La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este jueves que revisará si el Gobierno de Donald Trump puede mantener detenidos a inmigrantes sujetos a deportación durante todo el proceso, sin que tengan la posibilidad de solicitar su liberación ante un juez de inmigración.
El caso determinará cómo debe aplicarse una disposición de una ley migratoria de 1996 que la Administración Trump utiliza para ordenar la detención obligatoria de determinadas personas que ingresaron al país de manera irregular.
La disputa afecta especialmente a inmigrantes que fueron detenidos lejos de la frontera, incluidos algunos que llevan años viviendo en Estados Unidos. La cuestión central es si pueden permanecer bajo custodia mientras avanzan sus procesos de deportación o si deben tener la posibilidad de solicitar una audiencia para obtener su libertad bajo fianza.
Un brasileño detenido tras un control de tráfico
Los magistrados estudiarán la apelación del Gobierno en el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que llegó a Estados Unidos en 2005.
Cunha fue detenido en septiembre de 2025 después de un control de tráfico en Norwood, Massachusetts. Según el expediente de la Corte Suprema, llevaba años viviendo en Estados Unidos, tenía un permiso de trabajo y sus abogados sostienen que no contaba con antecedentes penales.
El Gobierno argumenta que la legislación migratoria permite mantener la detención obligatoria mientras avanza el procedimiento de deportación.
Sus abogados, en cambio, cuestionan que esa norma pueda utilizarse para impedir que personas detenidas lejos de la frontera soliciten su liberación ante un juez de inmigración.
Una disputa entre tribunales federales
La Administración Trump aplica esta política desde su llegada al poder en enero de 2025, basándose en la legislación migratoria aprobada en 1996.
Sin embargo, la interpretación de esa disposición ha provocado una división entre los tribunales federales de apelación. La mayoría ha concluido que la obligación de detención se aplica a personas detenidas cerca de la frontera y no de manera generalizada a inmigrantes que viven en otras partes del país.
El Cuarto Circuito se convirtió en septiembre en el noveno tribunal federal de apelaciones que rechaza la interpretación defendida por el Gobierno.
Otros tribunales, en cambio, han expresado dudas sobre ese criterio, generando la discrepancia que ahora deberá resolver el Supremo.
La decisión llegará en junio de 2027
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que participa en litigios contra esta política, sostiene que el cambio puede afectar potencialmente a millones de personas.
La organización señala que durante décadas los inmigrantes sometidos a procesos de deportación podían solicitar una audiencia de fianza en determinadas circunstancias.
El Supremo deberá resolver la disputa durante el curso judicial que comienza la próxima semana y termina en junio de 2027.
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