Diego Andrés López, alcalde de Mesitas del Colegio, un municipio a 50 kilómetros de Bogotá, está marcado por la historia de las mujeres de su familia. Primero fue su madre, Lucila Suárez. Palomo, como es conocido, cuenta que creció viéndola sostener el hogar mientras criaba seis hijos. Eran los años ochenta y noventa y, aunque dedicó buena parte de su vida a cuidar de su familia, nunca logró completar las semanas exigidas para pensionarse. Años después, López vio otra brecha, ahora cuando sus hermanas tuvieron que interrumpir la lactancia materna exclusiva cuando, tras 18 semanas, terminaron sus licencias de maternidad. Las luchas de esas mujeres se convirtieron en suyas, y el administrador público las llevó hasta la Corte Constitucional.
Ganó la primera demanda en 2023, cuando los magistrados le dieron la razón y ordenaron reducir de 1.300 a 1.000 las semanas de cotización requeridas para que una mujer pueda pensionarse en Colombia. La decisión, que se aplicará de manera paulatina hasta 2036, fue producto de la acción legal que López emprendió en homenaje a su madre. La segunda es una demanda que presentó a comienzos de abril y busca que el alto tribunal amplíe la licencia para las mujeres lactantes durante los primeros seis meses de vida del bebé.
Las 18 semanas remuneradas de licencia de maternidad colombianas superan la de otros países de la región como Perú y Uruguay (14 semanas), Argentina (13) o México (12). Sin embargo, sigue siendo menor al tiempo de lactancia materna mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de cerca de 27 semanas. Con esos argumentos de salud, López enfocó la demanda que busca acercar a Colombia a Chile, que otorga 30 semanas. “Lo que se busca garantizar es que, a futuro, tengamos niños mucho más sanos y saludables, porque está demostrado que, al tener en esa primera etapa una lactancia materna segura y continua, se evitan muchos problemas de salud”, cuenta en medio de sus ocupaciones como alcalde.
López Suárez, de 43 años, cuenta que ya lleva más de una década intentando entender las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad tan desigual como la colombiana. Empezó en 2014, cuando vio a sus hermanas integrar el colectivo Mujeres en Red, una fundación que busca acoger a mujeres sin respaldo económico, casi todas cabeza de familia. Él ya era político local -llegó al concejo de su pueblo de más de 20.000 habitantes en 2008- y tras renunciar como coordinador de la oficina local de vivienda, en 2018 se sumó a la organización como el primer gestor de proyectos de esta iniciativa. “Yo les digo a las mujeres que ahí las entendí a ellas porque también sufrí discriminación”, dice y se ríe. “Me decían que no podía ocupar ese cargo por ser hombre, y las entiendo, lo decían con toda razón”, reconoce.
Permaneció allí hasta 2019, y dos años más tarde, por su trayectoria en la búsqueda de soluciones para las mujeres precarizadas, la secretaria de la Mujer de la Gobernación de Cundinamarca lo llamó a gerenciar varios proyectos allí. “Hay muchos debates que en Colombia todavía son incipientes, como el del aporte de las mujeres dan al PIB a través de la economía del cuidado”, explica, y cuenta una anécdota. “Hace poco, en un colegio le pregunté a los niños qué hacía su papá, y contestaron en qué trabajaba. Y cuando les preguntaba qué hacía la mamá, decían que nada, porque estaba en la casa”. Con ese ejemplo, pone sobre la mesa la necesidad de que el trabajo en casa, ejercido predominantemente por mujeres, también tenga un valor y un reconocimiento social y económico.
El alcalde de Mesitas del Colegio cuenta que ha enfrentado la estigmatización que suele provocar quien reclama la ampliación de derechos consolidados. “Muchos hombres me preguntan por qué no impulso causas para que ellos también se pensionen con 1.000 semanas. Otros dicen que debo ser gay y que por eso defiendo estos temas, pero no es así”, comenta. Y añade: “Claro que pensionarse es difícil para cualquier trabajador, pero a nosotros no nos despiden por tener hijos”.
Esas objeciones, en su mayoría provenientes de otros hombres, son el terreno en el que con frecuencia se desdibuja su propuesta. Esta semana, por ejemplo, discutió en una emisora radial con un periodista que citaba la ausencia de licencia de maternidad remunerada en Estados Unidos como argumento para restarle peso a su demanda. López prefiere comparar a Colombia con los países que más se acercan a las recomendaciones de la OMS en materia de licencias para la maternidad, y advierte que, aunque pueda implicar un mayor costo fiscal en el corto plazo, la ampliación es una inversión en salud pública y bienestar que reduce cargas sociales a futuro.
Ahora, la Corte Constitucional deberá decidir si admite su demanda y la estudia a fondo, como ocurrió hace tres años. Es uno de las decenas de acciones que llegan al tribunal, pero López parte con el antecedente de haber ganado una primera batalla constitucional en favor de las mujeres. Repite que su motivación principal está en sus hermanas, a quienes ha visto reorganizar sus proyectos de vida en función de la maternidad. Aun así, cuida la forma en que se define: “No soy feminista. Veo una situación que es injusta y que necesita solución. Prefiero decir que soy, quizás, un hombre pragmático”.
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