El gobierno de Arizona se muestra renuente a la construcción de un centro de detención par inmigrantes carentes de estatus legal cerca de un lugar donde prevalecen sustancias químicas peligrosas que pueden tener un impacto dañino en la salud de quienes estén expuestas ellas.
Bajo enfoque, la oficina de la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó una demanda en contra del gobierno federal para bloquear el proyecto a desarrollar en la ciudad de Surprise.
De acuerdo con la querella, a través de la liberación de $70 millones de dólares, el 23 de enero, la administración Trump respaldó una sugerencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para comprar de un almacén en la población citada.
El objetivo consistía en adecuar el inmueble hasta transformarlo en una instalación donde temporalmente se pueda albergar hasta 1,500 extranjeros detenidos por ICE con el objetivo de enviarlos de regreso a sus países de origen.
Incluso se menciona que el gobierno federal ya adjudicó contratos por más de $300 millones de dólares a empresas que se encargarían de la remodelación del almacén.
Sin embargo, el argumento presentado en contra es que esa construcción se llevó a cabo años atrás con propósitos específicamente industriales y no para albergar a cientos de personas como se pretende, pues cerca de ahí se guardan miles de toneladas de productos tóxicos.
“Se encuentra justo enfrente de una instalación de almacenamiento de productos químicos que contiene miles de galones de materiales peligrosos”, indica parte de la demanda.
Al parecer, el sitio señalado cuenta con una extensión de más de 100,000 pies cuadrados donde se almacenan contenedores con materiales peligrosos destinados a productos químicos empleados en la fabricación de semiconductores, lo cual pudiera causar daños en la salud de quienes estén expuestos a dichos productos sin un equipamiento adecuado, el cual difícilmente les sería otorgado por las autoridades migratorias a los extranjeros detenidos.
Por ello, a través de un comunicado, la fiscal general de Arizona señaló que no se permitirá continuar adelante con el controversial proyecto.
“La administración Trump ha pisoteado la ley federal en su afán por ampliar la capacidad de detención en todo el país“, enfatizó.
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