Author: rb809rb

El origen de estas manifestaciones, mayormente conocidas como las protestas de la Gen Z, comenzó en marzo de 2022, cuando en Sri Lanka estalló lo que se conoce como el movimiento Aragalaya. Miles de jóvenes salieron a las calles a protestar contra la situación económica del país: apagones diarios, precios disparados por una inflación del 50% y escasez de suministros como el combustible o el gas. Finalmente, las revueltas culminaron con la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa, quien acabó escapando del país en julio de ese año mientras una turba irrumpía en su mansión y se bañaba en su piscina. Además de ser el símbolo de toda una quiebra social, dicha revolución marcó un antes y un después en los movimientos juveniles del siglo XXI.

Desde entonces, las revueltas de la Gen Z se han extendido, estando presentes desde Nepal hasta Perú, pasando por Marruecos o Madagascar. Sin embargo, pese a que su fin coincidía –movilizar a la población para la reivindicación de mejoras–, sus motivaciones han sido dispares: la libertad digital, la lucha medioambiental, la justicia social o la situación económica.

 

Los movimientos de esta generación han destacado frente a las revueltas de promociones anteriores gracias a su consolidación en internet. Según Antonio Díaz, especialista en comunicación en redes sociales, utilizar nuevas tecnologías para el activismo político «facilita que la voz de la ciudadanía se escuche horizontalmente, demoliendo antiguas jerarquías y, en parte, creando otras nuevas».

La evolución de este ciberactivismo y los intentos de frenarlo por las autoridades desencadena lo que Díaz denomina «efecto bola de nieve»: «Cuanto más se intente prohibir o condenar, más sentido se está dando al hecho en sí mismo: el derecho a ser escuchado y también a proponer un ideario o rumbo nuevo en la sociedad».

No obstante, a pesar de que las movilizaciones de la Gen Z tienen una efectividad inmediata gracias a su organización en comunidades, su fuerza puede decaer si no se trabaja particularmente. Díaz asegura que «la modalidad de caminar en grupo alivia pero no calma, y, por tanto, no llena a medio y largo plazo. Hay que trabajar más lo individual y abrazar la soledad de la que se huye».

En este contexto, el descontento digital se ha materializado en las calles, impulsando la revuelta de miles de jóvenes bajo un mismo deseo de lucha y transformación hacia una mejora nacional. Ciudades como Katmandú, Rabat, Lima o Antananarivo han sido testigos de estas olas de movilización, poniendo en riesgo las jerarquías de poder.

Levantamiento de barricadas, manifestaciones con consignas por servicios públicos y demandas al presidente. Así protagonizaron los jóvenes las protestas en Madagascar. Antananarivo y otras ciudades del país vivieron la lucha protagonizada por la Generación Z. Furiosos contra la escasez de agua y los cortes prolongados de electricidad, los jóvenes malgaches empezaron una ola de revueltas para revertir esta situación.

Bajo el movimiento Leo Délestage, los manifestantes –organizados y convocados por aplicaciones de mensajería como Discord– reclamaban soluciones inmediatas y el derrocamiento del Gobierno. Sin embargo, a medida que las protestas se intensificaron, las fuerzas armadas del país se volvieron más violentas, utilizando gas lacrimógeno y pelotas de goma, dejando incluso 22 muertos. Sin embargo, no todo el Ejército estuvo de acuerdo con reprimir estas manifestaciones: la unidad de élite militar Captsa se sumó a estas revueltas, provocando así un ruptura y debilitamiento del Gobierno.

Finalmente, el 29 de septiembre el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disolvió el Ejecutivo. Tras la huida de Rajoelina al temer por su vida, el Ejército tomó el poder, suspendió la Constitución y creó un Gobierno civil, nombrando al coronel Michael Randrianirina, líder de la unidad Captsa, como nuevo presidente de Madagascar. Ante esta situación, los jóvenes esperan con esperanza y cierta cautela.

«¡Queremos hospitales, no Mundiales!» fue el grito de los jóvenes que lideraron las manifestaciones en Marruecos desde finales de septiembre. Durante varias semanas, el reino alauí vivió uno de los episodios más tensos y preocupantes de los últimos años. Los jóvenes, que pertenecen a la Generación Z, salieron a las calles de las principales ciudades para mostrar su hartazgo ante la falta de servicios públicos de calidad. Las protestas de los jóvenes magrebíes, nacidas de reivindicaciones en Discord, adquirieron una punzante dimensión política con llamamientos a la caída del Gobierno y solo apaciguadas por un discurso del Rey Mohamed VI, quien no anunció ninguna medida pero frenó en cierta medida las protestas.

Bajo el nombre en la plataforma de Discord GenZ 212, los jóvenes denunciaban un sistema educativo deficiente, hospitales precarios, desempleo endémico y corrupción. La Gen Z no pareció tener ninguna adscripción política, y de momento se desconoce si tiene un cabecilla o un grupo de líderes que manejen los hilos. Lo que sí quedó claro es que tiene una gran conciencia política y que sus integrantes pertenecen a una clase media que se ha visto diezmada por la subida de precios debido a la inflación galopante.

La marcha en Lima dirigida por los jóvenes de la Generación Z que tuvo lugar el 13 de septiembre sorprendió a todos en Perú porque esta forma de protesta se había aparcado tras la fuerte represión estatal, en la que habían muerto 49 personas.

La razón de la marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) tuvo un motivo concreto: el partido Fuerza Popular, que dirige Keiko Sofía Fujimori, aprobó en el Congreso la ley donde toda persona de 18 a 40 años debía afiliarse de modo obligatorio a un sistema privado de pensiones, tributando además un impuesto extra al cobrar cualquier ingreso. La ley fue derogada a los pocos días, pero la mecha prendió y a ella se unieron los transportistas, que marcharon para que se detuvieran las extorsiones contra ellos.

