La Casa Blanca ha decidido activar una hoja de ruta propia para gestionar el escenario venezolano tras la salida de Nicolás Maduro. No responde a una reacción improvisada ni a un cambio brusco de criterio, sino a un proceso de análisis prolongado dentro del … entorno de Donald Trump, iniciado tras las presidenciales de 2024. En ese debate interno ha terminado imponiéndose una idea central: la oposición política, con María Corina Machado como figura más visible, no cuenta hoy con los resortes necesarios para asumir el control efectivo del Estado ni garantizar su permanencia en el poder en el corto plazo. Ante ese vacío, Washington ha optado por ejercer una supervisión directa del proceso, apoyada en un dispositivo de disuasión militar en el Caribe.
El presidente Trump ha trasladado en privado a socios republicanos en el Capitolio que Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada del país, deberá ajustarse estrictamente a las condiciones fijadas por Washington si quiere evitar represalias personales y políticas. Según fuentes consultadas por ABC, Trump ha advertido de que no tolerará maniobras dilatorias ni desafíos al marco impuesto por Estados Unidos y que, en caso de incumplimiento, la nueva dirigente venezolana se enfrentará a consecuencias incluso más severas que las aplicadas a Maduro. El presidente y su equipo han alertado además de la posibilidad de nuevos ataques en el país si se detectan resistencias dentro del régimen.
La evaluación que maneja Marco Rubio, en su doble papel al frente de la diplomacia y de la seguridad nacional, se apoya en factores estructurales del poder venezolano. El chavismo conserva, por ahora, la lealtad de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad, mientras que el campo opositor aparece disperso, con dirigentes clave fuera del país y sin una maquinaria capaz de hacerse cargo de la administración cotidiana del Estado. Ese desequilibrio quedó en evidencia durante la operación contra Maduro, cuando Machado no se encontraba en territorio venezolano y no existía un dispositivo interno preparado para asumir el poder.
A lo largo de los últimos meses, responsables estadounidenses mantuvieron intercambios frecuentes con la dirigente opositora y su círculo más cercano, así como con otros actores del antichavismo. Desde Washington se les reclamó algo más que respaldo político o reconocimiento internacional. En concreto, se les pidió un esquema de transición y un plan creíble de gobierno. La Administración quería detalles precisos sobre quién asumiría el mando efectivo, con qué apoyos dentro de las Fuerzas Armadas, qué ministerios e instituciones quedarían bajo control inmediato y cómo se garantizaría el orden interno tras la salida del régimen.
Petróleo
Bloqueo, control marítimo y reapertura condicionada
También se insistió en la necesidad de acreditar contactos reales y verificables dentro del estamento militar, precisamente para evitar repetir el escenario de 2019, cuando el intento de pronunciamiento encabezado por Juan Guaidó fracasó al no producirse la esperada ruptura en el Ejército. Aquella operación, en la que Leopoldo López salió de su arresto domiciliario para sumarse al movimiento, evidenció para Washington los límites de una estrategia basada en gestos políticos sin respaldo armado. Ese precedente pesa de forma determinante en la evaluación actual de la Casa Blanca.
Las respuestas, según fuentes oficiales, se movieron siempre en un terreno abstracto y sin planes claros. En la oposición se apeló a la discreción por motivos de seguridad o a la necesidad de consensuar posiciones, pero nunca se presentó un plan que pudiera ejecutarse sobre el terreno con apoyo de Estados Unidos. Esa ausencia de respuestas operativas llevó a la Casa Blanca a descartar a la oposición como instrumento inmediato de transición y a buscar una alternativa que evitara el colapso del poder. Rubio y su equipo aceptaron que la operación se llevara a cabo con Machado fuera de Venezuela, algo que invalidaba su toma de poder inmediata con respaldo estadounidense.
Una vía distinta
Con ese panorama, la Administración Trump decidió explorar una vía distinta, abiertamente pragmática, sin romper formalmente con la oposición. El plan que ahora se ejecuta parte de un hecho asumido en la Casa Blanca: la transición solo es viable si se apoya en una figura del propio chavismo capaz de garantizar control interno, evitar un vacío de poder y negociar desde una posición de fuerza claramente asimétrica con Estados Unidos. Esa figura es, hoy por hoy, Delcy Rodríguez. Hasta hace poco vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Rodríguez y el núcleo duro del régimen han entablado negociaciones discretas con Washington para pactar los términos del nuevo escenario político, incluyendo el acceso al mercado del crudo, un ámbito que ella conoce bien por haberlo gestionado.
Elecciones
Transición sin plazos dilatorios y supervisión internacional
El plan consiste en establecer una administración temporal en Venezuela, seguida y condicionada de cerca por Estados Unidos, ejercer presión mediante sanciones y control marítimo, y asumir el control efectivo del sector petrolero para reactivarlo con participación de empresasinternacionales, estadounidenses y de otros países. La Casa Blanca parte de la premisa de que la industria está gravemente deteriorada y que cualquier aumento relevante de la producción requerirá años e inversiones masivas, supeditadas a la estabilidad política y a un nuevo marco de control estatal.
Según explicó Rubio en varias comparecencias televisivas, Estados Unidos no asumirá la gestión cotidiana del país, pero sí mantendrá una presión directa mediante un bloqueo petrolero ya en vigor. Esa presión se concreta en la interceptación de buques petroleros sancionados, algunos de ellos incautados, y en el control marítimo para impedir exportaciones de crudo. Rubio afirmó que ese mecanismo constituye la principal palanca de Washington para forzar cambios tanto en la gestión de la industria petrolera como en el cese del narcotráfico, y que se mantendrá hasta que las nuevas autoridades adopten medidas que Estados Unidos considere satisfactorias.
