quien pueda’».

Tarek William Saab, el fiscal general, añadió otra capa de confusión. «La medida debe abarcar tanto a opositores como a chavistas», dijo. ¿Chavistas? ¿Quiénes son los chavistas presos políticos?

Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía, intentó una defensa de todo este proceso.

En una consulta en el estado Zulia, habló de «entresanarnos», de sanar las heridas del país. «La grandeza moral está allí en el perdón; quien no sabe perdonar no está en armonía con la madre tierra», afirmó. Luego, dirigiéndose a los jueces de paz, los llamó «una especie de fábrica de perdón».

Las palabras suenan hermosas, poéticas, morales. Pero mientras Arreaza hablaba de sanación en Zulia, Guanipa estaba siendo trasladado a arresto domiciliario en Maracaibo, y Rocha seguía bajo vigilancia constante con un grillete en el pie. Superlano, en su hogar, permanecía bajo el mismo esquema represivo.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, fue directo al ser consultado sobre el tema. «Hemos recibido el proceso de amnistía con optimismo y de manera constructiva, esperando que incorpore los planteamientos de la sociedad civil», señaló. Pero luego, refiriéndose a la nueva detención de Guanipa, dijo que esta «ensombrece este proceso de supuesta reconciliación». Y fue más allá: «No puede haber amnistía mientras el sistema represivo siga activo. Sería solo retórica».

Consulta y discusión

Romero también advirtió contra la prisa: «No creemos en la rapidez o apuro. La amnistía no es ni debe ser la condición para la liberación de todos los presos políticos. Una amnistía requiere un proceso de consulta amplio y de discusión de todos los sectores». Pero Jorge Rodríguez prometió aprobación en días. Las autoridades quieren velocidad, no reflexión.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también se pronunció públicamente. Marco Ruiz, secretario general, exigió «celeridad en el proceso de excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos», pero con una condición crucial: «Libertad plena y absoluta, sin medidas cautelares que restrinjan derechos». El sindicato presentó una propuesta integral que incluye a periodistas y trabajadores de la prensa como beneficiarios directos.

Ramón Guanipa, el hijo de Juan Pablo, terminó su mensaje en X agradeciendo a Trump y Marco Rubio su labor a favor de la libertad de Venezuela. Pero luego añadió: «Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión».

Esa frase es la verdad que las autoridades intentan ocultar. La amnistía hasta ahora, no es liberación, es una ley aprobada por unanimidad que nadie sabe cómo implementar.

El jueves 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, está previsto que jóvenes de ambos bandos marchen. Los que apoyan al chavismo y los que se oponen. Ambos reclamarán libertad. Ambos dirán que la amnistía debe beneficiarlos. Pero mientras marchan, la ley seguirá en suspenso, atrapada en sus propias contradicciones.

Jorge Rodríguez prometió que todos los presos políticos estarían libres antes del fin de semana. Eso fue hace una semana. Ahora ni siquiera sabe con certeza cuándo sesionará la Asamblea.

En Venezuela, la amnistía no cierra un capítulo. Solo intenta congelarlo. Y mientras cientos de presos políticos permanecen bajo la sombra, la pregunta que nadie en Caracas quiere responder es: ¿qué tipo de amnistía es esta?

Pero lo que sí resulta perturbador es el cinismo de lo que acaban de aprobar: una ley que promete perdón en un país donde decenas de miles han huido desesperados, donde los centros de detención rebosan de presos políticos, donde la represión ha dejado de ser un instrumento ocasional para convertirse en el mecanismo mismo del poder.

La prisa es visible. Nicolás Maduro está detenido desde principios de enero, enfrentándose a acusaciones graves en tribunales estadounidenses. El Gobierno oficialista insiste en que la amnistía es un paso hacia la paz. Jorge Arreaza, diputado del PSUV y presidente de la Comisión para el Proyecto de Ley de Amnistía, destacó que «esta iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no puede ser confundida con impunidad y responde a la conciencia del momento político».

 Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue más allá. Intentó legitimar la amnistía apelando a la historia: «No es la primera vez que se hace una ley de amnistía en Venezuela, desde Bolívar para acá». Pero cualquiera que observe con atención ve algo diferente: la necesidad de actuar rápido, de aprobar antes de que las estructuras del poder colapsen.

