Author: rb809rb

Cuando los nicaragüenses creían haberlo visto todo, Daniel Ortega decidió ir un paso más allá. El presidente, que ha gobernado el país centroamericano con puño de hierro durante 25 años, 19 de ellos de forma ininterrumpida, anunció el domingo pasado que por orden suya los ciudadanos ya no podrán acudir a las urnas para elegir a sus gobernantes. “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció el dirigente de 80 años, ante el alarido de miles de sus seguidores y colaboradores más leales.

Ortega ya lo dominaba prácticamente todo en su país. En 2025, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad nombrar copresidenta a su esposa, Rosario Murillo. La pareja presidencial ejerce también control absoluto sobre los tribunales, la policía y las Fuerzas Armadas. Todos los opositores que llegaron con posibilidades a las últimas elecciones presidenciales en 2021 fueron encarcelados. Las protestas sociales han sido reprimidas y las quejas de campesinos, estudiantes, sacerdotes y periodistas, silenciadas. La mayoría de quienes se han atrevido a alzar la voz han acabado muertos, en la cárcel o en el exilio. En medio de un declive permanente, la eliminación del voto era, sin embargo, una línea que el régimen no había cruzado.

“La democracia no es para nosotros”

Son apenas un puñado los países en los que los ciudadanos no votan. En la lista están monarquías absolutas, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Brunéi. Hay casos raros en microestados como el Vaticano o gobiernos fundamentalistas como el de los talibanes, que erradicaron las frágiles instituciones que había en Afganistán. Hay juntas militares que han pospuesto de forma indefinida la organización de comicios, como las de Malí, Burkina Faso y Níger.

También hay países con sistemas de partido único que no celebran elecciones para cargos nacionales, como China o Eritrea, y otros que sí lo hacen de forma simulada y bajo el control absoluto del grupo gobernante, como Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam. La Asamblea de Nicaragua anunció el martes que ya trabaja en las reformas constitucionales para cumplir con los caprichos de Ortega.

“Estamos hablando de las dictaduras más duras”, reseña Marina Nord, investigadora del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), que monitorea los sistemas políticos de 179 países. “El caso de Nicaragua no tiene precedentes, ningún otro país ha anunciado en el siglo XXI que ya no tendrá elecciones”, zanja la especialista.

La última deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo ha vuelto a disparar las críticas de quienes lo colocan entre las peores dictaduras del planeta. “Nicaragua se está convirtiendo en una especie de Corea del Norte en el hemisferio occidental”, afirma Kevin Casas Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con sede en Estocolmo. El especialista afirma que la supresión del voto y la prohibición de los partidos políticos de oposición supone un punto de inflexión para el país: nunca antes la pareja presidencial había concentrado tanto poder ni tampoco había evidenciado tan poca tolerancia al disenso.

Llegar a este punto tomó tiempo. Casas Zamora afirma que Ortega ha inclinado el terreno político gradualmente a su favor desde su regreso a la presidencia en 2007, tras un primer mandato entre 1985 y 1990. Entonces, el experto veía similitudes entre el liderazgo del dirigente sandinista y el de Robert Mugabe, que llevó las riendas en Zimbabue durante 37 años consecutivos hasta su caída en 2017. “Es un exlíder guerrillero que llegó al poder a través de la lucha armada y que en un inicio consintió la emergencia de una cierta práctica democrática en Nicaragua, para después convertirse en un déspota más que elimina a la oposición, encarcela a sus adversarios y se va aislando del mundo”, explica.

Casas Zamora identifica puntos de contacto entre el viraje del régimen nicaragüense y los discursos de otros dirigentes, que se inscriben en un proceso de deterioro democrático que se ha extendido por el mundo durante las últimas dos décadas. “Lo de Ortega es un síntoma de la siguiente fase del ataque global a la democracia, un intento por impugnar la propia institución y práctica electoral como una imposición extranjera”, apostilla. Nord agrega que es un fenómeno que ha ganado terreno en el Sur Global en la última década y que se beneficia de la desafección democrática para intentar justificar modelos más autoritarios.

El presidente nicaragüense no ha sido el único que se ha pronunciado a favor de sepultar la vía electoral y de cerrar la puerta a la oposición “golpista” y “vendepatrias”. El capitán Ibrahim Traoré, que tomó el poder en Burkina Faso tras un golpe de Estado en 2022, ha calificado las elecciones como una “herencia imperialista”. “El pueblo tiene que olvidarse de este asunto de la democracia. La democracia no es para nosotros”, dijo el líder burkinés, que goza de una inmensa popularidad en su país, en una entrevista a la televisión estatal en abril pasado.