Estas movilizaciones coincidieron con otras protestas en Nepal e Indonesia. Por esa razón, usaron el símbolo de la bandera ‘One Piece’ que une a la Generación Z en todo el mundo.

Entre los líderes visibles de la Generación Z, en Perú destacan Orlando Carrasco (conocido como Lando), Jorge Calmet y Milagros Rojas.

En un encuentro con la prensa en Lima, Jorge Calmet aseguró que seguirán marchando en Lima, y en pleno estado de emergencia, por Inti y Bryan, las víctimas de Dina Boluarte, y el rapero Luis Diaz. Su plan es organizar una vigilia en el centro de Lima en nombre del músico a la que asistirá su padre, Roger Ruiz.

«Buscamos salir de toda esta porquería en la que vivimos, a lo que nos han sometido los gobernantes y los partidos que están ahí, especialmente los congresistas y sus líderes que están fuera del Congreso. Buscamos salir de toda esta corrupción. No pedimos algo extraño, algo fuera de lo común. Pedimos cosas básicas, cosas que todo el mundo tiene derecho a tener simplemente por ser una persona, por tener dignidad, por ser un ser humano», clamó Calmet.

Entre tanto, Milagros Rojas, de 21 años, explicó que no apoyan a ningún partido político y que están elaborando un documento de la Generación Z que pide que se deroguen las leyes que favorecen el sicariato y las extorsiones dictadas por el actual Congreso, que mejoren las condiciones laborales de los jóvenes y que «nuestro futuro no vuelva a estar marcado por obtener un pasaporte y salir del país como les pasó a otras generaciones».

Asia quizá suponga la región donde las protestas de la Generación Z han tenido más éxito a la hora de lograr un cambio político efectivo. Todos estos movimientos comparten una participación juvenil mayoritaria, reclamaciones estructurales y lo digital como espacio constitutivo; una confluencia de factores de particular relevancia en países que han experimentado un acelerado desarrollo económico, pero donde aún imperan sustanciales déficits democráticos y escasa redistribución de riqueza.

Se produce así una colisión tectónica entre una sociedad civil alfabetizada, conectada y sin perspectivas de mejora con una estructura de poder rígida y elitista. En los últimos meses, estas movilizaciones han causado al menos dos cambios de gobierno.

El primero de ellos, en Bangladés. En agosto de 2024, varias semanas de altercados acabaron por provocar la huida de la por entonces primera ministra, Sheikh Hasina, tras quince años al frente del país, veinte en total, un periodo marcado por una progresiva represión generalizada. La explosión del hartazgo, no obstante, tuvo origen socioeconómico: un proyecto de ley que pretendía reservar empleos del sector público para veteranos de la guerra de independencia, interpretado como la institucionalización de una red clientelar al servicio del Ejecutivo.

La revuelta, que dejó más de 1.400 muertos y 13.000 heridos, acabó con Bangladés en manos de una figura de consenso, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 por su programa de microcréditos. Como jefe de Gobierno interino, está encargado de liderar la transición hacia las próximas elecciones generales, programadas para febrero de 2026.

Este país del Himalaya siguió un patrón similar. Todo comenzó allí con las publicaciones en redes sociales de los ‘nepo kids’, los hijos del nepotismo, esto es, la clase dirigente, presumiendo de privilegios ante la precaria situación económica. La tasa de desempleo juvenil supera el 20%, 2.000 personas –de una población de 29 millones– emigran a diario en busca de oportunidades laborales en Oriente Próximo o el Sudeste Asiático, y las remesas que estos trabajadores envían desde el extranjero suponen un tercio del PIB nacional.

El agravio inicial se elevó a alzamiento por la brutalidad policial y la censura de Facebook, YouTube, X –antes llamada Twitter– y otras 26 plataformas. Este suceso prueba que las redes sociales no solo representan una herramienta organizativa y catalizadora de la movilización, como en la Primavera Árabe de 2011, sino su conversión en infraestructura esencial, a la par que el agua o la electricidad, cuya interrupción es percibida como intolerable.

Ante la presión popular y la desbandada de su Gabinete, el primer ministro K.P. Sharma Oli, para más inri del Partido Comunista, acabó por dimitir. Los manifestantes organizaron entonces una encuesta en Discord con el objetivo de consensuar un candidato para liderar un Gobierno interino. La expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki resultó elegida y conducirá el país hasta las elecciones de marzo.

Otras protestas no llegaron tan lejos y permanecen, por tanto, no tan fallidas como inconclusas. A lo largo de este año, varias movilizaciones han sacudido Indonesia. Comenzaron en febrero, en rechazo a medidas de austeridad que afectaban a servicios públicos, en especial la educación, y pasaron luego a cuestionar la implicación del Ejército en la Administración pública.

En agosto, la concesión a los parlamentarios de dietas residenciales por valor de 50 millones de rupias indonesias (2.590 euros), diez veces el salario mínimo en Yakarta, la capital, aún más en comparación con otras zonas del país, incrementó la intensidad de las mismas, que tomaron por nombre la etiqueta (‘hashtag’) «Indonesia Gelap» («Indonesia Oscura»). El presidente Prabowo Subianto acabó por retirar dichos privilegios para aplacar el descontento.

Estas protestas generacionales, sin embargo, no se limitan a fenómenos recientes. En Tailandia, por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles contra el despotismo del Ejército y la Casa Real llevaron al partido Hacia delante a ganar las elecciones de mayo de 2023 con un programa reformista, lo que a su vez impulsó un pacto contra natura entre los militares y el clan Shinawatra para impedir la formación de Gobierno y, después, forzar la disolución del partido.

