Category: Actualidad

Antiguo jefe de los servicios de inteligencia y exministro del Interior, Rodríguez Torres fue excarcelado en 2023 y trasladado a España bajo supuesto protección humanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez tras una mediación directa de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, sectores del propio chavismo lo presentan como una opción de continuidad a futuro tras Maduro. Para Washington, sin embargo, su nombre es inasumible.

Un informe de inteligencia estadounidense al que ahora ha tenido acceso ABC describe a Rodríguez Torres no como un disidente reconvertido ni como una figura capaz de pilotar una transición creíble, sino como un presunto actor central de la represión y del crimen organizado durante los años más duros del chavismo. El documento, basado en testimonios, declaraciones de testigos protegidos y material recopilado por distintas instancias, traza el retrato de un operador del sistema cuyo pasado condiciona cualquier escenario de relevo político.

Según ese informe, Rodríguez Torres dirigió un aparato de persecución contra estudiantes, opositores y manifestantes que incluyó desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura como herramienta de control. El texto lo vincula de forma directa con la creación y el funcionamiento del centro de detención clandestino conocido como ‘La tumba’, ubicado en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela (Caracas). Ese recinto ha sido descrito por organismos internacionales y por víctimas como un espacio diseñado para el aislamiento extremo, la privación sensorial y el quebranto psicológico prolongado.

Las descripciones coinciden en un patrón: celdas subterráneas sin ventilación ni luz natural, temperaturas artificialmente bajas, incomunicación absoluta durante semanas o meses, vigilancia constante y un uso deliberado del aislamiento como método de castigo y presión. Las víctimas relatan amenazas, humillaciones, malos tratos físicos y psicológicos y un régimen de encierro orientado a destruir la resistencia mental del detenido. Los informes a los que ha tenido acceso ABC atribuyen la concepción de ese dispositivo represivo a la etapa en la que Rodríguez Torres dirigía los servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior.

El documento estadounidense va más allá del ámbito de los derechos humanos e incorpora acusaciones relacionadas con el narcotráfico y la protección de redes criminales. Entre ellas figura el presunto envío de 31 maletas de cocaína desde el aeropuerto internacional de Maiquetía a Francia en 2013 y la facilitación de rutas y coberturas logísticas para el llamado cártel de los Soles, la estructura que la justicia de EE.UU. sitúa en la cúspide del poder chavista y que integra a altos mandos civiles y militares. En ese contexto, el informe sostiene que Rodríguez Torres habría desempeñado un papel funcional como garante de operaciones sensibles y como custodio de información comprometedora.

Fuentes consultadas por ABC interpretan que la reactivación de su nombre como posible recambio del chavismo en el futuro no responde a un intento real de transición política, sino a la necesidad de preservar el control interno del sistema, mantener bajo resguardo archivos y secretos acumulados durante más de una década y proteger intereses cruzados de la cúpula chavista y de quienes intervinieron en su excarcelación y posterior instalación en España. En ese esquema, el general no sería una figura de consenso, sino un garante de silencios.

Aun así, es un nombre proporcionado por los hermanos Rodríguez y apoyado por figuras cercanas a ellos a EE.UU. como un líder fiel al los principios del chavismo y con el respeto del aparato represor venezolano.

La relación entre Rodríguez Torres y Zapatero

La relación entre Rodríguez Torres y Rodríguez Zapatero aparece en los documentos analizados por ABC no como una mediación puntual de carácter humanitario, tal y como se presentó públicamente en su momento, sino como un vínculo político sostenido. Ese vínculo habría permitido sacar de prisión y reubicar en España a una figura clave del aparato de tortura, hoy reutilizada como pieza funcional en un diseño de transición controlada impulsado desde el propio núcleo del régimen.

Según ha podido saber ABC, tanto la Fiscalía como los servicios de inteligencia estadounidenses han abierto líneas de trabajo específicas sobre Rodríguez Torres que incluyen entrevistas detalladas con víctimas de tortura bajo su mando. Al menos dos de ellas describen un sistema de malos tratos extremos y violencia sistemática en centros de detención cuya estructura, según sus testimonios, fue diseñada y supervisada por el propio general. Estas personas colaboran con la justicia bajo condiciones de confidencialidad y no pueden hacer pública su identidad en este momento.

Este nuevo frente ha vuelto a situar bajo escrutinio las circunstancias de su excarcelación y traslado a España, así como el papel desempeñado por Rodríguez Zapatero y la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder protección humanitaria a quien los informes describen como un engranaje central de la maquinaria represiva del chavismo. El propio documento estadounidense recoge de forma expresa que el caso «encaja con el historial de Zapatero en los diálogos venezolanos, que le ha otorgado un acceso fluido al régimen, aunque de forma controvertida por priorizar a chavistas disidentes». El texto añade que existirían vínculos financieros que conectarían a Rodríguez Torres con Zapatero a través del cártel de los Soles, una afirmación que figura como alegación en el informe y no como conclusión judicial.

El informe recuerda además que en mayo de 2025 un tribunal español admitió a trámite una denuncia contra Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad y tortura, presentada por la ciudadana venezolana Dulce Bravo y dirigida también contra la exfiscal general Luisa Ortega Díaz. La querella fue trasladada a la Fiscalía para que se pronunciara sobre la competencia de la Audiencia Nacional en aplicación del principio de justicia universal, pero acabó siendo archivada en julio tras una decisión del Ministerio Público. La denuncia atribuía a ambos su presunta participación en una estructura estatal responsable de torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias y persecución política durante los años más duros de la represión.

Salida pactada de Maduro

En paralelo, ABC reveló antes de la caída de Maduro que los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez habían activado en los últimos meses canales discretos para tantear una salida pactada de Maduro que garantice su seguridad personal y preserve la arquitectura del régimen. Según fuentes conocedoras del expediente venezolano, esos mensajes habrían llegado a intermediarios próximos al entorno de Trump. Washington juzga ahora a Maduro con su mujer Cilia Flores en la misma causa que Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

El esquema que promovía el chavismo incluía un indulto total para Maduro y su círculo, la posibilidad de exilio en el extranjero, con Madrid mencionada desde el entorno venezolano, y la formación de un gobierno de transición integrado por figuras del propio régimen. Delcy Rodríguez ha negado en varias ocasiones cualquier implicación en negociaciones de este tipo o en la promoción de relevos internos, pero finalmente ha sido ella quien ha asumido el poder inmediatamente tras la detención de Maduro.