Después de que el hemiciclo votara, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, decidió que el recinto no era suficiente escenario. Se presentó en la Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, ese lugar donde los detenidos han pasado por el trance más deshonroso de su vida. Se quitó la chaqueta, se expuso, prometió que «todos» los detenidos serían liberados el mismo día en que se aprobara la ley en segunda discusión.

Pero en el hemiciclo, momentos antes, Rodríguez había dicho algo revelador: «A mí no me gustan los presos». La frase salta en el aire como una confesión. Un hombre que aborrece el encarcelamiento mientras preside un sistema que lo ha convertido en política de Estado. Los familiares de los presos calificaron su visita como un «show». Y tenían razón. Porque, mientras Rodríguez hacía sus promesas, dentro del Parlamento se sabía exactamente qué ley iba a aprobar.

«Esa ley está hecha para resguardar al chavismo en la nueva etapa. El chavismo tiene que blindarse para lo que viene», dijo una exdiputada del chavismo bajo condición de anonimato. No es reconciliación. Es supervivencia política.

La realidad en las calles

En las calles de la Universidad Central de Venezuela sucede algo diferente. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho, marcha con estudiantes y familiares de presos. Ha abandonado las aulas para hacer valer el derecho donde realmente importa: en la calle, donde el dolor es tangible.

Entre los manifestantes está Mayra Morales. Su hermano, Ricardo Fonseca, es militar. Fue encarcelado en 2020, implicado en la Operación Gedeón. 31 militares fueron recluidos en El Helicoide. Pero hace meses, sin previo aviso, desaparecieron. Traslados arbitrarios. El 31 de julio, el 5 de agosto, el 10 de agosto de 2025. Presuntamente llevados al Fuerte Guaicaipuro. «No sé si está vivo», dice Mayra con su voz quebrándose. «Eso es lo más importante. Que nos permitan verlo». Y teme que los militares queden fuera de la amnistía.

Cuando Apitz habla de la ley, no lo hace desde la frialdad del análisis académico: «Se trata de una aparente contradicción». «En el artículo primero se habla de una amnistía… pero luego se especifica cuáles son esos hechos. No es una amnistía general».

El mayor peligro, según Apitz, reside en lo que la ley no dice. Es muy genérica y no excluye explícitamente a los torturadores, ni a los jueces y fiscales que actuaron como brazo ejecutor de la represión. Tampoco excluye a los funcionarios policiales y militares que «actuaron por acción o por omisión o bajo órdenes para herir o matar a manifestantes».

«Aquí hay funcionarios públicos, policiales o militares que cometieron delitos, que cometieron torturas, que dispensaron tratos crueles e inhumanos. Ellos no están excluidos expresamente en esta ley», señala el jurista. «Debería haber una exclusión directa de estas personas que utilizaron el sistema de justicia como un dispositivo de represión y persecución política».

Aunque la ley excluye los crímenes de lesa humanidad, la falta de un poder judicial independiente hace que esa cláusula sea papel mojado. «Pudiera darse una interpretación amplia de los jueces, tomando en cuenta que el poder judicial venezolano está gobernado directamente por el chavismo», dice.

El vació de la reparación

La ley ofrece perdón, pero no reparación. Nicmer Evans, politólogo detenido dos veces como preso político, exige que «la ley debe partir necesariamente del reconocimiento de los errores y la proporcionalidad de las responsabilidades». «El perdón tiene que ser mutuo entre todos los venezolanos», comenta. «La ley no puede ser un Estado o un partido perdonando a otros que no han cometido delito».

Esta es la brecha fundamental. Evans no pide amnistía unilateral. Exige un perdón mutuo que reconozca errores de ambos lados. Pero la ley venezolana no hace eso. Es un perdón del Estado hacia sus propios cuadros. Evans también subraya: «Debe contemplarse explícitamente a los militares». Esto es crucial. Porque, si la ley no los incluye explícitamente, quedan en el limbo. Como Ricardo Fonseca.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que el régimen usa «confrontación política desde el extremismo» para criminalizar opositores. Los derechos inalienables de las víctimas son: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. «La amnistía venezolana no contempla ninguno de estos elementos», afirma la organización. «No se hace un reconocimiento público del daño causado a las víctimas y no se asume expresamente que ellas tendrán acceso a reparación integral».