En 2021, el presidente nicaragüense ganó los comicios con más del 75% de los votos, 60 puntos por encima de su más cercano competidor, entre críticas de la comunidad internacional y denuncias de fraude de la oposición. Casas Zamora asegura que ahora los autócratas se están quitando la careta. Si antes la tendencia entre los dictadores era simular elecciones, ahora ve más probable que cada vez más de ellos opten directamente por no celebrar comicios.

La creación de una dinastía

Gerardo Berthin, presidente de la organización Freedom House, también ve paralelismos entre Corea del Norte y Nicaragua, salvando distancias como el aislamiento extremo de Pyongyang, por la especie de dinastía que se ha instalado en el país centroamericano y la que ha controlado la dictadura norcoreana desde mediados del siglo pasado. Ocho de los hijos del matrimonio Ortega-Murillo tienen cargos y cotos de poder en el Gobierno o empresas estatales. “Es un modelo patriarcal y cleptocrático, en el que se extraen recursos públicos en beneficio de la familia que gobierna”, afirma.

La eliminación de golpe de las elecciones y de sus rivales políticos también ha dado pie a comparaciones con regímenes de partido único, como Cuba o China. María Fernanda Arocha, jefa de investigación para Centroamérica del think tank ACLED, señala que abundan las similitudes con el caso cubano, desde el mito fundacional revolucionario que comparten ambos países hasta su perfil demográfico.

Hay, sin embargo, algunos matices. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega, no tiene el nivel de institucionalización ni el aparato burocrático del Partido Comunista de Cuba, apunta Arocha. Y en Nicaragua tampoco hay figuras externas a la familia en el poder ni dentro del sandinismo, donde el presidente ha llevado a cabo sendas purgas contra sus antiguos compañeros de armas, con protagonismo político propio ni arrastre social.

Erosión de derechos

El contexto regional también arroja algunas claves detrás de la decisión de Ortega. “Él ve un riesgo y se está anticipando a lo que sucedió en Venezuela”, señala Arocha, sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero pasado y el establecimiento del Gobierno tutelado de Delcy Rodríguez. La prohibición de las elecciones y el desmantelamiento de la oposición organizada pueden leerse como un “movimiento defensivo” ante las presiones de Washington para forzar una transición del poder, complementa Berthin. EE UU es, a pesar de la cargada retórica entre ambos países, el principal destino de las exportaciones nicaragüenses.

El culto a la personalidad y los mecanismos de control sobre la población son elementos recurrentes en los análisis sobre Nicaragua. Freedom House advierte de que en las últimas dos décadas no ha habido ningún otro país en Latinoamérica en el que se hayan perdido más libertades civiles y derechos políticos, según las mediciones que realiza cada año. En el resto del mundo, el retroceso solo es superado por Malí. Y el Instituto V-Dem pone a Nicaragua en su informe de este año en el lugar 175 entre 179 territorios analizados por la calidad de sus democracias, incluso antes del anuncio del régimen de Managua.

Las medidas anunciadas siembran de incógnitas el futuro del país. Los últimos movimientos de Ortega apuntan a una posible línea sucesoria para que su familia pueda perpetuarse en el poder, incluso después de morir. “En el caso de Corea del Norte, la muerte de los líderes ha implicado una inmediata sucesión en la familia”, comenta Berthin. “Cuando Ortega fallezca, existirá el símbolo de la copresidenta y de algunos de los hijos, que tienen también un rol importante en las decisiones que toman”. Con todo, el estado de salud del presidente se ha convertido en un tabú y el régimen no ha detallado públicamente qué pasará tras la muerte del líder.

Nord señala que las autocracias optan por celebrar elecciones, aunque sean simuladas, para legitimarse, obtener información de su aceptación o de la oposición y para tener una rotación de las élites en sus sistemas. Pero también para definir cuestiones como la sucesión. “La ausencia de mecanismos de sucesión puede desencadenar incluso una guerra civil o derivar en un sistema que funcione como una monarquía”, explica la especialista. “En el largo plazo, ese será el principal problema del régimen de Nicaragua”.

“Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”. La frase es del Episodio III de Star Wars y se ha hecho viral en redes sociales como una analogía del colapso de las democracias desde dentro y el auge del autoritarismo en el mundo. Más allá de la ficción, también entre vítores y proclamas, el comandante Ortega anunciaba ante la plaza de la Fe, la más grande de Centroamérica, que estaba listo para enterrar los últimos vestigios de la democracia en su país.

Llamar a las cosas por su nombre ayuda. Ayuda a entender el problema, si es que lo hay, y a buscar las respuestas que correspondan. Debería ser el requisito mínimo de cualquier autoridad no solo ante las tragedias, sino en el día a día. Es una costumbre que poco a poco se ha ido perdiendo. El primer reflejo institucional ante una crisis no es explicarla, es rebautizarla.