La gran sorpresa tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, donde también ganó el oficialismo con su candidato, Diego Santilli, que fue designado hace apenas 18 días. La diferencia en este caso fue escasa –41,4 puntos para el oficialismo y 40,9 para el peronismo–. En esta misma provincia el partido de Milei había perdido el mes de septiembre por 12 puntos. Este domingo, y tras revertir la situación, el presidente celebró con creces y anunció el «comienzo de la Argentina grande».

El partido gobernante, La Libertad Avanza (LLA), venció a nivel nacional, mientras que el kirchnerismo tenía toda la esperanza puesta en la provincia de Buenos Aires. El triunfo del oficialismo da un respiro a la gestión del mandatario, que en las últimas semanas se encontraba en su momento más delicado por los escándalos de corrupción y la volatilidad de la economía. La victoria en los comicios resulta clave para el Gobierno, además, dado que la administración del presidente estadounidense Trump ha seguido con atención la jornada electoral de su país aliado en el sur, a quien ofreció un rescate financiero condicionado a que Milei siga en el poder. Los mercados también reflejaron en la noche del domingo el éxito electoral del Gobierno. De hecho, una vez conocidos los resultados de las urnas, las acciones de empresas argentinas en el mercado nocturno de Wall Street crecieron hasta un 15%.

El discurso de Milei

Pasadas las 22 horas, el presidente Milei tomó la palabra en el mitin de su partido, en el Hotel Libertador de Buenos Aires, para agradecer a sus votantes. Tras un eufórico saludo a su militancia, el jefe de Estado agradeció a «todos aquellos que siguieron apoyando a las ideas de la libertad». El mandatario se refirió a la jornada electoral como un «día histórico». Tras una breve referencia al sistema de ‘boleta única’ –nuevo método de votación en Argentina–, habló de «los 10 millones de argentinos que nos han votado».

A continuación, el presidente agradeció al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –quien acaba de ser elegida senadora por el oficialismo–, y al ministro de Defensa, Luis Petri. Luego, mencionó al expresidente Mauricio Macri. «Unimos fuerzas para derrotar al populismo», sostuvo. Acto seguido, habló del apoyo de Estados Unidos al Gobierno, al que calificó de «histórico». También agradeció a gran parte de su Gabinete.

«Durante dos años nos dedicamos a evitar que Argentina cayera al precipicio», afirmó el presidente, para luego afirmar su objetivo de «dar vuelta la Argentina». «Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina», añadió.

En su discurso, Milei también se mostró predispuesto a hacer «acuerdos básicos» con otros partidos y con los gobernadores de las distintas provincias. «Queremos invitar a los gobernadores que tendrán representación a discutir en conjunto estos acuerdos», dijo. Y, a continuación, sostuvo: «Hoy comienza la construcción de la Argentina grande». Hacia el final de su discurso, el mandatario utilizó una frase inspirada en su aliado estadounidense, el presidente Donald Trump. «Hagamos Argentina grande nuevamente», cerró.

Una de las primeras felicitaciones al jefe de Estado argentino por los resultados obtenidos en las legislativas vino por parte del expresidente Macri, quien expresó a través de sus redes sociales: «Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre».

Alivio para el Gobierno

Estas elecciones resultaban un desafío para el Gobierno argentino, al constituir el primer examen de la aprobación de su popularidad. Y, si bien el grado de participación en las urnas fue escaso y no llegó siquiera al 70%, la cifra más baja desde la recuperación de la democracia en 1983, la Casa Rosada se mostró satisfecha con el resultado obtenido. Así lo expresó la hermana del jefe de Estado, la secretaria de Presidencia Karina Milei, quien fue la primera en hablar de resultados en el mitin del oficialismo. «Estamos muy contentos», expresó apenas llegó al Hotel Libertador, donde aguardaba el escrutinio oficial junto a todo el equipo de Gobierno.

El kirchnerismo, en cambio, decidió centrar su discurso en su apuesta por la provincia de Buenos Aires. Dos horas antes de conocerse los resultados oficiales, en el mitin de Fuerza Patria (FP) ya se hablaba de un triunfo de este partido en la provincia de Buenos Aires, a la espera de que se repita el fenómeno ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando el candidato peronista, el gobernador Axel Kicillof, se impuso en territorio bonaerense.

La escasa participación es interpretada como una derrota del grado de convocatoria de los dos principales partidos a nivel nacional: el oficialista La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerista Fuerza Patria (FP). En las últimas semanas, ambos movimientos habían incitado a sus seguidores a acudir a las urnas. No obstante, el mensaje no surtió efecto, y los centros de votación registraron la participación más baja de las últimas cuatro décadas.

Ayer en Argentina hacia su debut oficial el nuevo sistema de ‘boleta única’, que reúne a todos los candidatos de los distintos partidos en una sola papeleta. Si bien el flamante método ha resultado eficiente y ha agilizado el ritmo del sufragio, la novedad no ha alcanzado para seducir al 34% de los argentinos que decidieron no presentarse a votar en las elecciones de medio término.

El día después

Una de las principales incógnitas que se abre a partir de ahora tiene que ver con cómo será la reacción de los mercados bursátiles al nuevo escenario del Gobierno de Milei. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció en plena jornada electoral que «no podría decir que se va a terminar la volatilidad», lo que ocurra con el valor del dólar en las próximas semanas será clave para los argentinos.

En este mismo sentido, es un secreto a voces que de aquí a fin de año existe una fuerte posibilidad de una devaluación del peso argentino. En caso de ser así, y de subir el valor del dólar, esto tendría un impacto directo en la inflación, cuya caída ha sido el caballito de batalla de Milei desde que asumiera la presidencia, en diciembre de 2023.

Otra de las cuestiones que tendrá que ser solucionada esta semana tiene que ver con la composición del Gabinete del Gobierno, que sufrirá varias modificaciones, tal y como lo advirtió el jefe de Estado días atrás. El éxodo de funcionarios comenzó el jueves pasado con la salida de los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia.