El andamiaje intacto

La crítica más profunda es que la amnistía perdona el pasado sin cambiar las herramientas del presente. El vasto «andamiaje legal de la represión y la persecución estatal», como lo llama Apitz, permanece intacto. La Ley contra el Odio, la ley que persigue a las ONG, la ley que permite inhabilitar políticamente a opositores. Nada se deroga.

«Aquí hay todo un andamiaje de leyes que durante 25 años se han utilizado para perseguir, para reprimir al adversario político y esta ley no lo deroga, por lo cual desde el punto de vista legal quedamos igual», concluye Apitz. Es como perdonar a un ladrón sin quitarle las herramientas con las que roba.

La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición de partidos políticos opositores en Venezuela, denuncia «omisiones graves». No incluye a todos los presos políticos, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones. «Una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera», afirman.

Las lecciones que Venezuela ignora

Sudáfrica, tras el apartheid, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estableció un principio fundamental: la verdad como condición para el perdón. Argentina rechazó la amnistía, decidiendo que algunos crímenes no podían ser perdonados.

Venezuela está eligiendo un camino diferente. No está ofreciendo verdad como Sudáfrica, ni justicia como Argentina. Está ofreciendo olvido. Un olvido que protege al poder y abandona a las víctimas.

Lo que sucede en Venezuela es menos una reconciliación que una negociación entre el poder y su propia supervivencia. En Venezuela, la amnistía no cierra un capítulo. Solo intenta congelarlo.

Estos «planes de contingencia» agravarán profundamente la vida cotidiana de la población que, en los últimos cinco años, solo ha visto retrocesos cada vez peores. Aunque el plan será hecho público en los próximos días, ya circulan algunas de las decisiones aprobadas en sesión extraordinaria del Consejo de Defensa Nacional, consideradas una versión renovada e improvisada de la ‘Opción Cero’, aquel plan de recortes en servicios básicos del Período especial (años 90).

Según advirtió Díaz-Canel, ante la ausencia de combustibles los cubanos solo se alimentarán de lo que se produzca en cada municipio, una afirmación que expone la gravedad de las penurias que se proyectan teniendo en cuenta que muchos municipios, sobre todo en las zonas urbanas, no producen alimentos elementales como arroz, carnes, leche o huevos.

Una vez más, el mandatario solo ofreció como solución la «resistencia creativa» pidiendo más sacrificios al pueblo.

«No podemos resistir si estamos pasando hambre», respondió una residente en La Habana. Desde la zona oriental del país, Yadira Serrano señaló que estamos ante una hambruna de proporciones peores que las del Período Especial: «Estamos pasando hambre, hay mucha desnutrición, las personas están muy delgadas y parecen padecer de enfermedades terminales pero es por la miseria que hay. Y, por lo visto, lo que viene será peor».

Un aspecto clave de las medidas ha sido la proyección de más cortes de electricidad en un país donde los apagones ya se extienden por más de 20 horas diarias. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 ocurrieron cinco colapsos energéticos que mantuvieron al país a oscuras por entre tres y cinco días. El temor a un nuevo colapso, esta vez definifivo, aumenta entre la población.

Desde el centro del país, en la provincia de Villa Clara, Tayrí Lorenzo afirma que es «muy difícil» la situación: «Existen muchos hogares donde hay niños pequeños o ancianos discapacitados y enfermos que necesitan sus alimentos temprano y caliente. No existen medicamentos en la farmacia, por lo que la población tiene que adquirirlos en el mercado negro a altos precios que son inaccesibles para la gran mayoría».

‘Opción cero’

Díaz-Canel negó la «teoría del colapso», pero las señales de lo contrario son cada vez más claras. Por ejemplo, la Universidad de La Habana informó que, debido a las dificultades para la entrada de combustible al país, ha decidido reorganizar todos los programas: miles de estudiantes deberán continuar los estudios en sus casas y a través de plataformas digitales, un escenario que se dificulta igualmente teniendo en cuenta los extensos cortes de electricidad, las pésimas condiciones de conectividad y el escaso acceso a dispositivos tecnológicos.