ABC ha recibido información de dos fuentes independientes que coinciden en que el plan que incluía a Rodríguez Torres fue presentado a intermediarios del entorno de Trump como una propuesta impulsada por los hermanos Rodríguez y que contaba con el beneplácito de Zapatero. Este no ha respondido a las peticiones de este diario para valorar la idoneidad del general cuya liberación facilitó en 2023.

Ese año, los abogados de Rodríguez Torres defendieron que su cliente no fue condenado a pena de extrañamiento ni quedó sujeto a medidas cautelares, y que su excarcelación se produjo tras acogerse a la figura de admisión de hechos por el delito de instigación a la rebelión. Según su versión, esa vía se utilizó porque ya había cumplido prácticamente la totalidad de la pena prevista. En ese mismo relato, los letrados reconocieron la intervención directa de Zapatero y la participación de altos cargos del régimen, entre ellos Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa y el fiscal general. Confirmaron también que el traslado a España se produjo bajo la figura de asilo humanitario, sin prohibición de retorno a Venezuela, y que fue el propio general quien aceptó la propuesta de Zapatero de acompañarlo personalmente hasta España.

La hipótesis dominante entre las fuentes consultadas por ABC es que un eventual relevo encabezado por Rodríguez Torres permitiría mantener bajo control información sensible sobre redes de poder, financiación ilícita, narcotráfico y mediaciones políticas acumuladas durante más de una década. Un relevo diseñado no para desmontar el sistema, sino para preservarlo frente al riesgo judicial externo. Una fuente diplomática en Washington resume esa posición con una frase directa: para la Administración estadounidense, el nombre de Rodríguez Torres es inasumible.

Desde ese ángulo, su trayectoria aparece indisociablemente ligada a los años más duros del aparato de seguridad chavista. General retirado, fundador y director del Sebin entre 2010 y 2014, fue uno de los arquitectos del sistema de control interno concebido bajo Hugo Chávez y consolidado después por Maduro. Dirigió la respuesta del Estado a las protestas de 2014, un periodo marcado por al menos 43 muertes, y figura señalado en informes internacionales, documentos de inteligencia y testimonios de víctimas por su presunta implicación en detenciones arbitrarias, torturas y centros de reclusión clandestinos.

Tras caer en desgracia dentro del propio régimen, fue detenido en 2018 y pasó casi cinco años en prisión hasta su liberación y traslado a España. Desde entonces, su nombre reaparece cíclicamente en escenarios de transición promovidos desde el entorno del poder chavista, no como símbolo de ruptura, sino como posible garante de continuidad y control. Para Washington, esa condición lo convierte no en una solución, sino en parte del problema.

El corte del sistema energético de Venezuela a Cuba, del que depende en buena medida la dictadura castrista para sus necesidades energéticas, es ya una realidad. Desde finales de año, EE.UU. tiene sometido a Venezuela a un bloqueo en la salida de petroleros desde sus puertos en el Caribe.

Pero Trump deja claro que utilizará la carta del petróleo venezolano para buscar algo similar a lo que ha conseguido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro: forzar un cambio político en el país acorde con los intereses de EE.UU.

«Sugiero firmamento que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde», dijo Trump en referencia al Gobierno de Miguel Díaz Canel, pero sin dar detalles sobre qué espera de los líderes cubanos.

«Ya no más»

En su mensaje, el multimillonario neoyorquino defendió que el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba era una contraprestación por los «servicios de seguridad» del régimen castrista «a los dos últimos dictadores venezolanos», en referencia a Maduro y a su antecesor, Hugo Chávez. «Pero ya no más», advirtió Trump, que se refirió a la muerte de decenas de cubanos que integraban la protección en Maduro durante la operación militar de EE.UU. para su captura. «Ahora Venezuela tiene a EE.UU., de lejos la mayor potencia militar mundial, para protegerles y lo haremos», dijo.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, negó en un mensaje en redes sociales que Cuba reciba compensación por servicios de seguridad a Venezuela y aseguró que su país «tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo».

La realidad es que Cuba ha subsistido por las importaciones de crudo venezolano, pese a la caída tanto de la producción en Venezuela como de la capacidad para refinar de la industria cubana. El año pasado recibieron 26.500 barriles por día desde Venezuela, el mayor suministrador a la isla, frente a los 55.000 barriles diarios que recibía en 2023.

Parte de las necesidades energéticas de Cuba las cubre México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, reconoció la semana pasada que su país ha tomado un mayor papel en los suministros a la isla por el bloqueo al crudo venezolano.

Nada más producirse la captura de Maduro, Trump y su Administración dejaron claro que tenían los ojos puestos en Cuba, un antagonista histórico, un baluarte de potencias rivales pegado a EE.UU., a 150 kilómetros de la costa de Florida. «Está lista para caer», dijo entonces el presidente de EE.UU. «Si yo viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado, al menos un poco», apostilló su secretario de Estado, Marco Rubio.

Un seguidor de Trump respondió al mensaje de Trump sugiriendo que Rubio -hijo de exiliados cubanos- debería ser el presidente de Cuba cuando caiga el Gobierno comunista. «Me parece bien», le respondió Trump.

50 millones de barriles

Las presiones de Trump a Cuba con el petróleo llegan en medio de un acuerdo con Venezuela para que el país con más reservas del mundo entregue 50 millones de barriles a EE.UU., en una operación de unos 2.000 millones de dólares.

El objetivo para Trump es que los ingresos del petróleo venezolano en EE.UU. sirvan para estabilizar políticamente y económicamente a Venezuela. Para conseguirlo, el presidente de EE.UU. firmó una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional para blindar esos ingresos frente a acreedores de Venezuela.

Con ese formato, los ingresos quedarán en un depósito gubernamental controlado por el Tesoro de EE.UU. pero de propiedad de Venezuela para evitar embargos. Por ejemplo, de las petroleras estadounidenses que sufrieron nacionalizaciones y confiscaciones por parte del régimen chavista y que mantienen reclamaciones multimillonarias contra el país sudamericano.

La confirmación llega en un momento especialmente delicado para la estrategia estadounidense sobre Venezuela, marcada por la detención de Maduro, la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y las tensiones internas en Washington sobre cómo articular una eventual transición.

Hasta ahora, Trump había evitado comprometerse públicamente con Machado como figura de relevo, pese a que su partido lideró la victoria opositora en las presidenciales de 2024 y mantiene el mayor respaldo popular dentro y fuera del país. Ella ganó las primarias y fue inhabilitada por la dictadura con acusaciones falsas.

