El ministro de Seguridad de Kast ante el Senado: “En Chile normalizamos la impunidad, la falta de respeto y el debilitamiento de las policías”

Martín Arrau, el ministro de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, ha entregado este martes ante el Senado los primeros lineamientos de su hoja de ruta y ha puesto sobre la mesa siete ejes para el control de la delincuencia y el crimen organizado, además de empujar la urgencia de ocho proyectos legislativos. Era una de las sesiones que había generado altas expectativas luego de las varias controversias surgidas ante la duda de la existencia de un plan concreto de la Administración de derechas, que basó su campaña la seguridad, pero ha sido su área más golpeada según las encuestas. La exposición ante los parlamentarios, que continuará este miércoles, ocurre el mismo día que en Arrau pidió la renuncia a los dos subsecretarios de su cartera, Ana Victoria Quintana de Prevención del delito y Andrés Jouannet, de Seguridad, y los ha reemplazado por el abogado Gonzalo Guerrero y la cientista política María del Pilar Giannini, respectivamente.

El ingeniero republicano asumió el 19 de mayo en reemplazo de Trinidad Steinert, sacada por Kast a los 69 días desde que asumió el cargo, intenta dar un nuevo aire al ministerio.

La exposición fue convocada para analizar el estado de la seguridad en Chile, y fue la oportunidad para que el republicano diera a conocer lo que llamó el Plan operativo de seguridad pública. En la antesala de la sesión ocurrió un hecho que sirvió a Arrau para dar ejemplos del avance del crimen organizado, y la necesidad de coordinación entre los países del Cono Sur. Esto, porque pocas horas antes, la Fiscalía y la policía desbarataron a una célula del Tren de Aragua, y se detuvo a 19 personas, entre ellos a un ejecutivo de una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago. Al grupo se le imputa lavado de activos por más de 85 millones de dólares, sacados de Chile tras cometer secuestros, extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual, contrabando y tráfico de drogas, entre otros delitos. Es el golpe económico más fuerte a la organización, que opera en 14 de las 16 regiones del país.

Arrau arrancó su exposición al señalar que hoy en Chile “la seguridad no es un asunto más, sino que es ‘él’ asunto. Los chilenos no necesitan que les expliquemos de inseguridad o de delitos porque lo viven todos los días: la dueña de casa que tiene susto de que su hijo no llegue a la casa o el comerciante que tiene susto por si va a tener que pagar para poder trabajar”, señaló en relación a las extorsiones que cometen bandas transnacionales, principalmente el Tren de Aragua.

En su diagnóstico, Arrau citó a Kast, quien este lunes entregó su primera Cuenta Pública y anunció un proyecto de ley que ha generado un amplio debate, el Registro de Vándalos e Incivilidades. Su ministro enumeró algunos de los problemas que ve en Chile. “Normalizamos la impunidad y la falta de respeto; el debilitamiento sostenido de las policías y a la autoridad legítima. Lo tercero, es la ilusión de que Chile era diferente y que no iba a pasar el terrorismo [que ocurre] en otros países y que éramos inmune. También olvidamos el rol primario del Estado que brindar seguridad”.

“El delito cambió, hoy día es más violento, más armado, más organizado y el Estado va tarde. Se requiere acción, trabajo y rigor. Lo que tenemos hoy requiere más inteligencia, más coordinación. Lo que estamos enfrentando es de tal naturaleza que afecta la estabilidad y la predictibilidad de nuestro sistema nacional. Puede tener efectos sobre la seguridad nacional, incluso”.

Puso como ejemplo que entre 2018 y 2025, los homicidios aumentaron en 30%, y que casi la mitad se cometen con armas de fuego y que ellos son más de un tercio están vinculados los grupos de crimen organizado. Sumó el aumento de los secuestros en un 55% en el mismo periodo, un delito que era infrecuente.

Arrau tenía pendiente plantear su estrategia, y trabajará, anunció hace una semana, sobre la Política Nacional de Seguridad Pública que promulgó en su Gobierno de izquierdas de Gabrel Boric (2022-2026), contemplada en la ley que creó el Ministerio de Seguridad, que rige desde abril de 2025.

Planteó tres focos de gestión que son estándar. El primero, la prevención, con énfasis en los menores de edad, luego que el año pasado, dijo, “el 22% de los victimarios de robos violentos fueran menores de edad, con 2.190 casos”. Segundo, la recuperación del control territorial frente a las bandas organizadas “donde el Estado no entra” y, tercero, el fortalecimiento institucional.

Luego detalló los siete ejes de gestión en los que trabajará: el control de calles y barrios; terminar con el ciclo delictivo temprano, es decir, el reclutamiento delictual sobre todo respecto de menores de edad; la protección de fronteras y rutas críticas; el combate contra el crimen organizado; el control del sistema carcelario; la consolidación de la institucionalidad respecto de su ministerio y coordinarlo con otros organismos del Estado y “restituir la legitimación policial”.

Tanto Kast como Arrau intentan dar como una impronta de la Administración un cambio de actitud frente a las fuerzas de orden público. En su Cuenta Pública del lunes el mandatario dijo que “si un carabinero, un detective o un gendarme, cumpliendo su deber, hace uso de la fuerza legítima” el Gobierno “lo respalda y lo respaldará siempre”.

La sesión del Senado continuará este miércoles, donde los parlamentarios del oficialismo y la oposición podrán hacerle preguntas sobre el rumbo del Gobierno.