En la provincia de Las Tunas fueron suspendidas las salidas de autobuses nacionales hacia otros territorios. En Camagüey circulan reportes de que se habría suspendido tanto el transporte como la venta de gasolina a la población. En la isla de la Juventud, territorio con más de 80.000 habitantes y al que se accede solo por vía aérea o marítima, se prevé que el transporte marítimo tenga solo una frecuencia semanal con peligro de quedar totalmente incomunicada.

«Esto es como volver a la comunidad primitiva, pero los indios al menos podían cazar, pescar y recolectar», dijo irónicamente uno de las entrevistados.

Pobreza extrema

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de los cubanos viven en la pobreza extrema. El salario promedio es de 16 dólares (13,5 euros) al mes y la mayoría de las familias no es capaz de garantizar tres comidas diarias. Cada vez son más recurrentes las escenas de ancianos buscando en la basura restos de alimentos o pidiendo limosna. En Cuba, la pensión no llega ni a los seis dólares (cinco euros). También es común ver a niños pidiendo dinero en zonas turísticas.

Al empeorar los cortes de electricidad, también lo hará el abastecimiento de agua potable en un país en donde los ciclos de agua suelen extenderse más de un mes, e incluso dos meses, fundamentalmente en zonas rurales. El gas licuado, que solía distribuirse cada tres meses, ya es inexistente, con excepción de las ventas en el mercado negro y a precios excesivos para los bolsillos de los cubanos.

El combustible de la cocina cubana es desde hace más de dos años, en la mayoría de los hogares, el carbón y la leña. En zonas rurales no es problema adquirirlos, pero en las ciudades es más complejo, así como lo son las condiciones para cocinar; muchos residentes en edificios, por ejemplo, que no tienen patio ni jardín, arman sus fogones de leña en los balcones, en medio de la sala o en los bajos de las edificaciones, a la luz pública.

Comidas comunitarias

ABC conoció igualmente que en la isla de la Juventud las autoridades llegaron a sugerir realizar «comidas comunitarias» cocinadas con leña, así como usar más los vehículos de tracción animal para ahorrar combustible. Díaz-Canel en su alocución llegó a sugerir incluso usar «fogones solares».

«¿Qué se supone que haga? ¿Que ponga una olla al sol y espere a que se ablanden los frijoles? Es una falta de respeto lo que tienen con el pueblo. Si no pueden darnos soluciones, que se vayan y que nos dejen avanzar», manifestó una cubana a este medio.

Servicios mínimos en los hospitales

Por otro lado, los hospitales se preparan para la posibilidad de reducir sus servicios al mínimo y priorizar exclusivamente la atención de urgencias debido a que la disponibilidad de recursos se ha reducido prácticamente a cero. Este escenario devastador se evidencia igualmente en la falta de medicinas, en un país en donde pacientes fallecen en las salas de urgencia por falta de antibióticos esenciales.

«Los cubanos, desde hace mucho tiempo, dejamos de vivir para sobrevivir, y esa supervivencia es cada día más difícil», señala una de las personas consultadas.

Tras la captura de Maduro el 3 de enero, se paralizaron los envíos de combustible a la isla. Cuba precisa 110.000 barriles diarios de petróleo, del que solo produce un tercio. México, principal proveedor de combustible en 2025, apenas ha enviado, en lo que va de año, unos 86.000 barriles de crudo.

Entre la población cubana, la captura de Maduro y las presiones de Washington a La Habana han devuelto las esperanzas de libertad.

«Hay quienes tienen miedo al cambio, han sido muchos años de dictadura, pero la gran mayoría tiene un deseo ferviente de libertad y de mejoras económicas», aseguró a ABC Tayrí Lorenzo, madre del ex preso político del 11J, Andy García Lorenzo.

«Que aprieten la corbata a ver si salimos de la miseria, ya no aguantamos más», declaró una cubana en referencia a las sanciones de Estados Unidos.

Desde Santiago de Cuba, al oriente del país, Yadira Serrano opina que el pueblo está muy debilitado tanto por la represión como por el hambre y la miseria, por lo que la única esperanza de libertad vendría de afuera, y de que las presiones externas obliguen a la dictadura a abandonar el poder.

Las próximas semanas serán claves para Cuba en medio de la crisis humanitaria y de la incapacidad del régimen para garantizar servicios esenciales. El presidente de Estados Unidos ha dicho que están desarrollándose negociaciones con La Habana, pero el régimen se niega a ceder –al menos en apariencias– y, en cambio, se prepara para el peor de los escenarios.