«Entiendo que viene la próxima semana y va a presentarnos sus respetos», afirmó Trump, sin detallar el contenido político de la reunión ni el papel concreto que Machado podría desempeñar en el nuevo escenario venezolano. La frase, breve pero calculada, fue interpretada en Washington como una señal deliberada: Trump reconoce a Machado como interlocutora directa, pero se reserva margen de maniobra.

Machado intensifica su cercanía

El anuncio se produce tras semanas de mensajes contradictorios. Por un lado, Trump había sembrado dudas sobre la capacidad real de Machado para gobernar Venezuela, cuestionando su control sobre las Fuerzas Armadas y su nivel de apoyo interno. Por otro, la líder opositora ha intensificado su acercamiento al entorno del presidente estadounidense, presentándose como la principal aliada política de Washington en el momento posterior a Maduro.

En ese contexto, Trump confirmó también que su Administración mantiene abiertos contactos paralelos con figuras del chavismo. Preguntado por ABC sobre las maniobras de Delcy Rodríguez y la posibilidad de conversaciones directas con representantes del régimen, el presidente admitió que está previsto un encuentro inminente suyo con «un grupo de personas que mandan en Venezuela». Según explicó, esa reunión se celebrará «pronto, en un futuro inmediato», aunque precisó que los detalles aún están en fase de cierre.

La coexistencia de ambos canales —el contacto directo con Machado y las conversaciones con altos cargos del régimen— refleja la complejidad del momento y la estrategia de la Casa Blanca, que mantiene abiertas varias vías mientras evalúa el equilibrio entre presión, control y salida política. No se trata de un respaldo exclusivo ni de una apuesta cerrada, sino de una gestión simultánea de escenarios.

El viaje de Machado a Washington tiene además un componente simbólico añadido: el Nobel de la Paz que recibió en 2025. En los últimos días, la dirigente venezolana ha sugerido públicamente que estaría dispuesta a ofrecer ese reconocimiento a Trump como gesto de agradecimiento por la caída de Maduro y la liberación de presos políticos. El presidente, que lleva meses manifestando su frustración por no haber recibido el galardón, reaccionó con visible interés.

«Sería un gran honor», dijo Trump al ser preguntado por la posibilidad de que se lo de ella, añadiendo que lo ocurrido con el Nobel es «una gran vergüenza para Noruega». En su entorno recuerdan además que el Premio Nobel de la Paz concedido a Theodore Roosevelt, en 1906, cuelga en la Casa Blanca, un detalle que su equipo subraya como parte del simbolismo histórico que rodea ahora la visita de Machado.

Trump se atribuye avances en varios conflictos internacionales desde su regreso al poder y ha reivindicado su papel en la liberación de presos políticos en Venezuela tras la caída de Maduro. Aunque la dictadura anunció las excarcelaciones, siguen quedando muchos objetores en las prisiones del régimen.

La recepción de Machado en la Casa Blanca la semana entrante no despeja, por sí sola, las incógnitas sobre el futuro político de Venezuela, pero marca un punto de inflexión. Por primera vez desde el descabezamiento del régimen, Trump pone fecha y lugar a un encuentro con la principal líder opositora, al tiempo que confirma que sigue hablando con quienes conservan el control del aparato chavista. Un movimiento calculado, con alto contenido simbólico, que subraya que la transición venezolana, si llega, se jugará en varias negociaciones a la vez.

Evans fue chavista. Genuinamente chavista. Apoyó a Hugo Chávez hasta la muerte del comandante en 2013. Fue parte de ese círculo de intelectuales que tenía proximidad con el proyecto revolucionario, encargándose de difundir lo que vendían como un proceso transformador, incluso en las universidades europeas. Formó parte del Centro Miranda, esa institución caraqueña ubicada en el corazón del Parque Central que albergaba a intelectuales españoles como Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. En esos salones y auditorios, se sesionaba sobre formación ideológica, sobre los círculos bolivarianos, sobre la construcción de una nueva sociedad. Evans era parte de ese proyecto. Era, en cierto sentido, un constructor de la narrativa revolucionaria.

Pero después de 2013, cuando Chávez murió, algo cambió. O quizás Evans simplemente vio lo que siempre estuvo ahí. Comenzó a hacer críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Críticas públicas, documentadas, en su medio web Punto de Corte. Críticas que, en una Venezuela cada vez más autoritaria, se convirtieron en un acto de disidencia. El intelectual que había defendido la revolución se convirtió en su crítico. Y eso, en el Venezuela de Maduro, es un crimen.

El 13 de diciembre, la policía política vino a por él. Ahora, mientras nos sentamos en su salón, ella intenta explicar lo que significa esperar. «Es la segunda vez que se lo llevan», dice, con una voz que oscila entre la resignación y la rabia contenida. «La primera vez estuvo 51 días. Esta vez, tiene 25 días ». Ella hace cálculos mentales mientras habla, como si pudiera contar los días en su rostro.

La madrugada del 3 de enero, cuando Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense, Martha sintió algo que no había sentido en semanas. «A pesar de no estar completamente de acuerdo con la forma en que ocurrió la captura, sentí una luz y una esperanza de cambio y de libertad para todos los que están presos en este momento», dice.

El jueves al mediodía, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la vicepresidenta Delcy, anunció desde la tribuna legislativa lo que el régimen se niega a llamar por su nombre: la liberación de presos políticos. En la jerga oficial, son simplemente «ciudadanos venezolanos y extranjeros» cuya excarcelación responde a un «gesto de paz unilateral». La precisión del lenguaje importa cuando se trata de negar lo obvio. Llamarlos presos políticos sería una admisión de lo que los organismos de derechos humanos documentan meticulosamente: crímenes de lesa humanidad.

Los que han salido

Para el viernes, cuando la euforia inicial comenzaba a sedimentarse, Foro Penal confirmó oficialmente los nombres de quiénes habían salido. Rocío San Miguel, activista de derechos humanos con nacionalidad hispano-venezolana, fue liberada tras permanecer detenida desde febrero de 2024. Enrique Márquez, quien fuera candidato presidencial, recuperó su libertad después de casi cinco meses de cautiverio que comenzaron el 28 de agosto. Biagio Pilieri, líder opositor, salió de las celdas donde había permanecido desde enero de 2025. Larry Osorio, activista de derechos humanos, fue excarcelado tras más de tres años y medio de encarcelamiento que se remontaban a agosto de 2021 y Aracelis Balza Ramírez fue detenida el 19 de octubre de 2025 en su residencia por funcionarios de seguridad, horas después de participar o estar relacionada con actos por la canonización de San José Gregorio Hernández en Isnotú, Trujillo.