Más allá del resultado obtenido por el Gobierno de Milei –que se encuentra llegando a la mitad de su mandato presidencial– este domingo, en los dos años que le restan en la Casa Rosada, el jefe de Estado deberá salir en busca de consensos políticos en el Congreso. En este sentido, nuevamente resultará clave para el mandatario la figura del expresidente Mauricio Macri. En la jornada electoral del domingo, el fundador del partido PRO ofreció su ayuda al Gobierno para mantener la «gobernabilidad», a la vez que pidió que haya «calma en los mercados».

«Estos dos países estaban dándose, había mucha muerte», ha relatado en su peculiar estilo Trump, quien, según su propio relato, interrumpió una partida de golf para llamar a ambos mandatarios. «Les dije que escogieran el camino de la paz y la prosperidad sobre la guerra. En este caso logramos detenerlo muy rápido».

El choque entre Tailandia y Camboya se suma a una larga lista de conflictos –ocho, según su propio recuento– que el presidente estadounidense supuestamente ha frenado con su intermediación personal, a modo de méritos para el Premio Nobel de la Paz que tan explícitamente ansía, por más que algunos de los países involucrados, como India –que el pasado mes de mayo intercambió golpes con Pakistán– hayan desmentido dicha participación.

«No recuerdo ningún otro presidente que haya solucionado alguna guerra. Empiezan guerras y no las solucionan […]. Nunca en la historia se ha hecho algo como esto», celebraba Trump durante el acto. «Me encanta hacerlos [acuerdos de paz], es algo que me encanta y que se me da muy bien».

El presidente ha estado acompañado por el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, su contraparte de Camboya, Hun Manet, y el malasio Anwar Ibrahim a modo de anfitrión, quien ya organizó la tregua original.

El tailandés –investido la semana pasada– ha ensalzado el acuerdo como «un paso concreto hacia la paz» que continuará el proceso de «arreglar los lazos» entre los países vecinos. «La paz siempre es posible cuando las naciones tienen el coraje y la sabiduría para perseguila juntos», ha añadido el camboyano, quien ha destacado el «liderazgo decisivo» de Trump y ha proclamado su apoyo a que sea nominado al Nobel.

Agenda apretada

Halagüeñas palabras que quizá hayan contribuido a suavizar los términos del acuerdo comercial oficializado hoy entre Camboya y EE.UU., quien también ha anunciado un pacto con Tailandia para la explotación de minerales críticos, antesala de su propio acuerdo comercial.

Trump ha bailado a su llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur, punto de partida de su gira asiática. El presidente ha asistido este domingo a la reunión de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), con quien ha dicho «estar al 100%».

Mañana lunes acudirá a Japón y al día siguiente a Corea del Sur, donde participará en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad de Gyeongju. Allí mantendrá el jueves un encuentro presencial con el líder chino Xi Jinping, el primero desde su regreso a la Casa Blanca, con quien espera llegar a otro acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias.

«La esencia de las relaciones económicas y comerciales de China y EE.UU. es el beneficio mutuo […]. Mantener el desarrollo estable de las relaciones comerciales sirve a los intereses compartidos de ambos países y pueblos, y está a la altura de las expectativas de la comunidad internacional», ha apuntado el viceministro de Comercio y jefe de la comitiva china, He Lifeng, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Xinhua.

El negociador Li Chenggang ha ofrecido más detalles de la dinámica: EE.UU. ha mostrado una postura «dura», mientras que China se ha mantenido «firme en la defensa de sus intereses y derechos», pero uno y otro creen que «una relación estable es beneficioso para ambas partes», lo que ha derivado en un «consenso preliminar».

Su contraparte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha coincidido en la valoración; una conversación «constructiva» que ha permitido fijar una «estructura sustancial».

Esta avenencia viene a superar el sobresalto producido hace dos semanas, cuando China anunció por sorpresa nuevas y profundas restricciones a la exportación de sus tierras raras, materiales esenciales para la industria global, cuya producción monopoliza. En respuesta, el presidente Donald Trump amenazó con cancelar su cita con Xi e imponer nuevos aranceles del 100%.

El de este domingo supone el quinto encuentro presencial entre He y Bessent –tras Ginebra en mayo, Londres en junio, Estocolmo en julio y Madrid en septiembre–, y las tierras raras han supuesto el principal escollo desde el comienzo. En aquel primer acercamiento en suelo suizo ambos lados tantearon una tregua a la guerra comercial que había elevado los aranceles estadounidenses al 145% y los chinos al 125%.

Dicho embargo oficioso amenazaba con aniquilar los intercambios entre las dos primeras economías del mundo, valorados el año pasado en 650.000 millones de dólares (558.000 millones de euros). La tregua circunstancial, por tanto, parece haber prevalecido de momento en espera de una solución estructural que podría ser cuestión de días.

Cada uno ha acudido a la mesa, por tanto, con su propia lista de agravios. He ha asegurado que ambas partes han comentado «las medidas de la Sección 301 de EE.UU. sobre los sectores marítimos, logísticos y de construcción naval de China, la prórroga de la suspensión de aranceles recíprocos, la cooperación en materia de aranceles y aplicación de la ley relacionada con el fentanilo, el comercio de productos agrícolas y los controles a la exportación».

El negociador estadounidense Jamieson Green, por su parte, ha mentado tierras raras –por supuesto» y una extensión de la tregua. «Fue una conversación amplia sobre todo tipo de temas», ha incidido. «Dedicamos mucho tiempo anoche y esta esta mañana. Hablamos sobre una estructura. Creo que estamos avanzando hacia los últimos detalles del tipo de acuerdo que los líderes pueden revisar y decidir si quieren hacer juntos».