Cuando Guanipa salió de El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen chavista, el sol brilló en su rostro después de año y medio de permanecer en la oscuridad del cautiverio. Salió de la prisión a hombros como un héroe con sus familiares y amigos que lo esperaban fuera de los muros de la prisión.

Subido a una moto con la bandera de Venezuela en alto y acompañado de un centenar de motociclistas, Guanipa recorrió las calles de Caracas en son triunfante. Lo primero que hizo fue dirigirse a la estación policial de la Zona 7, al norte de la ciudad, donde habló con la prensa para reclamar la liberación plena de los presos políticos.

Guanipa fue gobernador de Zulia, es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de María Corina Machado. Fue detenido arbitrariamente el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, los mismos cargos que imputan a todos los presos políticos.

Guanipa se enfrentó duramente al régimen chavista. Reconoció la necesidad de la «reconciliación», pero señaló que hay que confrontarla con la «verdad», en el sentido de reconocer que el chavismo es hoy la minoría y la oposición es la mayoría que quiere un cambio. Dijo que hay que reconocer los resultados electorales del 28 de julio de 2024, cuando ganó Edmundo González Urrutia.

También dijo que no acataría las medidas cautelares de su excarcelación, es decir, se iba a quitar el bozal que prohíbe hablar con la prensa y los medios, y que continuaría la lucha por la libertad y democracia. De igual modo, prometió verse pronto con María Corina Machado: «Ya haciendo planes para vernos en Venezuela».

Unas horas más tarde, un comando de diez funcionarios encapuchados se lo llevaron sin mediar palabras ni orden de arresto. Su hijo, Ramón Guanipa, denunció por las redes sociales que los agentes se presentaron en cuatro vehículos a las 11:45 de la noche en medio de una actividad que llevaba a cabo el dirigente.

Por su parte, el partido Primero Justicia denunció: «Hacemos responsables a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo». Además, hizo un llamamiento «a la comunidad internacional para la liberación inmediata y que cese de manera inmediata e incondicional la persecución a la disidencia».

Según ha declarado Machado en su cuenta de X, Guanipa ha sido secuestrado «violentamente» por «hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que llegaron en 4 vehículos». Del mismo modo, ha exigido «su liberación inmediata».

Guanipa, aliado de Machado

La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que había revocado su excarcelación, asegurando que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación)» acordada al opositor por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

En un comunicado, el Ministerio Público venezolano advirtió que «las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas», y ha subrayado que solicitó que Guanipa pasara a un «régimen de detención domiciliaria».

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, también explicó este lunes que el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido detenido horas después de salir de prisión tras violar las condiciones de su liberación, criticando «la estupidez» opositora.

«Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada», ha afirmado Diosdado Cabello en una rueda de prensa, recogida por Reuters, en referencia a Guanipa, estrecho aliado de la líder opositora María Corina Machado, que ha sido arrestado tras pedir elecciones durante su breve excarcelación.

«No había pasado nada hasta que la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad», ha añadido Cabello.

Excarcelación del chavismo

Paralelamente, los otros 35 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, celebraron la excarcelación en diferentes ciudades del país. Fue una fiesta nacional que alegró las calles con la gente abrazándose y dando gracias a Dios. Hacía mucho tiempo que no se veía tanta algarabía contagiosa en la que padres, madres, hijos, parientes, amigos, vecinos y curiosos se unían en una sola fraternidad y solidaridad con caravanas ruidosas recorriendo las calles del país, festejando la la liberación de los políticos.

Además de Guanipa, fueron excarcelados pero no vueltos a detener, otros políticos como Perkins Rocha, Jesús Armas, Luis Tarbay, el sindicalista Robert Franco, Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares, Nikoll Arteaga, María Oropeza, Dignora Hernández, Henry Alviarez y Catalina Ramos, según informaron los partidos opositores Voluntad Popular y Vente Venezuela en sus cuentas de X.