Junto a estos nombres, cuatro ciudadanos españoles fueron liberados. José María Basoa, vasco de 35 años, fue sacado de cautiverio donde permanecía desde su detención en Amazonas en septiembre de 2024. Andrés Martínez Adasme, otro vasco de 32 años, fue liberado junto a Basoa bajo acusaciones de espionaje que nunca fueron probadas. Miguel Moreno Dapena, marinero y periodista canario, fue excarcelado tras haber sido detenido en junio de 2025 mientras se encontraba en un buque de exploración marina con bandera panameña en aguas venezolanas. Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de 52 años, fue liberado sin que las autoridades venezolanas jamás detallaran públicamente los cargos que supuestamente pesaban sobre él. Todos fueron deportados a España con escalas, pues no existen vuelos directos entre el aeropuerto de Maiquetía y Madrid en este momento.

400 excarcelaciones planeadas

Pero aquí es donde la narrativa oficial se quiebra. Estos ocho nombres representan apenas una fracción mínima de una realidad mucho más vasta. Según Foro Penal, la organización de derechos humanos que documenta cada detención política en Venezuela, entre 800 y 1.000 personas permanecen encarceladas por razones políticas. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, ha confirmado en sus publicaciones en X que la cifra de presos políticos alcanza los 811 casos documentados hasta los momentos.

Fuentes confiables hablan de un «paquete» de aproximadamente 400 excarcelaciones planeadas, lo que significaría que entre 400 y 600 personas seguirían tras las rejas. El Gobierno, aparentemente, ha optado por una estrategia de liberaciones graduales, lo que algunos analistas interpretan como un intento de evitar una «foto grupal» de presos políticos que resultaría demasiado incómoda para la narrativa que Delcy Rodríguez intenta construir.

Mientras Martha espera, en las puertas de El Helicoide se ha formado una vigilia. Familias y medios se han apostado en las cercanias de este edificio espiral originalmente concebido como centro comercial en los años 1950, que se transformó con el tiempo en un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ese edificio que es sinónimo de desaparición forzada en Venezuela. Madres, esposas, hermanos, hijos. Algunos llevan carteles con nombres. Otros simplemente se sientan en el suelo, esperando. El calor caraqueño es sofocante, y la policía está presente, observando. Hay una tensión palpable en el aire, esa tensión que existe cuando la esperanza y el miedo coexisten en el mismo espacio.

Diego, un joven activista y estudiante de trabajo social, es parte de esa vigilia. Se involucró personalmente en la defensa de derechos humanos cuando su hermano, José Gregorio Pérez Maita, fue detenido la noche del 29 de julio de 2024 en Charallave. Su hermano fue liberado el año pasado, pero debe presentarse cada mes ante los tribunales. Ahora Diego continúa trabajando por la libertad de otros. «Estamos, por supuesto, a la espera, insistiendo en que el propio organismo que los tiene detenidos dé una información clara de quiénes son estas personas, y que incluso podamos verlos cuando sean excarcelados. Prometieron una gran cantidad de liberaciones, pero apenas han liberado unos pocos», expresó. Su voz refleja la frustración de alguien que ha visto cómo las promesas se convierten en migajas.

En las cárceles donde aún permanecen detenidos hay militares, políticos, estudiantes, activistas de derechos humanos y periodistas. El Helicoide sigue siendo el centro de atención, pero hay otros lugares de cautiverio igualmente oscuros: Inof, Ramo Verde, Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DGCIM), Tocorón, Yare.

Según Foro Penal, la mayoría de los extranjeros detenidos se encuentran en la cárcel de Rodeo Uno, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas. La nacionalidad de estos prisioneros es un reflejo de la alcurnia global del régimen: españoles, ucranianos, argentinos, ciudadanos de los Países Bajos, franceses, italianos, guyaneses, pakistaníes, libaneses, ecuatorianos, húngaros, polacos, peruanos, portugueses, hondureños, chilenos. Algunos poseen doble nacionalidad venezolana.

Españoles todavía encarcelados

Entre los españoles que aún permanecen detenidos, según documentación de Foro Penal, están figuras como Alejandro González, de 59 años, exmilitar y gerente aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron, quien se encuentra en Rodeo Uno. También permanece en esa misma cárcel Fernando Noya, de 33 años, estudiante cuyo único delito fue sumarse a grupos de resistencia. Uaiparu Guerere, empresario de 70 años que vivía en Barcelona hace años, fue capturado en 2023 cuando regresó a Venezuela para cerrar sus negocios.

Tambien permanecen otros españoles. Catalina Ramos, dirigente de Vente Venezuela, sigue encarcelada. Leticia García, de 68 años, lleva detenida desde junio sin motivo aparente. José Luis Machín Machín, de 64 años, exalcalde de Barinas y de sangre canaria, permanece en sus celdas. Miguel Álvarez, dirigente político de Primero Justicia, también está ahí. Jesús Ernesto Castillo, joven que residía en Barcelona y que se encontraba de vacaciones en Venezuela cuando fue capturado, sigue detenido. Jesús Enrique Gómez, acusado como la mayoría de conspiración.

Jorge Alayeto, el decano

Pero hay otros cuya historia es aún más larga. Jorge Alayeto, comerciante de 54 años, es el decano de los presos españoles. Fue detenido en 2017, acusado sin pruebas de conspiración. Lleva aproximadamente nueve años en cautiverio. Ángela Expósito, de 60 años, que dirigía la ONG Fundanimal y cuidaba a los perros de los presos políticos, fue capturada en 2018. María Auxiliadora Delgado, de 51 años, cayó en 2019 simplemente por ser hermana de un militar sospechoso, Karen Hernández, de 39 años, fue detenida en 2020 y condenada a 30 años por su supuesta implicación en la «Operación Gedeón».

Montserrat Espinosa, dueña de una pizzería, permanece encarcelada en La Yaguara, conglomerado policial, simplemente porque a su negocio llegó un sobre sospechoso.

Los mecanismos de la liberación revelan la naturaleza del sistema. Algunos de los excarcelados fueron sacados de El Helicoide en patrullas con vidrios ahumados y dejados luego en diferentes puntos de Caracas, como si el régimen quisiera borrar cualquier rastro de su encarcelamiento. La estrategia es clara: liberar, pero sin reconocer. Anunciar, pero sin detallar. Prometer, pero sin cumplir completamente.