En la Casa Blanca insisten en que este esquema no supone un aval al chavismo, sino una estrategia de contención y transición hasta la celebración de elecciones libres. Washington descarta de plano cualquier calendario que retrase los comicios hasta 2031, como había sugerido Maduro antes de su detención. En ese contexto, la tarea de Delcy Rodríguez es estabilizar el país, cumplir una serie de exigencias inmediatas y, una vez creado un marco controlable, convocar elecciones generales bajo supervisión internacional y sin vetos arbitrarios. Desde el chavismo se han deslizado nombres alternativos, como el del general exiliado Miguel Rodríguez Torres, residente en Madrid y enfrentado a Maduro.
FARC y ELN
Expulsión de grupos armados y fin del narcotráfico
La dureza del discurso público de Rodríguez tras la incursión estadounidense, cuando proclamó que Maduro sigue siendo presidente y denunció el «imperialismo», no se interpreta en Washington como una ruptura. Se considera una necesidad interna para mantener cohesionada a la base chavista, tranquilizar a los mandos militares y sostener una narrativa de continuidad institucional. En paralelo, las conversaciones con Estados Unidos continúan abiertas y activas y, según Trump, la dirigente se ha mostrado dispuesta a colaborar.
Para forzar avances, la Administración Trump ha combinado la negociación con una presión sin precedentes. La pieza central es la cuarentena petrolera y el cerco marítimo en torno a Venezuela, diseñados para cortar la principal vía de financiación del poder chavista. En las últimas semanas, la Armada estadounidense ha incautado buques petroleros en alta mar en virtud de órdenes judiciales y ha advertido de que cualquier embarcación sancionada que intente entrar o salir de puertos venezolanos será interceptada.
Romper vínculos con organizaciones hostiles
Las condiciones planteadas por Washington son explícitas. Exigen una reestructuración profunda de la industria petrolera para sacarla del control de redes de corrupción y orientarla a beneficios tangibles para la población. Reclaman el desmantelamiento de las rutas del narcotráfico, la expulsión de grupos armados irregulares como las FARC y el ELN y la ruptura total de vínculos con organizaciones extranjeras consideradas hostiles, como Hezbolá, así como con Irán. Rubio ha añadido la exigencia de expulsar a los elementos cubanos e iraníes infiltrados en el aparato del Estado.
Pese a la contundencia del despliegue, Washington ha rebajado las expectativas de una democratización inmediata. Rubio ha insistido en que sería imposible exigir elecciones en cuestión de días. La transición se concibe como un proceso que requiere tiempo, reconstrucción institucional y control del territorio. En ese marco, el papel definitivo de Delcy Rodríguez dependerá de sus actos en el corto plazo.
Rusia, Cuba e Irán
Ruptura de alianzas y retirada de influencias externas
En Caracas, la reacción oficial combinó resistencia retórica con un ajuste interno acelerado. El Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, activó una interpretación exprés para investir a Delcy Rodríguez como presidenta encargada por la «ausencia forzosa» de Maduro. El alto mando militar cerró filas públicamente, denunció la violación de la soberanía y prometió mantener el orden interno. Al mismo tiempo, según fuentes conocedoras del proceso, las principales figuras del régimen negocian en privado su supervivencia bajo las nuevas reglas impuestas desde Washington.
La apuesta de Trump por un «chavismo sin Maduro» ha generado frustración entre quienes esperaban un respaldo inmediato a los vencedores simbólicos de las elecciones de 2024, encabezados por Edmundo González Urrutia, afincado en España. Las declaraciones del presidente estadounidense descartando a María Corina Machado como opción viable han dejado claro que, para Washington, la legitimidad internacional no sustituye al control interno del poder.
Delcy Rodríguez, apuntan en el entorno de Trump, fue clave en la estabilización parcial de la economía tras la hiperinflación y en la recuperación limitada de la producción petrolera pese a las sanciones. Al mismo tiempo, sigue siendo una dirigente identificada con el núcleo duro del chavismo y con un sistema acusado de graves abusos, un factor que Estados Unidos mantiene presente.
El reto que afronta es considerable: cumplir las exigencias de Washington sin perder el control interno ni provocar una fractura en las Fuerzas Armadas, manteniendo canales abiertos con la oposición. A cambio, Estados Unidos le ofrece evitar el destino judicial de Maduro y encabezar una transición vigilada. La advertencia es clara: la presión no se levantará sin resultados.
División internacional
A nivel internacional, la jugada de Trump ha dividido reacciones. Aliados occidentales evitan una condena frontal, mientras Rusia e Irán denuncian una violación de la soberanía venezolana, conscientes de que pierden peso en una plaza estratégica, con su influencia cada vez más concentrada en Cuba. El propio Rubio ha señalado que La Habana forma parte del cálculo estratégico y ha advertido de que el régimen castrista debería sentirse directamente interpelado por lo ocurrido en Venezuela.
El Plan Venezuela de Trump ya está en marcha. Su éxito dependerá de si Delcy Rodríguez actúa como puente hacia un nuevo equilibrio político o si la transición se estanca bajo una tutela prolongada. Por ahora, Washington ha tomado la iniciativa, Maduro ha salido de escena y el país entra en un capítulo inédito cuyo desenlace sigue abierto.