Gira asiática

En palabras de Bessent, una «estructura muy exitosa» para una «reunión productiva entre los líderes». El secretario del Tesoro ha adelantado, en declaraciones a la cadena de televisión CBS, que China retomará la importación de soja estadounidense y pospondrá sus controles a la exportación de tierras raras.

Detalles mínimos, como viene siendo costumbre, con los que todo queda pues visto para sentencia: la reunión de este jueves que Trump y Xi mantendrán, a priori, en Gyeongju, la ciudad surcoreana que alberga la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el esperado primer cara a cara entre ambos líderes desde que el estadounidense regresara a la Casa Blanca.

Trump ha aterrizado este domingo en Kuala Lumpur para iniciar una gira asiática de cinco días que le llevará a participar en la convocatoria de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y visitar Japón antes de poner rumbo a Corea del Sur, donde se verá con Xi. «Creo que vamos a lograr un acuerdo con China», proclamaba este domingo a su llegada.

En medio de una campaña de ataques a narcolanchas en mar abierto por parte del ejército de EE.UU., y entre advertencias de Trump de que podrían hacer lo mismo con objetivos terrestres, el despliegue del Gerald R. Ford y de la escuadra de ataque que le acompañan es una de las mayores muestras de músculo militar que puede hacer la primera potencia mundial.

El Gerald R. Ford es el primer producto de la última generación de portaviones de EE.UU., que lleva el nombre de aquel presidente de paso fugaz por la Casa Blanca –asumió la presidencia por la dimisión de Richard Nixon y no logró la reelección– pero muy vinculado a la Armada: sirvió en un portaviones durante la Segunda Guerra Mundial, en el teatro del Pacífico.

La nave es una isla flotante, con una longitud equivalente a tres campos de fútbol y que desplaza un peso de 100.000 toneladas. Todo eso lo mueven dos reactores nucleares, que ponen al portaviones en una velocidad de 30 nudos –55 kilómetros por hora– con facilidad. A ese ritmo, puede cubrir 1.200 kilómetros en un día de navegación.

En sus tripas se aloja una pequeña ciudad, una comunidad de más de 4.500 marineros. El Gerald R. Ford empezó a surcar los océanos en 2017 –fue el propio Trump quien le dio la bienvenida al servicio poco después de comenzar su primer mandato– y se espera que tenga una vida de 50 años. Se calcula que tuvo un coste de unos 13.000 millones de dólares.

Pero, más que por su tamaño, el Gerald R. Ford es un monstruo de los mares por su poderío militar. En la cubierta puede alojar hasta noventa aviones. Ahora mismo en ella descansan cuatro escuadrones de F/A-18 Super Hornets, cazas de combate avanzados; un escuadrón de una variante de los Super Hornet que tienen la capacidad de inhabilitar las comunicaciones de los enemigos; dos escuadrones de helicópteros de ataque, con capacidad incluso para torpedear submarinos; naves de vigilancia E-2 Hawkeye y aviones de transporte.

Además, el Gerald R. Ford es la cabeza de un escuadrón de ataque con su mismo nombre en el que se incluyen cinco buques destructores para monitorear y atacar amenazas enemigas, equipados con misiles de todo tipo, incluidos los poderosos Tomahawks, además de otros buques de apoyo. En ocasiones, le acompaña un submarino de ataque.

La base del Gerald R. Ford está en la base naval de Norfolk, en Virginia, la mayor de EE.UU. Pero ahora mismo se encontraba desplegado en Croacia, donde desarrolla maniobras militares con aliados de la OTAN. El portaaviones ha navegado las inmediaciones de la costa española en varias ocasiones desde el pasado verano, para salvar en varias ocasiones el Estrecho de Gibraltar. Ahora cruza el Atlántico, en medio de la guerra declarada por Trump contra un enemigo más diminuto que jamás pudo imaginar el Gerald R. Ford, las narcolanchas. Pero dentro también de una escalada militar en el Caribe –entre tensiones con Venezuela y Colombia– de futuro incierto.

«En apoyo de la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y hacer frente al narcoterrorismo en defensa de la patria, el secretario de Guerra ha ordenado a la escuadra de ataque y portaviones Gerald R. Ford y sus aviones embarcados el despliegue en el área de responsabilidad de la Comandancia Sur de EE.UU», anunció el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

El refuerzo del despliegue militar en el Caribe con la presencia del Gerald R. Ford y su grupo de ataque «aumentarán la capacidad de EE.UU. para detectar, monitorear y desbaratar a actores ilícitos y actividades que pongan en peligro la seguridad y la prosperidad de EE.UU.», añadió Parnell, dentro de un esfuerzo por «deteriorar y desmantelar» a los narcos.

La Comandancia Sur del Ejército de EE.UU. tiene ya 10.000 soldados desplegados en el Caribe, la mayoría de ellos en bases militares de Puerto Rico. El Pentágono tiene una flota de ocho buques –tres destructores, un crucero, un navío de combate, un barco anfibio de asalto y dos barcos de transporte– que se mueve en las inmediaciones de las aguas territoriales de Venezuela y de Colombia y en los últimos días ha efectuado vuelos cerca de las costas de estos países con bombarderos B-52 y B-1.

Maniobras con la OTAN

El Gerald R. Ford, inaugurado en 2009, se encontraba en el momento del anuncio en aguas de Croacia, donde realiza maniobras militares con aliados de la OTAN. En la actualidad va acompañado de un grupo de aviones de guerra –cazas de combate, aviones para la inhibición de radares, escuadrones de vigilancia, helicópteros–, con destructores y otros buques de apoyo. Está impulsado por dos reactores nucleares y puede alcanzar una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora.