McSweeney optó por identificar de manera directa el consejo que ofreció al primer ministro de que nombrara a Mandelson como el origen de un error cuyas consecuencias, a su juicio, dañaron al partido, al país y a la confianza en la vida pública. «Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir del Gobierno. La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha perjudicado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la propia política», afirmó en el inicio de una declaración en la que precisó el vínculo entre su asesoramiento y la decisión final adoptada por Starmer:

«Cuando se me preguntó, aconsejé al primer ministro que hiciera ese nombramiento y asumo plenamente la responsabilidad de ese consejo. En la vida pública la responsabilidad debe asumirse cuando más importa, no solo cuando resulta más conveniente. En estas circunstancias, el único camino honorable es apartarse».

La nota incorporó una defensa de su trayectoria y de sus motivaciones. «Me marcho con orgullo por todo lo que hemos logrado, mezclado con el pesar por las circunstancias de mi salida. Pero siempre he creído que hay momentos en los que uno debe aceptar su responsabilidad y hacerse a un lado por una causa mayor», escribió. A continuación, añadió dos reflexiones que intentan situar la controversia en un marco más amplio que el de la supervivencia política inmediata.

«En primer lugar, y ante todo, debemos recordar a las mujeres y niñas cuyas vidas fueron arruinadas por Jeffrey Epstein y cuyas voces permanecieron ignoradas durante demasiado tiempo» y en segundo lugar subrayó que, aunque no supervisó personalmente el proceso de verificación y evaluación de antecedentes del exembajador, considera que ese sistema debe ser revisado de manera profunda y que la reforma no puede limitarse a un gesto simbólico sino que ha de funcionar como una salvaguarda efectiva.

La declaración concluyó con un respaldo explícito a Starmer, al decir que «sigo apoyando plenamente al primer ministro. Trabaja cada día para reconstruir la confianza, restablecer los estándares y servir al país. Seguiré respaldando esa misión en todo lo que pueda».

Reacción del ‘premier’ británico

«Ha sido un honor trabajar con Morgan McSweeney durante muchos años», reaccionó por su parte el ‘premier’. «Reconstruyó nuestro partido tras una de sus peores derrotas y desempeñó un papel central en la dirección de nuestra campaña electoral. En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo logramos una mayoría aplastante y tenemos la oportunidad de cambiar el país», señaló en un comunicado en el que, sin embargo, no incluyó referencias directas a Mandelson, a Epstein ni a la investigación en curso. Tampoco precisó quién asumirá las funciones de coordinación que hasta ahora recaían en su jefe de gabinete.

La líder conservadora, Kemi Badenoch, declaró que «una vez más, con este primer ministro, la culpa es de otros: ‘Mandelson me mintió’ o ‘Morgan me aconsejó’. Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias y terrible decisiones. Pero nunca lo hace».

Otros partidos han insistido en la misma línea. Daisy Cooper, dirigente de los liberal demócratas, afirmó que el primer ministro puede cambiar a sus asesores cuanto quiera pero que la responsabilidad final recae en él. Zack Polanski, al frente de los Verdes de Inglaterra y Gales, describió la dimisión como un paso necesario aunque insuficiente y sostuvo que Starmer conocía los antecedentes y aun así procedió con el nombramiento. Nigel Farage, líder de Reform UK, vinculó la crisis con las elecciones locales del próximo mayo, que, en su opinión, Starmer no superará.

Brechas en el Gobierno

Dentro del propio Gobierno, las horas previas a la renuncia dejaron al descubierto las brechas dentro de sus filas. De hecho, a primera hora del día, el responsable de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, había defendido públicamente la continuidad de McSweeney. «Creo que debería continuar, creo que debería seguir cumpliendo con su labor», dijo en una entrevista, en la que advirtió de la tentación de pensar que un cambio de personas en la cúpula resolvería por sí solo una semana complicada. Poco después de estas palabras, llegó la renuncia.

La figura de McSweeney ocupaba un lugar singular en el engranaje político que llevó a Starmer hasta Downing Street. Tras iniciar su carrera en los años de Tony Blair, participó en campañas locales y en proyectos orientados a frenar el avance de la izquierda interna durante el liderazgo de Jeremy Corbyn, dirigió la campaña que permitió a Starmer hacerse con el liderazgo en 2020 y, ya en el Gobierno, asumió un puesto de mucho poder, desde el que controlaba flujos de información, prioridades políticas y acceso al primer ministro.