Mientras tanto, el régimen intenta proyectar normalidad. Delcy Rodríguez presidió un acto de homenaje a los «combatientes y civiles caídos durante el ataque americano contra Venezuela». Anunció la creación de un monumento en honor a quienes fueron declarados «héroes de la patria», incluyendo a 32 cubanos. Otorgó ascensos y condecoraciones. Envió mensajes al pueblo estadounidense sobre la «agresión vil y guerrerista». Reiteró que Venezuela no está «subordinada ni sometida» y que tiene «lealtad con el presidente constitucional Nicolás Maduro y con la primera combatiente Cilia Flores, quiénes han sido secuestrados».

Es el teatro de la normalidad en un país que es todo menos normal. Mientras algunos salen, otros siguen adentro. Mientras se construyen monumentos a los mártires, se mantienen en secreto los nombres de quiénes aún están en las celdas. Martha sigue esperando una llamada que quizás nunca llegue. Diego sigue en la vigilia frente a El Helicoide. Y España, desde Madrid, observa cómo sus ciudadanos permanecen en el cautiverio de una administracion que usa la represión como instrumento de control. Venezuela se ha convertido en un espejismo donde se intenta reescribir la realidad, donde la liberación de 9 personas se presenta como un acto de magnanimidad mientras cientos permanecen en la sombra, esperando.

«Con el propósito de favorecer la convivencia democrática, la administración nacional junto con los organismos estatales ha resuelto proceder a la liberación de un grupo importante de reclusos venezolanos y del extranjero», explicó Rodríguez ante los medios en las dependencias del Palacio Legislativo. El legislador enfatizó que «la ejecución de estas medidas de libertad se está llevando a cabo en estos momentos».

Entre los beneficiados figuran varios ciudadanos españoles actualmente recluidos en instalaciones penitenciarias caraqueñas. Entre los casos más destacados figuran dos turistas vascos y un marinero canario, acusados de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros.

En su alocución, Jorge Rodríguez agradeció explícitamente a José Luis Rodríguez Zapatero y al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su participación en el proceso de negociación. El expresidente español ha encabezado los esfuerzos diplomáticos en favor de la nueva administración de Delcy Rodríguez.

Las cifras de detenidos varían según la fuente. La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos, de los cuales 86 poseen ciudadanía extranjera o doble nacionalidad. Sin embargo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) eleva la cifra a más de 1.000 detenidos. Ambas organizaciones coinciden en documentar condiciones insalubres, negación de atención médica y deterioro físico progresivo de los reclusos.

Españoles y venezolanos liberados

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apuntado que hay cinco ciudadanos españoles entre los presos cuya liberación ha anunciado el nuevo Gobierno de Venezuela: «El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas». Y añade: «España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela».

Por su parte, el Gobierno venezolano ha liberado a los políticos venezolanos opositores Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri, un colaborador de María Corina Machado. Ambos permanecían detenidos arbitrariamente desde hace más de un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Según su ficha biográfica, Enrique Octavio Márquez Pérez, de 62 años, nacido en Maracaibo (estado Zulia), es un ingeniero eléctrico y fue candidato presidencial en 2024. Desde 2021 hasta 2023 ejerció como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, órgano encargado de gestionar los comicios en el país. También ha sido profesor Universitario de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Zulia.

El 31 de marzo, Trump ordenó endurecer la presión económica sobre Venezuela, en un giro que devolvía la política petrolera a la línea de su primer mandato. Ese mismo día, el Tesoro de EE.UU. ejecutó la revocación de casi todas las autorizaciones petroleras vigentes para operar en el país. Entre ellas figuraba la licencia de Global Oil Terminals, empresa de comercio de crudo y asfalto propiedad del empresario estadounidense Harry Sargeant III. En la misma decisión quedaron sin efecto las autorizaciones de la petrolera española Repsol y de otras compañías extranjeras con actividad en Venezuela.

Las empresas afectadas recibieron un plazo hasta finales de mayo para desmantelar y cerrar operaciones. En el caso de Global Oil Terminals, fueron anuladas las tres licencias que tenía en vigor, incluida la principal concedida en mayo de 2024, durante la Administración Biden, con la que había estado cargando crudo pesado venezolano para su exportación. La medida se inscribía en la estrategia de la Administración Trump de volver a aislar al régimen de Nicolás Maduro, en un contexto de frustración en la Casa Blanca por la lentitud de Caracas a la hora de aceptar deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.

Chevron quedó en una posición distinta. La Administración había notificado previamente a la compañía una orden para abandonar Venezuela, pero el cierre no se ejecutó de forma inmediata. En marzo de 2025, el Tesoro de EE.UU., por instrucción de la Casa Blanca, revocó la licencia General 41 que permitía a Chevron operar y exportar petróleo desde Venezuela, fijando como fecha límite el 27 de mayo para el fin de sus actividades. A partir de ese momento, Chevron intensificó los contactos con la Casa Blanca. Su consejero delegado, Mike Wirth, reconoció públicamente que la empresa estaba en diálogo con la Administración para defender su permanencia, argumentando que una retirada beneficiaría a China y a otros rivales estratégicos de Estados Unidos.

Papel de Grenell

A mediados de mayo, el proceso dio un giro con la intervención del enviado especial de Trump, Richard Grenell. Grenell mantuvo negociaciones directas con representantes del gobierno de Maduro en Antigua. Esos contactos desembocaron en la liberación del ciudadano estadounidense Joseph St. Clair, exmiembro de la Fuerza Aérea detenido en Venezuela. Tras ese episodio, Grenell anunció públicamente que Estados Unidos concedería una prórroga de 60 días a la licencia de Chevron, ampliando el plazo más allá del 27 de mayo. La extensión, sin embargo, no fue publicada de inmediato por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Grenell afirmó que la prórroga contaba con la autorización del presidente Trump y la vinculó al progreso logrado en las conversaciones con Caracas, incluida la liberación del ciudadano estadounidense. También sostuvo que Washington no quería dejar espacio a China en el sector petrolero venezolano. Esa versión fue cuestionada casi de inmediato por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien desmintió la existencia de una prórroga en declaraciones públicas y en redes sociales, asegurando que la licencia de Chevron expiraría el 27 de mayo, como estaba previsto. La rivalidad entre Rubio y Grenell se hizo explícita desde ese momento.

El desacuerdo evidenció una fractura interna en la Administración entre la vía negociadora impulsada por Grenell y la línea dura defendida por Rubio, contrario a cualquier concesión económica al gobierno de Maduro. Finalmente, la posición oficial comunicada por el Departamento de Estado fue que no existía una extensión en vigor más allá del plazo original, dejando en suspenso las negociaciones paralelas y subrayando que la política hacia Venezuela debía canalizarse por la vía institucional del Departamento de Estado.