El anuncio del despliegue en el Caribe de una de las joyas del Ejército de EE.UU. se produce en un momento en el que Trump aviva la posibilidad de operaciones terrestres contra los cárteles, lo que supondría una escalada decisiva respecto a la campaña de ataques en el mar, que se ha intensificado en los últimos días.

La presencia del Gerald R. Ford y de su grupo de combate en el Caribe supone un cambio decisivo en el despliegue militar de EE.UU. y un mensaje contundente por parte del presidente Trump contra los narcos, contra sus grandes enemigos en la región –Nicolás Maduro en Venezuela, pero también Gustavo Petro en Colombia– y contra quienes dentro de EE.UU. cuestionan su campaña militar contra los cárteles.

Trump ha defendido que su denominación de varios cárteles como organizaciones terroristas y el daño que las drogas causan en EE.UU. le dan legitimidad para llevar a cabo estas operaciones militares. Su Administración y sus aliados han defendido que los ataques serían equivalentes a ser ejecutados contra barcos llenos de terroristas islámicos dispuestos a atacar a EE.UU. Este jueves, el presidente de EE.UU. calificó a los cárteles como «el Daesh del Hemisferio Occidental» y se opuso a quienes defienden que las operaciones militares de este tipo tienen una legalidad cuestionable o que requieren de la autorización del Congreso.

Declaración de guerra

Ese mismo día, le preguntaron por qué no busca obtener una declaración de guerra por parte del Congreso, donde los republicanos cuentan con mayoría en ambas cámaras. «No creo que necesariamente vayamos a pedir una declaración de guerra», respondió Trump. «Creo que simplemente vamos a matar a la gente que mete droga en este país, ¿vale? Los vamos a matar», defendió el presidente de EE.UU., que justificó los ataques por el «problema de seguridad nacional» de la droga confiere «autoridad legal». Según los números de Trump, la droga es responsable de la muerte de 300.000 estadounidenses cada año, aunque los datos de su Gobierno apuntan a 73.000 muertes por sobredosis en el último año.

En el horizonte está la posibilidad de esos ataques terrestres e incluso ir más allá: una operación en Venezuela que fuerce a Maduro a abandonar el poder. Ante este escenario, los movimientos se intensifican en el Congreso, donde algunos buscan defender sus competencias en materia de operaciones militares. Está previsto que la semana que viene el Senado vote una resolución que prohibiría a la Administración Trump emprender ataques «contra o en Venezuela» sin la autorización expresa del Congreso. Esta iniciativa tiene apoyo de dos legisladores republicanos –el libertario Rand Paul y la moderada Lisa Murkowski–, pero no está claro que sume los otros dos apoyos del partido necesarios para obtener una mayoría.

Pese a que casi ningún republicano quiere enfrentarse al presidente Trump –que vetará esa resolución del Congreso si sale adelante– cada vez más legisladores aliados del presidente dan muestra de su incomodidad sobre los ataques –explicaciones no suficientes sobre su legalidad– y, sobre todo, sobre un eventual ataque a Venezuela.

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No cerraron el acuerdo, en parte porque en la discusión intervinieron la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el del Eurogrupo, Paschal Donohoe, que al parecer señalaron distintas incongruencias legales en la propuesta que había puesto la Comisión sobre la mesa. El presidente del Consejo, Antonio Costa, se comprometió a que en la cumbre del mes de diciembre tendrán que optar forzosamente entre esta fórmula o la que se invente la Comisión en estas semanas.

En la comparecencia final, los dos dirigentes europeos, Von der Leyen y Costa, querían asegurar a coro que pase lo que pase con los activos rusos, los ucranianos tienen asegurados dos años de asistencia financiera por el presupuesto europeo. Para Costa esto debería ser un gesto de firmeza «que Putin debería entender». Y si en este caso puede haber dudas sobre ese compromiso, lo único que quedó claro es que se comprometen a decidirlo en diciembre.

Estos pasos coinciden con las nuevas sanciones por parte del Tesoro de EE.UU., que el miércoles anunció medidas contra el sector energético ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participó en una parte de la reunión ayer en Bruselas, se mostró confiado en que los líderes europeos acaben de encontrar a través del mandato a la Comisión Europea un camino legal para hacerlo. Aunque esto lo dijo antes de saber que en esta ocasión no se cerraría el asunto, confía en que «esta decisión se acerca, gracias a Dios». Zelenski, que sabe que la cuestión más importante es garantizar que en caso de que Rusia pudiera reclamar en el futuro ese dinero, los demás países respaldarían a Bélgica, que es el país bajo cuya jurisdicción están resguardados esos haberes.

Hasta ahora, la UE no ha tenido ningún problema para utilizar los intereses devengados por esa suma para financiar a Ucrania, pero incautar la suma que está congelada tiene dificultades legales mucho más importantes, porque pondría en duda la seguridad de las transferencias entre las reservas estratégicas de los bancos centrales de todo el mundo.

El esquema en el que se basa esa gestión presupone que la Comisión lo utilizaría como base para conceder un crédito a Ucrania que formalmente estaría obligada a devolverlo, aunque todos confían en que en unas eventuales negociaciones de paz esa suma estará en el montante que Kiev podría exigir a Rusia como compensaciones por la destrucción causada durante la guerra.

«En la guerra se necesita mucho más»

Zelenski considera que ese dinero sería crucial para acelerar el fin de la guerra. «Durante mucho tiempo se ha hablado de los haberes congelados. Hasta ahora utilizamos los intereses, unos 3.000 millones al año, que están bien. Pero en la guerra se necesita mucho más y Rusia tiene que pagar por lo que ha destruido porque son ellos los que nos han atacado y nosotros nos estamos defendiendo».

Ese dinero lo utilizaría Ucrania para construir misiles de largo alcance para lo que dice tener capacidad tecnológica, pero no suficientes recursos, aunque se mostró confiado en que Estados Unidos pudiera transferir algunos Tomahawk para los arsenales ucranianos.