El reproche central es su insistencia en mantener el expediente venezolano en clave bipartidista. Machado se ha reunido con el presidente y con responsables republicanos, pero también con legisladores demócratas. Para sus críticos, esa interlocución sería innecesaria e incluso contraproducente en un momento en que la transición venezolana se presenta como un logro de la actual Administración.

Medios como Politico han publicado informaciones basadas en fuentes anónimas próximas a la Casa Blanca que reflejan frustración por sus declaraciones sobre el calendario electoral. Según ese artículo, un asesor afirmó que sus comentarios sobre la posibilidad de celebrar elecciones en menos de un año «no sentaron bien» a algunos. Otro interlocutor consideró que un plazo de 24 meses sería más realista y que estratégicamente no debería fijar tiempos concretos.

Fuentes consultadas por ABC ofrecen otra lectura. Sostienen que Machado mantiene contacto directo con el presidente y con el núcleo que toma decisiones sobre Venezuela, y que en ese entorno se entiende que cualquier paquete relevante de ayuda, préstamos o garantías financieras requerirá respaldo del Congreso. La mayoría republicana en la Cámara es estrecha y podría ajustarse aún más tras las elecciones parciales de noviembre. Sin votos demócratas, determinadas medidas presupuestarias o instrumentos financieros no prosperarían.

La cuestión es aritmética. Si la transición implica asistencia económica estadounidense o mecanismos vinculados al sector energético, esos instrumentos deben ser aprobados en el Capitolio. En ese marco, el respaldo transversal no es un gesto simbólico, sino una necesidad legislativa. La política hacia Venezuela ha contado en distintas etapas con apoyo de ambos partidos, especialmente en materia de sanciones y exigencia de condiciones electorales.

La campaña contra Machado ha sido amplificada por figuras del entorno trumpista. Richard Grenell, enviado especial de Trump que mantuvo contactos directos con Nicolás Maduro y participó en negociaciones para la liberación de ciudadanos estadounidenses, compartió en redes la llegada a Caracas del presentador Rob Schmitt y del CEO de Newsmax, Chris Ruddy, para informar sobre el plan ‘Make Venezuela Great Again’, vinculado a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Se promocionaron reportes en directo desde Caracas como prueba de un avance diplomático.

Sin embargo, la situación de la libertad de prensa en Venezuela sigue siendo restrictiva. Organizaciones internacionales denuncian que el acceso de periodistas extranjeros es limitado y depende de autorizaciones discrecionales. Reporteros han sido deportados o impedidos de entrar, y comunicadores locales han enfrentado detenciones y procesos judiciales. La presencia puntual de determinados medios con permisos especiales no equivale a una apertura general del sistema informativo.

A esta narrativa se han sumado activistas como Laura Loomer y Roger Stone. Loomer ha cuestionado públicamente la visibilidad y la agenda de Machado en Washington. Stone, aliado histórico de Trump, ha promovido a figuras alternativas dentro del universo opositor venezolano, presentándolas como más alineadas con la base conservadora estadounidense, pero que carecen de influencia dentro de Venezuela. Estas posiciones no constituyen una línea oficial, pero influyen en el debate público.

Modelo de transición

El trasfondo es el modelo de transición. Tras la captura de Maduro el 3 de enero, Estados Unidos abrió una hoja de ruta que incluye normalización diplomática gradual, reformas políticas y ajustes en el sector energético. El 2 de febrero se informó de una reunión en Miraflores entre Delcy Rodríguez y la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, para abordar un plan por fases promovido por Marco Rubio. Se han producido liberaciones de presos y se discute una nueva ley petrolera que podría facilitar exportaciones a Estados Unidos.

Machado defiende que la transición debe incorporar garantías electorales claras y un respaldo institucional amplio en Washington. Sus detractores consideran que esa estrategia introduce fricciones innecesarias con el ala más dura republicana. Sus partidarios replican que sin apoyo demócrata no habrá presupuestos ni instrumentos financieros suficientes y que convertir la política hacia Venezuela en un asunto exclusivamente partidista reduciría su viabilidad legislativa.

Mientras tanto, la Administración mantiene contactos con el Gobierno interino en Caracas y evalúa el alcance real de los cambios. Aunque se han producido gestos de apertura, persiste cautela sobre la profundidad de las reformas y sobre la consolidación del nuevo equilibrio interno.