Author: rb809rb

La larga disputa entre México y Estados Unidos por 2.000 hectáreas de piedra caliza cerca de Playa del Carmen (Quintana Roo) terminó con una resolución favorable para el Gobierno mexicano. El fallo del organismo arbitral del Banco Mundial, publicado este lunes, ordena a México pagar a la minera estadounidense Vulcan Materials menos del 1% de los 1.500 millones de dólares que la compañía solicitó por el cierre de sus operaciones mineras en el país latinoamericano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó que el tribunal arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de Vulcan, confirmando únicamente una reclamación relativa al cierre de una sola mina en 2018. En respuesta, la empresa declaró que el tribunal internacional determinó que México violó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (antes TLCAN) en varios aspectos y calificó como “insignificante” la indemnización fijada por la corte arbitral, aunque se reservó la cifra específica de la compensación.

Tras conocer la resolución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la mina permanecerá clausurada y que, una vez concluido el periodo de confidencialidad de 30 días, el Gobierno dará a conocer más detalles sobre el fallo y las acciones que realizará el Ejecutivo. “Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando la mina esté clausurada”, dijo. La mandataria también reconoció que existe la posibilidad de solicitar la nulidad de la reciente resolución por parte de alguna de las partes y que se continúa en diálogo con la minera estadounidense.

El desencuentro entre Vulcan Materials y las autoridades mexicanas se remonta a 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades al considerar que la extracción era mayor que la autorizada. Esta orden motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN, que ahora ha sido resuelta a favor del Gobierno de México. Sin embargo, personas allegadas al proceso aseguraron a EL PAÍS que aún queda parte del caso por resolver bajo las reglas del TMEC, ya que algunos de los hechos señalados como la clausura de la mina, la toma del puerto Venado y la posterior declaratoria de la zona en litigio como área natural protegida ocurrieron entre 2022 y 2024, durante la Administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y bajo las directrices del renovado acuerdo comercial.

Aunque la minera, presente en México desde 1986, ya había enfrentado en el pasado desavenencias con autoridades locales y federales, durante el sexenio de López Obrador estas se agudizaron. El entonces presidente de México acusó a Vulcan de provocar una “catástrofe ecológica”, incluyendo la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano, por la extracción de piedra caliza. Aunque tuvieron lugar reuniones entre la Administración mexicana y los directivos de la minera, el pleito, lejos de zanjar, subió de tono y el Ejecutivo optó por la clausura de la mina en 2022.

Del otro lado de la trinchera, Vulcan Minerals acusó al Gobierno mexicano de expropiar ilegalmente sus activos y de incumplir las obligaciones del TMEC al no otorgar un trato “justo y equitativo” a la inversión privada. En 2023, en un intento por destrabar el litigio internacional, el Gobierno mexicano puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera por 8.000 millones de pesos, pero la minera declinó la oferta y, en septiembre de 2024, López Obrador declaró como área natural protegida una extensa zona que abarcaba las concesiones en disputa con la minera, lo que detonó un choque con EE UU. En ese entonces, el Congreso estadounidense puso sobre la mesa la aprobación de una ley para proteger los bienes de sus compañías en el extranjero.

Ahora, a casi dos años de distancia, el arbitraje internacional ha resuelto una parte del laberíntico proceso con un fallo que supone, para el Gobierno mexicano, una victoria parcial. Sin embargo, dada la complejidad del proceso binacional, la disputa aún parece estar lejos de terminar.

Villa Gesell es un pueblo ubicado en la costa del mar Argentino, a 370 kilómetros de Buenos Aires, que cada verano se llena de jóvenes y familias que vacacionan en la playa. La muerte por asfixia de Isabella, una niña de dos años, enturbió la atmósfera festiva que esa localidad proyecta al convertirse en el escenario de un caso que conmociona al país. Por el episodio fue detenida su madre, Lucía Sosa, que ya había sido investigada antes por la muerte de otras dos hijas en circunstancias similares. Uno de sus hijos mayores, que fue entregado en adopción a otra familia cuando era pequeño, denunció que su progenitora es una “persona agresiva y sin corazón” y reclamó que “esté presa o en un psiquiátrico”.

