Morena ha puesto en marcha su maquinaria legislativa. La presidenta Claudia Sheinbaum y el partido gobernante han convertido el periodo extraordinario en una plataforma para impulsar una ofensiva más amplia con un paquete de reformas electorales de calado. De última hora y con los plazos encima para reformar las reglas, el oficialismo ha metido con calzador tres iniciativas en materia electoral para discutirlas y votarlas en fast track la próxima semana junto con la reforma constitucional que busca corregir las grietas del nuevo modelo de elección de jueces, magistrados y ministros.
El movimiento ha puesto en evidencia nuevamente el desaseo legislativo que se ha convertido en una constante en los últimos años. El Gobierno pretende aprovechar la mayoría legislativa y la velocidad del extraordinario para empujar cambios sensibles en materia político-electoral antes del 30 de mayo, cuando se vence el plazo para realizar modificaciones en este tema que sean efectivas en las elecciones intermedias de 2027. Entonces se elegirán cerca de 3.000 cargos, incluidas 17 gubernaturas.
La reforma judicial ha pasado a segundo plano. Dos de las iniciativas electorales llevan la firma del coordinador de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal. La tercera apenas existe como un anuncio político y un puñado de diapositivas presentadas en la conferencia matutina presidencial por la recién nombrada consejera jurídica, Luisa María Alcalde, sin que hasta ahora exista un proyecto público ni haya sido turnada al Congreso.
La más relevante de las enmiendas apunta directamente al corazón del sistema electoral. Morena busca introducir en la Constitución una nueva causal de nulidad de elecciones por “intervención extranjera”. La iniciativa propone modificar el artículo 41 constitucional para permitir que el Tribunal Electoral invalide elecciones cuando existan indicios de injerencia de gobiernos, organizaciones o agentes extranjeros en una contienda.
El proyecto sostiene que el sistema actual de nulidades es insuficiente frente a amenazas como campañas internacionales de desinformación, financiamiento extranjero, manipulación digital o presiones diplomáticas orientadas a alterar resultados electorales. La propuesta añade un nuevo inciso a la Constitución para establecer que una elección podrá anularse cuando “exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Monreal ha recurrido en su exposición de motivos a los casos de Ucrania en 2004 y Rumania en 2024, donde tribunales constitucionales anularon procesos presidenciales bajo argumentos de injerencia extranjera. La reforma no se limita al texto constitucional. El legislador presentó además una segunda iniciativa para modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y desarrollar un mecanismo operativo para anular elecciones por intervención extranjera.
La propuesta amplía las causales de nulidad de votación en casillas y de elecciones federales y locales, incorporando expresamente la “intervención o injerencia extranjera” como irregularidad grave. Crea además un nuevo artículo que enumera un catálogo amplio de conductas consideradas amenazas a la soberanía electoral: financiamiento ilícito extranjero, propaganda internacional, campañas de desinformación digital, manipulación mediática, presiones diplomáticas y cualquier acto que busque influir indebidamente en los resultados de una elección.
Duras consecuencias
El texto también establece consecuencias políticas severas. Si el Tribunal Electoral concluye que un partido o candidatura se benefició de una operación extranjera, quedaría impedido para participar en la elección extraordinaria derivada de la nulidad. Las iniciativas llegan en medio de un contexto político particularmente tenso para el oficialismo. Morena ha endurecido en los últimos meses su discurso contra organizaciones internacionales, plataformas digitales, agencias extranjeras y sectores conservadores de Estados Unidos a los que acusa de intervenir en la política mexicana. Aunado a que la oposición ha tocado la puerta de organismos internacionales para acusar que existe injerencia del crimen organizado en el Gobierno mexicano.
La oposición no ha recibido bien el paquete en materia electoral que se ha incluido para discusión en el periodo extraordinario. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) han votado en contra. Para ellos, el oficialismo busca construir una herramienta política que permita judicializar futuros conflictos electorales bajo criterios ambiguos. Además, han recriminado al oficialismo que la reforma judicial “es la confirmación del desastre que hicieron con el Poder Judicial”, ha dicho el panista Homero Niño de Rivera.
La tercera iniciativa que Morena y aliados han aprobado para su discusión en un extraordinario, aún no es enviada por la presidenta, pero apunta a otro de los grandes fantasmas de la política: la infiltración del crimen organizado. Sheinbaum anunció en su conferencia matutina de este jueves el envío de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear mecanismos de revisión preventiva de aspirantes a cargos públicos rumbo a las elecciones de 2027.
La consejera jurídica ha explicado que la propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas formada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ese órgano trabajaría con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revisar perfiles de aspirantes y detectar posibles vínculos con grupos criminales.
Según Alcalde, los partidos políticos podrían entregar voluntariamente listas de aspirantes para evaluar si existe un “riesgo razonable”. Las autoridades revisarían información financiera, de inteligencia y procuración de justicia, y posteriormente informarían a los partidos si detectan alertas sobre determinadas candidaturas.
El anuncio ocurre en medio del escándalo por los señalamientos del Gobierno de EEUU contra diez funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador —con licencia— Rubén Rocha Moya. A esto se suma el antecedente de procesos electorales marcados por asesinatos de aspirantes, amenazas del crimen organizado y denuncias de intervención criminal en campañas locales.
Morena presenta la reforma como un mecanismo preventivo para blindar el sistema electoral, aunque el hecho de que aún no exista el texto formal ha despertado críticas de la oposición sobre la improvisación con la que el oficialismo pretende introducir cambios sensibles en tiempo récord.
El Congreso ha arrancado motores para sacar la próxima semana estos proyectos. Para ello, Morena se prepara para hacer efectiva su mayoría calificada en el Congreso y así votar en cuestión de días un paquete de reformas que no solo corrige el nuevo modelo judicial, sino que además redefine piezas sensibles del sistema electoral. Bajo el argumento de blindar la soberanía nacional y contener la infiltración criminal, el oficialismo busca ampliar las facultades del Estado sobre las elecciones, las candidaturas y los mecanismos de nulidad electoral. El Gobierno de Sheinbaum ha decidido aprovechar el extraordinario judicial para empujar, casi sin deliberación pública, una reforma política de calado de cara a las elecciones de 2027 y 2030.
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