Deportados por combustible

En paralelo a este pulso interno, el diario ‘The Miami Herald’ situó a Harry Sargeant III como un actor central en la gestación del llamado acuerdo de «crudo por inmigrantes» y lo vinculó directamente al canal Grenell. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por el diario, Sargeant trabajó entre bastidores para facilitar el encuentro del 31 de enero de 2025 en Caracas entre Nicolás Maduro y Richard Grenell. De ese contacto habría surgido un entendimiento según el cual el régimen venezolano aceptaría vuelos de deportados desde EE.UU. a cambio de margen para aumentar las ventas de petróleo al mercado estadounidense.

El objetivo de Maduro era utilizar la aceptación de deportados como palanca para lograr un levantamiento parcial o total de sanciones y, en concreto, asegurar la renovación de una licencia del Tesoro vinculada a Chevron. Según esas fuentes, la licencia habría sido extendida el 1 de febrero, al día siguiente del encuentro entre Maduro y Grenell, y recoge la interpretación de una de ellas: que Maduro «ganó» una renovación automática de la licencia que esperaba que Trump suspendiera.

Sargeant se situó al frente de un grupo de empresarios petroleros e inversores en deuda venezolana que, desde la victoria electoral de Trump en noviembre, intentaron convencer al presidente de la conveniencia de un acuerdo que combinara petróleo y control migratorio, en conversaciones mantenidas con interlocutores del entorno de los hermanos Rodríguez, según dos fuentes de la administración. Esas fuentes recalcan que Sargeant ya se opuso a un embargo en la primera administración, en oposición a las decisiones del gobierno interino que comandaba Juan Guaidó.

Sargeant mantenía desde hacía años contactos directos con el gobierno venezolano y con altos cargos de la petrolera estatal PDVSA para explorar oportunidades de petróleo y asfalto, según fuentes conocedoras de esos encuentros. Reuters informó de que Sargeant voló a Caracas en noviembre de 2017 para reunirse con Maduro con la intención de cerrar un acuerdo para comprar crudo pesado para su negocio de asfalto, una iniciativa que al año siguiente se tradujo en un acuerdo petrolero con el gobierno venezolano.

Sobre su relación con Grenell, el vínculo es directo según fuentes citadas por el diario: Sargeant facilitó el contacto entre Maduro y el enviado de Trump, y ese encuentro fue la base del entendimiento que mezclaba deportaciones y petróleo. Este diario intentó recabar la versión de Sargeant, a través de su abogado Christopher Kise, y de Grenell, sin obtener respuesta.

Negociaciones con el Gobierno de Maduro

En mayo, la Administración Trump negociaba de forma discreta un acuerdo con el Gobierno de Maduro para permitir que Chevron siguiera exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a cambio de que Caracas aceptara el retorno de miles de migrantes venezolanos.

Según esas fuentes, Maduro buscaba a cambio concesiones políticas y económicas de gran calado, incluida su salida de la lista de sanciones del Tesoro y la retirada de los cargos por narcotráfico que siguen abiertos en tribunales estadounidenses. Este intento de normalización contaba con el respaldo de actores influyentes del lobby petrolero, entre ellos Sargeant, según publicó el Herald, pero se topó con una fuerte resistencia interna, especialmente de diputados republicanos cubanoamericanos de Florida y de responsables del Departamento de Estado bajo la órbita de Rubio.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump canceló inicialmente la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela y ordenó el inicio del cierre de sus actividades. Sin embargo, tras contactos directos con la compañía y una intensa presión del sector, la Administración revisó esa decisión y en julio de 2025 otorgó a Chevron una nueva licencia, con condiciones distintas y no publicadas. Chevron pudo reanudar las exportaciones, pero dejó de pagar en efectivo al Estado venezolano y pasó a entregar a PDVSA su parte del crudo en especie. Ese cambio permitió que intermediarios ligados al régimen comercializaran ese petróleo, un efecto que Washington trató de corregir posteriormente con nuevas sanciones y restricciones al transporte de crudo venezolano.

Desde que Estados Unidos entró en Venezuela y se llevó a Maduro, el silencio se ha apoderado del Rodeo I. Las visitas están suspendidas y la angustia de las familias choca con la realidad de una transición que no termina de materializarse. Margareth es tajante ante este nuevo escenario: «Mientras no generen una posibilidad real de cambio al abrir las rejas y liberar a los más de mil presos políticos, seguiremos en el mismo punto». Teme que, sin esa señal, la situación empeore «no solo para los presos, sino para todos los venezolanos». Y es que, aunque la tiranía haya sido descabezada, sus tentáculos y el sistema de tortura a la disidencia permanecen, por los momentos, intactos. «Hasta el momento el régimen no ha dado señales de querer hacerlo distinto».

Esa maquinaria, aunque ahora opera en silencio, sigue viva en la memoria muscular de Margareth. No necesita estar físicamente en la entrada del Rodeo I para sentir el peso del protocolo de deshumanización; le basta con cerrar los ojos para volver al inicio del trayecto. Todo empieza cuando los custodios anulan su visión y la obligan a caminar hacia la nada.

«El proceso es largo para lo poco que te permiten ver a tu familiar», relata Margareth a este periódico. Antes de la oscuridad, hay que superar la burocracia del despojo: entregar el documento de identidad y proveer los artículos de higiene que el penal no suministra, desde el champú hasta el desodorante. Eliminando los envases originales, todo debe ser trasvasado a bolsitas transparentes con cierre a presión para que los custodios verifiquen que no se oculta nada en su interior. Después, los visitantes deben someterse al registro de funcionarios que ocultan sus rostros bajo capuchas.

En una segunda inspección, «te piden desabrocharte el pantalón, mostrar tu ropa interior y levantarte el sujetador», detalla. La precaución es extrema. Revisan el cabello, los zapatos e incluso los ojos para descartar hasta el uso de lentillas. Solo tras pasar un identificador de rostro comienza el trayecto final: «Te colocan una capucha y te conducen hacia el área de visita; son aproximadamente unos 140 pasos».

Trayecto a ciegas

Al final del recorrido no hay abrazo. «No hay ningún tipo de contacto físico ni privacidad», lamenta. La comunicación es a través de un cristal y una bocina, bajo la vigilancia estricta de guardias que escuchan cada palabra y controlan un tiempo que el visitante no puede medir, pues hasta los relojes están prohibidos. Para salir, la rutina se repite a la inversa: capucha, caminata y registro. «Es una carga mental para la familia, es vivir una semana en angustia porque se tiene muy claro lo que allí viven a diario: es un lugar creado para desgastar sus organismos».

