No es sorprendente que en la semana que marca el primer aniversario del despliegue de violencia de ICE en Los Ángeles, el 6 de junio de 2025, con redadas que dieron paso a protestas, se reporten huelgas de hambre en centros de detención en al menos cuatro estados, incluyendo Delaney Hall en Newark, New Jersey, donde los detenidos denuncian malos tratos, condiciones insalubres y falta de atención médica adecuada.
Y es que la estrategia de detenciones y deportaciones masivas de Trump es un monstruo de muchas cabezas que se manifiesta de diversas formas y de manera constante.
Lo ocurrido en Los Ángeles ese 6 de junio fue el pistoletazo de salida para el reino de terror de ICE no solo en esa ciudad, sino a través del país.
Bien lo dijo Human Rights Watch en un informe de noviembre de 2025 al afirmar que “la violenta campaña de redadas y detenciones llevada a cabo por el gobierno federal de Estados Unidos durante el verano de 2025 en Los Ángeles sentó las bases para abusos similares y posteriores en ciudades de todo el país”.
Se calcula que en 2025, ICE arrestó a más de 14,000 personas en el área del condado de Los Ángeles, aunque la cifra también suma arrestos en otros condados como Orange, Ventura, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo y Santa Bárbara.
Fue el ensayo de Trump y de su asesor Stephen Miller, de conducir agresivas redadas con agentes enmascarados violando toda clase de derechos y amparos legales, usando perfiles raciales y haciéndolo en ciudades lideradas por demócratas con total impunidad.
Tras protestas por las acciones de ICE, Trump desplegó 2,000 guardias nacionales y 700 Marines en Los Ángeles sin que se le solicitara ningún tipo de asistencia, solamente para crear una crisis donde no la había. Estas acciones aterrorizaron comunidades, separaron familias, afectaron la economía. Inmigrantes murieron huyendo de los agentes de ICE.
En este contexto los agentes de ICE y de CBP descienden sobre Minneapolis, Minnesota, donde el nuevo año 2026 trajo consigo algunos de los operativos más violentos con detenciones indiscriminadas de ciudadanos y residentes autorizados que culminaron en las muertes de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes migratorios.
La violencia y la impunidad han sido rechazadas por el público estadounidense y los índices de aprobación de Trump en inmigración descendieron drásticamente, y es cuando se hacen cambios cosméticos en el liderazgo del DHS y sus agencias migratorias, pero la violencia se sigue manifestando de muchas formas.
Ahora se suscitan huelgas de hambre y la administración usa el desarrollo para seguir deshumanizando a los inmigrantes, atacar a quienes los defienden, y seguir violentando el derecho que tienen los legisladores federales de supervisar los que ocurre en cárceles privadas sufragadas con fondos públicos y a las que les llueven denuncias por abusos físicos, sexuales y psicológicos, por condiciones insalubres, alimentos descompuestos y por negar atención médica a detenidos, muchos de los cuales han muerto o se han suicidado en cifras nunca antes vistas.
La campaña de la administración de detener y deportar a inmigrantes que NO son “lo peor de lo peor”, sigue en marcha de diversas formas, ya sean redadas tradicionales, deslegalizando inmigrantes, retrasando la renovación de permisos y lo último, según reportan los medios, son las ‘mega audiencias’ de deportación. “Más de 100 inmigrantes están citados simultáneamente para responder por sus procesos, una táctica sin precedentes que busca elevar el número de deportaciones”, escribió la Agencia EFE.
Obviamente a este gobierno poco le importa la crisis humanitaria que genera su política migratoria. Tampoco le importa el efecto que ha tenido en la economía en momentos en que los estadounidenses ya enfrentan altos costos de alimentos, vivienda y cuidados médicos, entre otros.
Un análisis del Brookings Institution concluyó que la escalada de las medidas de control migratorio “costó 668,000 puestos de trabajo y se estima que entre 51,000 y 297,000 habrían sido ocupados por trabajadores nacidos en Estados Unidos”.
“Las pérdidas se concentraron en sectores con alta presencia de inmigrantes, pero se extendieron mucho más allá de ellos”, agrega el reporte.
Pero el Congreso se apresta a aprobar otros $70,000 millones de dólares para ICE y CBP, además de los $170,000 millones autorizados el año pasado.
Y todo esto ocurre a un mes de que esta nación conmemora los 250 años de su fundación, el 4 de julio, y como en oportunidades previas, ese aniversario se da en medio de situaciones complicadas que nos recuerdan la fragilidad de la democracia que se celebra y de que nos queda mucho camino por recorrer cuando de derechos civiles y humanos se trata.
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