Un tribunal federal de apelaciones rechazó este martes la política del gobierno de Donald Trump que buscaba imponer la detención obligatoria, sin derecho a fianza, a amplios grupos de inmigrantes en proceso de deportación, incluidos aquellos que han vivido durante años en Estados Unidos, informó CBS.
El fallo fue emitido por un panel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, que calificó la medida como “el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos”.
En su decisión, los jueces advirtieron que la interpretación de la administración Trump podría generar “una conmoción sísmica” en el sistema migratorio, al sobrecargar centros de detención ya saturados, encarcelar a millones de personas, separar familias y afectar a comunidades enteras.
La política surge de una reinterpretación realizada el año pasado por el gobierno de Trump de una ley migratoria de la década de 1990. Bajo ese nuevo enfoque, cualquier persona que haya ingresado ilegalmente al país, sin importar cuánto tiempo haya pasado, podría ser detenida de forma obligatoria mientras se resuelve su caso, sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza ante un juez.
Antes de este cambio, muchos inmigrantes indocumentados que llevaban años en el país podían acceder a audiencias de fianza y defender sus casos en libertad si demostraban que no representaban un riesgo de fuga ni una amenaza para la seguridad pública.
La detención obligatoria se aplicaba principalmente a quienes habían cruzado recientemente la frontera o a personas con ciertas condenas penales.
El tribunal consideró que la nueva interpretación ampliaba de forma significativa el alcance de la detención, permitiendo retener indefinidamente incluso a personas sin antecedentes penales más allá de infracciones migratorias.
La decisión, sin embargo, no cierra el debate a nivel nacional. Otros tribunales de apelaciones, como los del Quinto y Octavo Circuito —con sede en Luisiana y Misuri— han respaldado la postura del gobierno, lo que evidencia una división en el sistema judicial.
El fallo del Segundo Circuito se aplica específicamente a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont.
La opinión fue redactada por el juez Joseph Bianco, designado por Trump, y contó con el respaldo de los magistrados José Cabranes, nombrado por Bill Clinton, y Alison Nathan, designada por Joe Biden.
Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la política y aseguró que la administración está aplicando la ley “tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos a salvo”. Además, sostuvo que instancias superiores, como la Corte Suprema, podrían revertir decisiones similares y dar la razón al gobierno.
Sigue leyendo:
• ICE vuelve a incluir entre sus más buscados a inmigrante acusado de matar a un joven en 2006
• Trump respalda propuesta para renombrar al ICE como “NICE”
• Tribunal rechaza política de Trump de impedir fianza para inmigrantes que ICE busca deportar
Leave a Reply