Isabella, que estaba a pocos días de cumplir tres años, ingresó el martes 21 de julio sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde intentaron reanimarla sin éxito. La autopsia determinó que falleció por asfixia a partir de una obstrucción en su sistema respiratorio.

El caso tomó relevancia por la muerte en sí y por los antecedentes que rodean a la madre. Su hija Candela, de seis meses, murió en 2013 y Yazmín, de once meses, en 2016. Por este segundo caso, la mujer estuvo dos años detenida, al igual que su pareja de ese momento y padre de seis de sus nueve hijos, Germán Picart, bajo cargos de abuso sexual y homicidio. Finalmente, ambos fueron absueltos.

Luego de ese episodio, Sosa, de 43 años, se mudó desde la ciudad de Mar del Plata a Villa Gesell, a 100 kilómetros, donde formó nuevamente pareja y tuvo otros dos hijos: Isabella y un niño mayor, que actualmente tiene cuatro años y que, a partir de los hechos recientes, se encuentra bajo custodia judicial. En el pasado, la mujer ya había perdido la custodia de otros cuatro hijos, sospechosa de maltrato infantil y de generar un “ambiente de convivencia inconveniente”, según detalló el diario local La Nación. Algunos de ellos ingresaron a hogares de acogida y otros fueron adoptados por familias.

Este lunes por la tarde, casi una semana después de la muerte de Isabella, una camioneta llegó hasta la casa de Sosa y se la llevó detenida, mientras vecinos vociferaban pedidos de justicia por la niña. Sosa enfrenta el cargo de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” y se espera que declare en las próximas horas. El cuerpo de Isabella, por otra parte, no será entregado hasta que se hayan completado las pruebas forenses solicitadas.

José Daniel Aguirre, el padre de Isabella, relató que el 21 de julio pasado encontró a su hija “tirada en la cama” al regresar de trabajar, ya sin pulso. “La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí, por favor, que llevaran a la nena”, relató Aguirre, para quien se trató de “un accidente”. El hombre aseguró que desconocía por completo los antecedentes judiciales de Sosa y que incluso no sabía de la existencia de Lucas Ruiz, uno de sus hijos, que habló con los medios cuando se conoció la muerte de la niña.

Ruiz tiene 17 años y fue dado en adopción cuando era pequeño, luego de haber vivido episodios de violencia en su hogar. “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos”, dijo en una entrevista con el canal de noticias TN. “Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros creímos que esto ya había cerrado hace muchos años. Luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años y que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión, matando a otra de mis hermanas, duele muchísimo”, afirmó.

El adolescente aseguró que durante años advirtió sobre la peligrosidad de su madre y cuestionó que el sistema judicial intentara revincularlo con ella en contra de su voluntad, aunque pidiera “salir de esa casa”, que identificó como un lugar “feo, muy oscuro”. Según contó, su historia comenzó cuando tenía apenas 21 días de vida, cuando fue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras sufrir un paro respiratorio producto de una intoxicación. A partir de entonces, quedó bajo la protección de Hogares de Belén e inició un proceso que terminó en la adopción por parte de su familia actual.

“Me golpearon muchísimo, sobre todo en el momento del proceso de revinculación. En el día de mi tercer cumpleaños me obligaron a ir a esa casa y fue una de las golpizas más grandes que me dieron. Me tiraban de las orejas. Durante muchos años tuve una lesión porque me las tironeaban constantemente”, contó sobre el vínculo con las personas de su entorno biológico.

El adolescente será convocado a declarar como testigo en el transcurso de esta semana, en el marco de la causa que investiga el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Pinamar, del Departamento Judicial de Dolores. También se le tomará testimonio en Cámara Gesell al hijo más pequeño de Sosa, de cuatro años, que habría sido testigo presencial del momento previo a la muerte de su hermana.