Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, está a punto de sellar el primer triunfo político del Gobierno de José Antonio Kast desde que llegó al poder hace casi cinco meses: la aprobación de la megarreforma en el Congreso. El proyecto, bautizado Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, llega este martes a su votación final en el Senado, donde se revisará una propuesta para compensar a los municipios por los recursos que dejarán de percibir con la exención de las contribuciones a los mayores de 65 años sobre su primera vivienda.
El corazón de la reforma, sin embargo, ya obtuvo luz verde el pasado 21 de julio en el pleno de la Cámara de Diputados: una rebaja gradual del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23% en un plazo de cuatro años —la primera desde el retorno a la democracia en 1990—, además de la reintegración del sistema tributario y un esquema de invariabilidad tributaria para los grandes inversionistas. Este último punto ha sido el más resistido por la oposición, que presentó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar esta norma y otras materias del proyecto.
Quiroz, el ministro más poderoso del Gobierno, ha salido en defensa del plan impulsado por la Administración Kast, en particular de la rebaja tributaria a las empresas, desde el inicio de su tramitación en el Congreso. “Esto no es un impuesto que baja para los ricos, es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir”, afirmó en abril.
Los vetos presidenciales
En la recta final de la iniciativa en el Congreso, el Gobierno ha intensificado negociaciones con parlamentarios para asegurar los 26 votos necesarios para sacar adelante la única norma pendiente del megaproyecto de Kast. Se trata de la propuesta del Gobierno de compensación fiscal por lo que dejarán de recaudar los municipios –unos 190 millones de dólares– tras aprobarse la exención del impuesto territorial a los adultos mayores por su primera vivienda. “El proyecto de ley original compensaba enteramente el efecto en el Fondo Común Municipal. Lo que se acaba de aprobar agrega el efecto directo de los municipios; por lo tanto, la compensación es total: un 100%”, dijo Quiroz cuando fue visado por la comisión mixta, compuesta por parlamentarios de ambas cámaras, el 22 de julio.
Pero lo aprobado dividió a los alcaldes, entre quienes consideraron que se trata de una propuesta que podría convertir a Chile en un país más desigual, como el edil de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic; y otros que respaldan la iniciativa. En todo caso, Quiroz dio un portazo a la idea de cambiar su propuesta. “Hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”, dijo hace 12 días, y aclaró que “es un artículo que, al final, se apruebe o no, lo importante es que está aprobada la reforma, y queremos avanzar lo más rápido posible”.
La propuesta se iba a votar en el Senado el 23 de julio, pero la sesión se postergó debido a que faltaron votos desde el oficialismo para ser aprobada. Uno de ellos fue el del senador Gustavo Sanhueza, de la UDI, de la derecha tradicional, que entonces anunció que no votaría por la iniciativa. Por eso, el Gobierno decidió quitarle al trámite la suma urgencia y postergar su votación para agosto.
El lunes, el presidente Kast encabezó una reunión con senadores de la UDI, incluyendo a Sanhueza, en La Moneda. “Estamos empatados, por lo tanto, uno que se resfríe y estas cosas pueden no pasar”, dijo Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, a Radio Pauta unas horas antes del encuentro de los parlamentarios.
Una vez despachado este último artículo por el Senado, el proyecto no será promulgado de inmediato: el Gobierno presentará vetos a, al menos, tres normas incorporadas por la oposición durante la tramitación legislativa. En concreto, se trata del derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. Los dos primeros ya están confirmados, mientras que Claudio Alvarado, vocero de Gobierno y ministro del Interior, dijo que es “altamente probable” que el Ejecutivo sume un nuevo veto presidencial.
Otros contenidos, mientras tanto, serán revisados por el TC a petición de la oposición, aunque la estrategia del Ejecutivo pasa por echar a andar cuanto antes el grueso de la reforma. Es decir, una vez concluya su trámite legislativo.
La sostenibilidad fiscal ha sido uno de los flancos más débiles del proyecto desde que comenzó su discusión en el Congreso, en abril, y las dudas no provienen solo de la oposición. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo técnico independiente, ha advertido de riesgos directos para las finanzas públicas, mientras economistas como Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, han alertado sobre los altos costos y las escasas certezas de crecimiento que ofrece su implementación.
El economista Ignacio Briones, de la derecha liberal, presidente de Horizontal, considera que la reforma va en la dirección correcta porque, entre otros puntos, “la tasa de impuestos a las empresas era objetivamente alta” en Chile, aunque advierte sobre la falta de compensaciones fiscales. “La versión final redujo el costo al eliminar el crédito tributario original, pero el proyecto sigue siendo deficitario durante varios años y Chile está en una situación fiscal extremadamente delicada”, señaló el exministro de Hacienda del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) en una entrevista con ExAnte.
Briones calificó además de tímida la trayectoria fiscal estructural del Ejecutivo. “El déficit estructural promedio se acerca a dos puntos del PIB y no converge. Si el proyecto agrega déficit a un fisco que ya tiene estrés fiscal, aumenta el riesgo de una baja clasificación crediticia. Una caída de un escalón representa cerca de 30 puntos base de mayor costo financiero. Eso puede comerse prácticamente toda la rebaja de impuestos”, precisó.
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