El Rodeo I no es una cárcel común; las familias denuncian que desde hace dos años opera como el nuevo centro de tortura y aislamiento del régimen. Allí, Josnars y el resto de presos políticos permanecen confinados las 24 horas en celdas de dos por dos metros. Su mobiliario se reduce a un lecho de cemento, una letrina y un tubo en la pared que hace las veces de ducha, aunque el suministro de agua se limita a escasos minutos al día. La desnutrición es parte del castigo: la comida es insuficiente, la hidratación está racionada y ni siquiera la luz natural está garantizada, pues las salidas al sol quedan a la entera discreción de los custodios.

Para los Baduel, el ensañamiento es generacional y político. El general Raúl Isaías Baduel, padre de Josnars, no fue un opositor cualquiera; fue el ministro de Defensa que restituyó a Hugo Chávez en el poder tras el golpe de 2002, para luego convertirse en una voz crítica contra la deriva autoritaria del chavismo. Esa disensión le costó más de una década de prisión, incluyendo cinco años en ‘La Tumba’, una prisión del Sebin situada cinco pisos bajo tierra, diseñada para el aislamiento sensorial, sin luz ni aire natural. El general falleció en 2021 bajo custodia del Estado, en los brazos de su propio hijo Josnars. Hoy, además de requerir cuatro operaciones por las torturas sufridas, Josnars carga con el trauma de haber pedido auxilio en vano mientras su padre moría por falta de atención médica.

El peso del apellido

«Nuestro apellido se ha convertido prácticamente en un delito para el régimen», sentencia Margareth, consciente del precio que paga por su sangre. Vivir bajo asedio constante, con un hermano recluido en condiciones deplorables, supone una carga mental agotadora, pero ella encuentra refugio en la fe. «Dios nos ha sostenido», asegura. A pesar de los intentos sistemáticos por quebrar su dignidad, el dolor se ha transformado en combustible: «Seguimos de pie, luchando por mi hermano y por todos los presos políticos. No queremos que nuestra historia se repita, pues se lleva mucho dolor en el alma y eso nos impulsa a seguir».

Josnars no está solo en esta causa. Su detención se produjo en el marco de la operación Gedeón, la fallida incursión marítima de mayo de 2020 que intentó deponer a Nicolás Maduro. En ese mismo expediente, y bajo el mismo techo de cemento del Rodeo I, se encuentran otros hombres cuyos nombres quedaron sepultados tras los muros.

Sin información oficial

Es el caso del capitán Antonio Sequea, esposo de Verónica Noya, y de Fernando Noya, su hermano, quien además posee la nacionalidad española. Para Verónica, el aislamiento es una condena añadida que dura ya un año y ocho meses, desde que fueron trasladados desde El Helicoide. Tradicionalmente, este singular edificio proyectado como un centro comercial ha sido el símbolo de la represión chavista. «No hemos recibido información oficial, las llamadas no están permitidas en ese nuevo centro de torturas; en la práctica el aislamiento es total y absoluto», denuncia a ABC.

La ironía del nuevo escenario político no se le escapa. Mientras el expresidente Maduro pudo designar defensa en 48 horas tras su detención, su esposo y su hermano llevan más de cinco años en un limbo jurídico. «Fueron sentenciados sin poder nombrar abogados de confianza y nunca hemos tenido acceso a los expedientes», explica Verónica, quien exige una amnistía inmediata si realmente se busca una transición: «No se puede hablar de cambio ni reconciliación mientras existan personas encarceladas por motivos políticos».

La incertidumbre se extiende a varias familias. Yajaira González, hermana de Alejandro González —también hispanovenezolano—, confirma que la suspensión de visitas y ‘paquetería’ es total. Este término, en el contexto carcelario, no alude a la correspondencia, sino al suministro vital de aseo personal, medicinas y agua que las familias deben entregar semanalmente para que el recluso sobreviva ante la inacción del Estado.

A diferencia del hastío de otros años, la voz de Yajaira denota un cambio hacia la esperanza. «Hace dos semanas me decía que no iba a ver más a mi hermano pero, dados los acontecimientos, creo que pronto los van a liberar», confiesa. «La esperanza no se desinfla, al contrario. Estoy convencidísima de que saldrán. Veo más cerca el poder volver a darle un abrazo».

Un año desaparecido

Bajo esa misma incertidumbre se encuentra el caso de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones de 2024 según las únicas actas publicadas pero cuya victoria no fue reconocida por Maduro. Se supone que también está recluido en el Rodeo I pero, tras cumplirse este miércoles un año exacto de su detención —o, más precisamente, de su desaparición—, su familia sigue sin poder confirmar su paradero. Doce meses después, su exigencia es de mínimos: la libertad inmediata o, al menos, una prueba de que sigue con vida.

Rubio compareció tras una sesión informativa clasificada con legisladores, acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La puesta en escena subrayó que la Casa Blanca considera el expediente venezolano una cuestión de seguridad nacional y no solo de política exterior. El mensaje central fue que Washington dispone ahora de «control y capacidad de presión» sobre las autoridades interinas que han asumido el poder tras la captura de Maduro, y que ese margen se usará para condicionar cada fase del proceso.

1. Estabilización

La primera etapa, la estabilización, apunta a evitar un colapso institucional tras los acontecimientos de los últimos días. Según Rubio, el objetivo inmediato es frenar una posible deriva hacia el caos, asegurar el funcionamiento mínimo del Estado y contener riesgos humanitarios y de seguridad. En ese marco se inscribe la decisión de mantener bajo supervisión estadounidense el flujo de crudo venezolano y los ingresos derivados de su venta, un instrumento que combina presión política y capacidad financiera.

Rubio explicó que EE.UU. está ejecutando un acuerdo para tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que serán refinados y vendidos sin coste para el contribuyente estadounidense. Insistió en que la operación es autosuficiente y que Washington controlará el destino de los fondos.

Parte del crudo podría proceder de cargamentos incautados en el marco del bloqueo energético, una posibilidad que, según dijo, ha sido aceptada por las propias autoridades interinas en Caracas como parte del esquema transitorio.

Ese control financiero es presentado como una garantía de que los recursos se utilizarán «en beneficio del pueblo venezolano» y no para reconstruir las redes de poder del chavismo. En la práctica, supone una tutela externa sobre el principal activo económico del país, una medida que la Administración Trump considera indispensable para estabilizar la situación inicial y sentar las bases de la siguiente fase.