Respecto a las posibles negociaciones de paz, Zelenski expuso en Bruselas que «si los rusos quieren hablar está bien, pero eso empieza por tener la voluntad de sentarse en una mesa. Sin embargo, ayer atacaron una guardería, lo que demuestra que no quieren acabar con la guerra». A su juicio, el mejor camino para llevar a Moscú a la negociación «son las sanciones».

Rearme de Europa

Pero si no hay ni negociaciones ni paz, los europeos también ha acordado reforzar los esfuerzos conjuntos de los distintos países para a sus capacidades de defensa, empezando por el famoso ‘muro antidrones’ que había propuesto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

«Las amenazas inmediatas en el flanco oriental de la UE y el suministro de apoyo concreto a Estados miembros necesita abordarse con carácter prioritario» y por ello «el Consejo Europeo -se dice en el documento de conclusiones- considera que, para responder a las necesidades y amenazas más inmediatas, el trabajo se debería centrar en proyectos concretos para reforzar los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros para mejorar sus capacidades antidrones y de defensa aérea». Ahí la Comisión esta dispuesta a movilizar hasta 150.000 millones en préstamos que salen del presupuesto comunitario para que los gobiernos hagan compras conjuntas de material militar.

«En este contexto, mejorar la resiliencia, seguridad y protección de las infraestructuras críticas, incluidas la energética, digital y submarina, es también esencial», se dice en las conclusiones. Se pone así la mirada en la hoja de ruta que la Comisión presentó la semana pasada con el objetivo de que la UE alcance en 2030 la plena preparación militar incluyendo el objetivo de que ese muro de drones, para el que Ucrania ha ofrecido colaborar con su propia experiencia durante la guerra, esté plenamente operativo a finales de 2027, y el sistema de vigilancia del flanco oriental un año después.

También se pide a los países que finalicen el proceso de establecer «coaliciones de capacidades en todas las áreas prioritarias para final del año» para desarrollar una tecnología militar propia y compatible, que permita a los europeos una capacidad de defensa suficiente para disuadir a Rusia. Según el canciller alemán, Friedrich Merz, la Unión tiene apenas diez años para ello, que es el tiempo que se prevé que el dictador ruso Vladímir Putin necesitaría para prepararse para lanzar otra guerra. Por ello, estos proyectos de defensa común deberían ponerse en marcha en la primera mitad de 2026.

Trump sostiene que cada ataque «salva 25.000 vidas» y enmarca la ofensiva en un «conflicto armado» contra organizaciones que califica como «narcoterroristas». El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó de hecho el mismo miércoles el octavo ataque de esta serie en pocas semanas.

Esta ampliación del teatro de operaciones se produce tras el mayor despliegue de EE.UU. en el continente americano en décadas: decenas de buques, aeronaves y miles de efectivos en posición avanzada en el Caribe, incluidos destructores, patrulleros, helicópteros y fuerzas de operaciones especiales.

Al menos ocho embarcaciones han sido destruidas desde septiembre en aguas internacionales salidas de la costa venezolana, con decenas de presuntos traficantes muertos. La ofensiva ha entrado ahora en el Pacífico, con el primer hundimiento frente a Colombia y otro en menos de 24 horas, señal de que las rutas empiezan a cambiar bajo la actual presión militar.

La Casa Blanca notificó el 1 de octubre al Congreso que EE.UU. se considera en un «conflicto armado no internacional», lo que le permite tratar a estos grupos como fuerzas hostiles. Trump firmó además un memorando que autoriza a la CIA a actuar dentro de Venezuela. Ese documento no ordena explícitamente la extracción de Nicolás Maduro, pero permite operaciones que podrían desembocar en ese desenlace, forzando un cambio de régimen.

Washington acusa a Maduro de haber sido elegido de forma ilegítima y de dirigir, a través del cártel de los Soles, una estructura estatal dedicada al narcotráfico. La CIA ha reforzado su presencia en el Caribe y ha enviado más personal de inteligencia humana y electrónica a la región.

Los primeros serían golpes selectivos contra pistas clandestinas, enclaves logísticos o campamentos de grupos aliados del régimen, como la guerrilla del ELN. Esa presión persigue también fracturas internas en las Fuerzas Armadas venezolanas. La Administración considera que el negocio ilícito sostiene la permanencia de Maduro en el poder y opera como incentivo para un entorno militar que controla rutas y cobros.

El Pentágono ha reforzado la operación con unidades de helicópteros y equipos especializados en incursiones marítimas y ribereñas. Paralelamente, la Casa Blanca elabora una nueva Estrategia de Defensa Nacional que coloca a América Latina y la defensa del «entorno inmediato» por encima de escenarios más lejanos. Este cambio se ha reflejado también en la política exterior, ya que Washington ha condicionado ayudas y beneficios económicos según el alineamiento político con EE.UU.

Choques diplomáticos

La dimensión diplomática se ha tensado así con Gustavo Petro. El presidente de Colombia ha protestado por la presencia de ciudadanos colombianos entre los fallecidos y acusa a Washington de ejecuciones extrajudiciales. Trump respondió suspendiendo la asistencia militar y amenazando con nuevos aranceles. Esa reacción ha puesto en riesgo una cooperación de inteligencia de décadas.

En Venezuela, el régimen ha movilizado tropas y milicias civiles e insiste en que se prepara «ante una agresión extranjera». Maduro ha advertido a EE.UU. de que cuenta con «más de 5.000» misiles antiaéreos rusos en medio de las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe»

La Administración reconoce que la mayor parte de la droga que entra en EE.UU. no llega por el Caribe, sino por el Pacífico y por tierra desde México. Sin embargo, Venezuela es considerada un corredor clave de los grupos colombianos, especialmente el ELN, y un punto de control estratégico para redes asociadas a los generales venezolanos. Washington cree que la campaña naval está forzando el cambio de rutas, lo que anticipa una fase de ataques en el interior. Trump ya ha dado su propia señal de hasta dónde está dispuesto a llegar: «En mar o en tierra, donde estén, serán golpeados».