Un descarrilamiento se convierte en “un movimiento”, un socavón en “una grieta”, una inundación en un “pequeño encharcamiento”. El hecho no cambia. La palabra, sí. Esa sustitución, lejos de ser un matiz de estilo, es una forma de administrar —o de evadir— la responsabilidad.

Empecemos por el caso más reciente, uno de los más burdos. El 15 de julio de este año, dos unidades de un tren de carga se salieron de la vía en el tramo conocido como Línea Z del corredor transístmico, entre Nizanda y Chivela, Oaxaca. Fue un descarrilamiento. Así, sin adjetivos. Pero la presidenta Sheinbaum prefirió decir que “más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”. La frase no niega el hecho, lo esquiva. Se llama pan al pan cuando un tren se sale de la vía, y eso, dígase como se diga, es un descarrilamiento.

En esa misma Línea Z ocurrió, el 28 de diciembre de 2025, la tragedia más grave del Tren Interoceánico: dos locomotoras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec descarrilaron en una curva cercana a Nizanda y dejaron 14 muertos y 109 heridos. Entonces la Secretaría de Marina sí dijo descarrilamiento, sin rodeos. Siete meses después, con un segundo percance en el mismo corredor, la palabra desapareció del vocabulario oficial. No es coincidencia. Decir “descarrilamiento” por segunda vez en el mismo tramo obliga a preguntar qué se corrigió después del primero. La respuesta, a juzgar por los hechos, es que no mucho.

Con los cortes eléctricos de junio pasado, reportados en al menos 22 estados, se repitió la fórmula. Cuestionada por la prensa, la presidenta explicó que no eran “apagones” —dijo que un apagón “significa falta de capacidad de generación” y eso no fue lo que había sucedido. Lo que sí pasó, en contraste, fueron “interrupciones en el servicio” por fallas en la distribución de la energía eléctrica. Puede que la distinción técnica sea correcta: generación y distribución no son lo mismo. Pero para quien se quedó sin luz, la diferencia es irrelevante. Un apagón es un apagón, corresponda donde corresponda en la línea de operación de CFE.

En la Ciudad de México, el ejercicio fue casi idéntico. Días después de que una pipa de gas explotara en Iztapalapa y dejara 32 muertos, se detectó una grieta de 138 metros en el Puente La Concordia, a metros del lugar de la explosión. “No es socavón, es una grieta”, aclaró la jefa de gobierno, atribuyéndolo a hundimientos históricos y a la lluvia. La precisión geotécnica entre socavón y grieta puede que exista en algún manual. Lo que no existe es una explicación de por qué el suelo cedió justo donde días antes había estallado una pipa.

Las inundaciones de Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2025 —29 muertos, al menos 18 desaparecidos— son una variante menos deliberada, pero igual de reveladora. Horas antes de que la tormenta desatara la tragedia, la entonces gobernadora Rocío Nahle dijo que el río Cazones “se desbordó ligeramente”. Ahí no hubo intención de ocultar nada consumado: el tiempo se encargó de exhibir la frase. “Ligeramente” resultó ser, veintinueve muertos después, la palabra equivocada.

La práctica no nació con este gobierno. En marzo de 2023, tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que mató a 40 personas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el origen del fuego a una protesta de los propios migrantes ante su posible deportación —una declaración leída, con razón, como revictimización pura. Un año después, en marzo de 2024, el director del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, se empeñó en que el descarrilamiento de un vagón en Tixkokob no era descarrilamiento, sino “un percance de vía”, porque solo un boogie se había salido del carril. Y en abril de ese mismo año, ante el agua contaminada de Benito Juárez, el entonces jefe de gobierno Martí Batres habló de “la problemática del agua” sin decir nunca, con precisión, qué aceite era ni en qué concentración.

Lo que une todos estos casos, más allá del sexenio o el color del partido, es una misma convicción de fondo: que administrar una crisis empieza por administrar la palabra con que se le nombra. No es un problema de forma, es un problema de fondo. Un gobierno que gasta su primer esfuerzo comunicativo en evitar decir descarrilamiento, apagón, socavón o inundación está, en los hechos, posponiendo el momento de explicar por qué ocurrió. Ese aplazamiento cuesta: si en el corredor transístmico hubo un segundo incidente en la misma línea siete meses después del primero, algo indica que ahí se corrigió más el discurso que la vía.

Llamar a las cosas por su nombre no debería ser un lujo estilístico ni una cuestión de exquisitez lingüistica. Es la condición mínima para exigir cuentas. Cuando una autoridad elige qué palabra no va a decir, está eligiendo también qué pregunta no quiere responder. Un país que se acostumbra a leer “eventos” donde hubo descarrilamientos, “problemáticas” donde hubo contaminación y “pequeños encharcamientos” donde hubo francas inundaciones, termina perdiendo algo más grave que el vocabulario: pierde el hábito de exigir que lo que se nombra mal, alguna vez, se corrija de verdad. Al pan, pan y al vino, vino. Y así quizás podremos empezar a resolver los problemas que aquejan al país.