2. Recuperación

La segunda etapa, la recuperación, se centra en reactivar la economía, con el sector energético como palanca. Rubio habló de asegurar el acceso de empresas estadounidenses, occidentales y de otros países aliados al mercado venezolano «de una manera justa», bajo reglas que eviten la captura de rentas por actores corruptos o sancionados. Sin dar detalles concretos, aseguró que ya se observan avances y contactos en esa dirección, aunque evitó comprometer plazos o nombres propios.

En paralelo, el secretario de Estado introdujo un componente político y social en esta fase intermedia. Habló de iniciar un proceso de reconciliación nacional que incluya amnistías, la liberación de presos políticos, el retorno de opositores exiliados y la reconstrucción de la sociedad civil. Ese proceso, subrayó, debe desarrollarse de forma gradual y bajo supervisión, para evitar represalias o ajustes de cuentas que desestabilicen aún más el país.

3. Transición política

La tercera fase, la transición política, queda deliberadamente abierta y condicionada al éxito de las dos anteriores. Rubio evitó definir un calendario o un modelo institucional concreto y se limitó a señalar que, al final del proceso, corresponderá a los venezolanos decidir el rumbo de su país. La ambigüedad no es casual: la Casa Blanca quiere mantener margen de maniobra y preservar el apalancamiento mientras se consolida la estabilización y la recuperación.

El mensaje fue reforzado por Hegseth, que recordó que el bloqueo petrolero sigue vigente como herramienta de presión. En la misma línea, el presidente Donald Trump ha advertido de nuevas operaciones si las autoridades interinas no cooperan con las exigencias de Washington, centradas de forma explícita en el control del petróleo y en la orientación del proceso político.

Las reacciones en el Congreso reflejaron la división interna. Legisladores demócratas expresaron su rechazo al plan, al que acusan de carecer de transparencia y de equivaler a una apropiación forzosa de recursos. El senador Chris Murphy calificó la estrategia de «insensata» y denunció que se pretenda usar el petróleo como palanca para micromanejar Venezuela durante un periodo indefinido. Rubio respondió que muchos detalles son operativos y no pueden debatirse en audiencias públicas.

El planteamiento confirma que la Casa Blanca concibe la transición venezolana como un proceso largo, escalonado y tutelado desde fuera, con el control de los recursos energéticos como pieza central. El alcance real de ese plan, sus límites legales y su impacto sobre la soberanía y la gobernabilidad del país siguen abiertos a debate, tanto en Venezuela como en EE.UU.

El segundo de ellos fue apresado frente a las costas del Caribe. Este contaba con una falsa bandera de Camerún y operaba ilícitamente en aguas internacionales.

«En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la «flota fantasma»: uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques —el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia— se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país», apuntó Kristi Noem en X.

«Bajo el liderazgo audaz y visionario del presidente Trump, los equipos tácticos de la Guardia Costera de Estados Unidos trabajaron en estrecha colaboración con sus homólogos de los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado y utilizaron su experiencia para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia», añadió.

El ‘Bella 1’ llevaba varias escapando de la Guardia Costera

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío. Conocido inicialmente como el ‘Bella 1’, este petrolero estaba siendo perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela.

El barco no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo ha perseguido hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo –la conocida como flota fantasma–, incluyendo el que procede del mercado negro vendido por Rusia.

La tripulación del buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Mientras la Guardia Costera lo seguía, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambió el nombre a «Marinera» y cambió su matrícula a rusa.

Rusia ha mostrado su preocupación por las incautaciones por parte de EE.UU. de petroleros que transportan su petróleo ilícito por todo el mundo e impulsan su economía, y ha tomado la inusual decisión de permitir que los barcos se registren en Rusia in inspección ni otras formalidades, según expertos consultados por WSJ.

Rusia ha solicitado a EE.UU. que detenga la persecución de ese buque, según indicaron al diario otros tres funcionarios estadounidenses, y su Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que estaba siguiendo con preocupación la situación en torno al petrolero.

No obstante, la Guardia Costera de EE.UU. ha continuado el seguimiento del buque en el Atlántico Oriental, donde ahora navega a unas 300 millas al sur de Islandia rumbo al Mar del Norte. El incidente con el petrolero se produce en un momento en que Washington y Moscú mantienen disputas diplomáticas sobre Ucrania, lo que amenaza con complicar las conversaciones.

Rusia aún no ha aceptado el marco de paz propuesto por Estados Unidos y Ucrania.

«Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición», afirmó Rubio, sintetizando la estrategia de la Administración Trump para el país sudamericano.

El secretario de Estado acudió al Capitolio con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a informar al legislativo de los planes para Venezuela.

Según explicó Rubio, la fase inicial busca contener el colapso institucional y garantizar un mínimo de orden tras los acontecimientos de las últimas semanas. En paralelo, Estados Unidos mantendrá el control sobre el flujo de crudo venezolano y sobre los ingresos derivados de su venta. Rubio precisó que Washington está «en medio de la ejecución de un acuerdo para tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo» y subrayó que ese mecanismo no supondrá un coste para el contribuyente estadounidense. «Esto no nos va a costar dinero», dijo.

El secretario de Estado insistió en que Estados Unidos supervisará el destino de esos fondos. «Vamos a controlar cómo se dispersa el dinero de la venta del petróleo venezolano de una manera que beneficie al pueblo venezolano», señaló. Parte de ese crudo, añadió, podría proceder incluso de cargamentos incautados en el marco del bloqueo petrolero. «Venezuela quiere que el petróleo de uno de los petroleros incautadosforme parte del acuerdo», explicó.

La segunda fase, centrada en la recuperación económica, pasa por reactivar el sector energético y facilitar el acceso de empresas occidentales a los mercados venezolanos, bajo un esquema de control externo de los ingresos. Rubio sostuvo que ya hay avances visibles. «Ya estamos viendo progresos en Venezuela», afirmó, sin entrar en detalles sobre plazos ni actores concretos de la futura administración de transición.

La tercera etapa, la transición política, queda condicionada al éxito de las dos anteriores. Mientras tanto, la presión sobre el régimen y sobre sus fuentes de financiación continuará. El secretario de Defensa reforzó esa línea al señalar que «el apalancamiento derivado del bloqueo petrolero continúa».

Las declaraciones de Rubio confirman que la Casa Blanca concibe la transición venezolana como un proceso gradual, tutelado desde fuera y sostenido por el control de los recursos energéticos. El alcance real de ese plan y su impacto sobre la soberanía y la gobernabilidad del país siguen siendo objeto de debate dentro y fuera de Estados Unidos.