Los dirigentes comunitarios están buscando soluciones jurídicas para dar ese paso, sobre todo para garantizar que en caso de que Rusia pudiera reclamarlo en el futuro ese dinero, los demás países respaldarían a Bélgica, que es donde están resguardados esos haberes.

En una rueda de prensa, el ucraniano ha explicado que «durante mucho tiempo se ha hablado de los activos congelados. Hasta ahora utilizamos los intereses, unos 3.000 millones al año, que están bien. Pero en la guerra se necesita mucho más y Rusia tiene que pagar por lo que ha destruido porque son ellos los que nos han atacado y nosotros nos estamos defendiendo».

Ese dinero lo utilizaría Ucrania para construir misiles de largo alcance, para lo que dice tener capacidad tecnológica, pero no suficientes recursos, aunque se mostró confiado en que Estados Unidos pudiera finalmente transferir algunos Tomahawk para los arsenales ucranianos.

Respecto a las posibles negociaciones de paz, Zelenski ha asegurado que «si los rusos quieren hablar está bien, pero eso empieza por tener la voluntad de sentarse en una mesa de negociaciones. Sin embargo, ayer atacaron una guardería, lo que demuestra que no quieren acabar con la guerra».

Nuevo paquete de sanciones

A su juicio, el mejor camino para llevar a Moscú a la negociación «son las sanciones». La UE ha aprobado su décimo noveno paquete y Estados Unidos anunció anoche nuevas sanciones a Rusia. En cuanto a su posición, «no sé por qué se usan los términos de intercambio de territorios. Nosotros no podemos cambiar nada, es nuestro territorio».

También respondió a preguntas sobre la posición de explicó que en sus encuentros con el presidente Xi Jinping «me ha dicho que no vendería armas a Rusia y eso no lo se. Lo que sí sé es que ayuda a Rusia y no a Ucrania porque no le interesa la victoria de Ucrania sobre Rusia».

Acontecimiento histórico y gran espectáculo, que su protagonista, Nicolas Sarkozy, resume de este modo: «Pensaban destruirme y hacerme desaparecer; y me han devuelto la vida, me han hecho renacer…».

Acontecimiento histórico… el 25 de septiembre pasado, el Tribunal Correccional de París condenó a Sarkozy, expresidente de la República, a cinco años de cárcel firme, reconociéndolo culpable del delito de asociación de malhechores, entre el 2007 y 2012, aceptando que Muamar el Gadafi, el tirano libio, financiase parte de su campaña electoral del 2007.

Antes de dirigirse a la cárcel de La Santé, Sarkozy difundió un texto muy personal donde hace estas afirmaciones: «En el momento que me dispongo a entrar en la cárcel mis pensamientos van para los franceses y franceses de todas las opiniones políticas. He sido condenado sin pruebas, según un documento cuya falsedad ha sido probada. No entra en la cárcel un antiguo presidente. Entra un inocente. Sufro una gran pena por Francia, humillada con la expresión de una venganza que lleva el odio a un nivel sin igual».

Gran espectáculo… Veintiséis días después de su condena, la entrada de Sarkozy en la cárcel parisina de La Santé, inmortalizada por Pío Baroja hablando de anarquistas españoles, se convirtió la mañana del martes en un gran espectáculo con muchos flecos políticos, incluso empresariales.

Desde las siete de la mañana, decenas de simpatizantes y decenas de gendarmes montaban guardia a la puerta del domicilio personal de Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. Días antes el expresidente fue recibido en el Elíseo por Emmanuel Macron y celebró reuniones amistosas con buena parte de la elite política conservadora de las últimas décadas.

Poco antes de las nueve de la mañana, la pareja Sarkozy – Bruni hizo su aparición en la puerta de su domicilio familiar. Estallaron vítores y gritos de solidaridad. Instalado en su automóvil presidencial, escoltado por una veintena de gendarmes, en moto, Sarkozy inició su travesía de París, para dirigirse a la presión de La Santé, donde lo esperaba una celda de nueve metros cuadrados, con teléfono personal.

En la puerta de la cárcel y sus alrededores lo esperaban sus hijos, al frente de una multitud de simpatizantes y muchos amigos personales, políticos en su inmensa mayoría. Decenas de gendarmes armados montaron un «muro de seguridad», impidiendo que nadie se aproximase al expresidente, que entró en la cárcel con un bolso de mano para sus prendas íntimas.

Ya en la cárcel, algunos detenidos saludaban al expresidente con gritos de este tipo: «¡Bienvenido Sarkozy!» !¡Estamos contigo, Sarko, estás en tu casa!».

Los simpatizantes que han deseado acompañar a Sarkozy durante el más grave de sus procesos judiciales, son un reflejo sensible de una realidad profunda. A pesar de sus condenas judiciales, el expresidente sigue contando con la estima de una cierta élite empresarial francesa, como político y como abogado de negocios muy bien remunerado. No sin cierta ironía lacónica, el expresidente ha comentado esa realidad de ese modo: «La cárcel no es el fin de la historia».

Los abogados de Sarkozy han presentado un recurso. Y esperan que el expresidente pueda salir de la cárcel «con relativa rapidez». Cuestión de semanas o meses. Se trata de una esperanza aparentemente fundada, aspirando a una revisión de la sentencia que lo condenó a cinco años de cárcel. Sarkozy ha sido condenado en otras ocasiones. Y tiene otros procesos pendientes.