Las autoridades chilenas detuvieron este sábado al excoronel del ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973. Haase Mazzei fue condenado a un total de 25 años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, informó el Poder Judicial.

La ministra en visita (jueza) para las causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ha ordenado este sábado el ingreso inmediato a la prisión de Nelson Haase Mazzei, que en 2023 fue uno de los siete exmilitares condenados por los asesinatos de Jara y Quiroga, ocurridos tres días después del golpe de Estado contra Salvador Allende, el 16 de septiembre de 1973.

Haase, de 80 años, no se presentó a cumplir la pena dictada por la Corte Suprema (15 años de cárcel por homicidio calificado y 10 años por secuestro calificado). Prófugo de la justicia desde entonces, fue encontrado finalmente por la Policía de Investigaciones (PDI) en una parcela de Puyehue, en la región de Los Lagos, en el sur de Chile, según la información de la prensa local.

Era el único de los siete que no estaba cumpliendo la condena por uno de los casos de mayor simbolismo de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet (uno de ellos, Hernán Chacón, se suicidó antes de ser detenido). Haase Mazzei, como el resto, alcanzó un alto rango en el Ejército durante el régimen. En la fecha de los asesinatos era teniente, aunque siempre negó “toda intervención en los hechos de la presente investigación”, según el fallo de la Corte de Apelaciones de 2021, que fue ratificado por la Suprema dos años después.

La justicia chilena consideró acreditado que “participó en calidad de autor de los delitos” y determinó “un despliegue directo del acusado tanto en el encierro de las víctimas como en su posterior muerte y, esta actividad corresponde precisamente a la de autor”. Hay testigos, entre ellos oficiales del ejército, que lo sitúan en el interior del Estadio Chile, donde se cometieron los crímenes contra Jara y Quiroga. Su superior jerárquico manifestó que desconocía las actividades desarrolladas por Haase a partir del 11 de septiembre de 1973.

Otros dos condenados, Raúl Jofré González y Edwin Dimter Bianchi, lo situaron en el Estadio Chile los días de los hechos, al igual que conscriptos. En su calidad de teniente, dice el fallo confirmado por la Corte Suprema en 2023, formó parte de la estructura de mando interna, portando armamento capaz de inferir los traumas y heridas del tipo de proyectil que ocasionó la muerte de Víctor Jara Martínez y de Littré Quiroga Carvajal. Además, hay testimonios de excompañeros suyos en el interior de la DINA, la policía secreta de Pinochet, que señalan que Haase supuestamente se jactó de haber tenido participación en la ejecución de Víctor Jara, todo lo cual permite asignarle la calidad de autor de los delitos de homicidios calificados, contra el cantautor y Quiroga.

Haase Mazzei llegó a ser, además, un hombre de confianza del coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, responsable de los más brutales crímenes de la primera parte de la dictadura.

De los más de 5.000 detenidos que fueron llevados al Estadio Chile en Santiago ―hoy Estadio Víctor Jara― tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, hubo dos, Víctor Jara (entonces de 40 años) y el abogado Littré Quiroga Carvajal (33), director general del Servicio de Prisiones del Gobierno de Allende, que pasaron juntos sus últimas horas de vida. Agónicos, aislados de los demás prisioneros en un camarín, al menos durante tres días sufrieron patadas, además de golpes de puños y de culatas de armas, según constan las decenas de testimonios del expediente judicial que revisó la Corte Suprema.

De acuerdo con la justicia, en el Estadio Chile ambos fueron identificados por los militares como “prisioneros de cierta connotación pública”. En el caso de Víctor Jara, “las agresiones tuvieron como principal aliciente la actividad artística, cultural y política, estrechamente vinculada al recién derrocado Gobierno”, dicen los expedientes. A Littré Quiroga sus captores le imputaron el “hecho supuesto”, que nunca se probó, “de haber sido responsable de la prisión y maltrato que habría sufrido el general de ejército Roberto Viaux”. En 1969, durante el Gobierno del democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Viaux encabezó un intento de sublevación militar, en un acuartelamiento en el Regimiento Tacna que se conoce como el Tacnazo.

“A estas víctimas las fueron matando a pausa, día a día. Al final, los balazos fueron simplemente un adorno, porque iban camino a la muerte”, dijo en su último alegato el abogado Nelson Caucoto, quien representó a ambas familias hace más de 20 años. Se refería a la forma en que los asesinaron: el cantautor tenía 56 fracturas óseas y 44 balas en su cuerpo, mientras Quiroga 47 fracturas y 23 balazos.