El programa del Departamento de Justicia encargado de acreditar a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a inmigrantes de bajos ingresos no ha aprobado nuevas solicitudes desde marzo, luego de que su equipo de abogados fuera reasignado a otras oficinas, según información de fuentes con conocimiento directo del proceso citadas por CBS News.
La medida afecta al programa de Reconocimiento y Acreditación, que forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), y que tiene como función certificar a representantes no abogados que trabajan en organizaciones comunitarias y religiosas para asistir legalmente a migrantes en trámites como solicitudes de naturalización y procesos ante tribunales de inmigración.
Reasignación de personal y suspensión de aprobaciones
De acuerdo con el reporte, el grupo de abogados sénior que lideraba el programa fue trasladado hace aproximadamente un mes a tribunales de inmigración cercanos, sin que se ofrecieran explicaciones públicas sobre la decisión. Estos funcionarios eran los encargados de revisar, renovar y aprobar las solicitudes de acreditación.
Actualmente, los únicos dos empleados que permanecen en la oficina no cuentan con autoridad para aprobar o rechazar solicitudes, lo que ha dejado el proceso operativo sin capacidad de resolución. A pesar de ello, el programa continúa recibiendo entre 40 y 60 nuevas solicitudes cada semana, según las fuentes consultadas.
El Departamento de Justicia informó previamente que el programa no había sido cancelado y que continuaría en funcionamiento, aunque no ha respondido a solicitudes recientes de comentarios.
Impacto en organizaciones de asistencia legal
El programa permite que trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, como Caridades Católicas y Jewish Family Services, obtengan autorización para representar o asistir legalmente a inmigrantes en procesos.
Rocío Pulido, directora de desarrollo de capacidades del Proyecto Resurrección en Chicago, explicó que su organización no solo cuenta con representantes acreditados, sino que también capacita a nuevos solicitantes y apoya financieramente a otros grupos de asistencia legal en el estado de Illinois.
Tras los primeros reportes sobre la reasignación de personal, la organización convocó una reunión de emergencia con sus socios estatales. Pulido señaló que los recortes han afectado directamente la capacidad de atención legal en la comunidad migrante.
“Esto afecta gravemente a nuestro ecosistema y a nuestra capacidad para brindar servicios legales”, afirmó. Añadió que en Illinois existe una alta demanda de asistencia migratoria que no puede ser cubierta únicamente por abogados.
Peticiones para restablecer el programa
Más de 330 organizaciones sin fines de lucro que participan en el programa enviaron una carta al fiscal general interino Todd Blanche y al director de la EOIR, Daren Margolin, solicitando el restablecimiento total de sus funciones.
En la misiva, los grupos señalaron que en 2025 los tiempos de procesamiento ya se habían extendido entre seis y ocho meses debido a la falta de personal, situación que se ha agravado tras la reasignación de todo el equipo federal encargado del programa.
“Les instamos a que actúen de inmediato para restablecer el pleno funcionamiento del programa”, señalaron las organizaciones en su petición.
Un sistema clave para la asistencia migratoria
El programa de Reconocimiento y Acreditación es considerado un mecanismo clave para ampliar el acceso a servicios legales entre comunidades migrantes de bajos ingresos en Estados Unidos, especialmente en contextos donde la representación legal es limitada.
Hasta el momento, no se ha informado cuándo podrían reanudarse las aprobaciones ni si habrá cambios en la estructura del programa dentro del Departamento de Justicia.
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